La cuestión social y su respuesta hasta 1914
1. La cuestión social: definición y evolución
La cuestión social se define como el conjunto de consecuencias que tuvo la industrialización sobre las condiciones de vida de los trabajadores, sus costumbres y su arraigo social. Cuando se habla de cuestión social, se hace referencia principalmente a los problemas derivados de las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores. Estas relaciones estaban reguladas por la legislación laboral, que abordaba aspectos como la jornada de trabajo, la seguridad laboral o las condiciones de producción. El Estado era el encargado de garantizar el cumplimiento de esta legislación y, por tanto, actuaba como instrumento regulador de las relaciones laborales.
Sin embargo, la cuestión social no se limitaba únicamente al ámbito del trabajo. También abarcaba los problemas relacionados con las condiciones de vida de la población fuera del espacio laboral. Se trataba de cuestiones como la educación, la sanidad, la alimentación, la higiene o la salubridad. De este modo, junto a la legislación laboral apareció una legislación social destinada a mejorar las condiciones de vida cotidianas de la población. Esta situación planteó una cuestión fundamental: ¿dónde termina el trabajador y dónde comienza el individuo? Un trabajador podía ser pobre, necesitar asistencia social, padecer enfermedades o vivir en condiciones insalubres. La respuesta a estos problemas dio lugar al desarrollo de una legislación sociolaboral que combinaba aspectos laborales y sociales.
La aparición de la cuestión social estuvo vinculada a tres grandes factores: el económico, el social y el político.
En primer lugar, el factor económico estuvo directamente relacionado con las revoluciones industriales. La ciencia y la tecnología se convirtieron en los motores del cambio económico y social. La aplicación del conocimiento científico a la producción transformó profundamente la organización del trabajo y modificó la forma de vida de las sociedades europeas.
La Primera Revolución Industrial tuvo como principal innovación la máquina de vapor. Este avance tecnológico provocó cambios significativos en la producción y afectó inicialmente al sector agrario. Antes de finales del siglo XVIII, las técnicas agrícolas apenas habían experimentado modificaciones, pero la introducción de nuevas tecnologías revolucionó el campo. Se produjo una auténtica revolución agraria que transformó los métodos de cultivo y aumentó la productividad.
Como consecuencia de la mecanización agrícola, disminuyó la necesidad de mano de obra en el campo. Miles de trabajadores agrícolas perdieron sus medios tradicionales de subsistencia y se vieron obligados a abandonar las zonas rurales para trasladarse a las ciudades. Este fenómeno recibió el nombre de éxodo rural. Las ciudades crecieron de forma rápida y descontrolada debido a la llegada masiva de población procedente del campo. Fueron precisamente estos nuevos trabajadores urbanos quienes padecieron las peores condiciones de vida y trabajo.
La Segunda Revolución Industrial, iniciada hacia 1870, intensificó estos cambios. La utilización de nuevas fuentes de energía, como el carbón, el petróleo, el gas y la electricidad, permitió desarrollar nuevas formas de producción. El concepto mismo de trabajo se transformó. Los trabajadores comenzaron a ser considerados piezas intercambiables dentro del sistema productivo, formando parte de una gran maquinaria industrial.
En segundo lugar, el factor social estuvo relacionado con el importante crecimiento demográfico que experimentó Europa durante el siglo XIX. Este aumento de la población, unido a las transformaciones económicas derivadas de la industrialización, impulsó aún más el éxodo rural y el crecimiento de las ciudades.
La disponibilidad de mano de obra aumentó considerablemente, mientras que las oportunidades laborales no crecían al mismo ritmo. Muchas personas abandonaron el campo en busca de mejores condiciones de vida en los centros urbanos. Este proceso se prolongó hasta bien entrado el siglo XX.
No fueron únicamente los campesinos quienes emigraron. También lo hicieron numerosos artesanos y pequeños productores que no pudieron competir con la producción industrial mecanizada. Como resultado, las ciudades se llenaron de una población desarraigada que tuvo que adaptarse a nuevas formas de vida. Estas personas no solo habían perdido sus ocupaciones tradicionales, sino también los vínculos con sus comunidades, sus familias y sus costumbres. Este fenómeno tuvo profundas consecuencias sociales y políticas.
En tercer lugar, el factor político convirtió la cuestión social en un asunto de interés público y estatal. Este proceso estuvo vinculado al desarrollo del iusnaturalismo y a la difusión de las ideas contenidas en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. La culminación de este proceso se produjo con las revoluciones de 1848, cuando la cuestión social pasó a ocupar un lugar central en el debate político europeo.
