Ley de expropiacion por causa de utilidad publica y social faces de procedimiento


LA EXPROPIACIÓN FORZOSA



Concepto de potestad expropiatoria y su fundamento constitucional

La potestad expropiatoria es una potestad administrativa mediante la cual la Administración puede hacer cesar la propiedad y las situaciones patrimoniales de los titulares (los cuales se encuentran por tanto en una situación pasiva o de gravamen), estando este sacrifico patrimonial de los sujetos, sobre los que se dirige la potestad expropiatoria, compensado o sustituido con una indemnización o justiprecio.
Se caracteriza por: -Ser una institución de Derecho público, lo que la diferencia de otras instituciones privatistas como la compraventa -No todas las administraciones públicas tienen propiedad expropiatoria. Los titulares son únicamente las Administraciones territoriales y las no titulares beneficiarias de la expropiación. -En la expropiación forzosa hay un deber del particular de soportar una privación de sus derechos o intereses patrimoniales, pero este sacrificio da lugar a una indemnización o justiprecio. Consiste en una privación coactiva, que ha de ser acordada imperativamente, pues se dirige directamente a provocar el despojo patrimonial. Se trata de privar coactivamente no sólo del Derecho de propiedad, sino de cualquier derecho o interés patrimonial legítimo. Toda expropiación tiene como presupuesto habilitante una causa de utilidad pública o interés social. Nos encontramos la idea de potestad expropiatoria como forma más extrema de la actividad administrativa de limitación mediante la privación de un derecho o de un interés patrimonial de otro sujeto en favor de un interés público en el artículo 33.3 CE: Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Por otro lado, la expropiación forzosa tiene la ley específica de 16 de Diciembre de 1954. Y cabe decir, que no será necesario que la privación del derecho sea plena, basta con que prive de una parte de las facultades que la plena propiedad comprende. En todo caso, el objeto expropiado ha de corresponder a una propiedad privada, excluyéndose la posibilidad de expropiar bienes de dominio público, aunque no bienes privados de Entes Públicos.


Fundamento constitucional


La propiedad es un derecho constitucional inviolable, sólo limitado cuando el poder público lo precisa siempre que haya causa justa e indemnización económica. Se configura así una potestad administrativa expropiatoria, pero llena de limitaciones que funcionan como garantía del derecho de propiedad. (artículo 33 CE). Además, el artículo 149.1 de la Constitución dice que corresponde en exclusiva al Estado la legislación sobre expropiación forzosa. El Tribunal Constitucional entiende que el concepto de expropiación de la CE es el del artículo 1 de la Ley de Expropiación forzosa (cualquier forma de privación singular de la propiedad o derechos e intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueran las personas, ya impliquen venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio), donde tiene un aspecto de potestad y al mismo tiempo es sistema de garantías para toda operación que suponga entrar en la ley de expropiación forzosa. Además, es una potestad condicionada, si no se cumple la causa expropiando puede pedirse la devolución. En cuanto a si esa potestad puede ser ejercida por otro poder del Estado: a) Las expropiaciones judiciales se dice que son. – ejecuciones de sentencias o – se refieren a casos en que la Administración ejerciendo la potestad expropiatoria se dirige a los tribunales para que establezcan el justiprecio y desposea los bienes. b) Respecto al poder legislativo, para poder expropiar un bien necesita de otra ley que declara la causa expropiando. Las expropiaciones legislativas se dan cuando el legislador por ley determinada, regula de forma concreta una expropiación, apartándose de lo previsto de la legislación general. El problema es que su contenido puede disminuir o no regular las garantías que la ley contiene para la potestad expropiatoria. El Tribunal Constitucional ha dicho que estas leyes singulares expropiatorias sí son constitucionales, siempre que no disminuyan las garantías que poseen el resto de las expropiaciones según la Ley de Expropiación Forzosa Genera


