Desamortizaciones, Industrialización y el Surgimiento del Movimiento Obrero

PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN Y CAMBIOS AGRARIOS

1. Introducción

La revolución liberal iniciada en España en 1812 con las Cortes de Cádiz y continuada durante el reinado de Isabel II va a suponer el final del Antiguo Régimen y el inicio de toda una serie de transformaciones políticas, económicas y sociales. Entre estas últimas destacamos la desaparición de los estamentos y los privilegios y su sustitución por una sociedad de clases, en la que la posición de cada individuo va a depender directamente de su riqueza. Políticamente, la monarquía absoluta dejará paso a un sistema parlamentario y liberal. En materia económica, se producirán reformas en materia agrícola, industrial y comercial, destacando especialmente el proceso de desamortización agraria que, como veremos a lo largo del tema, liberalizará el mercado de la tierra en nuestro país.

2. Estructura de la propiedad y cambios agrarios durante el siglo XIX

A comienzos del siglo XIX, la agricultura continuaba siendo la actividad económica más destacada de nuestro país, ocupando a más de dos tercios de la población activa y suponiendo más de la mitad de la renta nacional. Sin embargo, el sector arrastraba serios problemas como el atraso tecnológico, la escasa fertilidad, la baja productividad o la desigual distribución de la propiedad.

En buena parte del país, la mayoría de las propiedades estaban en manos de un pequeño número de familias aristocráticas o de la Iglesia. Estas propiedades eran llamadas de “manos muertas” o “amortizadas”, ya que estaba prohibida su venta, traspaso, donación o división; es decir, eran propiedades que no se encontraban en circulación comercial. También existían los “bienes de propios” y las “tierras comunales”, que pertenecían a los ayuntamientos y tampoco se podían vender, y que eran utilizadas por los vecinos de cada municipio. Esta estructura de la propiedad no permitía una explotación racional de la tierra, y suponía un lastre para el aumento de la producción, complemento indispensable en el proceso de industrialización.

• Entre 1835 y 1860, los gobiernos liberales emprenderán un gran programa de reformas agrarias, destinadas a modificar sustancialmente la propiedad y la explotación de la tierra. Estas medidas enlazaban con las reformas planteadas (aunque no aplicadas) por los ilustrados a finales del siglo anterior.
• Inspirados en las ideas de la fisiocracia y el liberalismo económico, se pretendía poner la tierra en manos de pequeños propietarios con plena libertad para comprar, vender, arrendar y cultivar la tierra del modo que considerasen más oportuno. Se pensaba que este nuevo tipo de propietario podría, despojado de las trabas de la propiedad feudal, modernizar y aumentar la productividad de sus tierras.

Para conseguir estos objetivos los gobiernos liberales modificaron la estructura agraria, suprimiendo numerosas instituciones medievales:

1. En primer lugar, se disolvió el Régimen Señorial. Con ello los señores perdían sus derechos jurisdiccionales, pero las tierras se convertían en propiedades privadas y los campesinos que las trabajaban, en asalariados.
2. En segundo lugar, se produjeron las Desvinculaciones, que eliminaron la vinculación de tierras a las familias nobiliarias (algo que impedía su venta), y se suprimió el Mayorazgo, institución que hacía que el primogénito heredase el patrimonio paterno al completo, impidiendo por tanto su división en porciones más pequeñas.
3. Por último se procederá a iniciar la desamortización civil y eclesiástica: la expropiación, nacionalización y venta en subasta pública de los bienes y propiedades pertenecientes a la Iglesia y los Ayuntamientos, poniendo con ello en circulación las propiedades de manos muertas.

3. Los procesos desamortizadores liberales

Antecedentes del proceso desamortizador

Los antecedentes de la desamortización se sitúan en el siglo XVIII, con las reformas ilustradas de Carlos III, cuando se expropiaron bienes de los jesuitas tras su expulsión. Con Carlos IV, la crisis financiera por las guerras y Trafalgar llevó a Godoy a continuar con la incautación de bienes eclesiásticos.

Durante la Guerra de Independencia, tanto el gobierno de José I como las Cortes de Cádiz aprobaron medidas para eliminar trabas feudales (como la desvinculación de tierras y la abolición del régimen señorial), pero fueron anuladas y restablecidas varias veces según los cambios políticos hasta que los gobiernos progresistas de Mendizábal y Calatrava (1835-1837) las consolidaron definitivamente.