Evolución de la cuestión social
La evolución de la cuestión social puede dividirse en tres etapas principales: la Revolución Francesa, la década de 1830 y las revoluciones de 1848.
La Revolución Francesa
La cuestión social apareció con fuerza durante la Revolución Francesa, coincidiendo con una grave crisis alimentaria provocada por las malas cosechas. Esta crisis desembocó en una hambruna que se prolongó hasta 1795 y que condicionó profundamente el desarrollo revolucionario.
Los revolucionarios prometieron que el triunfo de la revolución mejoraría las condiciones de vida de las clases populares. De esta manera, generaron grandes expectativas entre la población, aunque muchas de estas promesas nunca llegaron a cumplirse.
Para acabar con la pobreza y la desigualdad, se propusieron diversas medidas. Entre ellas destacaban el reparto de la riqueza y el control de los precios de los alimentos. Se partía de la idea de que la pobreza era consecuencia de la existencia de grandes fortunas y de que la hambruna se debía al elevado precio de los productos básicos.
Sin embargo, el control de precios provocó efectos contraproducentes. Muchos productores dejaron de fabricar o vender sus productos porque no obtenían beneficios suficientes. Como consecuencia, los problemas de abastecimiento se agravaron.
Los principales defensores de estas políticas fueron los jacobinos, encabezados por Robespierre. Los jacobinos sostenían que era necesario combinar la democracia política con la democracia social. En su opinión, las instituciones políticas debían servir para resolver la cuestión social mediante una distribución más igualitaria de la riqueza.
Estas ideas procedían en gran medida del pensamiento de Rousseau. Según este filósofo, la desigualdad era consecuencia de una organización social injusta basada en una distribución desigual de la propiedad. Para corregir esa situación era necesario un poder capaz de intervenir activamente en la sociedad: el Estado.
Los jacobinos utilizaron el poder estatal para intentar llevar a la práctica estas ideas. Durante el período conocido como el Terror (1793-1795), el Estado alcanzó el grado máximo de intervención política y social. En esta etapa se recurrió a una intensa represión contra los adversarios políticos y se utilizó la guillotina como instrumento de castigo.
Entre las medidas impulsadas por los jacobinos destacaron la subordinación del derecho de propiedad al derecho de subsistencia, la limitación de las grandes fortunas, la creación de pequeños propietarios agrarios mediante expropiaciones y el control de precios y mercados. Todas estas iniciativas tenían como objetivo principal reducir la desigualdad y alcanzar una mayor igualdad material.
La década de 1830
Durante la década de 1830 se produjo una etapa de reflexión sobre las transformaciones sociales generadas por las revoluciones políticas e industriales. La sociedad burguesa comenzó a analizar críticamente los cambios experimentados durante las décadas anteriores y a estudiar la situación de las clases populares.
A la sensibilidad propia del Romanticismo se unió una visión más realista basada en la observación, las estadísticas y el análisis social. El interés por conocer las condiciones de vida de la población trabajadora impulsó la realización de numerosos estudios sociales.
Estos estudios revelaron situaciones muy duras. Entre sus principales conclusiones destacaban que entre el 70 % y el 80 % de los ingresos de una familia trabajadora se destinaban a la alimentación. Además, la mayor parte de los trabajadores cobraban por jornada trabajada, es decir, percibían un jornal diario que dificultaba cualquier posibilidad de ahorro o planificación económica.
También se constató que las jornadas laborales alcanzaban hasta quince horas diarias y podían prolongarse durante los siete días de la semana. La ausencia de descanso y la precariedad salarial caracterizaban la vida de buena parte de la población trabajadora.
Otro problema importante era el elevado número de accidentes laborales. La falta de medidas de seguridad y el agotamiento físico aumentaban considerablemente el riesgo de sufrir accidentes. En aquella época, la responsabilidad sobre la seguridad recaía en el propio trabajador y no en la empresa.
Además, se observó un creciente incremento de la participación de mujeres y niños en el trabajo industrial. La mecanización permitió incorporar a estos grupos a numerosas actividades productivas, lo que contribuyó a modificar profundamente la estructura laboral de la sociedad.
Las revoluciones de 1848
El tercer momento en la evolución de la cuestión social fue su transformación definitiva en una cuestión política durante las revoluciones de 1848.
En el ámbito económico comenzó a imponerse la idea de que la economía debía estar orientada al bienestar de las personas. Resurgió así el concepto de justicia social, entendido como la necesidad de que el crecimiento económico beneficiara especialmente a los sectores más desfavorecidos de la población.
