Ley de expropiacion por causa de utilidad publica y social faces de procedimiento


LA EXPROPIACIÓN FORZOSA



Concepto de potestad expropiatoria y su fundamento constitucional

La potestad expropiatoria es una potestad administrativa mediante la cual la Administración puede hacer cesar la propiedad y las situaciones patrimoniales de los titulares (los cuales se encuentran por tanto en una situación pasiva o de gravamen), estando este sacrifico patrimonial de los sujetos, sobre los que se dirige la potestad expropiatoria, compensado o sustituido con una indemnización o justiprecio.
Se caracteriza por: -Ser una institución de Derecho público, lo que la diferencia de otras instituciones privatistas como la compraventa -No todas las administraciones públicas tienen propiedad expropiatoria. Los titulares son únicamente las Administraciones territoriales y las no titulares beneficiarias de la expropiación. -En la expropiación forzosa hay un deber del particular de soportar una privación de sus derechos o intereses patrimoniales, pero este sacrificio da lugar a una indemnización o justiprecio. Consiste en una privación coactiva, que ha de ser acordada imperativamente, pues se dirige directamente a provocar el despojo patrimonial. Se trata de privar coactivamente no sólo del Derecho de propiedad, sino de cualquier derecho o interés patrimonial legítimo. Toda expropiación tiene como presupuesto habilitante una causa de utilidad pública o interés social. Nos encontramos la idea de potestad expropiatoria como forma más extrema de la actividad administrativa de limitación mediante la privación de un derecho o de un interés patrimonial de otro sujeto en favor de un interés público en el artículo 33.3 CE: Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Por otro lado, la expropiación forzosa tiene la ley específica de 16 de Diciembre de 1954. Y cabe decir, que no será necesario que la privación del derecho sea plena, basta con que prive de una parte de las facultades que la plena propiedad comprende. En todo caso, el objeto expropiado ha de corresponder a una propiedad privada, excluyéndose la posibilidad de expropiar bienes de dominio público, aunque no bienes privados de Entes Públicos.


Fundamento constitucional


La propiedad es un derecho constitucional inviolable, sólo limitado cuando el poder público lo precisa siempre que haya causa justa e indemnización económica. Se configura así una potestad administrativa expropiatoria, pero llena de limitaciones que funcionan como garantía del derecho de propiedad. (artículo 33 CE). Además, el artículo 149.1 de la Constitución dice que corresponde en exclusiva al Estado la legislación sobre expropiación forzosa. El Tribunal Constitucional entiende que el concepto de expropiación de la CE es el del artículo 1 de la Ley de Expropiación forzosa (cualquier forma de privación singular de la propiedad o derechos e intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueran las personas, ya impliquen venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio), donde tiene un aspecto de potestad y al mismo tiempo es sistema de garantías para toda operación que suponga entrar en la ley de expropiación forzosa. Además, es una potestad condicionada, si no se cumple la causa expropiando puede pedirse la devolución. En cuanto a si esa potestad puede ser ejercida por otro poder del Estado: a) Las expropiaciones judiciales se dice que son. – ejecuciones de sentencias o – se refieren a casos en que la Administración ejerciendo la potestad expropiatoria se dirige a los tribunales para que establezcan el justiprecio y desposea los bienes. b) Respecto al poder legislativo, para poder expropiar un bien necesita de otra ley que declara la causa expropiando. Las expropiaciones legislativas se dan cuando el legislador por ley determinada, regula de forma concreta una expropiación, apartándose de lo previsto de la legislación general. El problema es que su contenido puede disminuir o no regular las garantías que la ley contiene para la potestad expropiatoria. El Tribunal Constitucional ha dicho que estas leyes singulares expropiatorias sí son constitucionales, siempre que no disminuyan las garantías que poseen el resto de las expropiaciones según la Ley de Expropiación Forzosa Genera


