Reformismo Franquista e Inmovilismo
4.1 El gobierno de los tecnócratas
El ascenso político de Carrero Blanco significó el reforzamiento de los tecnócratas vinculados al Opus Dei en el seno del gobierno y la marginación de las familias tradicionales del régimen. Los sucesivos gobiernos fueron incorporando nuevos ministros de carácter tecnocrático, como Alberto Ullastres y Laureano López Rodó, y jóvenes falangistas reformistas como Manuel Fraga Iribarne.
El objetivo de estos gobiernos se orientó hacia la promoción del desarrollo económico y hacia una renovación política. Su programa se centraba en el convencimiento de que la prosperidad económica de la población crearía paz social y supliría la falta de libertades y de participación política de la sociedad española. Por tanto, el «desarrollismo» esperaba consolidar el franquismo por medio de reformas legislativas y un mejoramiento del bienestar social que modernizaría la imagen de la dictadura sin cambiar su carácter antidemocrático.
La prosperidad como sustituto de la democracia.
4.2 Las reformas legislativas
En 1963 se creó el Tribunal de Orden Público que remitía los delitos políticos a esta jurisdicción civil. A pesar de que esto no significó una disminución de la represión, la creación de este tribunal buscaba suavizar el perfil de la dictadura en el exterior, que estaba mal vista debido a la ejecución del comunista Julián Grimau.
La Ley de la Seguridad Social amplió los mecanismos de cobertura social con cargo al Estado (seguro de enfermedad, etc.) y comenzó así la construcción de un cierto Estado del bienestar, aunque con retraso respecto a Europa y con un sistema fiscal que permitía el fraude generalizado.
En el sindicato vertical se realizaron unas elecciones sindicales en las que las candidaturas no identificadas con el franquismo e impulsadas por los sindicatos obtuvieron un éxito notable.
En 1966, Fraga Iribarne (ministro de Información y Turismo) promovió la Ley de prensa, que suprimía la censura previa y permitía la publicación de nuevas revistas, periódicos y libros que hasta entonces habían sido prohibidos.
En 1967, la Ley de libertad religiosa reconoció la igualdad de todas las religiones y la libertad de práctica. La Ley orgánica del Estado introdujo retoques en algunas leyes fundamentales, depuró su lenguaje de retórica fascista, confirmó la institución monárquica del régimen y pretendía dejar el futuro «atado y bien atado«, en palabras de Franco.
En 1969, la Ley de sucesión: Franco designó a Juan Carlos de Borbón, hijo de Juan de Borbón, como su sucesor, con el título de Príncipe de España. Significó un aumento de tensiones entre tecnócratas y falangistas: los primeros eran partidarios de la sucesión monárquica representada por Juan Carlos de Borbón, mientras que los otros pretendían impulsar las instituciones del Movimiento como garantía de la continuidad inalterable del régimen.
El nombramiento del príncipe puso fin a las aspiraciones de Juan de Borbón, en quien recaía la legitimidad monárquica, pero Franco desconfiaba por sus declaraciones anteriores a favor de democratizar el sistema político español.
4.3 Las relaciones internacionales
En los años 60, España solicitó el ingreso en la Comunidad Europea, pero se lo negaron debido a que solo podían ser admitidos los regímenes demócratas. Sin embargo, en 1970 lograron la firma de un Acuerdo preferencial que permitió reducir los aranceles y favorecer las exportaciones industriales españolas.
España participó en el proceso de descolonización africana. En 1956, Francia pactó con el rey de Marruecos el reconocimiento de la independencia de la zona francesa del protectorado francés. España se vio forzada a retirarse de Marruecos el mismo año. Más adelante se concedió la independencia a Guinea Ecuatorial y se cedió a Marruecos el territorio de Ifni. Del antiguo imperio español en África solo quedaba el Sáhara Occidental, que se mantendría hasta 1975.
4.4 El triunfo del inmovilismo
Las disensiones entre aperturistas y los inmovilistas estallaron a raíz del llamado escándalo Matesa, una empresa de maquinaria textil conectada con el entorno del Opus Dei. Esta empresa protagonizó un fraude financiero relacionado con la exportación de maquinaria textil y las denuncias por corrupción implicaron a algunos altos cargos del régimen.
El escándalo fue difundido por la prensa, y los sectores más inmovilistas del gobierno culparon a la apertura informativa propiciada por la Ley de prensa de haber contribuido a una campaña de desprestigio. El caso Matesa tuvo repercusiones políticas importantes, porque provocó la expulsión de los sectores más tecnócratas del gobierno, a los que se responsabilizaba también del aumento de la contestación social.
El vicepresidente del nuevo gobierno, Carrero Blanco, defendió la necesidad de endurecer la política interna del régimen, modificando la Ley de prensa. Algunos delitos volvieron a ser considerados protesta militar y el Estado de excepción se convirtió en un recurso frecuente, mientras aumentaban las detenciones y la violencia policial.
El consejo de guerra en Burgos, con la petición del fiscal de seis penas de muerte contra militantes de ETA, hizo estallar la contestación popular y provocó una masa de protestas internacionales. Las tensiones internas centradas en la continuidad del régimen de Franco se decantaron a favor de las posiciones inmovilistas avaladas por Carrero Blanco y por el mismo dictador, y se endureció la práctica sancionadora de la Ley de prensa.