La Restauración borbónica (1874–1931)
La Restauración borbónica comenzó en 1874 tras el pronunciamiento militar del general Martínez Campos en Sagunto, que puso fin al Sexenio Democrático y proclamó rey a Alfonso XII. El principal ideólogo del nuevo régimen fue Antonio Cánovas del Castillo, que pretendía devolver la estabilidad política a España y evitar los continuos golpes de Estado y cambios de régimen que habían caracterizado el siglo XIX.
El sistema político de la Restauración se basó en una monarquía constitucional regulada por la Constitución de 1876. Esta establecía una soberanía compartida entre el rey y las Cortes, un parlamento bicameral formado por el Congreso de los Diputados y el Senado, y amplios poderes para la Corona, que podía nombrar y destituir gobiernos y disolver las Cortes. El Estado se declaraba confesional católico, aunque se permitía la práctica privada de otras religiones, y se reconocían derechos y libertades que podían ser limitados por ley.
El funcionamiento del sistema se apoyaba en el bipartidismo entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, que se alternaban pacíficamente en el poder mediante el llamado turnismo. Esta alternancia no se basaba en elecciones libres, sino en la manipulación electoral, el caciquismo y el pucherazo, lo que garantizaba la victoria del partido que debía gobernar.
Etapas de la Restauración
- Reinado de Alfonso XII (1875–1885).
- Regencia de María Cristina (1885–1902), consolidada con el Pacto del Pardo.
- Reinado de Alfonso XIII (1902–1931).
A pesar de la estabilidad institucional, el sistema fue perdiendo apoyos debido a su carácter oligárquico y a la exclusión política de amplios sectores sociales, lo que favoreció el crecimiento de la oposición republicana, obrera y nacionalista.
Idea clave PAU: estabilidad política lograda mediante un sistema poco democrático y basado en el control electoral.
La economía española en el siglo XIX
La economía española del siglo XIX estuvo marcada por una industrialización tardía, lenta e incompleta, muy alejada del modelo de los países europeos más desarrollados. La mayor parte de la población continuó dependiendo del sector agrario, lo que limitó el crecimiento del mercado interior y la capacidad de consumo.
El liberalismo impulsó una profunda reforma agraria con el objetivo de acabar con las estructuras del Antiguo Régimen y crear una propiedad privada libre e individual. La medida más importante fueron las desamortizaciones, que consistieron en la expropiación y venta en subasta pública de los bienes de la Iglesia y de los municipios. Destacan la desamortización de Mendizábal (1836), centrada en los bienes eclesiásticos; la de Espartero (1841); y la de Madoz (1855), que afectó a los bienes comunales y civiles.
Los objetivos de las desamortizaciones eran reducir la deuda pública, financiar al Estado, aumentar la superficie cultivada y crear una clase media de propietarios rurales. Sin embargo, en la práctica, las tierras fueron adquiridas por grandes propietarios y burgueses con capital, lo que provocó la concentración de la propiedad de la tierra y el empobrecimiento del campesinado. Esto dio lugar a importantes conflictos sociales en el campo, especialmente en Galicia y Andalucía.
La industrialización se concentró en regiones concretas, como Cataluña (industria textil) y el País Vasco (siderurgia), y dependió en gran medida del capital extranjero. El ferrocarril fue una infraestructura clave para la modernización económica, aunque su impacto industrial fue limitado. El Estado aplicó una política proteccionista para defender la débil industria nacional.
Idea clave PAU: modernización económica incompleta que generó fuertes desequilibrios regionales y sociales.
Las transformaciones sociales del siglo XIX
Durante el siglo XIX, la sociedad española experimentó importantes transformaciones como consecuencia del crecimiento demográfico, el triunfo del liberalismo y el inicio de la industrialización. La población aumentó lentamente debido a la alta mortalidad, las epidemias y la emigración, especialmente hacia América, aunque se produjo un éxodo rural hacia las ciudades industriales.
