Década Moderada (1843-1854)
Tras derrotar a Espartero en Torrejón de Ardoz en 1843, el general Narváez facilitó la llegada de los moderados al poder. Espartero se exilió y se adelantó la mayoría de edad de Isabel II, iniciándose un reinado dominado por el liberalismo moderado, apoyado por terratenientes y clases medias. Este grupo defendía un liberalismo conservador basado en el orden, la estabilidad y el control político, ideas que quedaron reflejadas en la Constitución de 1845 y en una serie de reformas que consolidaron el Estado moderado.
La Constitución otorgó amplios poderes al rey, mantenía la unidad católica y establecía unas Cortes muy restringidas, con un Senado elegido por el monarca y un Congreso elegido con un sufragio muy limitado. La ley administrativa de 1845 reforzó la centralización; aunque había elecciones municipales, los alcaldes eran nombrados desde arriba, lo que dejaba el poder real en manos de una minoría.
Los moderados también reorganizaron el Estado: suprimieron la Milicia Nacional y crearon la Guardia Civil para garantizar el orden; emprendieron una reforma fiscal que no logró resolver los problemas económicos; y firmaron el Concordato de 1851 con la Santa Sede, que normalizó las relaciones con la Iglesia y aseguró su influencia en la sociedad y la educación. A todo esto se sumaron la unificación legal, el Código Penal de 1848 y la reforma educativa del Plan Pidal.
También estalló la II Guerra Carlista por el rechazo al matrimonio de Isabel II. El gobierno moderado se volvió más autoritario, especialmente bajo Bravo Murillo, lo que provocó divisiones internas y la aparición de un sector puritano liderado por O’Donnell. Esta tensión desembocó en la crisis de 1854, que puso fin a la Década Moderada.
Bienio Progresista (1854-1856)
La crisis del régimen moderado en 1854 desencadenó el pronunciamiento de O’Donnell en Vicálvaro, conocido como la Vicalvarada, que al principio no tuvo éxito. Tras unirse a Serrano, ambos publicaron el Manifiesto de Manzanares, redactado por Cánovas, que pedía reformas políticas como ampliar libertades, cambiar la ley electoral y de prensa, descentralizar el poder, bajar impuestos y recuperar la Milicia Nacional. Su difusión provocó un levantamiento popular que obligó a Isabel II a entregar el gobierno a Espartero, quien gobernó junto a O’Donnell.
El nuevo gobierno celebró elecciones y elaboró el proyecto de Constitución de 1856, que no llegó a aprobarse pero ampliaba derechos, restringía el poder de la corona, ampliaba el sufragio, restablecía la Milicia Nacional y permitía cierta tolerancia religiosa. En estos años surgieron nuevas fuerzas políticas: el Partido Demócrata (republicano y laico), la Unión Liberal de O’Donnell (centro entre moderados y progresistas) y un renovado carlismo.
El Bienio Progresista se centró sobre todo en reformas económicas. Destacó la Desamortización de Madoz (1855), que vendió bienes de la Iglesia y de los ayuntamientos para financiar el Estado. También se impulsó la modernización económica con la Ley General de Ferrocarriles, la Ley de Sociedades de Crédito y la creación del Banco de España para atraer capital y extender la red ferroviaria. Las tensiones sociales, los motines en varias ciudades y el rechazo de la reina Isabel II y los moderados provocaron el fin del Bienio. Espartero dimitió en 1856 y fue sustituido por O’Donnell.
Vuelta al Moderantismo y el Gobierno de la Unión Liberal (1856-1868)
Tras la caída del gobierno progresista, O’Donnell asumió el poder aplicando la Constitución de 1845 con algunos aspectos progresistas, hasta que Narváez volvió al gobierno. Este impulsó medidas como la Ley Moyano de 1857 para organizar el sistema educativo y completó obras públicas importantes, pero las tensiones políticas y los problemas económicos, especialmente la crisis del trigo, provocaron su salida. Así comenzó el gobierno de O’Donnell (1858-1863), caracterizado por el mantenimiento del orden, ciertas reformas internas, un notable crecimiento industrial y una intensa política exterior con intervenciones en Indochina, Marruecos, México y Santo Domingo.
En los últimos años del reinado de Isabel II se acentuó la inestabilidad. El gobierno de O’Donnell afrontó sublevaciones carlistas, protestas campesinas contra la desamortización de Madoz y conflictos dentro de la Unión Liberal, lo que llevó a su dimisión en 1863. A partir de ahí sucedieron gobiernos moderados y unionistas que recurrieron a una fuerte represión, como en la Noche de San Daniel y el pronunciamiento de San Gil, lo que debilitó aún más la monarquía. La oposición se organizó en torno al Pacto de Ostende, dirigido por Prim, con el objetivo de derrocar a Isabel II. A esto se sumó una grave crisis económica, con problemas ferroviarios y escasez de alimentos que generaron motines. La muerte de figuras clave como O’Donnell y Narváez dejó a la reina sin apoyos, facilitando que la Revolución de 1868, que fue iniciada en Cádiz por el almirante Topete, pusiera fin a su reinado.