La expropiación como potestad


En la EF es necesario distinguir tres sujetos: el expropiante, el beneficiario y el expropiado. a)Expropiante: Es el titular de la potestad expropiatoria, papel que sólo puede ser desempeñado por una administración territorial (Estado, CCAA, provincia y municipio; artículo 2 LEF). Los entes que integran la Administración Institucional no pueden, salvo que una ley les autorice de forma expresa. – Estado: corresponde al Delegado de Gobierno. – Provincias y municipios: Diputación provincial o Ayuntamiento en Pleno (alcalde o presidente de la Diputación).- CCAA: El Consejo de Gobierno de la CCAA. b) Beneficiario: Es el representante del interés público o social y que puede instar a la Admón. el ejercicio de la potestad expropiatoria; es decir, es el destinatario de los bienes o derechos expropiados o el favorecido por los ceses de actividad y obligado por tanto al pago del justiprecio o indemnización. La condición de beneficiario debe venir determinada por la ley, reconociéndose a los Entes territoriales, institucionales o concesionarios de obras o servicios públicos. Los beneficiarios deberán justificar debidamente su condición al solicitar a la Administración la iniciación del xpediente expropiatorio, y durante su curso, cumplir con las obligaciones y derechos estipulados en los artículos 5.1 y 5.2 del Reglamento de la Ley de expropiación. c) Expropiado: Es el propietario o titular de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable, o titular del derecho objetivo de la expropiación. Dispone de dos derechos: derecho a participar en el proceso y derecho a la indemnización. Respecto a su identificación se reconocen con presunción iuris tantum, que serán aquellos que aparezcan en registros públicos, fiscales o al que lo sea pública y notoriamente. La actuación del expropiado es esencial en el proceso expropiatorio, y en caso de incapacidad o ausencia del mismo podrá ser suplida por el Ministerio Fiscal. En el procedimiento rige el principio de contradicción, debe oírse al expropiado a la hora de determinar la necesidad de los bienes a expropiar, para determinar el justiprecio e incluso que el emplazamiento se realice de forma personal.

Objeto de la expropiación

Objeto: cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos.Tantos bienes muebles como bienes inmuebles. No cabe expropiar los bienes de dominio público ya que son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La causa de la expropiación forzosa. Causa expropiandi. Es el motivo o finalidad que justifica el apoderamiento o sacrificio de un bien o derecho en favor de la Administración. Ésta debe perdurar durante un tiempo, ya que si desaparece antes de su transcurso, el expropiado tiene derecho a la devolución de los bienes. Además deberá ser una causa precisa, tasada y estimada por la ley. Siempre se ha hablado de una finalidad de utilidad pública o el interés social, como la causa que justifica la EF. Por causa de utilidad pública habrá de entenderse aquellas exigencias del funcionamiento de la Administración (obras públicas, servicios públicos) o de sus concesionarios (aquí el beneficiario es una organización pública). Y por causa de interés social se engloba cualquier forma de interés prevalente al individual del propietario (en este caso el benficiario puede ser tanto un entre público como un sujeto privado).

 

Procedimiento expropiatorio


El ejercicio de la potestad expropiatoria ha de llevarse a cabo a través de un procedimiento formal, que se compone de las siguientes fases: 1. Declaración de la utilidad pública como requisito previo a la EF. 2. Declaración de necesidad de ocupación. 3. Determinación del Justiprecio.
Constituye la indemnización económica compensatoria por la pérdida de la cosa o derecho expropiado, como regla general se viene fijando el justiprecio de manera previa a la ocupación, pero en la CE no se dice nada de ese carácter previo sólo hace referencia a mediante la correspondiente indemnización, lo que hace que haya determinadas expropiaciones en las que no es necesario ese carácter previo: expropiaciones sin procedimiento expropiatorio, ocupaciones temporales, expropiaciones legislativas, expropiaciones urgentes. El artículo 24 de la LEF parte de la idea de que para fijar el justiprecio en primer lugar habrá que buscarse un mutuo acuerdo entre las partes, si se consigue se da por concluido el expediente de adquisición amistosa. Si en 15 días no se llega a un acuerdo, se seguirá el siguiente procedimiento: la Admón. requiere a los dueños para que presenten las llamdas hojas de aprecio en las que se concrete el valor en que estimen l objete que se expropia y debe estar firmada por un perito. La Admón. habrá de aceptar o rechazar la valoración en 20 días. Si la rechaza, se pasará el expediente al llamado Jurado Provincial de Expropiación. En cuanto al criterio de valoración de los bienes, se puede decir que el criterio central es el que determina el mercado, es decir, el valor que el bien expropiado tendría en una compra-venta. El problema está en que no todos los bienes tienen una cotización precisa, por ello se ha recurrido para fijar el justiprecio al valor en renta, el resultante de la capitalización de la producción de los bienes expropiados u otros análogos, o a criterios predeterminados como el valor que tienen los bienes a efectos tributarios. El TC, basándose en el art 33.3 CE ha defendido como criterio el valor de mercado, pero no por esto dicho criterio se convierte en exclusivo. Por otra parte, hay que decir que el justiprecio se fijará con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, no son indemnizables las mejoras realizadas con posterioridad. Una vez que se fija el justiprecio se tiene un plazo de 6 meses para pagarlo, pago exento de impuestos. En el caso de que se supere el plazo correrán intereses por demora.

