La desamortización de Mendizábal
Fue tras la muerte de Fernando VII cuando la revolución liberal burguesa se afianza, y en 1836, en medio de la guerra civil con los carlistas, Mendizábal puso en venta todos los bienes del clero regular (frailes y monjas). De esta forma quedaron en manos del Estado y se subastaron no solamente tierras, sino casas, monasterios y conventos con todos sus enseres. Al año siguiente, 1837, otra ley amplió la acción al poner en venta los bienes del clero secular. Para lograr el establecimiento del nuevo régimen liberal en 1836 era condición necesaria ganar la guerra carlista, y para ello se necesitaban los recursos económicos que proporcionaran la desamortización y el apoyo social de la burguesía al régimen liberal. Además, al amortizar la deuda pública, el Estado saneaba la Hacienda y aparecía como más solvente, con lo que podría suscribir nuevos empréstitos en el extranjero en mejores condiciones.
La desamortización de Madoz
En 1855 el ministro de Hacienda Pascual Madoz, también progresista, promulgó su Ley de Desamortización General. Se ponían en venta todos los bienes de propiedad colectiva: los de eclesiásticos quedaban y los propios de los pueblos (eran llamados bienes de propios aquellos que proporcionaban, por estar arrendados, una renta al Concejo, en tanto que los comunes eran los que no proporcionaban una renta y eran utilizados por los vecinos del lugar). El procedimiento utilizado para las ventas fue similar al de Mendizábal. Pero hubo algunas diferencias: el dinero obtenido fue dedicado en parte a financiar la industrialización del país y a la expansión del ferrocarril. Por otra parte, el Estado no era el propietario de los bienes sino los ayuntamientos.
El objetivo de Cánovas
El principal objetivo de Cánovas fue asegurar la estabilidad política del país, y asentar firmemente la Monarquía como una institución fuera de toda discusión, recuperando el prestigio perdido de la institución durante el reinado de Isabel II. En esencia la monarquía alfonsina se entendía oficialmente como: Un sistema de integración. Se trataba de crear un sistema que fuera válido para los moderados, unionistas, progresistas y demócratas, con la sola condición de que aceptaran la Monarquía y la alternancia en el gobierno. Pero si debía integrar a todos, el ejercicio efectivo del poder debía fundamentarse en un par de fuerzas que se complementaran y equilibraran, de modo que a un partido conservador había que sumar otro más liberal. El rey debía servir de árbitro entre los partidos, decidiendo cuándo uno debía sustituir al otro, valorando su grado de cohesión y el grado de exigencia del poder por parte de la oposición. Un régimen civil. El Ejército debía volver a los cuarteles y cumplir su misión constitucional. La consecución de estos objetivos sacrificaba cualquier veracidad del sistema electoral, que era puramente una imagen formal.
Fases del conflicto entre liberales y absolutistas
El primero de estos pronunciamientos fue en Pamplona, el mes de septiembre de 1814, y lo protagonizó el general Francisco Javier Mina, héroe de la Guerra de la Independencia. Otros oficiales (Lacy, Porlier, Milans del Bosch…) lo imitaron en los años posteriores. Los pronunciamientos pusieron de manifiesto el malestar del ejército, pero también las dificultades de la oposición liberal para organizar un movimiento popular de gran alcance, a causa sobre todo de la dura represión política. Además de por la represión, esta etapa destacó por la inestabilidad e ineficacia de los sucesivos gobiernos, incapaces de llevar una gestión mínimamente eficaz, ya que el verdadero gobierno lo constituía la llamada “camarilla” del rey. Esto se ve reflejado por ejemplo en los estériles intentos de paliar la quiebra financiera del estado, que venía de muy atrás y se había agravado con la guerra. El verdadero problema era que la mayor parte de las tierras de cultivo no contribuía con impuestos ante la negativa insistente de los grupos privilegiados, y los destrozos ocasionados por la propia guerra también contribuyeron.