La sociedad se organizó en clases sociales. La burguesía se convirtió en el grupo dominante, controlando la economía, la propiedad y el poder político. Esta burguesía incluía tanto a grandes propietarios agrarios como a financieros y empresarios, muchos de ellos vinculados al Estado. Las clases medias estaban formadas por funcionarios, profesionales liberales, pequeños comerciantes y artesanos, y tenían un peso reducido en la sociedad.
El proletariado, compuesto por obreros industriales y jornaleros agrícolas, vivía en condiciones muy duras, con bajos salarios, largas jornadas laborales, trabajo infantil y ausencia de derechos laborales. Estas condiciones provocaron el surgimiento del movimiento obrero, que evolucionó desde protestas espontáneas como el ludismo hasta formas de organización más estables.
A lo largo del siglo XIX se difundieron ideologías obreras como el anarquismo, especialmente implantado en Cataluña y Andalucía, y el socialismo, que dio lugar a la fundación del PSOE en 1879 y la UGT en 1888. El movimiento obrero se convirtió en un elemento clave del conflicto social y político de la España contemporánea.
Idea clave PAU: aparición de una sociedad de clases marcada por la desigualdad y el conflicto social.
La Segunda República Española (1931–1936)
Orígenes y proclamación de la II República
La Segunda República Española fue proclamada el 14 de abril de 1931, tras las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de ese mismo año. Aunque dichas elecciones eran de carácter local, fueron interpretadas por la población como un auténtico plebiscito entre monarquía y república. La clara victoria de las candidaturas republicanas en las grandes ciudades evidenció la profunda crisis de legitimidad de la monarquía de Alfonso XIII, quien decidió abandonar el país para evitar un conflicto civil.
La proclamación de la República fue el resultado de un largo proceso de desgaste del sistema de la Restauración, agravado por la dictadura de Primo de Rivera (1923–1930) y por la incapacidad del rey para restaurar el sistema constitucional tras su caída. El Pacto de San Sebastián (1930) fue clave en este proceso, ya que unió a republicanos, socialistas y nacionalistas en el objetivo común de instaurar una república democrática basada en profundas reformas políticas, sociales y territoriales.
El Gobierno Provisional y las primeras medidas
Tras la proclamación de la República se formó un Gobierno Provisional, presidido por Niceto Alcalá‑Zamora, cuyo objetivo principal fue consolidar el nuevo régimen y preparar un marco legal democrático. Desde el primer momento, el gobierno adoptó una serie de medidas destinadas a ganarse el apoyo popular y a romper con el pasado monárquico.
Entre estas medidas destacaron la amnistía para los presos políticos, la proclamación de las libertades públicas y sindicales, el reconocimiento de la libertad de culto y el respeto a la propiedad privada, entendida dentro de su función social. Al mismo tiempo, el gobierno anunció su intención de llevar a cabo importantes reformas estructurales y convocó elecciones a Cortes Constituyentes.
Uno de los primeros conflictos surgió en Cataluña, cuando Francesc Macià proclamó el Estado catalán. El Gobierno Provisional resolvió la situación mediante la negociación, aceptando el principio de autonomía y sentando las bases del posterior Estatuto catalán.
Elecciones a Cortes Constituyentes y reforma electoral
Las elecciones a Cortes Constituyentes, celebradas en junio de 1931, fueron fundamentales para legitimar el nuevo régimen. Con el objetivo de garantizar un proceso más democrático, el Gobierno Provisional reformó la ley electoral, suprimiendo el artículo 29 y ampliando las circunscripciones, lo que redujo el caciquismo característico del sistema de la Restauración.
La victoria correspondió a los partidos republicanos y de izquierdas, lo que permitió iniciar la redacción de una nueva Constitución. Aunque las mujeres aún no podían votar en las municipales anteriores, sí podían presentarse como candidatas a las Cortes, lo que supuso un importante avance en la participación política femenina.