Protección frente a la vía de hecho

Según el artículo 93 L30/92 hay vía de hecho cuando una admón. entra en posesión de bienes sin el previo título que habilita a esa desposesión. En estos casos el particular puede actuar frente a la admón. como si fuera un particular, es decir, podrá ejercitar las acciones posesorias de retener y recobrar la posesión

Ley de expropiacion por causa de utilidad publica y social faces de procedimiento


POTESTAD EXPROPIATORIA:

-Marco actual

: se da en la CE y en la Ley de Expropiación Forzosa (LEF) de 1954; la expropiación se recoge en el art.33.3 CE, tras consagrar la propiedad privada, por “casa justificada de utilidad pública o interés social”, y la LEF (y su Reglamento) la define como “cualquier clase de privación de bienes o intereses legítimos por causa o interés general o social”.

Debe atenderse un doble aspecto:

  1. Privación

    : desapoderación, sustracción por parte de los poderes públicos de la propiedad a su propietario por razón de utilidad social o interés público (no obstante, no todos los supuestos de privación son expropiación forzosa).
  2. Garantías:

    para compensar el efecto perjudicial de esta figura. Es necesaria la utilidad social, que se lleve a cabo la oportuna indemnización, y que se actúe de acuerdo a lo establecido en las leyes. Un elemento esencial es la “causa expropiandi”, en aras de un beneficio de la comunidad, valorándose el perjuicio y compensando al propietario.

Esta figura tiene difícil encaje en el ordenamiento, por sus características y su choque de intereses (interés general y particular, cada uno protegido constitucionalmente). Se ampara una actuación de la Administración que anula los derechos subjetivos y su ejercicio y tutela por parte del particular (y legitimo propietario). Esto no es más que una potestad administrativa, y en esa categoría se engloba: poder de acción, facultad que las leyes otorgan a la Administraciones Públicas para el ejercicio de sus actividades y cumplimiento de sus propios fines y que supone el sometimiento de todos los ciudadanos a los actos que deriven de esas potestades.

Es una manifestación del principio de supremacía jurídica de la Administración, que deriva del poder absoluto como brazo ejecutor del Estado, y se da un desequilibrio entre ciudadano y Administración.

La expropiación no tiene una finalidad propia, es una herramienta de la Administración para conseguir unos fines de carácter general, y persiguiendo esos intereses, la Administración encuentra que hay un choque de intereses con una patrimonialidad particular privada. Esto permite diferenciarla de otras figuras similares a la expropiación, donde se da apoderación, indemnización o deterioro patrimonial:

  1. Exacciones

    : tasas, impuestos. Son un gravamen, y la diferencia es que aquí nos situamos ante una serie de actividades, potestades, porque la expropiación en sí misma no tienen finalidad, mientras que en los tributos la finalidad es la limitación patrimonial del particular.
  2. Indemnizaciones

    : la Administración paga, compensa al ciudadano por determinadas circunstancias, pero que no se consideran expropiación por faltarle sus características (responsabilidad civil de la Administración).



-Elementos de la expropiación:

1)Subjetivo

: que sujetos y en que condiciones intervienen en un procedimiento expropiatorio:

-Sujeto expropiante

: aquél que ejerce la potestad expropiatoria, que tiene la capacidad atribuida por la Ley para llevar a cabo la expropiación. Puede la Administración, todas aquellas Administraciones públicas de carácter territorial, pero no el resto de sujetos públicos (entidades públicas empresariales, organismos autónomos, fundaciones, consorcios).