La expropiación como potestad


En la EF es necesario distinguir tres sujetos: el expropiante, el beneficiario y el expropiado. a)Expropiante: Es el titular de la potestad expropiatoria, papel que sólo puede ser desempeñado por una administración territorial (Estado, CCAA, provincia y municipio; artículo 2 LEF). Los entes que integran la Administración Institucional no pueden, salvo que una ley les autorice de forma expresa. – Estado: corresponde al Delegado de Gobierno. – Provincias y municipios: Diputación provincial o Ayuntamiento en Pleno (alcalde o presidente de la Diputación).- CCAA: El Consejo de Gobierno de la CCAA. b) Beneficiario: Es el representante del interés público o social y que puede instar a la Admón. el ejercicio de la potestad expropiatoria; es decir, es el destinatario de los bienes o derechos expropiados o el favorecido por los ceses de actividad y obligado por tanto al pago del justiprecio o indemnización. La condición de beneficiario debe venir determinada por la ley, reconociéndose a los Entes territoriales, institucionales o concesionarios de obras o servicios públicos. Los beneficiarios deberán justificar debidamente su condición al solicitar a la Administración la iniciación del xpediente expropiatorio, y durante su curso, cumplir con las obligaciones y derechos estipulados en los artículos 5.1 y 5.2 del Reglamento de la Ley de expropiación. c) Expropiado: Es el propietario o titular de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable, o titular del derecho objetivo de la expropiación. Dispone de dos derechos: derecho a participar en el proceso y derecho a la indemnización. Respecto a su identificación se reconocen con presunción iuris tantum, que serán aquellos que aparezcan en registros públicos, fiscales o al que lo sea pública y notoriamente. La actuación del expropiado es esencial en el proceso expropiatorio, y en caso de incapacidad o ausencia del mismo podrá ser suplida por el Ministerio Fiscal. En el procedimiento rige el principio de contradicción, debe oírse al expropiado a la hora de determinar la necesidad de los bienes a expropiar, para determinar el justiprecio e incluso que el emplazamiento se realice de forma personal.

Objeto de la expropiación

Objeto: cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos.Tantos bienes muebles como bienes inmuebles. No cabe expropiar los bienes de dominio público ya que son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La causa de la expropiación forzosa. Causa expropiandi. Es el motivo o finalidad que justifica el apoderamiento o sacrificio de un bien o derecho en favor de la Administración. Ésta debe perdurar durante un tiempo, ya que si desaparece antes de su transcurso, el expropiado tiene derecho a la devolución de los bienes. Además deberá ser una causa precisa, tasada y estimada por la ley. Siempre se ha hablado de una finalidad de utilidad pública o el interés social, como la causa que justifica la EF. Por causa de utilidad pública habrá de entenderse aquellas exigencias del funcionamiento de la Administración (obras públicas, servicios públicos) o de sus concesionarios (aquí el beneficiario es una organización pública). Y por causa de interés social se engloba cualquier forma de interés prevalente al individual del propietario (en este caso el benficiario puede ser tanto un entre público como un sujeto privado).

 

Procedimiento expropiatorio


El ejercicio de la potestad expropiatoria ha de llevarse a cabo a través de un procedimiento formal, que se compone de las siguientes fases: 1. Declaración de la utilidad pública como requisito previo a la EF. 2. Declaración de necesidad de ocupación. 3. Determinación del Justiprecio.
Constituye la indemnización económica compensatoria por la pérdida de la cosa o derecho expropiado, como regla general se viene fijando el justiprecio de manera previa a la ocupación, pero en la CE no se dice nada de ese carácter previo sólo hace referencia a mediante la correspondiente indemnización, lo que hace que haya determinadas expropiaciones en las que no es necesario ese carácter previo: expropiaciones sin procedimiento expropiatorio, ocupaciones temporales, expropiaciones legislativas, expropiaciones urgentes. El artículo 24 de la LEF parte de la idea de que para fijar el justiprecio en primer lugar habrá que buscarse un mutuo acuerdo entre las partes, si se consigue se da por concluido el expediente de adquisición amistosa. Si en 15 días no se llega a un acuerdo, se seguirá el siguiente procedimiento: la Admón. requiere a los dueños para que presenten las llamdas hojas de aprecio en las que se concrete el valor en que estimen l objete que se expropia y debe estar firmada por un perito. La Admón. habrá de aceptar o rechazar la valoración en 20 días. Si la rechaza, se pasará el expediente al llamado Jurado Provincial de Expropiación. En cuanto al criterio de valoración de los bienes, se puede decir que el criterio central es el que determina el mercado, es decir, el valor que el bien expropiado tendría en una compra-venta. El problema está en que no todos los bienes tienen una cotización precisa, por ello se ha recurrido para fijar el justiprecio al valor en renta, el resultante de la capitalización de la producción de los bienes expropiados u otros análogos, o a criterios predeterminados como el valor que tienen los bienes a efectos tributarios. El TC, basándose en el art 33.3 CE ha defendido como criterio el valor de mercado, pero no por esto dicho criterio se convierte en exclusivo. Por otra parte, hay que decir que el justiprecio se fijará con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, no son indemnizables las mejoras realizadas con posterioridad. Una vez que se fija el justiprecio se tiene un plazo de 6 meses para pagarlo, pago exento de impuestos. En el caso de que se supere el plazo correrán intereses por demora.

Protección frente a la vía de hecho

Según el artículo 93 L30/92 hay vía de hecho cuando una admón. entra en posesión de bienes sin el previo título que habilita a esa desposesión. En estos casos el particular puede actuar frente a la admón. como si fuera un particular, es decir, podrá ejercitar las acciones posesorias de retener y recobrar la posesión

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