En el ámbito político se planteó un problema de legitimidad. Resultaba contradictorio hablar de soberanía nacional mientras importantes sectores de la población permanecían excluidos de la participación política. Esta contradicción impulsó el avance de la democracia y la ampliación del sufragio.
Como consecuencia de ello, los partidos políticos comenzaron a incorporar en sus programas medidas de legislación social y laboral para atraer el apoyo de las clases populares.
Por último, se desarrolló una nueva conciencia moral dentro de la sociedad burguesa. Muchos sectores asumieron que el sistema económico presentaba importantes defectos y reconocieron cierta responsabilidad en las difíciles condiciones de vida de los trabajadores.
Las respuestas a estos problemas fueron principalmente dos. Por un lado, el socialismo utópico propuso la creación de sociedades alternativas que sustituyeran el orden burgués existente. Por otro lado, el paternalismo impulsó diversas iniciativas sociales y empresariales destinadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.
Muchas empresas construyeron viviendas, escuelas, economatos, comedores y otros servicios destinados a sus empleados. En algunos casos estas prestaciones formaban parte del salario y, en otros, respondían a iniciativas filantrópicas. Paralelamente, también surgieron proyectos educativos y asistenciales destinados a ayudar a pobres y enfermos, sentando las bases de futuras políticas de bienestar social.
2. Los problemas sociales de la proletarización
La proletarización fue uno de los procesos más importantes provocados por las revoluciones industriales. Consistió en la transformación de amplios sectores de la población en trabajadores asalariados que dependían únicamente de su salario para subsistir. Este proceso generó importantes problemas sociales, entre los que destacaron la pobreza o pauperismo, el trabajo infantil y el desarraigo. Aunque ninguno de estos fenómenos era nuevo, la industrialización los amplió y transformó hasta convertirlos en cuestiones centrales de la vida política y social del siglo XIX.
La pobreza o pauperismo
La pobreza había existido siempre, pero cambió profundamente con la industrialización. Este cambio se produjo porque las revoluciones industriales modificaron la organización del trabajo y, al mismo tiempo, desarticularon las formas tradicionales de solidaridad y protección que habían existido durante siglos.
En primer lugar, se debilitó la familia como sistema de apoyo. Muchos trabajadores abandonaban sus lugares de origen para buscar empleo en las ciudades o en otros países. Frecuentemente emigraban solos, dejando a sus familias atrás y perdiendo una de sus principales redes de seguridad.
En segundo lugar, se rompieron los vínculos con la comunidad local. En los pueblos existían relaciones de ayuda mutua entre vecinos y familiares que permitían afrontar situaciones difíciles como enfermedades, accidentes o pérdidas de cosechas. Al trasladarse a las ciudades, estas formas de solidaridad desaparecían.
En tercer lugar, desaparecieron los gremios del Antiguo Régimen. Los gremios eran asociaciones obligatorias para ejercer numerosos oficios. Para pertenecer a ellos era necesario pagar cuotas y superar determinadas pruebas profesionales. A cambio, proporcionaban protección económica a sus miembros. Si un trabajador sufría un accidente, enfermaba o fallecía, el gremio ofrecía ayuda económica al afectado o a su familia. Las revoluciones liberales abolieron los gremios en nombre de la libertad de trabajo y del libre mercado. Como consecuencia, también desapareció esta forma de asistencia social.
A todo ello se añadió la reducción de la asistencia prestada por las iglesias. Tanto la Iglesia católica como las protestantes habían desarrollado una importante labor social a través de hospitales, escuelas, hospicios, comedores y centros de asistencia para pobres. Sin embargo, el proceso de secularización de los Estados redujo progresivamente su influencia y su capacidad de actuación.
La combinación de todos estos factores generó una nueva forma de pobreza, mucho más visible y extendida que la del pasado. El pauperismo se convirtió en un fenómeno característico de la sociedad industrial.
La sociedad burguesa interpretó esta pobreza de distintas maneras. Una primera interpretación la consideraba un fenómeno natural. Se pensaba que la pobreza era consecuencia de las capacidades individuales, de la falta de educación o de una menor aptitud para adaptarse a las nuevas condiciones económicas. Esta visión poseía una importante carga moral y paternalista, pues tendía a responsabilizar a los propios pobres de su situación.
Sin embargo, la pobreza también fue considerada una amenaza para el orden social. Las clases dirigentes temían que el hambre y la miseria provocasen motines, disturbios o revoluciones capaces de poner en peligro el sistema político y económico existente. Por este motivo comenzaron a impulsarse medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las clases populares.