Las administraciones territoriales garantizan que la potestad expropiatoria se utiliza atendiendo a la legislación y evitando abusos que podrían darse si se otorgan a entes inferiores o incluso creados “ad hoc” para algún proyecto.

-Beneficiario de la expropiación

: aquél que representa los intereses por los cuales expropian, el interés en que la causa por la que se expropia se lleva a cabo, y además el que recibe los bienes expropiados. Con carácter general, el sujeto expropiante y el beneficiario coinciden, expropiando, pero no tiene por qué ser así.

-Sujeto expropiado

: el titular de los bienes o derechos que son objetos de expropiación. Según la cualidad “ob rem”, son los bienes; se es expropiado no por la relación personal, sino por la relación con los bienes. Puede ser cualquier persona física/jurídica, pública/privada; tiene carácter universal, pero puede haber excepciones desde el punto de vista procedimental:

–Estados extranjeros: garantías en cuanto a bienes e inversiones extranjeras de un país.

–Concesiones religiosas: procedimiento diferente en cuanto a la aplicación expropiatoria (trámite de audiencia).

Objetivo

: que bien, que derechos son susceptibles de ser expropiados; con carácter general, según el art.1 LEF, se comprende prácticamente cualquier derecho o bien de carácter patrimonial.

-Propiedad privada

: concepción más amplia de propiedad como dominio a disfrutar por un legítimo dueño, ejerciendo por tanto todas las facultades que el Derecho Real le reconoce. Los límites a la expropiación son:

–Aquellos derechos que NO tengan carácter patrimonial (personales o familiares), regulados por Derecho Común, no pueden ser expropiados por la falta de contenido patrimonial.

–Bienes de dominio público: dentro del concepto general de propiedad, no podrían ser objeto de expropiación, por su propia definición ya están afectos a una finalidad de uso común (salvo que haya habido previa desafección).

-Interés patrimonial legítimo

: respecto a la necesidad de la propia Ley, que prevé en cuanto al contenido, que la privación pueda suponer un perjuicio que no se corresponda exactamente con un bien, si no una serie de intereses, que tienen que ver con la indemnización, y que se adicionaran al valor del bien¿?(¿perjuicio?) económico que sufra el expropiado (indemnización por traslado de población).

-Facultad parcial de dominio

: aquella imposición que desde el punto de vista real no tienen carácter de propiedad, pero impide o limita las facultades que el dominio le concede (como las servidumbres, y que no deben confundirse aquellas que son objeto de expropiación impuesta por la Administración con aquellas que ya existen).

3)

Expropiaciones parciales

:

la propiedad se expropia libre de carga, pero nada impide que la propiedad no se expropiada más que en parte (lo que la Administración necesite), la parte que impide que se lelve a cabo el interés público. El problema es que en el procedimiento, que es igual, el alcance del objeto es menor, y de ahí la más pequeña indemnización.



-“CAUSA EXPROPIANDI”:

la utilidad social o interés público (art.33 CE, art.1 LEF), sobre la que se asienta el propio ejercicio de la expropiación. Toda acción por parte del Estado que suponga una desposesión a un propietario legitimo, solo se consideran expropiación y de acuerdo a la Ley, si tiene utilidad social o interés público. No hay expropiación por la simple privación, pues lo que califica la expropiación es el destino de esos bienes desposeídos; más importante que la propia acción de expropiación, es que la propia acción es un instrumento de la Administración, un fin último (el para qué).

Una vez justificado el inicio de la expropiación, aparece una segunda etapa en que la “causa expropiandi” adquiere carta de naturaleza, y es que debe justificarse su mantenimiento durante todo el procedimiento.

Debe tener un origen legal: el procedimiento de expropiación es administrativo, pero la “causa expropiando” debe darse en una Ley, que se denomina “declaración de utilidad social o interés público”, y es la que habilita a la Administración. Puede darse de 3 maneras:

1.Ley de forma específica declara que respecto de determinados bienes cabe posibilidad de comenzar el procedimiento

2.Ley de forma genérica, para determinar tipos de bienes que por su propia naturaleza son declarados de utilidad pública

3.Ley tácita, que se deriva del texto, y que se da cuando la Administración presenta cualquier plan, proyecto de obras y servicios, planificación… (art. 9-13 LEF)

-PROCEDIMIENTO Y GARANTÍAS:

-

Garantías

:

1.El procedimiento en sí, los trámites establecidos en la Ley

2.Existencia de justiprecio, indemnización a cambio de la privación patrimonial que se ha producido

3.Derecho de reversión: derecho a recuperar la cosa expropiada en caso de que la Administración no mantenga la “causa expropiandi”. Impide que la Administración utilice en fraude de Ley una “causa expropiandi”, que luego abandone.

