El Sexenio Revolucionario: la Constitución de 1869. Gobierno provisional, reinado de Amadeo de Saboya y Primera República.
Las prácticas dictatoriales de los últimos gobiernos moderados extendieron la impopularidad del régimen implantado por estos y de la reina Isabel II, que siempre les había apoyado. El que Serrano sustituyera al frente de la Unión Liberal a O’Donnell, propició el acercamiento a los progresistas, dirigidos por el general Prim, y a los demócratas, partidarios del sufragio universal, que firmaron en 1866 el llamado Pacto de Ostende por el que se comprometían en el objetivo de derrocar a Isabel II.
Finalmente, la sublevación estalló en septiembre de 1868, iniciada con el pronunciamiento del unionista almirante Topete en Cádiz. Rápidamente se fueron produciendo sublevaciones populares en diversas zonas del país, ocupando plazas al grito de “Mueran los borbones”. Serrano venció al ejército gubernamental en Alcolea (Córdoba) e Isabel II huyó a Francia. La que los progresistas denominaron «Revolución Gloriosa» había triunfado con gran facilidad en el país.
El Gobierno provisional (1868-1871)
En un primer momento la dirección política fue ejercida por la Junta Revolucionaria de Madrid que confió el poder a un gobierno provisional, presidido por el general unionista Serrano y con el progresista Prim que se encargaría del Ministerio de la Guerra. Quedaron fuera los demócratas que no aceptaron ningún puesto cuando el gobierno provisional proclamó que era favorable a la monarquía. El Partido Demócrata apostó claramente por la República y cambió su nombre por el de Partido Republicano Democrático Federal. Una minoría de demócratas que creían en la compatibilidad de la democracia con la monarquía se unieron al gobierno provisional (fueron los llamados cimbrios).
Este primer gobierno tomó medidas para estabilizar la revolución como la convocatoria de Cortes constituyentes, con el objetivo primordial de elaborar un nuevo texto constitucional, que se aprobó al año siguiente. Sería la Constitución de 1869, cuyas principales características fueron: la soberanía nacional, el sufragio universal directo para los varones mayores de veinticinco años, la monarquía democrática con un ejecutivo más limitado, con el legislativo en manos de unas Cortes bicamerales (ambas cámaras, Congreso y Senado elegidos por el cuerpo electoral) y el judicial reservado a los Tribunales. Dicha Constitución, además, recogía una amplia declaración de derechos, reconociéndose por primera vez los de reunión y asociación, la libertad de imprenta y de enseñanza. En el apartado religioso, el Estado, aun respetando la confesión católica, declaraba la libertad de cultos.
Además, el problema estaba en que declarando que España era una monarquía, aún no se sabía sobre quién habría de recaer la titularidad del trono.
La Monarquía democrática: Amadeo I (1871-1873)
Tras la aprobación de la Constitución que establecía la monarquía como forma de gobierno, el general Serrano fue nombrado Regente y Prim pasó a presidir un nuevo gobierno, con el objetivo prioritario de encontrar un candidato a la corona.
Tras barajar varias posibilidades, en un contexto de tensiones europeas, las Cortes eligieron como nuevo rey a Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II, rey de la recién unificada Italia, y perteneciente a una dinastía con fama de liberal.
Nada más llegar a España, Amadeo se encontró con que su principal apoyo y valedor, el general Prim, había sido asesinado. Su ausencia debilitó gravemente la posición del nuevo monarca, pues Amadeo se encontró inmediatamente con un amplio frente de rechazo, formado por grupos variopintos y enfrentados entre sí, como los «alfonsinos«, partidarios de la vuelta de los Borbones en la figura de Alfonso, hijo de Isabel II, y los republicanos, grupo procedente del Partido Demócrata.
A ello se sumaron conflictos que se desataron tales como la reanudación de la guerra carlista (los carlistas, todavía activos en el País Vasco y Navarra, se levantaron en armas en mayo de 1872. Carlos VII, nieto de Carlos María Isidro, aprovechando el caos general, llegó a establecer un gobierno en Estella) y la Guerra en Cuba (de 1868, también conocida como «Guerra Grande«, iniciada con el “Grito de Yara” y apoyada por Estados Unidos, conflicto independentista que se cerraría con la firma de la Paz de Zanjón en 1878).
En este contexto, la inicial alianza formada por unionistas, progresistas y demócratas, que había permitido la llegada al trono de Amadeo, comenzó rápidamente a resquebrajarse tras la muerte de Prim. Así, los dos años que duró su reinado se caracterizaron por una enorme inestabilidad política.