La Constitución de 1931
La Constitución de 1931 fue una de las más avanzadas de su tiempo. Definía a España como una República democrática de trabajadores, basada en el principio de soberanía popular. Establecía un sistema parlamentario, con separación de poderes y un amplio reconocimiento de derechos y libertades individuales y sociales.
La Constitución implantó el sufragio universal, reconociendo por primera vez el voto femenino, e impulsó una profunda transformación social mediante la defensa de la educación pública, gratuita y laica, la igualdad jurídica entre hombres y mujeres y la posibilidad de llevar a cabo una reforma agraria. En el ámbito territorial, definía a España como un Estado integral, compatible con la autonomía de las regiones, lo que permitía dar respuesta a las demandas nacionalistas.
El Bienio Reformista (1931–1933)
El bienio reformista, liderado por Manuel Azaña, tuvo como objetivo consolidar la República y modernizar el Estado español. Para ello, el gobierno impulsó una serie de reformas profundas que afectaron a los principales problemas estructurales del país.
En el ámbito agrario, se aprobó la Ley de Reforma Agraria, cuyo objetivo era acabar con los latifundios improductivos, redistribuir la tierra y mejorar las condiciones de vida de los jornaleros. Sin embargo, su aplicación fue lenta y limitada debido a la falta de recursos económicos y a la fuerte oposición de los grandes propietarios.
En el terreno educativo y religioso, se promovió una enseñanza pública, gratuita y laica, se suprimió la enseñanza religiosa obligatoria y se desarrollaron iniciativas culturales como las Misiones Pedagógicas, destinadas a combatir el analfabetismo y acercar la cultura a las zonas rurales.
La reforma militar pretendió reducir el poder político del Ejército y someterlo al control civil, lo que generó un fuerte malestar entre sectores conservadores y provocó el intento de golpe de Estado conocido como la Sanjurjada (1932), que fracasó.
Este periodo estuvo marcado por una intensa conflictividad social, cuyo episodio más grave fueron los sucesos de Casas Viejas (1933). La dura represión de esta revuelta anarquista deterioró gravemente la imagen del gobierno y contribuyó a su caída.
El Bienio Conservador (1933–1936)
Las elecciones de noviembre de 1933 dieron la victoria a los partidos de derechas, especialmente a la CEDA y al Partido Radical de Alejandro Lerroux. Este periodo, conocido como el Bienio Conservador o Bienio Negro, se caracterizó por una política de rectificación de las reformas anteriores.
Durante este bienio se paralizó la reforma agraria, se frenó el proceso autonómico y se redujo el gasto en educación. Además, se endureció la política de orden público, recurriendo a la represión para controlar los conflictos sociales. El momento más crítico de este periodo fueron los sucesos de octubre de 1934, con la revolución obrera en Asturias y la proclamación del Estado catalán, ambos duramente reprimidos.
Posibles comentarios de gráficas/tablas
Restauración borbónica (mapa o esquema del sistema político / nacionalismos)
Texto: “Mapa de los nacionalismos periféricos en España durante la Restauración (Cataluña, País Vasco y Galicia)”.
El mapa refleja la aparición de los nacionalismos periféricos durante la Restauración borbónica (1874–1931). Se observa que Cataluña, el País Vasco y Galicia desarrollaron movimientos propios de reivindicación cultural y política. Esta situación se debe, por un lado, al centralismo del Estado y a la exclusión de amplios sectores de la población del sistema político basado en el turnismo y el fraude electoral, y, por otro, a factores culturales, como la lengua y la identidad histórica de cada región.
El mapa permite interpretar que la política del sistema canovista, centrada en la estabilidad oligárquica, no contemplaba demandas de autonomía ni de reconocimiento cultural, lo que favoreció la consolidación de estos movimientos nacionalistas. Además, la localización geográfica muestra que las regiones con mayor industrialización o identidad histórica fuerte fueron las más activas en estas reivindicaciones.
En conclusión, el mapa evidencia cómo las tensiones políticas y culturales durante la Restauración derivaron en la aparición de nacionalismos que cuestionaban el modelo centralista y oligárquico del Estado.
