Ejecución Forzosa de Actos Administrativos: Principios y Manifestaciones
Eficacia de los Actos Administrativos
Según el Artículo 39 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (LPAC), los actos administrativos son eficaces, lo que significa que tienen la capacidad de producir efectos jurídicos.
Ejecutividad de los Actos Administrativos
El Artículo 38 de la LPAC establece que los actos de las Administraciones Públicas, cuando están sujetos al Derecho Administrativo, son ejecutivos conforme a lo dispuesto en esta Ley. El Artículo 96.1 de la LPAC añade que los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos, salvo en los siguientes casos:
- Cuando se suspende la ejecución del acto.
- Cuando se trata de una resolución de un procedimiento sancionador contra la que se puede interponer recurso.
- Cuando una norma legal disponga lo contrario.
- Cuando se requiera una aprobación o autorización superior.
Ejecución Material de los Actos Administrativos
El Artículo 97 de la LPAC prohíbe a las Administraciones iniciar cualquier actuación material que limite derechos de los particulares sin una resolución previa que la respalde jurídicamente. El órgano que ordene la ejecución material debe notificar al interesado la resolución que autoriza dicha actuación administrativa.
Concepto de Ejecución Forzosa
Según el Artículo 99 de la LPAC, las Administraciones Públicas pueden proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos. Esta ejecución siempre requiere una advertencia previa al afectado para que pueda cumplir voluntariamente y evitar perjuicios, salvo en los casos de suspensión legal de la ejecución o cuando la ley o la Constitución exijan la intervención de un órgano judicial.
Principios Generales de la Ejecución Forzosa
- Advertencia Previa: El afectado debe ser advertido para que tenga la posibilidad de cumplir voluntariamente y evitar así consecuencias negativas.
- Principio de Proporcionalidad (Artículo 100 LPAC): La medida de ejecución debe ser adecuada a su fin, no abusiva ni excesiva. Si existen varios medios de ejecución posibles, se debe elegir el menos restrictivo de la libertad individual. Si es necesario entrar en el domicilio del afectado o en lugares que requieran su autorización, se debe obtener su consentimiento o, en su defecto, la autorización judicial correspondiente.
Medios y Procedimiento de Ejecución Forzosa Administrativa
A) Apremio sobre el Patrimonio (Artículo 101 LPAC)
1. Cuando un acto administrativo exige el pago de una cantidad líquida, se sigue el procedimiento establecido en la legislación tributaria, específicamente los Artículos 163 y siguientes de la Ley General Tributaria (LGT). Este proceso se inicia con una providencia de apremio, que posee la misma fuerza ejecutiva que una sentencia. En ella se identifican la deuda pendiente, los recargos por impago y el requerimiento de pago. El afectado solo puede interponer recurso por motivos tasados (Art. 167.3 LGT). Si el pago no se efectúa tras la notificación, se procederá al embargo de bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir la deuda, intereses, recargos y costas del procedimiento. Una vez embargados, la Administración puede venderlos o adjudicarlos a la Hacienda Pública si lo considera oportuno.
2. Es fundamental que ninguna obligación pecuniaria sea impuesta si no está previamente establecida por una norma de rango legal.
B) Ejecución Subsidiaria (Artículo 102 LPAC)
La ejecución subsidiaria se aplica a actos no personalísimos, es decir, aquellos que pueden ser realizados por una persona distinta del obligado. En estos casos, las Administraciones Públicas pueden ejecutar el acto por sí mismas o a través de terceros, siempre a costa del obligado. Los gastos, daños y perjuicios derivados de esta ejecución se exigirán conforme al procedimiento de apremio. El importe puede ser liquidado provisionalmente antes de la ejecución, con reserva de la liquidación definitiva.
C) Multa Coercitiva (Artículo 103 LPAC)
Cuando las leyes lo autoricen y en la forma y cuantía que estas determinen, las Administraciones Públicas pueden imponer multas coercitivas. Estas multas se aplican de forma reiterada por lapsos de tiempo suficientes hasta que se cumpla lo ordenado. Se utilizan en los siguientes supuestos:
- Actos personalísimos en los que no sea posible la coerción directa sobre la persona obligada.