Impotente y harto ante tantos frentes, Amadeo I terminó renunciando a la corona, presentando a principios de 1873 el Acta de abdicación y regresando a Italia. Tras conocerse la noticia de dicha renuncia, los republicanos federales madrileños se agolparon en las calles pidiendo la proclamación de la República. Sin otra alternativa, ante la dificultad de iniciar una nueva búsqueda de un rey entre las dinastías europeas, las Cortes proclamaron la República el 11 de febrero de 1873.
La Primera República
La República fue proclamada por unas Cortes en las que no había una mayoría de republicanos, pero estos, con el apoyo de personalidades como la de Estanislao Figueras o Emilio Castelar, supieron reconducir la situación en esta dirección. El Congreso de los Diputados había sido rodeado por una multitud que exigía la proclamación de la República y el peligro de insurrección estaba latente.
Los republicanos, escasos, pertenecían principalmente a las clases medias urbanas. Las clases trabajadoras, que tendían a apoyar el incipiente movimiento anarquista, también vieron en la República una oportunidad. No obstante, la debilidad del régimen republicano derivó en una enorme inestabilidad política y condujo a sucesivas dimisiones. Hasta cuatro presidentes de la República se sucedieron en el breve lapso de un año: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar.
Los distintos gobiernos republicanos decidieron emprender una serie de reformas que, en algunos casos, se volvieron contra el propio régimen. Entre las principales:
- La pendiente y necesaria reforma agraria.
- La reducción de la edad de voto a los 21 años.
- La separación de la Iglesia y el Estado, dejando este de subvencionar a la Iglesia.
- Una reglamentación del trabajo infantil o prohibición de emplear a niños de menos de diez años en el campo, fábricas y minas.
- La abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico.
- Un proyecto constitucional para instaurar una República federal.
Dichas reformas se intentaron llevar a cabo en un contexto totalmente adverso, que afectaría a los sucesivos gobiernos de esta era republicana, teniendo que hacer frente a los conflictos ya iniciados y mencionados como la guerra carlista y la guerra de Cuba, a los que se sumarían las sublevaciones cantonales. Los republicanos federales más extremistas se lanzaron a proclamar cantones, pequeños estados regionales con gobiernos independientes y una legislación propia, en localidades en Valencia, Murcia y Andalucía, sublevándose contra el gobierno republicano de Madrid. La eclosión del cantonalismo procedía, en definitiva, de la decepción por el escaso desarrollo de cuanto se esperaba de la República y su limitado alcance social.
Esta situación de gran inestabilidad provocó una rápida sucesión de gobiernos: Estanislao Figueras, que no consiguió satisfacer a campesinos y obreros en sus reclamaciones, sufrió numerosas revueltas que le llevaron a dimitir. Le sustituyó Francisco Pi y Margall, quien no pudo consolidar su proyecto de República federal compuesta por 17 estados incluyendo los territorios coloniales, ante el estallido de las rebeliones cantonales que él se resistió a sofocar por la fuerza y que le llevaron a dimitir. Fue sustituido por Nicolás Salmerón, quien inició una acción militar con el objetivo de frenar el avance carlista y reprimir la insurrección cantonalista, que casi se consiguió a excepción del Cantón de Cartagena, cuya resistencia lo convertiría en el símbolo de este movimiento en el que las ideas republicano-federales y anarquistas se entremezclaron. Salmerón dimitió al negarse a firmar dos penas de muerte de cantonalistas. Le sucedió Emilio Castelar, republicano unitario de carácter conservador, consiguió plenos poderes de unas Cortes para acabar con la insurrección carlista, pero se excedió al gobernar a golpe de decreto, lo que motivó el que otros grupos terminaran por presentar contra él una moción de censura. Después de que esta prosperara, el 4 de enero de 1874, en el momento que se iba a votar un nuevo presidente, tuvo lugar el golpe militar del general Pavía, que, con fuerzas de la Guardia Civil, irrumpió en las Cortes.
Este pronunciamiento estableció un gobierno provisional presidido nuevamente por el general Serrano, que mantuvo las formas republicanas. Y si bien consiguió acabar definitivamente con las revueltas cantonalistas (el de Cartagena en enero de 1874), aplicó una política autoritaria y represiva con un claro protagonismo del ejército, suspendiendo ciertos derechos y libertades constitucionales.
El régimen republicano se mantuvo así, nominalmente, un año más, aunque la dictadura de Serrano fue un simple paso previo a la restauración de los Borbones. El principal defensor de la candidatura del príncipe Alfonso fue Cánovas del Castillo, quien intentó que la vuelta a la monarquía fuera el resultado del deseo del pueblo español y no de un nuevo pronunciamiento militar. Para ello había hecho firmar a Alfonso el Manifiesto de Sandhurst, en el que exponía al pueblo español sus propósitos conciliadores. Sin embargo, y en contra del deseo de Cánovas, en diciembre de 1874, el general Martínez Campos proclamó rey a Alfonso XII, tras un pronunciamiento en Sagunto.