El objetivo era transformar las tierras feudales en propiedades privadas libres en el mercado. La nobleza aceptó perder privilegios políticos, pero manteniendo rentas, mientras que los campesinos esperaban obtener la propiedad de las tierras que trabajaban. Esto generó conflictos legales prolongados, que en la mayoría de los casos favorecieron a los nobles por su mayor influencia social.

Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz

El primer proceso desamortizador llevado a cabo de forma sistemática fue la desamortización eclesiástica de Juan Álvarez Mendizábal, aprobada en 1836, durante la Regencia de María Cristina de Borbón. El proceso desamortizador se centró en dos aspectos:

• Se suprimieron las órdenes religiosas (el clero regular) y el Estado se apoderó de sus bienes (casas, conventos, monasterios, obras de arte…).
• Se declararon bienes nacionales las propiedades del clero secular, que continuó existiendo y de cuyo mantenimiento se hizo cargo el Estado a partir de la firma del Concordato con la Santa Sede de 1851.

Con esta operación, el Estado se hizo con un gran lote de propiedades rústicas y urbanas que pasó a vender en subasta pública. El objetivo del gobierno era principalmente financiero, para pagar la deuda pública del Estado. Sin embargo, el esfuerzo bélico que exigió la I Guerra Carlista desvió casi todos los ingresos hacia el ejército, no consiguiéndose apenas reducir la deuda. También existieron fines políticos, ya que los compradores de bienes desamortizados quedarían ligados a la victoria liberal en la guerra carlista, aumentando con ello el número de simpatizantes del nuevo régimen liberal. Por último, el gobierno tenía también en mente un objetivo social, el de crear una clase media agraria que dinamizase la explotación de las tierras y aumentase su productividad.

Las zonas más afectadas por estas expropiaciones fueron las del centro y el sur peninsular, especialmente las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y Cádiz. La recaudación ascendió a 4.500 millones de reales, mientras que la deuda era de más de 14.000 millones.

El proceso desamortizador quedó interrumpido en 1844, con el acceso de los moderados al poder, que incluso devolvieron a la Iglesia los bienes que aún no habían sido vendidos a lo largo de los diez años en los que se mantuvieron en el poder. Con el regreso al poder de los progresistas en 1854, la desamortización volvió a reactivarse, esta vez impulsada por Pascual Madoz, ministro de Hacienda de Espartero durante el Bienio Progresista.

En esta ocasión, los bienes principalmente afectados serán los pertenecientes a los ayuntamientos, por lo que también se conoce este proceso como desamortización civil (aunque también afectó a los bienes eclesiásticos que no habían sido expropiados en el proceso anterior). La desamortización comenzó en mayo de 1855, y su aplicación fue polémica al obligar a los ayuntamientos a vender los bienes de propios, pero no los comunales. Sin embargo, la distinción entre unos y otros no siempre era fácil, por lo que se acabaron vendiendo más tierras de las que se había planeado en un principio.

El procedimiento de venta de las propiedades fue muy similar al de época de Mendizábal, aunque los ingresos obtenidos se destinaron principalmente a fomentar la industrialización del país y la construcción del ferrocarril, la cual contó con importantes subvenciones gracias a la Ley General de Ferrocarriles de 1855. La desamortización de Madoz recaudó un total de 8.000 millones de reales, casi el doble que la de Mendizábal.

4. Consecuencias del proceso desamortizador

Las consecuencias de los procesos desamortizadores fueron muchas, y afectaron tanto a la sociedad como a la economía del país. No obstante, no fueron ni mucho menos las deseadas, habiendo generado un amplio debate con el paso del tiempo.

Económicamente, no se consiguieron los objetivos que se habían planteado:

• Se produjo el cambio jurídico en la propiedad de la tierra pero, en la práctica, el latifundio se consolidó en el sur y centro de la península, ya que los compradores de tierras fueron un grupo reducido de burgueses, que se hicieron con amplios lotes; la clase media de propietarios que se pretendía crear nunca llegó a ser una realidad, y lejos de promover una burguesía industrial, incentivó más la inversión en tierras que en la industria.
• Es cierto que se consiguió aumentar la productividad, pero solo debido a la roturación de nuevas tierras, no a la introducción de mejoras técnicas, lo que llevaría a un nuevo estancamiento productivo algunas décadas después.
• En lo que a la Hacienda se refiere, la recaudación fue a todas luces insuficiente para saldar la deuda del Estado, aunque sí que se va a producir un aumento de la recaudación tributaria derivada de las cargas impositivas de los bienes desamortizados, antes exentos del pago de impuestos.

