Sociedad ilustrada


A lo largo del reinado de Isabel II la mayor transformación económica que se produjo fue el proceso de desamortización. Para su ejecución fueron determinantes el derecho de propiedad defendido por los liberales y la necesidad del Estado de recaudar dinero debido a la gran
Deuda Pública.

La desamortización consiste en la incautación de bienes por parte del Estado, pasando a ser bienes nacionales. El producto obtenido en su subasta pública lo aplica el Estado a sus necesidades. Antes del reinado de Isabel II se produjeron las primeras desamortizaciones, aunque de menor envergadura, llevadas a cabo por Carlos III, Godoy, las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal de Fernando VII. Es a partir de las Cortes de Cádiz cuando las desamortizaciones además de un fin económico siguen un fin ideológico: convertir la propiedad inmueble en libre para que los propietarios particulares puedan ejercer su derecho de propiedad.

Durante el reinado de Isabel II se produjeron dos desamortizaciones con gran transcendencia económica y social: las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. La de Mendizábal se inició en 1835, cuando comenzó a presidir el gobierno, y se mantuvo vigente hasta 1851. Además del fin ideológico liberal, su propósito era financiar la primera guerra carlista (1833-1839). Mendizábal llevó a cabo la desamortización de los bienes eclesiásticos y la supresión de las órdenes religiosas regulares. Los bienes desamortizados se vendían en una subasta pública con precio tasado. Un parte se pagaba en el momento y la otra en plazos en efectivo o mediante la Deuda Pública. Sin embargo, sus resultados no fueron los estimados. En primer lugar, no se creó una masa de pequeños propietarios porque fueron los burgueses sus principales compradores. A su vez, los ingresos fueron menores que los esperados ya que la gran mayoría aumentó sus propiedades a costa de la bajada progresiva del valor los títulos de Deuda por el aumento de la Deuda Pública.

La desamortización de Madoz, ministro de Hacienda, se inició en 1855 y se mantuvo vigente hasta 1924. La Ley de Desamortización General afectaba a toda la propiedad colectiva: la restante de los eclesiásticos y, principalmente, la de los pueblos. La propiedad civil común era la utilizada por los vecinos del municipio y la propia, la alquilada por los ayuntamientos y que proporcionaba ingresos. El procedimiento de venta fue similar al de Mendizábal, diferenciándose en varios rasgos. En primer lugar, la recaudación se destínó en gran parte a la industrialización del país, en concreto a la expansión del ferrocarril. Además, los ayuntamientos eran los propietarios del producto recaudado, transformándolo en algo similar a los Bonos del Estado. En cuanto a la forma de pago, el valor real de los títulos de Deuda se establecía antes de la compra con Títulos de Deuda. En este proceso, la burguésía fue la gran beneficiaria, aunque también participaron los pequeños propietarios de los pueblos.


Sus resultados tampoco fueron positivos ya que arruinó a los ayuntamientos, no soluciónó la Deuda Pública y perjudicó a los vecinos más pobres al privarles de las tierras comunales. Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz cambiaron de forma radical la situación del campo español, afectando a una quinta parte del suelo.

En cuanto a la evolución social, la revolución liberal propició la transformación de sociedad estamental en una sociedad de clases basada en el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley. Esta nueva sociedad permitíó mucha mayor movilidad social. A su vez, se produjo un crecimiento de población lento y el notable el desarrollo de las emigraciones, tanto exteriores como interiores (éxodo rural). La sociedad quedó dividida en las siguientes clases.

