La Proclamación de la República y el Gobierno Provisional
Al anunciarse la convocatoria de elecciones municipales, toda la oposición al régimen monárquico y al sistema político vigente desde la Restauración (republicanos, socialistas y nacionalistas de izquierda) decidieron constituir una coalición para presentarse unidos a las elecciones (Pacto de San Sebastián, 1930), mientras los partidos de derechas se presentaron divididos. Las elecciones, celebradas el 12 de abril de 1931, arrojaron un resultado favorable a la coalición republicano-socialista, que triunfó en 41 de las 50 grandes capitales, en las regiones industriales y en las grandes cuencas mineras. Aunque los partidos conservadores mantuvieron su fuerza en gran parte de las zonas agrarias, el 13 de abril nadie dudaba de que la situación iba a experimentar un cambio espectacular. Ante la nueva situación, el rey Alfonso XIII suspendió la potestad real y abandonó el país hacia el exilio. El 14 de abril de 1931 se proclamó la República, en medio del entusiasmo popular y sin la menor violencia.
El Gobierno Provisional
Inmediatamente, se formó un gobierno provisional con representantes de los partidos del Pacto de San Sebastián (republicanos, socialistas y nacionalistas), que se comprometió a convocar elecciones a Cortes constituyentes, a fin de que se redactase una nueva Constitución. Además, el gobierno provisional tomó las primeras medidas: amnistía para los presos políticos, libertad de partidos y sindicatos y reforma de la administración y de los cargos del ejército. Las elecciones de junio de 1931 dieron la mayoría a la coalición republicano-socialista, y la primera gran tarea de las nuevas Cortes republicanas fue elaborar una Constitución, muy avanzada para la época, que fue aprobada en diciembre de 1931. El poder legislativo residía en las Cortes (una sola cámara), el poder ejecutivo en el Consejo de Ministros y en el Presidente de la República, mientras se asentaba la independencia del poder judicial. El Estado se configuraba de forma integral, pero se aceptaba la posibilidad de constituir gobiernos autónomos en algunas regiones. Una vez aprobada la Constitución, Niceto Alcalá Zamora fue elegido Presidente de la República, mientras Manuel Azaña presidía el gobierno formado por republicanos, socialistas y nacionalistas.
La Constitución de 1931
La Constitución definía a España como «una república democrática de trabajadores de toda clase», con sufragio universal masculino y femenino (por primera vez en la historia de España) y como un Estado aconfesional, aunque se respetaban todos los cultos y creencias. Se reconocían los derechos individuales y se establecían amplias libertades públicas y privadas. La Constitución facultaba al gobierno para expropiar bienes considerados de utilidad pública.
Los Problemas y Reformas de la República
El nuevo gobierno emprendió, durante dos años, la tarea de reformar el país en un sentido democrático, laico y moderno. El primer paso era abordar los graves problemas pendientes desde el siglo anterior: el problema militar, el religioso, la cuestión educativa y los problemas agrarios.
Reforma Militar
Respecto al poder y al papel del ejército en la vida social y política española, el nuevo ministro de la Guerra, el republicano Manuel Azaña, consideraba indispensable reducir radicalmente el excesivo volumen de los oficiales (había un oficial por cada 5 soldados) y cortar los excesivos gastos militares. Para ello, elaboró una ley que posibilitó la jubilación de casi la mitad de los oficiales. Igualmente, se disolvieron los organismos judiciales del ejército, que se sometió al poder civil; por último, se cambiaron aquellos mandos del ejército considerados contrarios a la República.
Reforma Religiosa y Educativa
El peso de la Iglesia católica, y su fuerte influencia en la educación, fue otro caballo de batalla del gobierno. La nueva Constitución separaba la Iglesia del Estado y, por ello, en los años siguientes, se abolió el pago a los sacerdotes, se prohibió la enseñanza de las órdenes religiosas, se disolvió la Compañía de Jesús y se introdujeron el divorcio, el matrimonio y el entierro civiles. Promover una educación laica, en un Estado laico, era un objetivo clarísimo para los nuevos dirigentes republicanos. Por primera vez, el Estado asumía en pleno la responsabilidad de la escuela pública y destinó a ella grandes inversiones para construcciones escolares y la contratación de nuevos profesores.
Reforma Agraria
Por último, se abordó el problema agrario, esto es, la existencia, sobre todo en Andalucía y Extremadura, de cientos de miles de jornaleros agrarios sin tierras y en una situación mísera, mientras que la propiedad se concentraba en manos de unos centenares de familias latifundistas. Una ley del gobierno, en 1932, decretó expropiables las grandes fincas que no se cultivaran y permitió darlas a campesinos sin tierras. Igualmente, se inició la reforma de la legislación laboral, impulsada desde el Ministerio de Trabajo por el socialista Largo Caballero.
La Oposición a las Reformas Republicanas
Desde el momento en que se proclamó la República, y especialmente cuando se aprobó la Constitución y se iniciaron las reformas, los grandes propietarios agrarios, la jerarquía de la Iglesia católica, una parte del ejército y amplios sectores de las clases altas y medias se pusieron en contra del nuevo régimen. Estos grupos sintieron amenazadas sus propiedades, su influencia y su poder que desde siglos venían ejerciendo en la vida española. En 1932, un intento de golpe de Estado, dirigido por el general Sanjurjo y animado por los latifundistas, fue frenado por el gobierno. Pero las fuerzas de la derecha se reagruparon y crearon la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), con Gil Robles al frente. Asimismo, surgió un nuevo grupo de carácter fascista, la Falange Española (FE), dirigido por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador. En el centro derecha, el Partido Radical de Lerroux atraía a grupos de comerciantes, industriales y propietarios. Los monárquicos alfonsinos (José Calvo Sotelo) y los carlistas se unieron a los que criticaban la República.
Por si fuera poca esta oposición, la lentitud de algunas reformas, especialmente la reforma agraria, exacerbó los ánimos de las clases populares. Jornaleros y obreros querían más cambios y más deprisa. La UGT se radicalizaba por momentos y algunos núcleos anarquistas apoyaban directamente la insurrección armada, para transformar revolucionariamente la sociedad española, y protagonizaban levantamientos (Llobregat, en 1932; Casas Viejas, en 1933) duramente reprimidos por las fuerzas de orden público.