Políticamente, se produjo un gran enfrentamiento con la Iglesia católica que va a marcar a la sociedad española en las décadas posteriores. Por otro lado, Mendizábal consiguió aumentar la base de simpatizantes del nuevo régimen, pero en la mayoría de los casos, los compradores de tierras estuvieron más cercanos a las ideas moderadas que a las progresistas, por lo que aunque se consiguió consolidar el liberalismo como forma de gobierno, fueron los sectores más conservadores del mismo los principales beneficiados.

Las consecuencias más desastrosas de la desamortización se produjeron a nivel social. Las desigualdades, lejos de acortarse, aumentaron considerablemente:

• Las clases más bajas, que dependían de la caridad de la iglesia, se vieron despojadas de uno de los pilares de su supervivencia, sin que nada les compensase por ello.
• La desamortización de Madoz provocó la ruina de muchos ayuntamientos, y perjudicó a los vecinos más pobres, que se vieron privados del uso de los bienes de propios. También tuvieron que prescindir de muchos servicios básicos como médicos y maestros.
• Esto último, junto a la desaparición de instituciones religiosas dedicadas a la enseñanza, provocó un aumento descomunal del analfabetismo entre las clases más pobres.
• Los campesinos humildes, al no poder acceder a la compra de una parcela, se convirtieron en jornaleros, viviendo constantemente amenazados por la miseria y el paro estacional.
• La nobleza conservó gran parte de sus tierras, sumándose a ellos numerosos burgueses que habían adquirido grandes lotes de tierras desamortizadas. Sin embargo, no se convirtieron en empresarios agrarios como se había previsto, sino en terratenientes absentistas, que preferían vivir de las rentas que arriesgarse e invertir en modernizar sus propiedades; las tierras se abandonaron al arriendo y subarriendo, y se dedicaron al cultivo extensivo, solo rentable gracias a la abundancia de mano de obra barata (los jornaleros).

Este conjunto de elementos fue generando un cúmulo de tensiones sociales, que fue aumentando conforme aumentaba la conciencia proletaria y se gestaban organizaciones obreras en el campo, extendiéndose en gran medida las ideas anarquistas.

5. Conclusión

La desamortización fue un proceso clave del siglo XIX en España porque eliminó definitivamente las bases del Antiguo Régimen y transformó la propiedad de la tierra. Sin embargo, en la práctica no logró una verdadera reforma agraria: en lugar de repartir la tierra, reforzó el latifundismo y empeoró la situación del campo en regiones pobres como Andalucía y Extremadura.

El fracaso de esta transformación agraria contribuyó al débil desarrollo industrial y al estancamiento económico del país durante el siglo XIX, una crisis que terminó reflejándose en la derrota de 1898 y en una profunda crisis moral e ideológica.

LA TRANSICIÓN AL CAPITALISMO EN EL SIGLO XIX: INDUSTRIALIZACIÓN Y MOVIMIENTO OBRERO

Introducción

Paralelamente a la implantación del liberalismo político, la economía española experimentó una serie de cambios importantes debido al establecimiento de un modelo económico capitalista y al inicio de la Revolución Industrial. Pero el proceso de cambio económico fue lento, en comparación con otros países, debido a las malas comunicaciones, a la falta de capital para invertir, al analfabetismo, al lento crecimiento de la población, etc. A finales del siglo XIX, España seguía teniendo una economía básicamente agraria con un sector industrial limitado e incapaz de competir en el mercado exterior.

I. LA INDUSTRIALIZACIÓN

1. Las peculiaridades de la incorporación de España a la Revolución Industrial

La industrialización española fue tardía y limitada por varios factores:

• Agricultura poco productiva, que generaba pocos excedentes y frenaba el crecimiento demográfico y urbano.
• Bajo consumo interno por el escaso poder adquisitivo de la población.
• Inestabilidad política (Guerra de la Independencia, independencia de América y guerras carlistas).
• Escasez de recursos energéticos y materias primas y atraso tecnológico.
• Falta de capitales industriales, ya que se invertían en deuda pública o tierras; solo Cataluña y el norte desarrollaron una burguesía industrial.
• Dependencia del exterior en tecnología, financiación y energía.
• Malas comunicaciones y transporte caro, que dificultaban un mercado nacional integrado.
• Proteccionismo, que redujo la competencia y frenó la modernización.
• Baja competitividad internacional por productos más caros y de peor calidad.

