1. ¿Qué se entiende por controversia constitucional?
Es un medio de control constitucional, uninstancial, que se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —a través del Pleno— para resolver conflictos entre órganos de poder (poder, órgano o nivel) cuando exista invasión de competencias y violación a la Constitución. Su objetivo es mantener el equilibrio orgánico entre los poderes públicos de distintos niveles de gobierno.
2. Menciona cinco supuestos en los que se puede promover una controversia constitucional
- Entre la Federación y una entidad federativa.
- Entre la Federación y un municipio.
- Entre dos municipios de distintos estados.
- Entre dos poderes de una misma entidad federativa.
- Entre un estado y sus municipios.
3. ¿Quiénes tendrán el carácter de parte en la controversia constitucional, según lo dispuesto en la Ley Reglamentaria?
Según el artículo 10 de la Ley Reglamentaria, las partes son:
- Actor: Entidad, poder u órgano que promueve la controversia.
- Demandado: Entidad, poder u órgano que emitió la norma, acto u omisión que causa la controversia.
- Tercero interesado: Entidad, poder u órgano que, sin ser actor o demandado, puede resultar afectado por la sentencia.
- La persona titular de la Fiscalía General de la República.
4. ¿A quiénes la Ley Reglamentaria señala como representantes para comparecer a juicio?
El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado podrán comparecer por conducto de las personas funcionarias facultadas para representarlos. La representación puede acreditarse mediante oficio que designe personas delegadas.
5. ¿Qué se entiende por acciones de inconstitucionalidad?
Es un medio de control constitucional, uninstancial, que se promueve ante la SCJN —a través del Pleno— cuando existe un conflicto entre una norma general y la Constitución. Tiene como finalidad declarar la invalidez de la norma impugnada y asegurar la supremacía constitucional.
Ley Reglamentaria de las Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad
- Naturaleza: Ley reglamentaria del artículo 105, fracciones I y II de la CPEUM.
- Órgano competente: Conocerá de las controversias y acciones la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Efecto en acciones de inconstitucionalidad: Declarar la invalidez de la norma contraria a la Constitución.
- Principio rector: Deberá prevalecer la supremacía constitucional.
- Objeto de contradicción: Se presentará la posible contradicción entre una norma general, tratados internacionales (en los que el Estado mexicano sea parte), decretos o reglamentos frente a la Constitución.
Caso Práctico: Conflicto Territorial entre Puebla y San Andrés Cholula
La controversia constitucional surgió a mediados de los años noventa, cuando los municipios de Puebla y San Andrés Cholula comenzaron a disputarse un territorio de aproximadamente 8.5 kilómetros cuadrados, ubicado en una de las zonas de mayor crecimiento urbano del área metropolitana, especialmente alrededor de Angelópolis, nuevos fraccionamientos y áreas comerciales estratégicas.
Ambos ayuntamientos reclamaban como propio ese territorio, lo que generó conflictos constantes sobre quién tenía facultades para cobrar impuestos, otorgar licencias de construcción y funcionamiento, brindar servicios públicos y ejercer autoridad administrativa.
Ante la falta de acuerdos y la emisión de actos contradictorios por parte de ambos municipios, el conflicto escaló hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual analizó la delimitación territorial. En 2012, la SCJN resolvió que, para efectos catastrales y administrativos, gran parte del territorio en disputa seguía perteneciendo al municipio de Puebla, otorgando certeza jurídica momentánea sobre qué autoridad podía ejercer funciones gubernamentales.
Posteriormente, en 2013, el Congreso del Estado de Puebla emitió un decreto definitivo para fijar los límites municipales. De las 38 colonias involucradas, se determinó que Puebla conservaría 16 y San Andrés Cholula administraría 23, lo que finalmente puso fin a una controversia que llevaba casi dos décadas en disputa.
Mecanismos de Protección y Organismos
Nacionales
1. Jurisdiccionales
- Juicio de amparo.
- Controversia constitucional.
- Acción de inconstitucionalidad.
- Juicio político.
- Declaración de procedencia (determinación de si ha o no lugar para proceder penalmente).
2. No jurisdiccionales
- CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos).
- PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor).
- PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente).
- CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros).
- CNDI (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México).
Internacionales
1. Jurisdiccionales
- CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
- CIPDH (Centro Internacional de Derechos Humanos).
- Corte Europea.
- Corte de Países Bajos.
