La Crisis del Estado de Bienestar: Desafíos y Límites
A pesar del éxito de los programas que dan contenido al Estado de Bienestar (EB), su expansión no es ilimitada debido a diversos factores, principalmente económicos y estructurales.
Factores Económicos y Fallos del Estado
El mantenimiento del EB está intrínsecamente ligado a la justificación de la intervención del sector público en la economía, una cuestión que no está exenta de críticas. Del mismo modo que los fallos del mercado han servido como argumentos a favor de una mayor presencia pública en la vida económica, los fallos del Estado o del sector público minan las bases que sustentan la legitimidad de su presencia en la vida de los ciudadanos.
Estos fallos se derivan de que el propio proceso de adopción de decisiones colectivas las hace ineficaces desde el punto de vista económico (al incrementar la demanda y, por consiguiente, el gasto). Esto se debe tanto a los sistemas de votación como a la presencia de intereses espurios de los diversos actores que intervienen (políticos, votantes, burócratas, grupos de interés), a las diferencias de información entre las empresas y el Estado, o al hecho de que el usuario (que no está obligado a pagar un precio por acceder a los servicios, o paga un precio inferior al que le exigiría el mercado) demanda cada vez más presencia pública y menos protagonismo del mercado.
Los límites al crecimiento de la intervención del sector público en temas de índole social —esencia del EB— se cuestionan. Más allá de los planteamientos ideológicos que se revelan contra esa mayor presencia pública, se debe tener en cuenta la sostenibilidad económica de dicha intervención. Los límites del EB vendrían condicionados por la propia dimensión del gasto público, dando lugar a lo que se denomina crisis fiscal del Estado. Esta crisis es consecuencia de las exigencias derivadas del cumplimiento público de la función de acumulación necesaria para garantizar la rentabilidad del capital privado y la necesidad de legitimar la intervención pública sin romper el consenso social.
La Crisis Fiscal del Estado según O’Connor
La crisis fiscal del Estado, según O’Connor, surge como consecuencia de:
- Que el capital monopolista socializa cada vez más los costes del capital y los gastos de producción, pero no los beneficios, ya que estos tienden a concentrarse en determinados colectivos.
- Que los costes salariales suben más que la productividad en el sector estatal.
- Que el Estado debe cubrir las crecientes necesidades sociales que el capital no cubre, lo que produce un incremento del número de personas dependientes del Estado.
Pérdida de Legitimidad y Nuevos Retos del Bienestar Social
La pérdida de legitimidad de la acción pública conduce a la ruptura del consenso social mantenido desde la posguerra hasta los años 70. La economía y la sociedad sufren nuevos riesgos:
- La mundialización y globalización de procesos productivos.
- Cambios demográficos (envejecimiento).
- Cambios sociales (familias monoparentales, incorporación de la mujer al trabajo).
- Nuevas modalidades de pobreza (inmigración).
En el momento en que el trabajo no garantiza la percepción de un salario digno y el derecho a unos niveles adecuados de prestaciones sociales, se cuestiona cuál debe ser el papel que debe desempeñar el Estado y cuáles son los nuevos retos que el EB debe afrontar en el siglo XXI. Se trata de que los nuevos modelos de bienestar tengan la capacidad de articular formas de intervención que sean capaces de responder con eficiencia a las demandas sociales.
La crisis del EB procede, en parte, de su falta de adaptación a los nuevos problemas que surgen al cambiar las estructuras sociales, sobre todo en el entorno familiar y laboral. Los límites a la intervención pública en la economía vienen determinados por la eficiencia/ineficiencia en su actuación, ya que el hecho de necesitar más recursos para atender a más personas no está exento de costes de oportunidad. Además de dificultar ingresos, esto puede dar lugar a la pasividad de los ciudadanos al dejar toda su previsión en manos del sector público.
En todo caso, los límites del EB dependen de la forma en que se financian y del tipo de prestaciones que se suministran. En la fase del ciclo económico de mayor crecimiento, diversos componentes del gasto social tienden a disminuir (menos desempleo, menos jubilaciones anticipadas), al tiempo que las bases financieras se refuerzan: mayor recaudación impositiva y mayor volumen de cotizaciones.
Por ello, es conveniente defender unos límites razonables del EB que eviten el sesgo de tener que delimitarlo según las fases del ciclo económico y que obedezcan, sobre todo, a criterios de racionalidad (porque está estrechamente relacionada con la coherencia de los objetivos asignados) y de eficiencia económica (para permitir la aplicación del instrumento de los precios como mecanismo de determinación del coste).
Todo ello comporta que hayan vuelto a plantearse fórmulas de colaboración entre la sociedad civil y las instituciones asociadas a los diferentes niveles de la administración pública. Estas proponen profundizar en una mayor implicación de la sociedad en la cobertura de necesidades y atención de situaciones (piénsese en la dependencia), lo que puede resultar más eficiente, tanto en términos de coste como en aspectos vinculados al arraigo social.