- Actos en los que, aunque proceda la coerción, la Administración considere que no es conveniente aplicarla.
- Actos cuya ejecución puede ser encargada a otra persona por el obligado.
Es importante destacar que las multas coercitivas son independientes de las sanciones y compatibles con ellas.
D) Compulsión sobre las Personas (Artículo 104 LPAC)
Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o de soportar pueden ejecutarse mediante compulsión directa sobre las personas, siempre que la ley lo autorice expresamente. Esta medida debe respetar la dignidad de las personas y los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. El obligado debe resarcir los daños y perjuicios derivados de la ejecución, cuya liquidación y cobro se realizarán por vía administrativa.
E) Desahucio Administrativo
El desahucio administrativo es una facultad de las Administraciones Públicas para recuperar, por vía administrativa, la posesión de bienes demaniales (de titularidad pública) cuando desaparecen los títulos, las condiciones o las circunstancias que legitimaban su ocupación por terceros. La Administración extingue los derechos sobre estos bienes inmuebles, fijando las indemnizaciones correspondientes y llevando a cabo el desalojo de los ocupantes.
Dado que no existe una previsión específica en la LPAC, se debe acudir a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y a su reglamento, aprobado por el Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto.
A diferencia de la recuperación de oficio, que se aplica cuando nunca se ha tenido un derecho de posesión sobre el bien, el desahucio administrativo parte de un título previo que habilitaba la posesión, pero que ahora se considera ilegítimo.
Ejecución con Autorización Judicial
En casos que impliquen desalojo o entrada en el domicilio sin consentimiento del afectado, el Artículo 100.3 de la LPAC establece la necesidad de obtener autorización judicial. El juez debe verificar que se cumplen los requisitos legales y que la medida es necesaria, idónea y proporcional.
Es importante señalar que no se requiere autorización judicial para la ejecución de sentencias firmes. Sin embargo, en ciertos supuestos, como la intercepción de comunicaciones, sí se exige una intervención judicial previa.
La Vía de Hecho en el Derecho Administrativo
A) Concepto de Vía de Hecho
La vía de hecho se refiere a una actuación material de la Administración que carece de cobertura jurídica, incluso aparente. Esta actuación puede lesionar derechos o intereses legítimos al no contar con el respaldo jurídico de un acto administrativo previo. Comprende dos situaciones principales:
- La actuación material de las Administraciones Públicas que se produce sin haber adoptado previamente una decisión declarativa que le sirva de fundamento jurídico.
- Aquella actividad material de ejecución que excede de forma evidente y notoria el ámbito cubierto por el acto administrativo previo (conocida como vía de hecho parcial).
B) Medios de Reacción frente a la Vía de Hecho
La tutela frente a la vía de hecho corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que excluye la tradicional intervención de la jurisdicción civil para proteger al particular mediante interdictos o acciones posesorias.
Existen diversas medidas y procedimientos para reaccionar eficazmente frente a la vía de hecho:
- Medidas Cautelares: Pueden ser positivas (para obtener algo) o negativas (para evitar algo), según el objetivo que se persiga con la medida.
- Mecanismo Especial de Impugnación (Artículo 30 LJCA): La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) establece un mecanismo específico para impugnar actividades calificadas como vía de hecho.
- Plazos de Impugnación (Artículo 46.3 LJCA): Este artículo fija plazos para combatir la vía de hecho:
- Si se ataca directamente, sin previo requerimiento o advertencia: el plazo es de 20 días para la interposición del recurso.
- Si se ataca después de un requerimiento previo de cesación: el plazo es de 10 días desde la presentación del requerimiento.
- Procedimiento Sumario de Tutela de Derechos Fundamentales: La defensa frente a la vía de hecho también puede canalizarse a través del procedimiento sumario de tutela de derechos fundamentales o libertades públicas.