En primer lugar, la clase dominante estuvo configurada por oligarcas terratenientes (de la España meridional), la alta burguésía y los altos cargos del ejército. Los oligarcas surgieron a partir de la antigua nobleza, que se redujo y sufríó un periodo de adaptación. En algunos casos, aumentó su patrimonio gracias a los Títulos de Deuda, en otros permanecíó intacto y algunos perdieron sus tierras. La aristocracia, sin estatuto jurídico propio, se convirtió en una élite asociada a la burguésía. La burguésía española fue aristocrizante, es decir, se identificaba con la nobleza y pretendía adquirir su rango. La alta burguésía estaba formada por empresarios industriales, financieros, políticos y propietarios agrícolas. El ejército acumuló un excesivo número de oficiales, que participaron en actividades políticas (Espartero, Narváez). En relación a la Iglesia, perdíó su principal fuente de ingresos (diezmo), el monopolio de la enseñanza, parte de sus bienes con las desamortizaciones y numerosas órdenes religiosas.

Por otra parte, emergíó la clase media urbana. Estaba constituida por la baja burguésía, de la cual formaban parte comerciantes, pequeños empresarios, profesionales liberales, funcionarios, etc.  En cualquier caso, el atraso económico de España no permitíó el desarrollo pleno de la burguésía. Seguidamente, las clases bajas fueron el grupo más numeroso, ya que la sociedad se concentraba en el medio agrario. Estos eran propietarios y campesinos empobrecidos, arrendatarios y jornaleros sin tierra. Esta población sufría una alimentación deficiente, carencias sanitarias y analfabetismo. La aparición del proletariado industrial originó, durante el Sexenio Revolucionario, el inicio del movimiento obrero.


A lo largo del reinado de Isabel II la mayor transformación económica que se produjo fue el proceso de desamortización. Para su ejecución fueron determinantes el derecho de propiedad defendido por los liberales y la necesidad del Estado de recaudar dinero debido a la gran Deuda Pública.

La desamortización consiste en la incautación de bienes por parte del Estado, pasando a ser bienes nacionales. El producto obtenido en su subasta pública lo aplica el Estado a sus necesidades. Antes del reinado de Isabel II se produjeron las primeras desamortizaciones, aunque de menor envergadura, llevadas a cabo por Carlos III, Godoy, las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal de Fernando VII. Es a partir de las Cortes de Cádiz cuando las desamortizaciones además de un fin económico siguen un fin ideológico: convertir la propiedad inmueble en libre para que los propietarios particulares puedan ejercer su derecho de propiedad.

Durante el reinado de Isabel II se produjeron dos desamortizaciones con gran transcendencia económica y social: las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. La de Mendizábal se inició en 1835, cuando comenzó a presidir el gobierno, y se mantuvo vigente hasta 1851. Además del fin ideológico liberal, su propósito era financiar la primera guerra carlista (1833-1839). Mendizábal llevó a cabo la desamortización de los bienes eclesiásticos y la supresión de las órdenes religiosas regulares. Los bienes desamortizados se vendían en una subasta pública con precio tasado. Un parte se pagaba en el momento y la otra en plazos en efectivo o mediante la Deuda Pública. Sin embargo, sus resultados no fueron los estimados. En primer lugar, no se creó una masa de pequeños propietarios porque fueron los burgueses sus principales compradores. A su vez, los ingresos fueron menores que los esperados ya que la gran mayoría aumentó sus propiedades a costa de la bajada progresiva del valor los títulos de Deuda por el aumento de la Deuda Pública.

La desamortización de Madoz, ministro de Hacienda, se inició en 1855 y se mantuvo vigente hasta 1924. La Ley de Desamortización General afectaba a toda la propiedad colectiva: la restante de los eclesiásticos y, principalmente, la de los pueblos. La propiedad civil común era la utilizada por los vecinos del municipio y la propia, la alquilada por los ayuntamientos y que proporcionaba ingresos. El procedimiento de venta fue similar al de Mendizábal, diferenciándose en varios rasgos. En primer lugar, la recaudación se destínó en gran parte a la industrialización del país, en concreto a la expansión del ferrocarril. Además, los ayuntamientos eran los propietarios del producto recaudado, transformándolo en algo similar a los Bonos del Estado. En cuanto a la forma de pago, el valor real de los títulos de Deuda se establecía antes de la compra con Títulos de Deuda. En este proceso, la burguésía fue la gran beneficiaria, aunque también participaron los pequeños propietarios de los pueblos.


