El Bienio Reformista (1931-1933)
El Bienio Reformista (1931-1933) corresponde a la primera etapa de la II República española, durante la cual gobernó Manuel Azaña. Tras la aprobación de la Constitución de 1931, Niceto Alcalá-Zamora fue elegido presidente de la República y encargó a Azaña la formación de gobierno. Este periodo se caracterizó por la aplicación de un amplio programa de reformas con el objetivo de modernizar el país. Sin embargo, estas reformas se llevaron a cabo en un contexto económico muy desfavorable, debido a la crisis internacional derivada de la Gran Depresión de 1929 y al déficit heredado de la dictadura de Primo de Rivera, lo que dificultó su aplicación.
Principales reformas del periodo
- Reforma agraria: Pretendía redistribuir la tierra mediante la expropiación de grandes propiedades mal explotadas. Sus resultados fueron limitados y generaron descontento entre los campesinos.
- Reforma educativa: Buscó implantar un sistema público, laico y gratuito, promoviendo la construcción de escuelas, la contratación de profesores y la difusión cultural mediante iniciativas como las Misiones Pedagógicas.
- Ámbito religioso: El gobierno redujo la influencia de la Iglesia, legalizando el divorcio, eliminando su financiación estatal, prohibiendo la enseñanza religiosa y disolviendo la Compañía de Jesús.
- Reforma militar: Tuvo como objetivo modernizar el ejército y asegurar su lealtad a la República, reduciendo efectivos y suprimiendo instituciones tradicionales.
- Reforma laboral: Impulsada por Largo Caballero, pretendía mejorar las condiciones de los trabajadores mediante diversas leyes, contando con el apoyo de la UGT.
- Cuestión autonómica: Se aprobó el Estatuto de Cataluña en 1932, mientras que el proceso autonómico vasco quedó paralizado tras el cambio político de 1933.
En conjunto, estas reformas generaron una fuerte oposición entre distintos sectores sociales y, unidas a las dificultades económicas, provocaron una creciente conflictividad que debilitó a la República.
El nacimiento de la II República
Tras la sublevación de Jaca (diciembre de 1930) y la dimisión de Dámaso Berenguer, el nuevo gobierno del almirante Aznar convocó elecciones municipales el 12 de abril de 1931. Acudieron en coalición los firmantes del Pacto de San Sebastián, con un resultado favorable que desencadenó la abdicación del rey y la proclamación de la II República el 14 de abril.
La República tuvo como telón de fondo la crisis internacional iniciada con el crack del 29. Aunque en España la depresión tardó más en llegar, su economía dependiente de los países desarrollados sufrió tres consecuencias: disminución de las exportaciones (Inglaterra y Francia), colapso de las inversiones extranjeras e interrupción de la emigración a Francia y América, lo que, junto a los retornos, aumentó el paro.
El Gobierno provisional, presidido por Niceto Alcalá-Zamora, se enfrentó a problemas acuciantes (proclamación de la República catalana independiente, hostilidad de la alta jerarquía eclesiástica y vandalismo anticlerical), iniciando un programa reformista mediante decretos ministeriales. Las elecciones generales a Cortes Constituyentes del 28 de junio, mediante sufragio universal masculino, dieron el triunfo a la coalición Republicano-Socialista con una mayoría del 90% del Parlamento.
La Constitución de 1931
La redacción de una nueva Constitución fue la primera tarea de las nuevas Cortes. Esta fue la primera Constitución de carácter republicano y democrático de la historia de España puesta en vigor. La aprobación de los artículos 26 y 27, relativos a la cuestión religiosa, provocó la dimisión de Alcalá-Zamora y Miguel Maura, poniendo al frente del Gobierno a Manuel Azaña. Aprobada el 9 de diciembre de 1931, al día siguiente Alcalá-Zamora fue elegido presidente de la República y confirmó a Azaña como jefe de Gobierno.
Características del régimen
La Constitución de 1931, de talante progresista, configuraba un régimen democrático, parlamentario y laico moderno, descentralizado y en el que se recogía la función social de la propiedad. Establecía la soberanía popular y la división de poderes:
- Legislativo: Unicameral, en el Congreso de los Diputados.
- Ejecutivo: La Jefatura del Estado corresponde al presidente de la República (elegido cada seis años), quien nombra al Jefe de Gobierno.
- Judicial: Se estableció el Tribunal de Garantías Constitucionales y se introdujo el jurado.
Se incluyó una amplia declaración de derechos y libertades (asociación, reunión, expresión) y, por primera vez, el sufragio universal masculino y femenino. En materia religiosa, se declaraba la libertad de cultos y la aconfesionalidad del Estado.
El debate sobre el voto femenino
El artículo 36 recogía que los ciudadanos de uno u otro sexo tenían los mismos derechos electorales. Hasta ese momento, las mujeres solo podían ser elegibles (sufragio pasivo). La cuestión del voto femenino dio lugar a un acalorado debate sobre la idoneidad de las mujeres para ejercer el derecho al voto (sufragio activo).
En este debate se enfrentaron las tres diputadas defensoras del feminismo: Clara Campoamor (Partido Radical), Victoria Kent (Partido Radical Socialista) y Margarita Nelken (PSOE). Kent y Nelken defendieron el aplazamiento en el acceso al voto por considerar que las mujeres estaban tuteladas por el clero o sus maridos. Campoamor consideraba este aplazamiento un error histórico, afirmando que “la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad” era ejerciéndola. Finalmente, en la sesión del 1 de octubre de 1931, los partidarios del voto femenino se impusieron en la votación.
La Constitución de 1931 sentó las bases para las grandes reformas que formaban parte del programa republicano: la tierra, la educación, la cuestión religiosa y la organización territorial.