Democratas cimbrios



EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874)


Esta etapa comenzó con el destronamiento de Isabel II y concluyó con la proclamación de su hijo, Alfonso XII, como rey de España. En esos seis años (septiembre de 1868-diciembre de 1874) se sucedieron diversos regímenes políticos: una regencia, una nueva monarquía, una república y, finalmente, la restauración de la monarquía borbónica. Constituyó el primer intento de establecer en España una democracia tal y como se entendía en el siglo XIX, es decir, basada en el sufragio universal masculino.
Durante los años del Sexenio democrático, los distintos gobiernos se enfrentaron a una situación política, económica y social muy complicada:
– La guerra de Cuba (Guerra de los Diez Años, 1868-1878).
– La Tercera Guerra Carlista (1872-1876).
– Numerosas insurrecciones populares (obreras y campesinas).
– Divergencias entre las distintas fuerzas políticas.
– Oposición de la Iglesia católica, que se oponía a la libertad de cultos y a la separación entre la Iglesia y el Estado.

El Sexenio democrático comenzó con la Revolución de septiembre de 1868, conocida como la Gloriosa. Se inició con un pronunciamiento militar encabezado por el almirante Topete y los generales Prim y Serrano. Las causas de la rebelión tenían su origen en la crisis del sistema político, la depresión económica iniciada en 1866 y la impopularidad de la reina (en 1866 progresistas, demócratas y republicanos -más tarde también unionistas- habían firmado el Pacto de Ostende, por el que se comprometían a derrocar a Isabel II). La insurrección se extendió a numerosas ciudades españolas y obtuvo amplios apoyos populares. Los demócratas formaron juntas revolucionarias. Las tropas leales a la reina fueron derrotadas en la batalla del Puente de Alcolea e Isabel II se exilió a Francia.

EL GOBIERNO PROVISIONAL Y LA REGENCIA DE SERRANO (1868-1870)


El Gobierno Provisional estuvo constituido por los partidos que habían aceptado el Pacto de Ostende, con la exclusión de los demócratas. Fue presidido por el general Serrano y disolvió las juntas y sus grupos de voluntarios armados. Y convocó elecciones a Cortes constituyentes, las primeras que se celebraron mediante sufragio universal masculino directo.
El principal motivo de desacuerdo entre las distintas fuerzas políticas que se presentaban fue el tipo de régimen político:
Unionistas y progresistas eran partidarios de una monarquía democrática, mientras que los demócratas se dividieron en dos facciones: los cimbrios, que apostaban por una monarquía democrática con sufragio universal; y los republicanos, partidarios de establecer una república federal (Pi y Margall, Castelar y Figueras).
Las elecciones fueron ganadas por los progresistas, con el apoyo de unionistas y demócratas cimbrios, por lo que triunfó la opción monárquica.
Decidieron buscar un nuevo rey, pero que no fuese Borbón (el candidato elegido finalmente sería Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia).
Este nuevo gobierno tuvo que hacer frente a la oposición de:

– Por la derecha, los monárquicos borbónicos: carlistas (antidemocráticos) y alfonsinos (que querían el regreso del hijo de Isabel II, Alfonso, y el sistema político constitucional de 1845).
– Por la izquierda, los republicanos (eran el segundo grupo en número de diputados en las Cortes), con fuerte implantación en Aragón, Cataluña y Andalucía. Un sector del partido, los llamados intransigentes, propugnaban una insurrección armada y la construcción del federalismo desde abajo, es decir, mediante acuerdos entre poderes locales y municipios o juntas.

Las Cortes aprobaron la Constitución de 1869, la más liberal de todas las redactadas hasta entonces y que recogía por primera vez el ideario democrático:
– Soberanía nacional y sufragio universal masculino directo.
– Estricta división de poderes: legislativo (Congreso y Senado), ejecutivo (gobierno, el rey reina pero no gobierna) y judicial (jueces).
– Amplia declaración de derechos individuales (libertad de cultos, libertad de enseñanza, derecho de reunión, de asociación e inviolabilidad de domicilio).

Una vez aprobada la Constitución, que definía a España como reino, el general Serrano fue elegido para ocupar la presidencia y el general Prim pasó a ocupar la jefatura del Gobierno.
En el ámbito económico, el ministro de Hacienda, Figuerola, adoptó dos medidas fundamentales para el liberalismo: la rebaja de los aranceles para el comercio exterior y el establecimiento de la peseta como única moneda nacional. También se promulgó una Ley de Minas (hasta entonces controladas por la Corona y que pasaron a empresas privadas para su explotación).

EL REINADO DE AMADEO I (1871-1873)


Unos días antes de llegar a España Amadeo I, fue asesinado Prim, su principal valedor, lo que debilitó la posición del nuevo monarca. El rey desempeñó su tarea desde el respeto a su papel constitucional, pero encontró una fuerte oposición, que se acrecentó con el tiempo. Republicanos y monárquicos borbónicos (tanto isabelinos/alfonsinos como carlistas) no lo admitieron, al considerarle un intruso. La Iglesia fue reticente por provenir de una dinastía que había desposeído al Papa de sus Estados Pontificios. El pueblo lo consideró un rey extranjero. Además, tuvo que enfrentarse a numerosos problemas:

– La inestabilidad política por la ruptura entre los partidos que lo apoyaban (los progresistas se dividieron en dos: el Partido Constitucionalista -Sagasta- y el Partido Radical -Ruiz Zorrilla-) y la generalización del falseamiento electoral.
– La agudización de la guerra de Cuba y el estallido de la tercera guerra carlista.
– El temor a la revolución social.

Amadeo, sin apoyo popular y sin posibilidades de formar un gobierno fuerte capaz de resolver estos problemas, abdicó en febrero de 1873.

LA PRIMERA REPÚBLICA (1873-1874)


El 11 de febrero de 1873 en una reunión de las dos cámaras legislativas se proclamó la República. El nuevo régimen fue indefinido e inestable, careció de amplios apoyos sociales y contó con la oposición de los grupos sociales más poderosos, que recelaron de las reformas puestas en marcha y desconfiaron de su capacidad para mantener la seguridad y el orden público.
En apenas un año se sucedieron cuatro presidentes distintos: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. Sin embargo, a pesar de la inestabilidad, los gobiernos republicanos intentaron llevar a cabo una serie de reformas que no se desarrollaron plenamente: supresión de los consumos y las quintas, abolición de la esclavitud en Puerto Rico, regulación del trabajo infantil, etc. Se inició la elaboración de una constitución (1873)
que no llegó a promulgarse, y que establecía una república federal con 17 Estados (incluidos Cuba y Puerto Rico).
Pero la República se vio desbordada, de nuevo, por el recrudecimiento de la guerra carlista, el conflicto cubano y el estallido de movimientos sociales campesinos y obreros. Pero, sobre todo, por el ala izquierda del republicanismo, los intransigentes, quienes alentaron la formación de cantones (gobiernos territoriales o pequeños Estados teóricamente independientes que se federaban libremente entre sí para culminar en una federación que abarcase todo el territorio nacional). El levantamiento cantonalista se inició en Cartagena y se extendió a Murcia y otros puntos de Levante y Andalucía, hasta que fueron sofocados por el ejército.
Esta situación (que se suma a las guerras carlista y de Cuba) reforzó el protagonismo del ejército y el progresivo deslizamiento de la mayoría republicana hacia posturas conservadoras.
Finalmente, en enero de 1874, se produjo el golpe de Estado del general Pavía, quien entró en el edificio de las Cortes y las disolvió. Aunque el régimen republicano siguió en vigor casi un año más: el poder pasó al general Serrano hasta que, el 29 de diciembre de 1874, el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto acabó con la República e impuso la restauración monárquica (con Alfonso XII, hijo de Isabel II).

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