Respecto a la litigación, se da sobretodo por cuestión de reversiones.

-

Procedimiento

: tiene 3 fases:

1

Declaración de necesidad de ocupación

: la Administración interesada comienza la expropiación propiamente dicha; con esta declaración se individualizan los bienes necesarios para cumplir su finalidad (que bienes, extensión, límites, titulares, características registrales…).

2.Fijación de justiprecio

: se deben valorar los bienes que se van a detraer del patrimonio de los particulares, y que van a constituir la indemnización.

3.Pago del justiprecio y ocupación de los bienes

: la toma en posesión de los bienes expropiados; la concreción del procedimiento expropiatorio.

Siguiendo este procedimiento se eliminan las “situaciones de hecho”, si no cumpliera la Administración alguna fase, o lo hiciera de forma deficiente, habría deficiencias, con diferentes grados:



  1. Vía de hecho: la más grave, acarrea la nulidad.
  2. Fallo sustancial de algunos elementos, provoca la anulabilidad.
  3. Fallo leve, vicio menor en las fases (que se han dado todas), provoca la anulabilidad.

Respecto al expropiado, tiene abiertas todas las vías posibles:

  1. Derecho Común: interdictos y la jurisdicción civil.
  2. Recursos administrativos (anulabilidad), o la jurisdicción contencioso administrativa.
  3. Declaración o acuerdo de necesidad de ocupación:

    El beneficiario tiene que formular una relación detalla en la que se describan, en todos los aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación. Cuando el proyecto de obras y servicios comprenda la descripción material detallada a que se refiere el párrafo anterior, la necesidad de ocupación se entenderá implícita en la aprobación del proyecto, pero el beneficiario estará igualmente obligado a formular la mencionada relación a los solos efectos de la determinación de los interesados; tras esto:
  4. Recibida esa relación por la administración competente se abrirá un período por parte del Delegado de Gobierno o del órgano competente de la respectiva administración, de 15 días en el que se abrirá información pública.
  5. Durante ese período cualquier persona podrá hacer las alegaciones que estime oportunas. (por ejemplo para modificar la lista de bienes o acotarlos mejor).
  6. A la vista de las alegaciones, el delegado de gobierno o autoridad competente resolverá sobre esa relación de bienes en el plazo máximo de 20 días, describiendo detalladamente los bienes y derechos, y designando nominalmente a sus titulares.
  7. Contra el acuerdo de necesidad de ocupación se dará recurso de alzada ante el Ministerio correspondiente.



-Fijación del justiprecio

: es un elemento esencial de la expropiación. La naturaleza de la indemnización expropiatoria no es una mera indemnización por un daño causado, sino una “conditio iuris”, un presupuesto esencial para que la potestad expropiatoria pueda ser ejercida, para que nazca la expropiación; se entiende como una carga, lo que el beneficiario tiene que cumplir si quiere conseguir un efecto: los bienes objeto de expropiación.  Sin justiprecio no hay expropiación sino confiscación. La falta de justiprecio puede incluso considerarse con ciertos matices vía de hecho (que no se ha seguido el procedimiento) y por lo tanto podría reclamarse por la vía civil. La Ley de Expropiación forzosa establece como regla general que la indemnización es previa a la ocupación de los bienes expropiados, aunque en la constitución habla de “mediante la correspondiente indemnización”.

Hay una serie de excepciones para esta regla, casos en los que no va a ser necesario el pago previo para poder ocupar:

–Procedimiento especial de rápida ocupación (expropiaciones urgentes): el pago se puede producir con posterioridad a la ocupación, ya que se traslada la fijación definitiva del justiprecio a un momento posterior.