A lo largo del reinado de Isabel II la mayor transformación económica que se produjo fue el proceso de desamortización. Para su ejecución fueron determinantes el derecho de propiedad defendido por los liberales y la necesidad del Estado de recaudar dinero debido a la gran Deuda Pública.

La desamortización consiste en la incautación de bienes por parte del Estado, pasando a ser bienes nacionales. El producto obtenido en su subasta pública lo aplica el Estado a sus necesidades. Antes del reinado de Isabel II se produjeron las primeras desamortizaciones, aunque de menor envergadura, llevadas a cabo por Carlos III, Godoy, las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal de Fernando VII. Es a partir de las Cortes de Cádiz cuando las desamortizaciones además de un fin económico siguen un fin ideológico: convertir la propiedad inmueble en libre para que los propietarios particulares puedan ejercer su derecho de propiedad.

Durante el reinado de Isabel II se produjeron dos desamortizaciones con gran transcendencia económica y social: las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. La de Mendizábal se inició en 1835, cuando comenzó a presidir el gobierno, y se mantuvo vigente hasta 1851. Además del fin ideológico liberal, su propósito era financiar la primera guerra carlista (1833-1839). Mendizábal llevó a cabo la desamortización de los bienes eclesiásticos y la supresión de las órdenes religiosas regulares. Los bienes desamortizados se vendían en una subasta pública con precio tasado. Un parte se pagaba en el momento y la otra en plazos en efectivo o mediante la Deuda Pública. Sin embargo, sus resultados no fueron los estimados. En primer lugar, no se creó una masa de pequeños propietarios porque fueron los burgueses sus principales compradores. A su vez, los ingresos fueron menores que los esperados ya que la gran mayoría aumentó sus propiedades a costa de la bajada progresiva del valor los títulos de Deuda por el aumento de la Deuda Pública.

La desamortización de Madoz, ministro de Hacienda, se inició en 1855 y se mantuvo vigente hasta 1924. La Ley de Desamortización General afectaba a toda la propiedad colectiva: la restante de los eclesiásticos y, principalmente, la de los pueblos. La propiedad civil común era la utilizada por los vecinos del municipio y la propia, la alquilada por los ayuntamientos y que proporcionaba ingresos. El procedimiento de venta fue similar al de Mendizábal, diferenciándose en varios rasgos. En primer lugar, la recaudación se destínó en gran parte a la industrialización del país, en concreto a la expansión del ferrocarril. Además, los ayuntamientos eran los propietarios del producto recaudado, transformándolo en algo similar a los Bonos del Estado. En cuanto a la forma de pago, el valor real de los títulos de Deuda se establecía antes de la compra con Títulos de Deuda. En este proceso, la burguésía fue la gran beneficiaria, aunque también participaron los pequeños propietarios de los pueblos.


A lo largo del reinado de Isabel II la mayor transformación económica que se produjo fue el proceso de desamortización. Para su ejecución fueron determinantes el derecho de propiedad defendido por los liberales y la necesidad del Estado de recaudar dinero debido a la gran Deuda Pública.

La desamortización consiste en la incautación de bienes por parte del Estado, pasando a ser bienes nacionales. El producto obtenido en su subasta pública lo aplica el Estado a sus necesidades. Antes del reinado de Isabel II se produjeron las primeras desamortizaciones, aunque de menor envergadura, llevadas a cabo por Carlos III, Godoy, las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal de Fernando VII. Es a partir de las Cortes de Cádiz cuando las desamortizaciones además de un fin económico siguen un fin ideológico: convertir la propiedad inmueble en libre para que los propietarios particulares puedan ejercer su derecho de propiedad.