El Sexenio Democrático (1868-1874)
La Revolución de 1868: ‘La Gloriosa’
El Sexenio Democrático comenzó con la revolución de 1868, conocida como “La Gloriosa”, que terminó con el reinado de Isabel II. La crisis política interna de los moderados, la oposición organizada desde el exilio liderada por Prim mediante el Pacto de Ostende, la crisis financiera y la escasez generaron gran descontento social. La revolución empezó con el levantamiento del almirante Topete en Cádiz, al que se unieron Prim, Serrano y Dulce, quienes firmaron el manifiesto “España con Honra”, proponiendo un gobierno provisional y sufragio universal. La insurrección se extendió por todo el país, las tropas gubernamentales fueron derrotadas en Alcolea y la reina tuvo que exiliarse a Francia.
Gobierno Provisional de Serrano y la Constitución de 1869
Tras la revolución de 1868 se formó un gobierno provisional presidido por el general Serrano, con progresistas y unionistas, cuyo objetivo fue estabilizar la política y la sociedad en España. Convocaron elecciones a Cortes Constituyentes con sufragio universal masculino. Se aprobó la Constitución de 1869, que establecía una monarquía parlamentaria, soberanía nacional, división de poderes con Cortes bicamerales, y reconocía derechos individuales como libertad de culto, reunión, asociación, además de permitir la enseñanza laica. La Constitución no satisfizo a casi nadie: carlistas y la Iglesia rechazaban la libertad religiosa, los republicanos la monarquía y los librepensadores el mantenimiento del culto. Mientras se buscaba un nuevo rey, Serrano asumió la regencia y Prim ejerció como jefe de gobierno.
La Regencia de Serrano (1869-1870)
Durante la Regencia de Serrano se impulsaron medidas para fomentar la economía, como la Ley de Bases Arancelarias que promovía el librecambismo y el comercio internacional, la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de Bases de la Minería que fomentaba la inversión privada. También se estableció la peseta como unidad monetaria y la Ley Moret de 1870 liberaba a los hijos de esclavas nacidos en Cuba y Puerto Rico, generando oposición de la oligarquía azucarera. La Regencia enfrentó motines campesinos, el inicio del movimiento obrero, levantamientos carlistas y el inicio de la Guerra Larga en Cuba con el Grito de Yara. También se gestionó la elección de un nuevo rey que, gracias a la influencia de Prim, las Cortes eligieron a Amadeo de Saboya, quien llegó a España en 1870 para asumir la corona.
Reinado de Amadeo I (1871-1873)
El reinado de Amadeo I empezó con el asesinato del general Prim. Intentó gobernar siguiendo la Constitución, pero pronto se enfrentó a la oposición de varios sectores: la Iglesia y la nobleza temían perder privilegios, los republicanos querían instaurar la República, los carlistas resurgieron y los alfonsinos defendían los derechos de Alfonso XII. Los partidos del gobierno estaban divididos; los progresistas se separaron en constitucionalistas, liderados por Sagasta, y radicales, bajo Ruiz Zorrilla. Durante su reinado enfrentó la III Guerra Carlista y la continuación de la Guerra de Cuba. Amadeo renunció al trono en 1873, y al día siguiente el Congreso y el Senado proclamaron la I República en España.
La Primera República (1873-1874)
El republicanismo español surgió en 1849 con la creación del Partido Demócrata, que defendía un republicanismo laico y social, promoviendo el sufragio universal, libertad de reunión y mejoras en educación. Estaba dividido entre unitarios, que querían una república centralizada, y federalistas. El primer presidente, Estanislao Figueras, aplicó algunas reformas como la abolición de las quintas, la supresión del impuesto de consumos y la concesión de amnistía, pero su gobierno fue breve debido a golpes de estado, la III Guerra Carlista, la insurrección en Cuba y la crisis económica, lo que le llevó a dimitir tras convocar Cortes Constituyentes.
Francisco Pi i Margall impulsó un proyecto de Constitución federal con soberanía popular y abolición de la esclavitud, pero el cantonalismo y las revueltas obreras y campesinas provocaron su dimisión. Le sucedió Nicolás Salmerón, pero renunció por negarse a firmar penas de muerte.
Emilio Castelar gobernó de forma autoritaria para frenar el cantonalismo y la guerra carlista, pero perdió el apoyo de las Cortes y dimitió. El general Pavía disolvió las Cortes mediante un golpe de Estado y entregó el poder a Serrano, quien buscó normalizar la situación y acercarse a los alfonsinos. En 1874, el general Martínez Campos proclamó a Alfonso XII como rey, poniendo fin a la Primera República y comenzando la Restauración Borbónica.