Paz de París y la independencia de las colonias americanas
El Tratado de París por el que España cedió Filipinas, Puerto Rico y Guam a Estados Unidos y concedió la independencia, bajo tutela norteamericana, a Cuba. En 1899 España se vio obligada a vender a Alemania los archipiélagos de las Marianas, Carolinas y Palaos. Alrededor de 60.000 soldados españoles perdieron la vida en este conflicto; la mayoría de ellos a causa de enfermedades infecciosas. A ello se añadía la desmoralización del país, consciente de su propia debilidad. La crisis política resultó inevitable, y con ella el desprestigio de los dos partidos dinásticos. A partir de ese momento los partidos de la oposición cobrarían nueva fuerza: nacionalistas periféricos, republicanos y socialistas. Pero quizás fue más grave el desprestigio militar, derivado de la dureza de la derrota. Aunque, en último extremo, la responsabilidad del fracaso era más política que militar, el Ejército salía muy dañado en su imagen.
Causas y desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas
La coyuntura de la ocupación francesa de la metrópoli y el secuestro de sus titulares en Bayona, hicieron que las Juntas creadas en América, a imagen y semejanza de las peninsulares, empezasen a funcionar de forma muy autónoma, acabando por derivar hacia la emancipación definitiva de España, en un proceso largo y lleno de altibajos, pero que acabaría siendo definitivo, y una expresión más de las transformaciones de todo tipo que se estaban produciendo en todo el mundo debido a la extensión de las revoluciones políticas y económicas.
División republicanos primera república
a).-La república unitaria (Febrero-Mayo). Figueras fue designado por la asamblea presidente de una república unitaria, pero inmediatamente chocó con los republicanos federales. Su principal cometido era convocar unas Cortes Constituyentes para promulgar una nueva constitución. Los problemas más graves radicaban en la crisis de la Hacienda, la incipiente guerra carlista en el norte y el problema de Cuba.
b).-La república federal (Mayo-Agosto). Pero la República unitaria carecía de apoyos sociales, de manera que el resultado de las primeras elecciones dio el triunfo a los republicanos federales. Las nuevas Cortes proclamaron la República Federal, y propusieron como presidente de Gobierno al catalán Pi y Margall.
Los republicanos federales se encontraban divididos en dos tendencias: los transigentes o centristas, que consideraban primordial conseguir el orden social para después construir una república federal desde arriba, y los intransigentes, que querían comenzar por la construcción de la federación desde abajo, lograda la cual llegaría la paz social.en esas, una sublevación popular exigiendo el establecimiento de cantones libres (cada población se proclamaba cantón independiente del poder central) comenzó en Cartagena y luego se extendió por otras ciudades. Las clases populares creían encontrar en el federalismo la panacea de sus males –tierras de labor, igualdad plena y un mayor reparto de la riqueza- y siguieron a los federales intransigentes.
c).-La república autoritaria (Agosto-Enero). Salmerón dimitió por problemas de conciencia (no quiso firmar unas penas de muerte) y fue elegido nuevo presidente Castelar. Su programa se redujo, básicamente, a restablecer el orden interior, la guerra con los carlistas en el norte y la de Cuba. Para dejar las manos libres al ejecutivo en la tarea de imponer el orden se suspendían, momentáneamente, las reuniones de las Cortes.