Además, la pobreza planteaba un problema moral e ideológico. Resultaba difícil explicar que una sociedad que presumía de progreso científico, tecnológico y económico generase al mismo tiempo enormes bolsas de miseria. Esta contradicción cuestionaba muchos de los principios sobre los que se sustentaba la sociedad burguesa.
Para resolverla comenzó a desarrollarse la idea del derecho a la asistencia. Según este principio, los ciudadanos tenían derecho a recibir ayuda pública cuando carecían de los recursos necesarios para subsistir. De este modo, la asistencia dejó de ser únicamente una cuestión de caridad privada y comenzó a convertirse en una responsabilidad del Estado.
La pobreza fue reduciéndose gracias a diversos factores. El primero fue el aumento de la productividad agrícola e industrial. La aplicación de nuevas tecnologías permitió producir más alimentos y bienes de consumo. Sin embargo, este aumento de la producción no siempre fue acompañado de una mejora de la calidad. Era frecuente la adulteración de productos alimenticios para abaratar costes.
El segundo factor fue la mejora de los transportes, especialmente el desarrollo del ferrocarril. Gracias a él fue posible transportar mercancías a mayores distancias y abastecer las ciudades de forma más eficiente. El ferrocarril desempeñó un papel fundamental en la creación de mercados nacionales y en el desarrollo del comercio.
Por último, la creación de mercados nacionales e internacionales favoreció una circulación más amplia de productos y recursos. Este proceso puede considerarse una primera forma de globalización económica.
El trabajo infantil
Los niños habían trabajado desde épocas muy anteriores a la industrialización. En las sociedades agrarias resultaba habitual que colaboraran en las tareas del campo o en los negocios familiares. Sin embargo, la industrialización modificó profundamente esta situación.
Los menores dejaron de trabajar principalmente en la agricultura para incorporarse masivamente a fábricas, talleres, minas e industrias. Su trabajo resultaba especialmente útil en aquellos procesos productivos que requerían operaciones mecánicas sencillas o espacios reducidos, como ocurría en determinadas actividades textiles o mineras.
Las jornadas laborales de los niños eran semejantes a las de los adultos. Trabajaban muchas horas al día y en condiciones especialmente duras. En numerosos casos ni siquiera percibían un salario propio, sino únicamente alojamiento y alimentación. Para muchas familias obreras esto suponía una forma de reducir gastos y garantizar la supervivencia familiar.
La expansión del trabajo infantil fue considerada progresivamente un problema moral y social. El paternalismo desempeñó un papel fundamental en la denuncia de estas situaciones y en el impulso de las primeras regulaciones.
El Reino Unido fue el país pionero en esta materia. En 1802 aprobó la primera Ley de Fábricas destinada a proteger a los menores trabajadores y a reducir los accidentes derivados del cansancio y de las malas condiciones laborales. Más adelante, en 1819, se estableció que ningún menor de nueve años podía trabajar en la industria textil y que los menores de dieciséis años no podían realizar jornadas superiores a doce horas diarias.
La legislación británica se convirtió en un modelo para otros países europeos, que adoptaron normas similares adaptándolas a sus propias circunstancias.
La reducción del trabajo infantil fue posible gracias a varios factores. El primero fue la implantación progresiva de la educación pública obligatoria, gratuita y universal. La escolarización buscaba formar a los menores y alejarlos de fábricas y talleres. Sin embargo, en muchos casos la obligatoriedad escolar convivió durante años con el trabajo infantil.
El segundo factor fue la legislación social y laboral desarrollada por los distintos Estados europeos, que fue limitando progresivamente la contratación de menores.
El tercero fue la presión ejercida por las asociaciones obreras. Los trabajadores adultos no solo denunciaban el problema por razones morales, sino también porque la utilización de mano de obra infantil contribuía a mantener bajos los salarios generales.
Por último, influyó el avance tecnológico. A medida que las máquinas se hicieron más eficaces y rentables, la utilización de trabajadores infantiles dejó de ser económicamente ventajosa.
A escala internacional, la protección de menores recibió un impulso importante con la creación en 1900 de la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores, antecedente de la futura Organización Internacional del Trabajo. En 1913 esta organización impulsó acuerdos destinados a reducir la jornada laboral de mujeres y niños y a prohibir el trabajo infantil nocturno. Sin embargo, el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 impidió la aplicación efectiva de muchas de estas iniciativas.
El desarraigo
El desarraigo fue probablemente el problema social más complejo derivado de la industrialización. Consistía en la ruptura de los vínculos que un individuo mantenía con su entorno tradicional. Era un proceso por el cual la persona abandonaba sus raíces familiares, culturales, sociales y laborales.