–Caso de las ocupaciones temporales referidas a aquellas situaciones en las que no se produce una privación desde el punto de vista permanente sino que se produce una ocupación transitoria o provisional, para realizar estudios, recoger datos, constitución de depósitos de material, etc. Será objeto de indemnización posterior puesto que solo se podrán cuantificar realmente los perjuicios al término de la ocupación.

–Caso de las requisas que son los casos en que se puede expropiar sin procedimiento sin incurrir en vía de hecho, casos de catástrofes, seguridad nacional, etc. Ocupación inmediata de cualquier propiedad y con posterioridad a la situación si se procede a la indemnización. Motivado por la urgencia o la necesidad.

Fijación del justiprecio:

Plazo de 6 meses desde que se inicia la fijación del justiprecio hasta que finalmente se fija. Si la Administración no fija el justiprecio en 6 meses empezarían a correr los intereses de demora a favor del expropiado que se sumarían a la cantidad fijada como indemnización.

Otros 6 meses desde que se fija el precio hasta el pago efectivo. Si se supera ese plazo sin que se produzca el pago se sumaran intereses de demora. No se compensan, se suman ambos a la indemnización.

Una vez fijado el justiprecio, se producirá el pago y tras éste la ocupación que se llevará a cabo únicamente a través de la expedición del acta de ocupación, con la que se cerrará el procedimiento.

¿Cómo se fija el justiprecio?

Debe ser un valor objetivo y real, que debe dejar a un lado cualquier apreciación subjetiva, personal o afectiva. 

Valor de sustitución

:

debemos pagar como indemnización una cuantía suficiente para que desde el punto de vista teórico poder adquirir un bien similar en el mercado como el que se ha perdido, para que no sufra al fin, ni perjuicio patrimonial ni enriquecimiento.



Se aplican 2 reglas

:

se considera el premio de afección que consiste en añadir el 5% del valor final del justiprecio. Esta cantidad se añade siempre, pero nunca más que esto, ya que se entiende comprendido en él cualquier valor no objetivo de los bienes. En los recursos del justiprecio no se puede alegar en cuanto a otras valoraciones subjetivas de él. La segunda regla es que se fija el valor en el momento de la fijación, es decir, no se compensa ningún tipo de expectativas futuras (iba a plantar frutales, etc).

Procedimiento de fijación del justiprecio

:

hay 3 modalidades que se convierten en fases sucesivas; son excluyentes, al segundo no se llega si no se han agotado las condiciones que impiden cumplir el primero.

-Acuerdo entre el expropiado y la administración (mutuo acuerdo)

: esto responde a la conflictividad del procedimiento, no convierte la expropiación en un convenio o contrato; es sólo la posibilidad de que si hay un acuerdo se fije así antes que entrar en conflicto. Es la búsqueda de acuerdo pacífico para la fijación de la indemnización. Tras el mutuo acuerdo: pago y ocupación. Si hemos pasado a otro procedimiento y el expropiado se lo piensa y llegamos a un acuerdo podemos retomar el mutuo acuerdo aunque en un primer momento se hubiera descartado.

-Procedimiento contradictorio

: si no hay mutuo acuerdo. Las dos partes tienen oportunidad de fijar el valor, teniendo en cuenta a ambas. Lo primero que se haría sería plantear la hoja de ¿aprecio? por la Administración dándole traslado al expropiado. El expropiado valora esa hoja de aprecio: si la acepta, se terminaría el procedimiento; si no la acepta, plantea su propia hoja de aprecio. Si la administración considera que la del expropiado es adecuada, la administración la acepta y se terminaría el procedimiento. Si se mantiene la discrepancia, iremos al tercer método.

-Jurado provincial de expropiación:

tiene la función de terminar un procedimiento contradictorio mediante decisión uniforme que sea lo más objetiva posible. Son 5 miembros: un presidente que es un magistrado y 4 vocales (2 vocales técnicos de la administración y otros 2 en representación del expropiado normalmente un notario y un miembro de la cámara  de los bienes que se trate (finca rustica, cámara agraria)). El jurado valora todos los condicionantes técnicos aportados durante el procedimiento y en base a una reglas fijadas por la administración sobre cómo valorar emite una resolución que pone fin a la vía administrativa por lo tanto recurrible en potestativo de reposición (ante el propio jurado de expropiación) y a partir de ahí en contencioso administrativo por el expropiado o por la Administración.

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