Economía española (tabla o gráfico de desamortizaciones o industrialización)
Texto: “Tabla de superficies desamortizadas y distribución de bienes en España (Mendizábal 1836 y Madoz 1855)”.
La tabla muestra la evolución de las desamortizaciones en España durante el siglo XIX. Se observa que Mendizábal afectó principalmente a los bienes de la Iglesia, mientras que Madoz amplió la medida a los bienes comunales y civiles. El objetivo de estas desamortizaciones era obtener ingresos para el Estado, reducir la deuda pública y fomentar la propiedad privada.
Sin embargo, el análisis de la tabla indica que, aunque aumentó la superficie vendida y los ingresos estatales, estas medidas beneficiaron sobre todo a la burguesía y a los grandes propietarios, mientras que el campesinado no accedió a la tierra, aumentando la concentración de la propiedad y los conflictos rurales, especialmente en Galicia y Andalucía. La información refleja, por tanto, tanto el éxito económico limitado para el Estado como el fracaso social en cuanto a redistribución de tierras.
En conclusión, la tabla permite comprender que las desamortizaciones supusieron una modernización económica parcial y desigual, favoreciendo a las élites y dejando sin solución los problemas agrarios históricos.
Transformaciones sociales (gráfico de población o mapa del movimiento obrero)
Texto: “Gráfico del crecimiento demográfico y mapa de implantación del movimiento obrero en España (siglo XIX)”.
El gráfico muestra el crecimiento de la población española durante el siglo XIX, mientras que el mapa indica las áreas de mayor implantación del movimiento obrero. Se aprecia que, aunque la población aumentó gradualmente, hubo períodos de estancamiento debido a crisis alimentarias y emigración hacia América, lo que refleja las limitaciones económicas del país.
El análisis del mapa permite observar que el proletariado se concentraba en Cataluña y Andalucía, zonas con mayor industrialización o presencia de jornaleros agrícolas. La combinación del crecimiento demográfico y la urbanización favoreció la aparición de conflictos sociales y la organización obrera, que se manifestó en sindicatos y partidos como el PSOE y la UGT, así como en el anarquismo en Cataluña y Andalucía.
En conclusión, tanto el gráfico como el mapa permiten interpretar cómo los cambios demográficos y económicos generaron nuevas tensiones sociales, dando lugar al surgimiento del movimiento obrero como respuesta a la explotación laboral y a la desigualdad de la sociedad liberal.
Comparativas
Restauración borbónica y Sexenio Democrático
En cuanto al contexto político, la Restauración borbónica, iniciada en 1874, surgió con el objetivo de garantizar la estabilidad política tras décadas de inestabilidad, mientras que el Sexenio Democrático (1868–1874) se caracterizó precisamente por la continua sucesión de gobiernos y regímenes, lo que provocó una gran inestabilidad institucional.
Respecto a la forma de gobierno, la Restauración estableció una monarquía constitucional hereditaria bajo Alfonso XII, mientras que durante el Sexenio se sucedieron una monarquía con Amadeo I y una república. En relación con la participación política, el Sexenio supuso un avance democrático al ampliar el sufragio y reconocer derechos y libertades, mientras que en la Restauración dicha participación quedó limitada por el fraude electoral y el caciquismo.
En cuanto al funcionamiento del sistema político, la Restauración se basó en el bipartidismo y el turnismo pactado entre conservadores y liberales, mientras que el Sexenio permitió un mayor pluralismo político, aunque sin lograr estabilidad. En conclusión, mientras el Sexenio fue más democrático pero inestable, la Restauración fue más estable a costa de una democracia limitada.
Desamortización de Mendizábal y desamortización de Madoz
La desamortización de Mendizábal, aprobada en 1836, se centró en los bienes de la Iglesia y tuvo como objetivo principal reducir la deuda pública y financiar la guerra carlista, mientras que la desamortización de Madoz, promulgada en 1855, tuvo un carácter más amplio, ya que afectó a los bienes comunales y civiles, además de completar la venta de bienes eclesiásticos.
En cuanto a sus objetivos económicos, ambas buscaban obtener recursos para el Estado y modernizar la economía, aunque Mendizábal se orientó más a resolver problemas inmediatos, mientras que Madoz pretendía financiar infraestructuras como el ferrocarril. Sin embargo, en cuanto a las consecuencias sociales, ambas coincidieron en favorecer a la burguesía y a los grandes propietarios, mientras que perjudicaron al campesinado al no producir un reparto equitativo de la tierra.
Industrialización española e industrialización europea
La industrialización europea comenzó de forma temprana y se desarrolló con rapidez gracias al capital propio, la innovación tecnológica y un mercado interior amplio, mientras que la industrialización española fue tardía, lenta y dependiente del capital extranjero.
En cuanto a su extensión territorial, la industrialización europea se generalizó por la mayor parte del territorio, mientras que en España quedó limitada a regiones concretas como Cataluña y el País Vasco. Como consecuencia, mientras Europa alcanzó un desarrollo industrial sólido, España mantuvo una economía mayoritariamente agraria y una industrialización incompleta.
Burguesía y proletariado en el siglo XIX
La burguesía se convirtió en la clase social dominante durante el siglo XIX, ya que controlaba la propiedad, la economía y el poder político, mientras que el proletariado ocupaba una posición subordinada y carecía de influencia política.
En cuanto al nivel de vida, la burguesía disfrutaba de buenas condiciones económicas y sociales, mientras que el proletariado vivía en condiciones muy duras, con bajos salarios, largas jornadas laborales y ausencia de derechos laborales. Por ello, mientras la burguesía defendía el sistema liberal, el proletariado desarrolló formas de organización y protesta que dieron lugar al movimiento obrero.
Socialismo y anarquismo
El socialismo defendía la utilización del Estado y la vía política para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora, mientras que el anarquismo rechazaba cualquier forma de Estado y autoridad. En cuanto a los métodos de lucha, el socialismo apostó por la acción política y sindical organizada, mientras que el anarquismo defendió la acción directa y las huelgas.
Respecto a su implantación social, el socialismo tuvo mayor presencia en zonas industriales, mientras que el anarquismo se extendió sobre todo en Cataluña y Andalucía. En conclusión, aunque ambas ideologías buscaban acabar con la explotación obrera, proponían estrategias muy diferentes para lograrlo.
Comparativas PAU – punto por punto
Bienio Reformista y Bienio Conservador
El bienio reformista (1931–1933) tuvo como objetivo principal modernizar España y consolidar la República mediante profundas reformas sociales, económicas y políticas. Durante este periodo se impulsó la reforma agraria para redistribuir la tierra, se promovió una educación pública, gratuita y laica y se avanzó en el reconocimiento de las autonomías regionales, especialmente con la aprobación del Estatuto de Cataluña. Asimismo, se intentó reducir el poder político del Ejército mediante la reforma militar.
Por el contrario, el bienio conservador (1933–1936) tuvo como finalidad frenar y rectificar las reformas impulsadas durante el periodo anterior. Se paralizó la reforma agraria, se devolvieron privilegios a los grandes propietarios y se redujo el impulso educativo. En el ámbito territorial, se frenó el desarrollo autonómico y se reforzó el centralismo. Además, el gobierno recurrió con mayor frecuencia a la represión para mantener el orden público, como se evidenció en los sucesos de octubre de 1934.
Constitución de 1931 y sistema de la Restauración
La Constitución de 1931 estableció un sistema democrático basado en la soberanía popular, el sufragio universal y el reconocimiento de amplios derechos sociales y políticos. Defendía la laicidad del Estado y la descentralización territorial mediante el reconocimiento de las autonomías.
En cambio, el sistema de la Restauración se basaba en una monarquía parlamentaria controlada por el turnismo y el caciquismo, lo que limitaba la participación real de la población. El Estado era confesional y centralista, y los derechos sociales estaban muy poco desarrollados.