4.3. La Constitución de 1845
El general Narváez, protagonista de los diez primeros años de reinado efectivo de Isabel II, fue el inspirador de la Constitución de 1845, que estuvo en vigor en España hasta 1869. Se trataba ésta de una constitución, como ya hemos comentado, de tendencia muy conservadora. Citemos algunas de sus principales características:
Incluía una declaración de derechos, aunque podían ser limitados mediante un desarrollo legislativo posterior. De hecho fueron sistemáticamente limitados mediante leyes ordinarias posteriores.
Se declara la exclusividad de la religión católica y se obliga al estado a mantener a la Iglesia.
Se suprime la Milicia Nacional.
Se establece el principio de Soberanía Compartida, con un legislativo en manos de las Cortes y el Rey. Las Cortes se componían de dos cuerpos, el Senado y el Congreso de los diputados. El Senado estaba compuesto por miembros vitalicios elegidos directamente por el rey entre las élites de la nobleza, el clero, el ejército y la administración. Los miembros del Congreso de los Diputados eran elegidos mediante sufragio directo. La reina se reservaba la posibilidad de poder disolver esta cámara a voluntad, sin otro límite que convocar elecciones para la formación de una nueva cámara.
El rey podía nombrar alcaldes en determinados pueblos, así como a los presidentes de las diputaciones provinciales.
4.4. El Bienio Progresista (1854-1856)
El autoritarismo del gobierno moderado impulsó el levantamiento de progresistas, del recién fundado Partido Demócrata (fue fundado en 1849) y de algunos sectores del propio moderantismo, defraudados con la actuación gubernamental.
Después de la Vicalvarada del día 30 de junio de 1854, los sublevados redactaron el llamado Manifiesto de Manzanares, en el que solicitaban:
Respeto a la Constitución de 1845
Reforma de la Ley Electoral
Reducción de los Impuestos
El alzamiento contó con el respaldo popular y con el de diversos jefes militares de distintas ciudades españolas. Isabel II se vio entonces forzada a quitar el poder a los moderados y entregárselo nuevamente al general Espartero, quedando O’Donnell como ministro de la Guerra.
Se convocaron unas elecciones que fueron ganadas por los unionistas de O’Donnell y por los progresistas, partidos que gobernarían conjuntamente durante estos dos años.
Las Cortes salientes elaboraron una nueva Constitución, la de 1856, que ofrecía una declaración de derechos más detallada que la de 1845 e incluía límites al poder de la corona y del ejecutivo. Sin embargo esta constitución no tuvo tiempo para poder entrar en vigor, de ahí que sea conocida como la nonata.
Los gobiernos de esta época desarrollaron una legislación encaminada a sentar las bases para la modernización económica del país. Entre las leyes que promovieron cabe destacar:
Nueva Ley de Desamortización, conocida como la desamortización de Madoz de 1855.
Ley de ferrocarriles (1855)
Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias (1856)
A pesar de las reformas, el bienio transcurrió en un clima constante de conflictividad social, acentuado por la epidemia de cólera de 1854, las malas cosechas, el alza de los precios y los enfrentamientos entre patronos y trabajadores. Las clases populares, defraudadas debido al incumplimiento de las promesas hechas en 1854, retiraron el apoyo a los progresistas. En julio de 1856 Espartero presentó su dimisión y la reina encargó a O’Donnell formar un nuevo gobierno.
4.5. La crisis del moderantismo (1856-1868)
Esta etapa estuvo controlada por la Unión Liberal de O’Donnell. Éste se encargó de restaurar el régimen que dos años antes había ayudado a derribar, restableciendo los principios del moderantismo.
La Constitución de 1845 fue repuesta, al tiempo que se frenaba la legislación más progresista del bienio anterior, interrumpiendo el proceso desamortizador y anulando la libertad de imprenta.
Con la intención de desviar la atención de los españoles de los problemas internos y para fomentar la creación de una conciencia nacional y patriótica, se puso en marcha una activa política exterior. Se desarrollaron acciones militares en Indochina, México, Perú y Chile, aunque la más importante fue la de Marruecos, que respondió al intento de expansión colonial por el norte de África. Ninguna de estas acciones militares tuvo repercusiones, se trató de una política de prestigio, de alarde militar, que para nada influyó en las relaciones de equilibrio internacionales.
En 1863 el gobierno de los unionistas no podía hacer frente a la oposición política de progresistas, demócratas y republicanos. O’Donnell, incapaz de conducir la situación, presentó la dimisión. Entre 1863 y 1868 se suceden gobiernos inestables y autoritarios, presididos alternativamente por Narváez y O’Donnell.
En 1864 se inició una fuerte crisis económica en España: comenzó con la quiebra de las compañías ferroviarias, debido a la escasa rentabilidad; continuó con el hundimiento del sector textil, como consecuencia de la falta de algodón que provocó la Guerra de Secesión estadounidense; a esto hay que añadir el crack de las Bolsas europeas de 1866; finalmente las malas cosechas, la subida de los precios de los productos agrarios y la expansión del hambre contribuyeron a crear el ambiente idóneo para el estallido de una nueva revolución.
En estos últimos años se produjeron una serie de acontecimientos políticos muy graves, entre los que cabe destacar la represión estudiantil de 1865, en la que la policía asesinó a nueve estudiantes, o la sublevación del cuartel de San Gil de ese mismo año, ante la cual el gobierno reaccionó enérgicamente, provocando sesenta muertos y cientos de heridos, más sesenta y seis oficiales y suboficiales que fueron fusilados.
A partir de 1866 amplios sectores de la sociedad coincidieron en la necesidad de dar un giro a la situación, aunque esta vez no podía consistir en un mero cambio de gobierno, sino que implicaba la caída de la monarquía isabelina. Con el objetivo de destronar a la reina y convocar Cortes Constituyentes mediante sufragio universal, progresistas, demócratas y republicanos firmaron en agosto de 1866 un acuerdo conocido como el Pacto de Ostende.
La muerte de O’Donnell y de Narváez en 1867 y 1868 respectivamente, terminó por dejar completamente sola a Isabel II. Incluso muchos unionistas se sumaron entonces al Pacto de Ostende.
La revolución que destronó a Isabel II estalló en Cádiz, donde el 19 de septiembre, la escuadra allí concentrada al mando del brigadier Topete, se sublevó al grito de Viva España con honra. Inmediatamente se constituyeron en numerosas ciudades españolas Juntas revolucionarias que organizaron la revolución y buscaron el apoyo popular.