Durante el siglo XIX España experimentó un proceso de aceleración industrial localizado en el sector textil de Barcelona y el metalúrgico de Bilbao y Oviedo-Gijón. El desarrollo industrial se centró en estas zonas costeras por su fácil accesibilidad por mar y su cercanía a los países europeos más avanzados económicamente (Francia y Reino Unido). El resto de España quedó, en gran medida, al margen del proceso de industrialización.

Los principales sectores industriales en España en el siglo XIX fueron:

1. Industria textil catalana: Se concentró en Barcelona y en el algodón. Su éxito se debió a un despegue industrial temprano (desde el siglo XVIII), la iniciativa de la burguesía catalana que introdujo maquinaria moderna y la protección arancelaria.
2. La industria siderúrgica: Tuvo dificultades por el carbón caro y de mala calidad. Evolucionó en tres etapas:
   • Etapa andaluza (1830-1860): En Málaga, fracasó por el uso de carbón vegetal, más caro.
   • Etapa asturiana (1860-1880): Aprovechó los yacimientos de hulla en Mieres y Langreo.
   • Etapa vizcaína (desde 1880): Vizcaya se convirtió en el centro gracias a la empresa Altos Hornos de Vizcaya y al intercambio de hierro por carbón de Gales.
3. Minería: España tenía abundantes recursos, pero su gran desarrollo llegó a finales del siglo XIX por el aumento de la demanda internacional y la Ley de Bases sobre Minas de 1868, que permitió la concesión de yacimientos a compañías extranjeras, provocando una “desamortización” del subsuelo.
4. Otras industrias de consumo: Alimentación, calzado, cerámica o vidrio crecieron a pequeña escala y con métodos casi artesanales.

La industria española se vio sometida a la alternancia de políticas económicas proteccionistas (predominantes) y librecambistas. Tras el desastre del 98 se perdió el monopolio del mercado colonial, lo que reforzó el proteccionismo.

2. Modernización de las infraestructuras: El impacto del ferrocarril

La expansión del ferrocarril fue un elemento esencial de modernización, aunque España se incorporó tarde: la primera línea fue Barcelona–Mataró (1848), seguida de Madrid–Aranjuez (1851). El gran impulso llegó con la Ley General de Ferrocarriles de 1855, que favoreció a sociedades privadas y permitió la entrada de capital extranjero.

Entre 1855 y 1864 se construyeron unos 4.500 km, con dos rasgos principales:

• Estructura radial con centro en Madrid, que dificultaba conexiones entre zonas industriales.
• Ancho de vía mayor que el europeo, lo que complicó la conexión con Europa.

El ferrocarril fue clave para crear un mercado nacional, impulsar el comercio y el crecimiento urbano, aunque no impulsó la siderurgia nacional porque se importó hierro extranjero.

II. DEL ESTAMENTALISMO A LA SOCIEDAD DE CLASES

La revolución liberal acabó con la sociedad estamental y esta fue sustituida por la sociedad de clases: una sociedad igual ante la ley, aunque claramente desigual por su nivel de renta y por la propiedad de los medios de producción.

• La nobleza perdió sus privilegios jurídicos, pero mantuvo su poder económico integrándose en las élites.
• La burguesía se convirtió en la nueva clase dirigente (alta burguesía, clases medias y pequeña burguesía).
• Las clases populares constituían la mayoría: el campesinado (jornaleros) y el proletariado industrial, cuyas malas condiciones laborales impulsaron la aparición de asociaciones obreras.

III. EL MOVIMIENTO OBRERO

El movimiento obrero rechazó el sistema de la Restauración de forma radical, buscando mejorar las condiciones de vida de obreros y campesinos. Se consolidó durante el Sexenio Democrático (1868-1874) con la llegada de las ideas de la AIT.

a) Anarquistas: Fue la corriente dominante, impulsada por Giuseppe Fanelli (discípulo de Bakunin). Se extendió por Cataluña y Andalucía. Tras periodos de clandestinidad, se reorganizaron en la Federación de Trabajadores de la Región Española. En Andalucía destacó la organización secreta La Mano Negra. A finales de siglo evolucionó hacia el anarcosindicalismo.

b) Marxistas o socialistas: En 1874 era minoritario, liderado por Pablo Iglesias Posse. El 2 de mayo de 1879 se fundó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Madrid. Su ideología defendía la conquista del poder político por la clase trabajadora y la instauración de la dictadura del proletariado. En 1888 se fundó en Barcelona el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT).