La Revolución Liberal en España: De Cádiz al Absolutismo (1812-1823)
La Constitución de Cádiz (1812)
La Constitución de Cádiz, promulgada el 19 de marzo de 1812 por las Cortes, es, por su origen, una fuente primaria para el conocimiento del desarrollo de la revolución liberal en este primer intento. Por su forma, es un texto jurídico, y por su contenido, de naturaleza política.
El Manifiesto de los Persas (1814)
El Manifiesto de los Persas fue presentado por un grupo de diputados absolutistas (69) al rey Fernando VII a su vuelta de Valençay. Este documento es, por su origen, una fuente primaria; por su forma, un texto circunstancial (manifiesto); y por su contenido, de naturaleza política.
El regreso del rey planteó el problema de integrarlo en el nuevo modelo político establecido por la Constitución de 1812. En Valencia, un grupo de diputados absolutistas (nobleza y clero) le entregaron el documento que estamos comentando y movilizaron al pueblo para que lo aceptara como monarca absoluto.
Los autores del manifiesto exponen una visión negativa de España entre 1808 y 1814, atacando a las Cortes de Cádiz y a la Constitución de 1812. Los firmantes desarrollan una argumentación teórica en defensa del absolutismo como una doctrina subordinada a la ley divina, a la justicia y a las reglas fundamentales del Estado.
Asimismo, la intención de los firmantes era influir en Fernando VII para que no jurase la Constitución de Cádiz y restaurase la monarquía absoluta, tomando las viejas leyes como fuente de derecho de España y convocando las antiguas Cortes.
Fernando VII, tras su llegada a Madrid, mediante el Real Decreto de 4 de mayo de 1814, declaró nula la Constitución y los decretos de Cádiz, y promovió la restauración del Antiguo Régimen en un contexto europeo favorable al absolutismo. Además, inició la persecución de liberales, quienes fueron detenidos y asesinados, mientras que otros se exiliaron.
A pesar de la represión, la sociedad había cambiado tras la guerra contra Napoleón: el campesinado no quería volver a pagar las rentas señoriales y los diezmos, la burguesía urbana preconizaba la libertad de fabricación y de mercado, y los sectores adinerados reclamaban que se respetase la propiedad de sus nuevas adquisiciones.
Este malestar estimuló los pronunciamientos liberales a favor de la Constitución con apoyo civil en las ciudades; sin embargo, muchos de ellos fracasaron y el rey respondió con una fuerte represión. En 1820, el coronel Rafael del Riego se sublevó en Cabezas de San Juan (Sevilla), proclamando la Constitución de 1812. La pasividad del ejército real y la acción de los liberales en las principales ciudades obligaron al rey Fernando VII a aceptar la Constitución el 10 de abril, dando paso a tres años de gobierno liberal (1820-1823).
La importancia de este manifiesto radica en que es el primero de la historia de España donde se plasman las ideas de un grupo político como tal (el absolutismo). Este documento, largo y detallado, cumplió el objetivo de sus firmantes (Fernando VII decidió restaurar el absolutismo), poniendo punto final al primer intento de revolución liberal en España.
Transformaciones Económicas y Sociales del Siglo XIX
La Desamortización de Mendizábal (1836)
Se trata de la Exposición del Decreto de Desamortización, firmado el 19 de febrero de 1836 por Juan Álvarez Mendizábal. El texto es, por su origen, fuente primaria; por su forma, un texto circunstancial, ya que es la exposición de los motivos de un decreto; y por su contenido, de naturaleza económica. El destinatario es la reina gobernadora María Cristina de Borbón.
Sus tres objetivos principales eran: hacendístico (líneas 1-2), económico (líneas 3-5) y político (líneas 6-8).
En el Antiguo Régimen, la agricultura era la fuente esencial de riqueza a la que se dedicaba más del 80% de la población, sometida a un régimen señorial. La tierra no podía comprarse ni venderse y debía transmitirse en herencia. Esto sucedía con las propiedades nobiliarias, vinculadas a la casa nobiliaria mediante el mayorazgo, y con las propiedades de la Iglesia y las de los ayuntamientos, que estaban amortizadas.
Los ilustrados del siglo XVIII consideraban el atraso agrícola como el mayor problema de la economía española: veían las trabas que impedían disponer de la tierra (mayorazgo, señoríos y tierras muertas) como un obstáculo cuya eliminación era indispensable.
Así, los gobiernos liberales progresistas del siglo XIX emprendieron una reforma agraria para desmantelar el antiguo sistema de propiedad a partir de tres medidas:
- La disolución del régimen señorial: eliminó la jurisdicción señorial, lo que llevó a muchos campesinos a convertirse en arrendatarios o jornaleros.
- La desvinculación (supresión de mayorazgos): permitió a sus propietarios vender libremente sus tierras.
- La desamortización de bienes eclesiásticos y municipales: esta medida ya había sido usada por Godoy, por José I y por las Cortes de Cádiz. Sin embargo, las más importantes fueron las de Mendizábal (1836) y Madoz (1855).
En 1836, Mendizábal disolvió las órdenes religiosas y su patrimonio fue incautado por el Estado: ahora eran “bienes nacionales” y se incorporaron al mercado. Los bienes nacionalizados se vendieron en subasta pública.
Los objetivos de esta desamortización eran obtener recursos para financiar al ejército liberal, disminuir el déficit de la Hacienda y mejorar las finanzas reales, forjar una clase de propietarios defensores del liberalismo y, a largo plazo, fomentar el desarrollo de la agricultura.
La reforma agraria, aunque cumplió algunos de sus objetivos, favoreció la concentración de la propiedad en manos de los antiguos señores y de los nuevos compradores de bienes, y no supuso una redistribución de tierras entre los campesinos. Estos se convirtieron en arrendatarios o jornaleros de propietarios privados. En cualquier caso, este decreto supuso la implantación del liberalismo económico en España.
La Ley General de Ferrocarriles (1855)
Estamos ante una selección de la Ley General de Ferrocarriles. Este texto es, por su origen, fuente primaria; por su forma, un texto jurídico; y por su contenido, de naturaleza económica. Este documento fue firmado por la Reina Isabel II y por Francisco de Luján en Aranjuez en 1855.
La extensión de la red ferroviaria fue una de las acciones más importantes del gobierno progresista. Sin embargo, ello hubiera sido imposible sin dos leyes de ese mismo gobierno:
- La Ley de Desamortización de Madoz de 1855, cuyos ingresos fueron invertidos en gran medida en la red de ferrocarriles.
- La Ley de Bancos de Emisión y de Sociedad de Crédito (1856), que impulsó el crecimiento de la sociedad por acciones y de la banca.
El tendido del ferrocarril se realizó en tres fases:
- 1844-1854: Las primeras empresas ferroviarias se crearon con tecnología y capital extranjero.
- 1854-1866: La Ley General de Ferrocarriles condicionó la historia económica posterior: se consolidó una estructura radial de la red con centro en Madrid, se estableció un ancho de vía mayor que el europeo (justificado por la necesidad de instalar calderas de vapor más grandes para aumentar la potencia y superar mayores pendientes), y se autorizó a compañías constructoras a importar libres de aranceles aduaneros los materiales necesarios para la construcción de la red ferroviaria, lo que no supuso un aumento de la demanda interior sobre el sector siderúrgico o de maquinaria para construir la red. Tres compañías ferroviarias (Compañía Madrid-Zaragoza-Alicante, Ferrocarriles Andaluces y Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, financiada con capital francés de los Pereire para la línea Madrid-Irún) tendieron más de 5000 km en diez años y movilizaron gran cantidad de capital.
- Desde 1866: La crisis financiera de 1866 supuso la paralización de las construcciones ante la escasa rentabilidad que proporcionaban los ferrocarriles. Se inició una nueva etapa constructiva desde 1873, complementándose el trazado de la red, aunque solo permanecían la Compañía del Norte y la MZA.
A pesar de las limitaciones de su construcción, la deficiente explotación y las concesiones a compañías extranjeras, el ferrocarril resultó un instrumento indispensable para dotar a España de un sistema de transporte masivo, barato y rápido que pudiese favorecer el intercambio de personas y mercancías entre las distintas regiones y aumentar el comercio interior. Sin embargo, el predominio de una economía agrícola en muchas regiones y la escasa capacidad adquisitiva de una buena parte del campesinado dificultaron la articulación del mercado interior, objetivo principal del ferrocarril.
El Debate Económico: Librecambismo y Proteccionismo
Estamos ante un fragmento del discurso que Federico Echevarría pronunció en el mitin celebrado en Bilbao en protesta contra los Tratados de Comercio que se iban a firmar con Alemania. El texto es, por su origen, una fuente primaria; por su forma, circunstancial; y por su contenido, de naturaleza económica.
Tres son las ideas fundamentales:
- La denuncia y protesta contra el tratado hispano-alemán (líneas 1-3).
- La descripción de las consecuencias muy negativas para la industria vizcaína: cierre de fábricas (líneas 3-4), paralización de reformas y ampliaciones (líneas 5-6) y la suspensión de nuevas iniciativas empresariales (líneas 12-13).
- La petición al Gobierno para que se mantenga el régimen arancelario vigente y anule el tratado hispano-alemán (líneas 14-17).
El gran debate económico del siglo XIX entre proteccionistas y librecambistas estuvo en el centro de la política comercial española. El proteccionismo defendía la protección de la industria nacional, el establecimiento de fuertes aranceles, y era apoyado por los productores del interior, la industria textil catalana, el sector carbonífero asturiano y los siderúrgicos vascos. El librecambismo defendía la posibilidad de la entrada de productos extranjeros, con aranceles bajos o nulos.
En el Sexenio Democrático, Laureano Figuerola (ministro librecambista) impulsó una reforma arancelaria moderada que abrió la economía española al exterior. Asimismo, su Ley de Minas entregó la concesión de explotación de yacimientos mineros a compañías extranjeras a cambio de importantes cantidades de dinero. Muchas compañías extranjeras, con participación vasca (familia Ybarra), se instalaron en Vizcaya para su explotación y exportación. Un sector de la burguesía local derivó parte de los beneficios a la industria siderúrgica, lo que propició el surgimiento de grandes empresas (como Altos Hornos de Bilbao).
Tras un incremento del proteccionismo por Cánovas, los liberales de Sagasta suavizaron la política comercial para facilitar las exportaciones, rebajando los aranceles. La protesta de los sectores económicos provocó un giro proteccionista de la Ley Arancelaria de 1891, que aumentó los aranceles.
Las empresas vascas y catalanas comenzaron las protestas en un mitin en el que intervino Federico Echevarría con el texto que estamos comentando, denunciando que el tratado hispano-alemán que se iba a firmar ponía en peligro la industria siderúrgica vizcaína, y pidiendo el mantenimiento por diez años más del Arancel de 1891.
Algunos historiadores de la economía consideran que el proteccionismo fue una de las causas más destacadas de la debilidad del desarrollo industrial. Sin embargo, para otros fue un “mal menor” que promovió la aparición de nuevos sectores industriales. La industria siderúrgica vizcaína, gracias a la Ley Arancelaria proteccionista de 1896 y otras posteriores, creció considerablemente, y en 1902 se creó la Sociedad Anónima Altos Hornos de Vizcaya, el complejo siderúrgico español más importante durante parte del siglo XX, que se benefició de ese proteccionismo arancelario.
Las Guerras Carlistas y la Cuestión Foral
La Ley de 25 de Octubre de 1839
Estamos ante un fragmento de la Ley de 25 de octubre de 1839. El texto es, por su origen, una fuente primaria; por su forma, un texto jurídico; y por su contenido, de naturaleza política. Este documento fue elaborado por las Cortes elegidas en julio de 1839 y está firmado por la reina regente, María Cristina de Borbón, debido a la minoría de edad de su hija Isabel II.
La Ley Sálica, implantada por Felipe V, que impedía el acceso al trono a las mujeres, fue derogada por Fernando VII mediante la publicación de una Pragmática Sanción, lo que autorizaba la sucesión femenina para su hija Isabel. Esto derivó en la Primera Guerra Carlista, con dos bandos:
- Carlistas: Liderados por Carlos María Isidro, hermano del rey, quienes se negaban a aceptar la situación. Este bando, compuesto por la pequeña nobleza agraria, numerosos miembros del clero y una amplia base social campesina, defendía la monarquía absoluta y la legitimidad dinástica de Don Carlos. Recibieron apoyo internacional de Rusia, Prusia y Austria.
- Isabelinos: Compuesto por parte de la alta nobleza, los funcionarios y un sector de la jerarquía eclesiástica. Apoyaron la monarquía constitucional, la propiedad privada, la menor preeminencia de la Iglesia y un estado centralista. Aunque también existió en el País Vasco un liberalismo fuerista que buscaba una adaptación de los fueros al estado liberal. Recibieron apoyo internacional de Reino Unido, Francia y Portugal.
En 1833 se inició la guerra, que se desarrolló en tres fases:
- Primera etapa: Triunfo carlista. El general Zumalacárregui organizó un ejército con el que controló toda la zona rural, pero fracasó en la toma de Bilbao.
- Segunda etapa: Avance isabelino tras la victoria de Espartero en Luchana (1836), que puso fin al sitio de Bilbao. Los insurrectos iniciaron una expedición real a Madrid en 1837.
- Tercera etapa: Surgieron discrepancias en el bando carlista entre transaccionistas (Maroto) y los intransigentes (Don Carlos). El 31 de agosto de 1839, se firmó el Convenio de Vergara entre el carlista Maroto y el liberal Espartero. El acuerdo suponía el fin de la guerra y la concesión o modificación de los fueros, así como la posibilidad de integración de la oficialidad carlista en el ejército real.
El gobierno liberal moderado había presentado un proyecto de ley en el que se decía que los fueros de las provincias Vascongadas y Navarra quedaban confirmados. Pero los liberales progresistas defendían la unidad de la nación. El acuerdo fue esta ley en la que se confirmaban los fueros, tratando de aunar la tradición foral con la Constitución de 1837.
Espartero firmó en Vitoria el Real Decreto del 29 de octubre de 1841, que supuso una clara alteración del régimen foral: la sustitución de las Diputaciones Forales por Diputaciones provinciales y el traslado de las aduanas del interior a la costa. Se mantuvieron las particularidades militares y fiscales de las provincias vascongadas. La vuelta de los moderados en 1844 devolvió parte de las atribuciones forales perdidas.
La Ley de 21 de Julio de 1876: Abolición de los Fueros
Estamos ante un fragmento de la Ley de 21 de julio de 1876, firmada por Alfonso XII y por Cánovas del Castillo, conocida como la definitiva ley abolitoria foral. Este texto es, por su origen, fuente primaria; por su forma, jurídico; y por su contenido, de naturaleza política, con incidencia en aspectos militares y económicos, y su destinatario es público.
El fin de la Primera Guerra Carlista con el Convenio de Vergara, la Ley de 25 de octubre de 1839 y el decreto de Espartero (1841), no marcaron el fin del enfrentamiento entre carlistas y liberales.
La inestabilidad política del Sexenio Democrático (1868-1874) y la llegada de Amadeo I de Saboya supuso que los carlistas intentaran otra insurrección armada. Parte de los jauntxos (oligarquía vasca) y las clases medias propietarias, asustados por el contenido democrático y laico del liberalismo moderado, apoyaron al carlismo para defender el orden, la religión y los fueros.
En abril de 1872, los carlistas se sublevaron con la intención de sentar en el trono al pretendiente Carlos VII. La insurrección fue un fracaso y por eso se firmó en mayo en Amorebieta una breve tregua, que fue aprovechada por los carlistas para reorganizarse. En diciembre de 1872, se sublevaron de nuevo en el País Vasco, Cataluña, Aragón y Valencia, controlando la zona rural y Tolosa. En 1874, los carlistas iniciaron el sitio de Bilbao, que resistió los bombardeos hasta ser liberado por el general Concha.
Los carlistas establecieron la capital en Estella y Durango, nombraron un gobierno y crearon un boletín oficial, un Real Tribunal de Justicia, una Casa de Moneda y una Universidad. Las Diputaciones y ayuntamientos se organizaron bajo los principios forales y se recuperó el euskera. La llegada al trono de Alfonso XII (finales de 1874) provocó la pérdida del apoyo de católicos y conservadores.
En enero de 1876 se inició la ofensiva final contra el ejército carlista: las tropas de Martínez Campos tomaron Estella y se desplegaron hasta San Sebastián. El 27 de febrero, Carlos VII se exilió a Francia, acabándose la guerra, y el carlismo optó por la lucha política, surgiendo una facción ultracatólica conocida como “los integristas”.
Los diputados vascos no pudieron evitar la aprobación de la Ley de 21 de julio de 1876, que no abolía los fueros, pero suprimía los privilegios vascos en cuanto a las quintas y las contribuciones a Hacienda (impuestos), previendo la posibilidad de una autonomía fiscal y administrativa.
Ante el fuerte rechazo a la ley por parte de la sociedad vasca, el gobierno y las diputaciones controladas llegaron a un compromiso: el Real Decreto de 1878 estableció un sistema de conciertos económicos, en el que las Diputaciones fijaban, recaudaban y administraban los impuestos, estableciéndose un cupo que pagarían anualmente a la administración central. Los conciertos se prorrogaron variando los impuestos y cupos. Las Diputaciones desarrollaron actividades en el ámbito educativo, beneficencia, carreteras y orden público, y una política fiscal favorable a la alta burguesía que facilitó la industrialización del País Vasco.
La Restauración Borbónica y sus Críticos (1876-1901)
La Constitución de 1876
Se trata de una selección del articulado de la Constitución de 1876, aprobada en junio de ese mismo año. Este documento es, por su origen, fuente primaria y directa para el conocimiento del periodo de la Restauración; por su forma, un texto jurídico; y por su contenido, de naturaleza política.
La Constitución, muestra del liberalismo moderado, es un reflejo del sistema canovista; este se articularía en un sistema político de dos partidos que se turnarían pacíficamente en el poder, mediante el falseamiento del proceso electoral.
Cánovas presentó al Congreso un proyecto de Constitución previamente elaborado por una “Comisión de notables” formada por 39 personas. Es una Constitución breve, planteada de manera flexible para dar cabida a los distintos programas liberales.
La soberanía, compartida entre el rey y las Cortes, concedía amplios poderes al monarca, quien podía convocar las Cortes, suspenderlas o disolverlas sin contar con el gobierno. La función legislativa recaía en unas Cortes bicamerales, con un Senado, designado por el rey, y un Congreso, que era electivo. Esta Constitución no fijaba el tipo de sufragio, pero la ley electoral de 1878 estableció el voto censitario, que cambió a universal masculino en 1890.
Proclamaba una amplia declaración de derechos, aunque restringidos por el gobierno de Cánovas, especialmente los derechos de imprenta, expresión, asociación y reunión. También proclamaba la confesionalidad católica del Estado.
Surgieron dos partidos dinásticos: los Conservadores, liderados por Cánovas, y los Liberales, liderados por Sagasta. Ambos coincidían ideológicamente en la defensa de la monarquía, de la Constitución, la propiedad privada y la consolidación del Estado liberal, unitario y centralista. El apoyo social de ambos partidos estaba en las élites económicas, la alta burguesía y la clase media acomodada.
Los dos partidos se alternaban regularmente en el poder. Tras la muerte de Alfonso XII (1885), se dio el Pacto del Pardo entre conservadores y liberales para apoyar a la regencia de María Cristina y garantizar la continuidad de la monarquía.
El sistema electoral invertía el proceso parlamentario normal: cuando el partido de gobierno sufría desgaste en su gestión, el rey nombraba al líder de la oposición y se convocaban nuevas Cortes. El resultado de las elecciones era acordado de antemano; la alternancia en el poder se hacía de forma artificial. Se utilizaban trampas electorales para asegurar que salieran los candidatos del gobierno.
Esta Constitución mantuvo los amplios poderes para el rey y el estado confesional de la Constitución moderada de 1845, pero se acercó a la Constitución democrática de 1869 en el reconocimiento explícito de los derechos individuales y políticos. Estuvo vigente desde 1876 hasta el 14 de abril de 1931.
La Crítica Regeneracionista de Joaquín Costa
Estamos ante un fragmento de la obra de Joaquín Costa, publicada en Madrid (1901). El texto es, por su origen, fuente primaria; por su forma, un texto testimonial; y por su contenido, de naturaleza política.
Tres son las ideas fundamentales de este texto: Costa describe la composición de la estructura política de la Restauración (líneas 3-7), el autor denuncia que esa clase gobernante (líneas 8-12), y Costa culpa a la oligarquía de la corrupción del sistema y de la falsificación electoral permanente (líneas 13-15).
El texto se inscribe en la crítica de los regeneracionistas al sistema político de la Restauración en el contexto de la humillación sufrida por España tras el “Desastre del 98”.
El sistema político ideado por Cánovas, expresión del liberalismo moderado, estaba basado en un sistema de soberanía compartida entre el Rey y las Cortes y articulado por dos partidos políticos (bipartidismo) que se turnarían pacíficamente en el poder (turnismo).
Surgieron dos partidos dinásticos: los Conservadores, liderados por Cánovas, y los Liberales, liderados por Sagasta. Ambos coincidían ideológicamente en la defensa de la monarquía, de la Constitución, la propiedad privada y la consolidación del Estado liberal, unitario y centralista. El apoyo social de ambos partidos estaba en las élites económicas, la alta burguesía y la clase media acomodada.
Los dos partidos se alternaban regularmente en el poder. Tras la muerte de Alfonso XII (1885), se dio el Pacto del Pardo entre conservadores y liberales para apoyar a la regencia de María Cristina y garantizar la continuidad de la monarquía.
El sistema electoral invertía el proceso parlamentario normal: cuando el partido de gobierno sufría desgaste en su gestión, el rey nombraba al líder de la oposición y se convocaban nuevas Cortes. El resultado de las elecciones era acordado de antemano; la alternancia en el poder se hacía de forma artificial. Se utilizaban trampas electorales para asegurar que salieran los candidatos del gobierno.
Todo esto llevó al desencanto de una buena parte de la población, que se concretó en un elevado abstencionismo electoral. La prensa extranjera presentó a España como una “nación moribunda”, con un ejército totalmente ineficaz, un sistema político corrupto y unos políticos incompetentes.
Como denunciaban los regeneracionistas, entre ellos el texto de Joaquín Costa, la España “oficial” y la España “real” no tenían nada que ver. El sistema de la Restauración representaba los intereses de la alta burguesía, de la Iglesia y la alta oficialidad del ejército (la España “oficial”), dejando fuera de la vida pública a la pequeña burguesía, las clases populares urbanas y al proletariado agrario e industrial (la España “real”). Estas críticas provocaron que los gobiernos, tras la crisis del 98, intentaran una política reformista de tono regeneracionista, que se limitó a dejar que el sistema siguiese funcionando con cambios mínimos.
El Surgimiento de los Nacionalismos y el Movimiento Obrero en Bizkaia
El Nacionalismo Vasco: Estatutos del Euskeldun Batzokija (1894)
Estamos ante una selección de artículos de los estatutos de un centro recreativo, el Euskeldun Batzokija, fundado en Bilbao en 1894, pertenecientes a los capítulos I y II. El texto es, por su origen, fuente primaria; por su forma, un texto jurídico-administrativo; y por su contenido, de naturaleza política.
El nacionalismo vasco surgió como reacción de la sociedad tradicional frente al nuevo Estado liberal. Las tres causas fundamentales fueron:
- El resurgimiento del foralismo a partir de la abolición de los fueros en 1876 (aunque se aprobaron los Conciertos Económicos, un sector de la burguesía liberal fuerista evolucionó hacia posiciones nacionalistas).
- La defensa del euskera y la cultura vasca por parte de los intelectuales vascos ante la política cultural de uniformidad practicada por el liberalismo.
- Las bruscas transformaciones socioeconómicas que experimentó Bizkaia debido a la acelerada industrialización, que supuso la llegada de inmigrantes a la zona minera e industrial de Bilbao, lo que ponía en peligro la identidad de Bizkaia y era la causante de los males de la sociedad tradicional.
El campesinado católico y fuerista, desencantado por la derrota carlista, y la pequeña y mediana burguesía bilbaína fueron los principales receptores del nacionalismo.
Sabino Arana Goiri (1865-1903) fue el gran propulsor del nacionalismo, de familia burguesa profundamente católica y carlista. Su concepto de nación era muy tradicionalista, formulándolo en el lema Jaun Goikua eta Lagi-zarra.
- En el plano religioso (Jaun Goikua), entendía que la religión católica era inherente al alma vasca y proclamaba la subordinación de lo civil a lo religioso.
- En el plano político (Lagi-zarra), consideraba que para un pueblo diferente –de raza, leyes, costumbres y lengua distinta– recuperar los fueros totales era volver a la libertad originaria: impulsó la lengua y costumbres vascas y defendió la pureza racial del pueblo vasco. Popularizó un nuevo nombre para su patria, Euzkadi, y una bandera propia para Bizkaia, la ikurriña, luego adaptada como bandera de Euzkadi en 1936.
En 1892 publicó Bizcaya por su independencia, una recopilación de artículos en los que denunciaba la situación de opresión de Bizkaia y abogaba por su independencia. En 1893 pronunció el Discurso de Larrazábal ante sus amigos, presentando su ideario nacionalista resumido en el lema Jaungoikoa eta Lage Zarra, y anunciándoles la constitución de una sociedad nacionalista.
El 14 de julio de 1894, se fundó el Euskaldun Batzokija en la calle Correo de Bilbao, izándose por primera vez la ikurriña, diseñada por Sabino y Luis Arana. Al día siguiente, los miembros aprobaron en Junta General estos estatutos y eligieron presidente a Sabino Arana. Fue suspendido por el Gobierno Civil en 1895.
El 31 de julio de 1895, se fundó de forma clandestina el Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), inicialmente para vizcaínos, con la finalidad de restaurar los fueros tradicionales. Sabino Arana fue encarcelado desde septiembre de 1895 hasta enero de 1896. A partir de 1898, evolucionó desde una postura independentista a una más pragmática, defendiendo la creación de una “liga de vascos españolistas”. Murió en 1903 y desde su muerte, surgieron dos corrientes dentro del partido:
- El nacionalismo autonomista, industrial y urbano de Ramón de la Sota, apoyado por la alta burguesía moderna e industrial. En 1916 adoptaron el nombre de Comunión Nacionalista Vasca (CNV).
- El nacionalismo independentista y rural de Luis Arana, apoyado por la pequeña burguesía bilbaína tradicionalista. Su revista era Aberri. En 1921, expulsados de la CNV, fundaron el partido que retomó el nombre de PNV.
En 1930, las dos corrientes se reunificaron en la Asamblea de Bergara, formando el PNV. Ese mismo año se produjo una escisión con los elementos más liberales del partido nacionalista, que formaron un nuevo partido: Acción Nacionalista Vasca (ANV), de carácter liberal, aconfesional y republicano.
El PNV incrementó su presencia electoral y su influencia en la sociedad vasca. En 1911, creó un sindicato nacionalista y católico, Solidaridad de Trabajadores Vascos (el actual ELA-STV). A partir de 1917, el nacionalismo vasco empezó a tener una representación parlamentaria notable. Su principal rival en la defensa de la identidad vasca fue el carlismo, que también reclamaba la vuelta de los fueros, y que en Navarra tenía mucha fuerza.
Condiciones de Vida y Lucha Obrera: «El Intruso» y la Huelga de 1896
Estamos ante un fragmento del capítulo I de la novela El Intruso de Blasco Ibáñez, que describe las condiciones de vida de los mineros del hierro en la Bizkaia de finales del siglo XIX y comienzos del XX. El texto es, por su origen, fuente primaria; por su forma, un texto literario; y por su contenido, de tipo social.
La Ley de Minas, impulsada por Laureano Figuerola en el Sexenio Democrático, entregó la concesión de explotación de yacimientos mineros a compañías extranjeras a cambio de importantes cantidades de dinero. Esa liberalización del sector y la construcción del ferrocarril de Triano coincidieron con la demanda internacional de un mineral de hierro sin fósforo, característica del hierro vasco. Muchas compañías extranjeras, con participación vasca (familia Ybarra), se instalaron en Vizcaya para su explotación y exportación.
Por otro lado, en el siglo XIX, surge una nueva sociedad de clases, constituyéndose dos clases sociales: la burguesía, poseedora de riqueza; y el proletariado, que tan solo poseía el salario que obtenía con su trabajo manual.
La aparición de la industria moderna conllevó una organización del trabajo basada en la utilización de mano de obra asalariada. El patrón empleaba a los obreros a cambio de un salario escaso, por lo que tenían que trabajar también los niños y las mujeres. Todos trabajaban seis días a la semana, con jornadas laborales de 12-14 horas y se cobraba por día trabajado, sin la más mínima protección en caso de paro, enfermedad, accidente o vejez. Además, la más mínima protesta implicaba la expulsión de la fábrica. Las viviendas obreras eran pequeñas, miserables y carecían de servicios de agua corriente y alcantarillado. Las enfermedades infecciosas se propagaban rápidamente y no existía asistencia médica gratuita. Los niños apenas iban a la escuela.
Los mineros vascos, con las peores condiciones de vida, eran antiguos campesinos que, sujetos al poder del propietario y sometidos a duras condiciones de vida, con rentas abusivas y verdaderas épocas de hambre, habían emigrado a Bizkaia en los comienzos de la industrialización.
La abundante mano de obra hizo que los patrones tuvieran dónde elegir, por lo que su capacidad para exigir mejoras era limitada y vivían en pésimas condiciones de higiene, vivienda y alimentación. El rápido crecimiento de los pueblos hizo habituales las situaciones de hacinamiento.
Hacia la década de 1880, las duras condiciones de vida y trabajo de los obreros, así como la creciente presión sindical, empujaron a los gobiernos a plantearse que el Estado regulase las relaciones laborales mediante una serie de leyes que protegieran a los obreros. En 1883, el gobierno creó la Comisión de Reformas Sociales para estudiar las condiciones de vida de la clase obrera. En 1886, surge, gracias a la iniciativa de Facundo Perezagua, la Agrupación Socialista de Bilbao, naciendo al año siguiente otras agrupaciones en defensa de los derechos de los obreros.