Durante el reinado de Isabel II se produjeron dos desamortizaciones con gran transcendencia económica y social: las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. La de Mendizábal se inició en 1835, cuando comenzó a presidir el gobierno, y se mantuvo vigente hasta 1851. Además del fin ideológico liberal, su propósito era financiar la primera guerra carlista (1833-1839). Mendizábal llevó a cabo la desamortización de los bienes eclesiásticos y la supresión de las órdenes religiosas regulares. Los bienes desamortizados se vendían en una subasta pública con precio tasado. Un parte se pagaba en el momento y la otra en plazos en efectivo o mediante la Deuda Pública. Sin embargo, sus resultados no fueron los estimados. En primer lugar, no se creó una masa de pequeños propietarios porque fueron los burgueses sus principales compradores. A su vez, los ingresos fueron menores que los esperados ya que la gran mayoría aumentó sus propiedades a costa de la bajada progresiva del valor los títulos de Deuda por el aumento de la Deuda Pública.

La desamortización de Madoz, ministro de Hacienda, se inició en 1855 y se mantuvo vigente hasta 1924. La Ley de Desamortización General afectaba a toda la propiedad colectiva: la restante de los eclesiásticos y, principalmente, la de los pueblos. La propiedad civil común era la utilizada por los vecinos del municipio y la propia, la alquilada por los ayuntamientos y que proporcionaba ingresos. El procedimiento de venta fue similar al de Mendizábal, diferenciándose en varios rasgos. En primer lugar, la recaudación se destínó en gran parte a la industrialización del país, en concreto a la expansión del ferrocarril. Además, los ayuntamientos eran los propietarios del producto recaudado, transformándolo en algo similar a los Bonos del Estado. En cuanto a la forma de pago, el valor real de los títulos de Deuda se establecía antes de la compra con Títulos de Deuda. En este proceso, la burguésía fue la gran beneficiaria, aunque también participaron los pequeños propietarios de los pueblos.


Sus resultados tampoco fueron positivos ya que arruinó a los ayuntamientos, no soluciónó la Deuda Pública y perjudicó a los vecinos más pobres al privarles de las tierras comunales. Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz cambiaron de forma radical la situación del campo español, afectando a una quinta parte del suelo.

En cuanto a la evolución social, la revolución liberal propició la transformación de sociedad estamental en una sociedad de clases basada en el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley. Esta nueva sociedad permitíó mucha mayor movilidad social. A su vez, se produjo un crecimiento de población lento y el notable el desarrollo de las emigraciones, tanto exteriores como interiores (éxodo rural). La sociedad quedó dividida en las siguientes clases.

En primer lugar, la clase dominante estuvo configurada por oligarcas terratenientes (de la España meridional), la alta burguésía y los altos cargos del ejército. Los oligarcas surgieron a partir de la antigua nobleza, que se redujo y sufríó un periodo de adaptación. En algunos casos, aumentó su patrimonio gracias a los Títulos de Deuda, en otros permanecíó intacto y algunos perdieron sus tierras. La aristocracia, sin estatuto jurídico propio, se convirtió en una élite asociada a la burguésía. La burguésía española fue aristocrizante, es decir, se identificaba con la nobleza y pretendía adquirir su rango. La alta burguésía estaba formada por empresarios industriales, financieros, políticos y propietarios agrícolas. El ejército acumuló un excesivo número de oficiales, que participaron en actividades políticas (Espartero, Narváez). En relación a la Iglesia, perdíó su principal fuente de ingresos (diezmo), el monopolio de la enseñanza, parte de sus bienes con las desamortizaciones y numerosas órdenes religiosas.

Por otra parte, emergíó la clase media urbana. Estaba constituida por la baja burguésía, de la cual formaban parte comerciantes, pequeños empresarios, profesionales liberales, funcionarios, etc.  En cualquier caso, el atraso económico de España no permitíó el desarrollo pleno de la burguésía. Seguidamente, las clases bajas fueron el grupo más numeroso, ya que la sociedad se concentraba en el medio agrario. Estos eran propietarios y campesinos empobrecidos, arrendatarios y jornaleros sin tierra. Esta población sufría una alimentación deficiente, carencias sanitarias y analfabetismo. La aparición del proletariado industrial originó, durante el Sexenio Revolucionario, el inicio del movimiento obrero.

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