2. No jurisdiccionales
- ONU (Organización de las Naciones Unidas).
- OEA (Organización de los Estados Americanos).
- UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
- UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).
- OMS (Organización Mundial de la Salud).
- FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
- Greenpeace.
- ONG’s (Organizaciones No Gubernamentales).
Servidores Públicos: Definición y Responsabilidades
¿Qué se entiende por servidor público y cuál es su fundamento constitucional?
Según el Artículo 108° de la CPEUM: Son servidores públicos los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados, y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el Congreso de la Unión, la Administración Pública Federal o en organismos autónomos.
Definición de las responsabilidades de los servidores públicos
- Administrativa: Por incumplimiento a deberes de legalidad, honradez, imparcialidad o eficiencia.
- Política: Por conductas graves que afecten la confianza pública o vulneren el orden constitucional.
- Penal: Por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
- Civil: Por daños o perjuicios causados al Estado o a particulares.
Sujetos a Juicio Político y Declaración de Procedencia
Menciona 5 servidores públicos a los que se les puede fincar juicio político:
- Senadores y diputados.
- Ministros de la SCJN.
- Fiscal General de la República.
- Magistrados de circuito y jueces de distrito.
- Secretario Ejecutivo del INE.
Menciona 5 servidores públicos sujetos a la declaración de procedencia (desafuero):
- Diputados y senadores.
- Ministros de la SCJN.
- Magistrados del Tribunal Electoral.
- Fiscal General de la República.
- Consejero Presidente del INE.
Responsabilidad del Presidente de la República
¿Por qué delitos puede ser acusado el Presidente? Por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y cualquier otro delito por el que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.
Procedimiento de la Controversia Constitucional
Requisitos de la demanda
- Actor (entidad, poder u órgano), domicilio y representante.
- Demandado y su domicilio.
- Tercero interesado y domicilio, si lo hay.
- Norma general, acto u omisión cuya invalidez se reclame.
- Preceptos constitucionales violados.
- Hechos o abstenciones que consten al actor.
- Conceptos de invalidez.
Contenido del escrito de contestación
- Relación precisa de cada hecho (afirmándolo, negándolo o señalando que se ignora).
- Fundamentos jurídicos para sostener la validez de la norma general impugnada.
Causas de improcedencia
- Contra decisiones de la SCJN.
- Contra normas o actos en materia electoral.
- Contra normas, actos u omisiones materia de otra controversia pendiente.
- Contra normas, actos u omisiones ya resueltos en ejecutoria previa.
- Cuando cesen los efectos de la norma o acto impugnado.
- Cuando no se haya agotado la vía legal previa.
- Presentación fuera del plazo legal.
- Cuando no se aleguen violaciones a la Constitución.
- Cuando se pretendan controvertir adiciones o reformas constitucionales.
- Los demás casos previstos por la ley.
Suspensión y Sobreseimiento
¿En qué casos no podrá concederse la suspensión? Cuando se ponga en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico o cuando el daño social sea mayor que el beneficio para la parte solicitante.
¿En qué casos procederá el sobreseimiento?
- Cuando la parte actora se desista expresamente (no aplica a normas generales).
- Cuando aparezca una causa de improcedencia durante el juicio.
- Cuando se demuestre la inexistencia de la norma o acto reclamado.
- Cuando por convenio entre las partes deje de existir el acto materia de la controversia (no aplica a normas generales).
Plazos y Pruebas
Plazos para interponer la controversia:
- Actos u omisiones: 30 días a partir del día siguiente a la notificación, conocimiento o cuando el actor se ostente sabedor.
- Normas generales: 30 días desde el día siguiente a su publicación o al primer acto de aplicación.
- Conflictos de límites: 60 días desde la entrada en vigor de la norma o la realización del acto.
Pruebas: Se admiten todo tipo de pruebas, excepto la prueba de posiciones y las contrarias a derecho. Las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular deben anunciarse diez días antes de la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por hecho.
Contenido y Efectos de las Sentencias
- Fijación precisa de normas, actos u omisiones impugnados.
- Preceptos constitucionales violados y fundamentos jurídicos.
- Alcances y efectos: Órganos obligados y elementos para su eficacia.
- Extensión de invalidez: Si se declara la invalidez de una norma, los efectos se extienden a normas que dependan de ella.
- Puntos resolutivos: Sobreseimiento, validez o invalidez, y términos para el cumplimiento.