La Lucha Obrera en Vizcaya: La Huelga de 1896
Estamos ante un fragmento de una crónica publicada en el semanario La Lucha de Clases, que recoge la noticia de la manifestación reivindicativa de los obreros de las minas de Vizcaya el 1 de mayo de 1896. El texto es, por su origen, fuente primaria; por su forma, un texto circunstancial; y por su contenido, de naturaleza socioeconómica.
La Ley de Minas, impulsada por Laureano Figuerola en el Sexenio Democrático, entregó la concesión de explotación de yacimientos mineros a compañías extranjeras a cambio de importantes cantidades de dinero. Esa liberalización del sector y la construcción del ferrocarril de Triano coincidieron con la demanda internacional de un mineral de hierro sin fósforo, característica del hierro vasco. Muchas compañías extranjeras, con participación vasca (familia Ybarra), se instalaron en Vizcaya para su explotación y exportación.
Por otro lado, en el siglo XIX, surge una nueva sociedad de clases, constituyéndose dos clases sociales: la burguesía, poseedora de riqueza; y el proletariado, que tan solo poseía el salario que obtenía con su trabajo manual.
La aparición de la industria moderna conllevó una organización del trabajo basada en la utilización de mano de obra asalariada. El patrón empleaba a los obreros a cambio de un salario escaso, por lo que tenían que trabajar también los niños y las mujeres.
Todos trabajaban seis días a la semana, con jornadas laborales de 12-14 horas y se cobraba por día trabajado, sin la más mínima protección en caso de paro, enfermedad, accidente o vejez. Además, la más mínima protesta implicaba la expulsión de la fábrica. Las viviendas obreras eran pequeñas, miserables y carecían de servicios de agua corriente y alcantarillado. Las enfermedades infecciosas se propagaban rápidamente y no existía asistencia médica gratuita. Los niños apenas iban a la escuela.
Los mineros vascos, con las peores condiciones de vida, eran antiguos campesinos que, sujetos al poder del propietario y sometidos a duras condiciones de vida, con rentas abusivas y verdaderas épocas de hambre, habían emigrado a Bizkaia en los comienzos de la industrialización.
La abundante mano de obra hizo que los patrones tuvieran dónde elegir, por lo que su capacidad para exigir mejoras era limitada y vivían en pésimas condiciones de higiene, vivienda y alimentación. El rápido crecimiento de los pueblos hizo habituales las situaciones de hacinamiento.
La Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), que nació en Londres en defensa de la emancipación de la clase obrera y que contaba con agrupaciones tanto socialistas como anarquistas, llegó a España. En 1871, llegó a Madrid Paul Lafargue, yerno de Karl Marx, quien impulsó un grupo favorable a las posiciones marxistas.
En 1879, un grupo de obreros, entre ellos Pablo Iglesias, fundaron el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que era partidario de la revolución social y defendía la organización obrera, la manifestación, el derecho al sufragio universal y la mejora de las condiciones de higiene y vivienda de los obreros.
En 1888, se fundó en Barcelona la Unión General de Trabajadores (UGT), que se organizó en sindicatos de oficio y practicó una política reivindicativa.
En el País Vasco, el socialismo, preponderante en la clase obrera, se propagó gracias a Facundo Perezagua, quien destacó por su labor en la organización y defensa de los mineros en Bizkaia, impulsando la creación de la Agrupación Socialista de Bilbao (1886).
La huelga minera del 1 de mayo de 1890 en Bizkaia se agravó por el despido de cinco trabajadores. Las reivindicaciones se centraron en su readmisión, en limitar la jornada laboral a diez horas y en la supresión del trabajo a destajo, de los barracones y de la compra obligatoria en las cantinas controladas por los patronos. La huelga acabó con la intervención del general Loma, quien puso fin al conflicto satisfaciendo algunas de las demandas de los trabajadores (readmisión de los expulsados y limitación de la jornada laboral).
En mayo de 1896 seguía la lucha reivindicativa contra los barracones y las cantinas.
Durante el comienzo del siglo XX, los obreros industriales aumentaron y se produjo un intenso ciclo de agitaciones obreras que fueron en aumento hasta 1911, cuando tuvo lugar un intento de huelga general revolucionaria. La creciente presión sindical empujó a los gobiernos a regular las relaciones laborales mediante una serie de leyes que protegieran a los obreros. Facundo Perezagua, tras varios enfrentamientos con la dirección del PSOE, fue uno de los fundadores, en 1921, del Partido Comunista de España (PCE) junto con José Díaz y Dolores Ibárruri.