Sus principales causas fueron el crecimiento demográfico y las revoluciones industriales. La mecanización redujo la necesidad de mano de obra agrícola y obligó a millones de personas a abandonar el campo para buscar nuevas oportunidades.
Las migraciones se produjeron de varias formas. La más frecuente fue la migración interior, es decir, el traslado desde las zonas rurales hacia las ciudades del mismo país. Este tipo de migración generaba un desarraigo relativamente menor, ya que los emigrantes seguían compartiendo lengua, cultura y costumbres.
También existieron migraciones entre países europeos. En estos casos las diferencias culturales, lingüísticas y religiosas hacían más difícil la integración de los emigrantes.
Por último, se desarrollaron migraciones transoceánicas hacia América. Millones de europeos se trasladaron a Estados Unidos, Canadá, Argentina, Cuba, Brasil o Venezuela. Frecuentemente se establecían en lugares donde ya existían comunidades procedentes de sus países de origen. Los irlandeses se concentraron en determinadas zonas de Estados Unidos y muchos españoles emigraron a Hispanoamérica. Algunos regresaban años después con fortuna y eran conocidos como indianos.
Sin embargo, estas migraciones generaron nuevos problemas sociales.
Los barrios marginales
Muchos emigrantes se instalaron en barrios periféricos improvisados. Estas zonas crecían rápidamente y sin planificación urbanística. Carecían de calles pavimentadas, alcantarillado, iluminación, agua corriente o servicios básicos.
Las viviendas eran pequeñas, insalubres y estaban extremadamente masificadas. El hacinamiento favorecía la propagación de enfermedades y elevaba la mortalidad.
Las grandes capitales industriales europeas experimentaron este fenómeno de forma muy intensa. Londres constituyó el ejemplo más representativo, llegando a duplicar su población en pocas décadas.
A partir de mediados del siglo XX comenzaron a aplicarse planes de ordenación urbana destinados a solucionar estos problemas. Los gobiernos asumieron la responsabilidad de urbanizar adecuadamente las ciudades, dotándolas de infraestructuras y servicios públicos.
El alcoholismo
Otro de los problemas asociados al desarraigo fue el alcoholismo. Con la industrialización disminuyó la importancia de bebidas tradicionales como el vino, la cerveza o la sidra, mientras aumentó el consumo de alcoholes industriales como el ron, el vodka o el whisky. Estas nuevas bebidas podían producirse durante todo el año, eran relativamente baratas y tenían una graduación alcohólica muy superior.
Las tabernas se convirtieron en espacios fundamentales de sociabilidad. Los emigrantes se reunían allí para relacionarse con personas de origen similar, compartir experiencias y combatir el sentimiento de aislamiento propio del desarraigo.
Sin embargo, el alcoholismo generó numerosos problemas. Desde el punto de vista médico comenzó a considerarse una adicción y una enfermedad social. Desde el punto de vista laboral aumentaba el absentismo, reducía la productividad y favorecía los accidentes de trabajo.
También se veía como un problema de orden público, ya que muchas tabernas eran consideradas focos de delincuencia y conflictividad. Por último, existía una dimensión moral que llevó a numerosas organizaciones a desarrollar campañas contra el consumo de alcohol.
Las respuestas fueron variadas. Surgieron sociedades de templanza, especialmente impulsadas por mujeres, que promovían la abstinencia. Se crearon centros de atención para alcohólicos y se fomentaron actividades alternativas, entre ellas el deporte, considerado una forma saludable de ocupar el tiempo libre.
Por su parte, los Estados adoptaron medidas limitadas. Incrementaron los impuestos sobre las bebidas alcohólicas y regularon el funcionamiento de las tabernas, responsabilizando a sus propietarios de los incidentes producidos en su interior.
La prostitución
La prostitución también experimentó cambios importantes durante la industrialización. Aunque existía desde épocas anteriores, el crecimiento urbano y la inmigración masculina provocaron su expansión.
El ejercicio de la prostitución era relativamente común y en muchos lugares los burdeles funcionaban legalmente. La actividad se encontraba ampliamente extendida en las grandes ciudades industriales.
Las respuestas a este fenómeno fueron similares a las aplicadas frente al alcoholismo. Desde la sociedad civil se impulsaron iniciativas educativas y programas de formación profesional destinados a ofrecer alternativas laborales a las mujeres.
Por su parte, los Estados desarrollaron varias medidas. En primer lugar, persiguieron el tráfico de mujeres. En segundo lugar, aplicaron políticas higienistas para combatir la difusión de enfermedades venéreas como la sífilis y la gonorrea.
Para ello registraron a las prostitutas que ejercían en locales autorizados y las sometieron a revisiones médicas periódicas. No obstante, una parte importante de la prostitución permanecía fuera de estos controles.
También se intentó concentrar la actividad en determinadas zonas urbanas, los llamados barrios rojos, con el objetivo de alejarla de otros espacios públicos y facilitar su vigilancia.
Aunque ninguna de estas medidas logró eliminar la prostitución, sí permitieron ejercer un mayor control sanitario y policial sobre ella.
En conjunto, la pobreza, el trabajo infantil y el desarraigo constituyeron los principales problemas sociales generados por la proletarización. Su magnitud obligó a los Estados, a las organizaciones obreras, a las instituciones religiosas y a la sociedad civil a buscar soluciones cada vez más elaboradas, sentando las bases de la futura legislación social y laboral del siglo XX.
3. La legislación social
Ante los problemas derivados de la proletarización, la sociedad burguesa del siglo XIX asumió progresivamente la necesidad de intervenir para mejorar las condiciones de vida de la población. Esta preocupación podía partir de diferentes planteamientos ideológicos. Por un lado, el paternalismo defendía que las clases dirigentes tenían una responsabilidad moral respecto a los sectores más desfavorecidos. Por otro, el socialismo proponía reformas más profundas orientadas a transformar la organización económica y social. A pesar de sus diferencias, ambas corrientes coincidían en la necesidad de actuar frente a la pobreza y a las consecuencias de la industrialización.
En este contexto surgió la legislación social, destinada a combatir el pauperismo y a mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable. Paralelamente apareció la legislación laboral, centrada específicamente en regular las relaciones de trabajo entre empresarios y trabajadores. Aunque en teoría ambas cuestiones se diferenciaban, en la práctica resultaba difícil separar al pobre del trabajador, ya que tener empleo no garantizaba necesariamente escapar de la pobreza. Por ello también apareció una legislación sociolaboral que abordaba simultáneamente ambas dimensiones del problema.
Las primeras experiencias de legislación social tuvieron lugar en distintos países europeos y sirvieron de modelo para otros Estados. Entre los casos más importantes destacan Alemania, Francia, Reino Unido y España.
El caso alemán: el Estado social
La principal aportación alemana fue la construcción de la idea de Estado social. Esta concepción otorgaba al Estado un papel central como agente transformador de la sociedad. No debía limitarse a garantizar el orden público, sino intervenir activamente para mejorar las condiciones de vida de la población y reducir los conflictos derivados de la industrialización. Esta teoría sostenía que el Estado podía obtener legitimidad política mediante la mejora del bienestar material de sus ciudadanos. En otras palabras, la población debía percibir que su calidad de vida dependía en gran medida de la pertenencia al Estado.
Esta concepción estaba relacionada con el importante papel que desempeñó el Estado en la construcción de la sociedad alemana contemporánea. La educación pública, la sanidad, las infraestructuras y la mejora de las condiciones de vida se convirtieron en instrumentos para fortalecer la lealtad de los ciudadanos hacia el Estado.
El principal teórico de esta idea fue Lorenz von Stein, quien la formuló hacia 1850. Según su planteamiento, el Estado no debía limitarse a garantizar el orden y la seguridad, sino que también debía intervenir para mejorar las condiciones materiales de la población y evitar los conflictos sociales derivados de la desigualdad.
Algunas décadas después, hacia 1870, esta concepción evolucionó hasta la formulación del llamado Estado social y democrático de derecho. Esta nueva idea añadía un segundo elemento fundamental: la democracia. La legitimidad del Estado ya no debía basarse únicamente en la capacidad de proporcionar bienestar material, sino también en la participación política de los ciudadanos.
Por tanto, el Estado social y democrático de derecho se sustentaba sobre dos pilares fundamentales. El primero era el bienestar material de la población, garantizado mediante políticas sociales. El segundo era la democracia, entendida como la participación de los ciudadanos en la vida política. Fue una idea de Julius Offner. Se trata de una fórmula que ha llegado hasta la actualidad y que aparece expresamente recogida en numerosas constituciones contemporáneas, entre ellas la Constitución española de 1978.
El caso francés: de la caridad a la beneficencia
En Francia la evolución de la legislación social se caracterizó por dos elementos fundamentales: el paso de la caridad a la beneficencia pública y el desarrollo de las sociedades de socorro mutuo.
Tradicionalmente la asistencia a los pobres había dependido de la caridad. La caridad era entendida como un acto voluntario e individual mediante el cual una persona ayudaba directamente a otra que se encontraba en situación de necesidad. Este sistema había estado estrechamente vinculado a la Iglesia y a la acción privada. Este cambio estuvo también relacionado con el proceso de secularización iniciado por la Revolución Francesa. La reducción de la influencia social y asistencial de la Iglesia obligó al Estado a asumir progresivamente funciones de ayuda y protección que hasta entonces habían dependido en gran medida de instituciones religiosas.
Sin embargo, la Revolución Francesa transformó profundamente esta concepción. A partir de entonces comenzó a desarrollarse la idea de que la asistencia a los pobres no debía depender únicamente de la voluntad individual, sino que debía constituir una obligación pública.
Esta nueva visión quedó reflejada en la Constitución de 1793 mediante el reconocimiento del derecho a la asistencia. Según este principio, el Estado tenía la obligación de ayudar a los ciudadanos que carecían de medios suficientes para subsistir.
Como consecuencia de ello, en 1796 se crearon las Oficinas de Beneficencia. En teoría debían existir en cada municipio y contaban tanto con financiación pública como con aportaciones privadas. Su misión consistía en distribuir ayudas y proporcionar asistencia a la población necesitada.
No obstante, estas oficinas mostraron numerosas limitaciones y resultaron insuficientes para hacer frente a las necesidades reales de la población. A esta circunstancia se añadió la reducción de la asistencia proporcionada por la Iglesia como consecuencia del proceso de secularización.
Ante estas dificultades surgieron las sociedades de socorro mutuo. Estas asociaciones estaban formadas generalmente por trabajadores de un mismo oficio que pagaban una cuota periódica. A cambio recibían ayuda económica en caso de enfermedad, accidente o fallecimiento.
Las sociedades de socorro mutuo recuperaban, en cierto modo, el espíritu asistencial de los antiguos gremios. Su finalidad era proteger tanto al trabajador como a su familia frente a situaciones de necesidad.
Su crecimiento fue muy rápido. El paso de la caridad a la beneficencia también estuvo favorecido por la oleada revolucionaria de 1830. Estas revoluciones pusieron de manifiesto el creciente descontento de amplios sectores de la población y aumentaron la preocupación de las élites políticas por las consecuencias sociales de la industrialización. A partir de ese momento se reforzó la idea de que la pobreza no podía dejarse exclusivamente en manos de la caridad privada, sino que requería una intervención más activa de los poderes públicos.
En 1848 existían aproximadamente 2.500 sociedades de este tipo en Francia. Para 1870 la cifra se había triplicado. Se calcula que alrededor del 10 % de la población francesa llegó a estar integrada en alguna de estas asociaciones.
El caso británico: la separación entre pobre y trabajador
El caso británico presenta dos rasgos fundamentales: la diferenciación entre pobres y trabajadores y el desarrollo de la negociación colectiva.
Durante las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del siglo XIX predominó una visión muy particular de la pobreza. Esta era considerada un fenómeno natural e incluso útil para el funcionamiento de la sociedad.
Esta interpretación estaba influida por las teorías de Thomas Malthus. Según sus planteamientos, la población crecía a un ritmo geométrico mientras que la producción de alimentos lo hacía a un ritmo aritmético. Como consecuencia, la humanidad acabaría enfrentándose inevitablemente a problemas de escasez y hambre.
Desde esta perspectiva, la pobreza aparecía como un mecanismo natural de regulación demográfica comparable a las enfermedades o las guerras.
Sin embargo, esta visión comenzó a cambiar a partir de la década de 1830. La Revolución Industrial estaba aumentando notablemente la capacidad productiva de la economía y, además, se produjo una importante movilización política y social.
Entre los factores que impulsaron este cambio destacaron varios elementos. En primer lugar, la presión ejercida por las asociaciones obreras británicas, conocidas como trade unions. En segundo lugar, la ampliación progresiva del sufragio, que permitió a un número cada vez mayor de trabajadores participar en la vida política. Finalmente, también influyó la creciente sensibilidad moral de la sociedad burguesa hacia la cuestión social.
Como resultado de estos cambios se aprobó la Ley de Pobres de 1834. Esta ley estableció una clara diferenciación entre el pobre y el trabajador.
El pobre era definido como aquella persona sin trabajo ni oficio y podía recibir ayudas públicas. Por el contrario, el trabajador, aunque tuviera ingresos muy bajos, no era considerado beneficiario de estas subvenciones.
Los objetivos principales de la ley eran tres. En primer lugar, racionalizar la asistencia pública para que las ayudas llegaran únicamente a quienes realmente las necesitaban. En segundo lugar, evitar que las subvenciones redujeran los salarios o desincentivaran la búsqueda de empleo. En tercer lugar, favorecer que las condiciones laborales fueran negociadas colectivamente entre trabajadores y empresarios.
Precisamente este último aspecto favoreció el desarrollo de las asociaciones obreras británicas, cuya principal misión consistía en negociar salarios y condiciones de trabajo.
El caso español: de la caridad a la beneficencia pública
Al igual que ocurrió en Francia, en España se produjo una evolución desde la caridad tradicional hacia la beneficencia pública.
El liberalismo español del siglo XIX defendía la igualdad jurídica de los ciudadanos y, al mismo tiempo, impulsó procesos de secularización que redujeron el papel asistencial desempeñado tradicionalmente por la Iglesia.
Este cambio quedó reflejado en la Constitución de 1812, que atribuía a los ayuntamientos la responsabilidad de la asistencia social. Sin embargo, dicha asistencia estaba destinada principalmente a los vecinos considerados naturales del municipio.
Estos principios fueron desarrollados por la Ley de Beneficencia de 1822. Según esta norma, los ayuntamientos debían crear juntas de beneficencia encargadas de dirigir distintos establecimientos asistenciales.
Entre ellos destacaban las casas de maternidad, destinadas a atender a mujeres embarazadas y reducir la elevada mortalidad durante el parto. También se crearon las casas de socorro, que funcionaban como centros de atención sanitaria básica para accidentes y enfermedades comunes.
A ello se sumaban los hospitales, que actuaban como instituciones permanentes de atención sanitaria, y la figura del comisario de pobres, un médico encargado de prestar asistencia domiciliaria a las personas necesitadas.
Esta organización constituyó el primer intento de crear una estructura nacional de asistencia social. Sin embargo, el sistema fue reformado mediante la Ley de Beneficencia de 1849 y el reglamento de 1852.
La principal novedad consistió en la centralización administrativa. Parte de las funciones que anteriormente correspondían a los ayuntamientos pasaron a depender de las diputaciones provinciales y del Estado.
El Estado asumió la gestión de los establecimientos permanentes o especializados, especialmente aquellos destinados a enfermedades incurables. Las diputaciones provinciales se encargaron de instituciones como las casas de maternidad y los hospitales provinciales. Finalmente, los ayuntamientos conservaron la administración de las casas de socorro y la asistencia inmediata a los necesitados.
Junto a estas medidas asistenciales aparecieron iniciativas orientadas a facilitar el acceso al crédito. Con este objetivo se crearon instituciones financieras destinadas a conceder pequeños préstamos a las clases medias y populares en condiciones favorables.
Entre ellas destacaron las cajas de ahorro. La primera se fundó en Madrid en 1838 y ofrecía préstamos con intereses reducidos, aproximadamente del 5 %. Su finalidad era evitar que las clases populares recurrieran a formas de financiación que pudieran agravar su situación económica. En apenas veinte años ya existían numerosas cajas de ahorro distribuidas por todo el territorio español.
En conjunto, la legislación social del siglo XIX representó el primer intento sistemático de los Estados europeos por responder a las consecuencias sociales de la industrialización. Aunque sus resultados fueron limitados, sentó las bases de las posteriores políticas de asistencia, previsión social y protección de los trabajadores que caracterizarían al Estado social del siglo XX.
4. La doctrina social de la Iglesia
Las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX contribuyeron a la construcción de los Estados nacionales y al desarrollo de procesos de secularización. Como consecuencia, la Iglesia perdió gran parte de la influencia política, social y cultural que había ejercido durante el Antiguo Régimen. Desde la perspectiva de amplios sectores católicos, parecía que la implantación de los regímenes liberales se estaba realizando en oposición a la Iglesia. Además, el liberalismo, como heredero de la Ilustración, tendía a situar la razón y la ciencia por encima de la fe como fundamentos de la organización social.
Ante esta situación, la Iglesia elaboró una respuesta doctrinal destinada a posicionarse frente a los cambios económicos, políticos y sociales que estaban transformando Europa. En una primera etapa, esta respuesta estuvo representada por los pontificados de Gregorio XVI y, especialmente, de Pío IX.
La figura de Pío IX fue especialmente importante porque estableció la posición oficial de la Iglesia frente al liberalismo mediante la encíclica Quanta Cura (1864), a la que acompañó un apéndice conocido como Syllabus Errorum o