d).-La república presidencialista. El 2 de Enero de 1874 se reabrían las sesiones de las Cortes, donde la mayoría federal aprobó una moción de censura contra Castelar. Eso suponía la dimisión del presidente y el retorno al poder de los federales. Ante esta eventualidad, al día siguiente, el general Pavía entró en el Congreso de los Diputados al frente de un contingente de la Guardia Civil y disolvió las Cortes
El caciquismo. Con este término no se indica otra cosa que la falta de veracidad de los resultados electorales. Los caciques eran individuos o familias que, por su poder económico o por influencias, controlaban una determinada circunscripción electoral. Una buena parte de la población estaba sometida a sus intereses, puesto que de ellos dependía el tener o no trabajo, que se resolvieran o complicaran trámites administrativos y, en definitiva, permitir o impedir una subsistencia aceptable. Por tanto, el fenómeno del caciquismo no se limitaba a las elecciones, pues implicaba consecuencias cotidianas, favorables para los afectos al cacique, su “clientela”, y negativas para sus contrarios. En la práctica, los electores sólo decidían voluntariamente en los grandes núcleos de población, mientras que en los distritos rurales, o bien los notables eran quienes se atribuían la determinación del voto del elector, o el gobierno, a través de las autoridades administrativas o políticas, imponía unos resultados aceptables para sus intereses. Sin embargo, lo verdaderamente característico de la Restauración no fue tanto el caciquismo como el encasillado, es decir, la manipulación de los resultados de tal modo que, consiguiendo siempre la mayoría el gobierno, la oposición conservara una cierta representación, incluida aquella que ni siquiera aceptaba la Monarquía. Los pucherazos, o fraudes electorales se gestaban desde las primeras fases del proceso: el censo electoral se veía aumentado con la inscripción de un gran número de difuntos o de desconocidos. El día de las votaciones, algunos funcionarios subalternos se encargaban de votar en su nombre en las distintas mesas electorales; por añadidura, en determinadas mesas se añadían votos a manos llenas o se falsificaba el recuento. Esta última práctica a menudo se volvía a repetir en las juntas electorales, encargadas de hacer el recuento global. El objetivo, que siempre se lograba, era que ganase el partido dinástico de turno (de ahí la expresión el “turno de los partidos”), aquel al que el rey había mandado previamente formar gobierno, ya fuera el Conservador, ya el Liberal. El resto de las formaciones eran “toleradas”, y se les permitía sacar una representación parlamentaria testimonial, que siempre se obtenía en las zonas urbanas, más modernizadas socialmente, con más implantación de ideologías alternativas y mucho más difíciles de manipular en sus resultados electorales.
División liberalismo trienio liberal Durante el Trienio Liberal (1820-1823), se produce una escisión en el seno del liberalismo español, al crearse dos grupos que recogían diferentes sensibilidades o planteamientos frente a los distintos temas. Doceañistas (luego Partido Moderado) pretendía una reconciliación con las antiguas clases dirigentes que hiciera del liberalismo una síntesis de lo viejo y lo nuevo. Defendía la soberanía nacional como emanación de dos instituciones: el Rey y las Cortes; concebía un poder legislativo bicameral en el que una de las Cámaras -el Senado-, estaría integrada por miembros natos o elegidos por la Corona, por lo tanto no es representativa, y sería útil para “moderar” un congreso que pudiese ser demasiado progresista en algunas medidas. La otra -el Congreso-, elegida sería mediante sufragio censitario; apoyaban, además, un Estado centralizado y un poder ejecutivo fuerte. En materia de derechos y libertades, son más restrictivos, pues hablan de mantener “el orden”; y en el tema de la religión, se declaran católicos y no aceptan la libertad religiosa. A esta opción política pertenecieron la alta burguesía -integrada por los terratenientes, los hombres de negocios y los fabricantes- e importantes sectores de las clases medias, como profesionales liberales, propietarios, jefes y oficiales del ejército; en general las clases dominantes y más acomodadas, a quienes, obviamente, beneficia el estado de cosas del que ellos disfrutan, y no interesa que se amplíe ni la masa social que interviene en política, ni las libertades, derechos civiles, etc. Este partido, representa la postura que hoy llamaríamos más conservadora o tradicional de las cosas, y en lenguaje político estaría más a la derecha, según la terminología que cuajó tras la Revolución Francesa Radicales (luego Partido Progresista) defendía que la soberanía nacional residía exclusivamente en las Cortes, aunque en la práctica aceptaba el papel moderador de la Corona y el sistema legislativo bicameral, pero limitando las prerrogativas del trono; admitían el sufragio censitario, si bien defendían un cuerpo electoral más amplio; y amparaban la libertad de prensa y el carácter democrático de los Ayuntamientos. Eran partidarios de la Milicia Nacional. En él se integrarán las clases medias y artesanos de la ciudad, los pequeños comerciantes, empleados en general y algunas clases del ejército. En general, y siendo básicamente la doctrina de una clase constituida por propietarios, pretenden más modernidad, más avance en los cambios, mayores dosis de libertades y reconocimiento de derechos, etc. Serían más progresistas en sus planteamientos, y se diría que se sitúan a la izquierda de los moderados.