Adolfo Suárez y la Reforma Política: El Camino hacia la Democracia
Tras el fallecimiento de Francisco Franco, Juan Carlos I juró los Principios Fundamentales del Movimiento, pero existía un propósito claro de romper con la situación actual y transitar hacia la democracia. Uno de los primeros pasos significativos fue la formación de un nuevo Gobierno, incorporando a figuras aperturistas y distanciadas del régimen franquista. El presidente inicial, Arias Navarro, propuso un sistema político que excluyera a los partidos, una suerte de democracia otorgada desde las altas esferas que buscaba asegurar la continuidad del franquismo. Sin embargo, esta propuesta carecía de viabilidad ante la contundente oposición ciudadana, lo que forzó su dimisión.
El Ascenso de Adolfo Suárez y la Desmantelación del Franquismo
En julio de 1976, Adolfo Suárez fue designado jefe de Gobierno. En su primera declaración, reconoció las libertades, la existencia de partidos políticos y las autonomías históricas. Anunció una amplia amnistía y la convocatoria de elecciones generales. Suárez se propuso adaptar el sistema político al desarrollo económico y social del país. Su principal logro fue la elaboración de la Ley para la Reforma Política, aprobada como la Octava Ley Fundamental. Esta ley, que desmontó el aparato franquista, fue refrendada por las Cortes franquistas y posteriormente por el pueblo español en referéndum, abriendo la vía reformista hacia la democracia desde la legalidad del propio franquismo.
La Ley para la Reforma Política y sus Implicaciones
La Ley para la Reforma Política estableció el procedimiento para la creación de unas Cortes elegidas mediante sufragio universal y directo. Las elecciones celebradas tras su aprobación resultaron en un triunfo para Adolfo Suárez, quien formó el partido Unión de Centro Democrático (UCD). Una medida crucial fue la promulgación de la ley sobre el derecho de asociación política, que legalizó a todos los partidos democráticos. No obstante, la legalización del Partido Comunista permaneció aplazada, generando una tensión considerable, ya que su exclusión impedía una democracia plena. Santiago Carrillo presionó activamente por su legalización, y Suárez tomó la decisión de legalizarlo en abril de 1977.
La Ley de Amnistía y la Superación del Pasado
La Ley de Amnistía de 1977, aprobada por todos los grupos parlamentarios a excepción de AP, supuso la liberación de todos los presos políticos y la renuncia del Estado a represalias contra funcionarios públicos por delitos cometidos. Este acuerdo entre la oposición y las élites franquistas buscaba superar el pasado y sentar las bases para un periodo de reconciliación nacional. Suárez también abordó la cuestión de las autonomías históricas, contemplando el restablecimiento de las instituciones de la Segunda República como preautonomías.
Los Pactos de la Moncloa y la Estabilidad Económica
A pesar de la crisis económica que afectaba a España, el nuevo Gobierno democrático se enfrentó al desafío de la recuperación. Fue inevitable alcanzar un acuerdo social que se materializó en los Pactos de la Moncloa. Firmados en octubre de 1977 entre el Gobierno, empresarios, sindicatos y partidos políticos, estos pactos buscaban implementar medidas para superar la crisis económica, que se caracterizaba por el aumento del paro y la inflación. Los objetivos incluían la reducción de la inflación, la disminución del desempleo, la ordenación de los convenios colectivos y la contribución a la estabilidad política. Estos pactos son recordados como un ejemplo de responsabilidad y colaboración entre las fuerzas políticas en momentos de dificultad.
La Constitución de 1978: Pilar de la Democracia Española
Adolfo Suárez, nombrado por el Rey, convocó elecciones en junio de 1977, resultando en la victoria de la UCD. Las Cortes elegidas democráticamente fueron las encargadas de elaborar la Constitución de 1978. El texto fue redactado por representantes de los principales partidos políticos, con una comisión de siete miembros encargada de su redacción. La exclusión del PNV provocó que no votara a favor. La Constitución fue aprobada por una amplia mayoría en el Congreso y ratificada por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978.
Características Fundamentales de la Constitución de 1978
- Estado democrático y social de derecho: España se define como un Estado que propugna la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
- Monarquía Parlamentaria: La forma de Estado es la monarquía parlamentaria.
- Soberanía Nacional: La soberanía reside en el pueblo español, del cual emanan todos los poderes.
- Derechos y Libertades: Incluye una amplia declaración de derechos y libertades, estableciendo la mayoría de edad a los 18 años, el derecho a la vida, y los derechos de reunión, asociación, huelga, sindicación, y libertad ideológica, religiosa y de culto.
- Estado Social: Se plasma en los principios que rigen la política económica y social del Estado.
- División de Poderes: El Poder Ejecutivo reside en el Gobierno; el Legislativo está formado por el Congreso de los Diputados y el Senado, elegidos por sufragio universal; y el Judicial recae en jueces y magistrados independientes.
- Estado Aconfesional: Insta a la cooperación con la Iglesia Católica.
- Reconocimiento de Autonomías: Se reconocen las comunidades históricas de España con un amplio margen de autonomía.
El Estado de las Autonomías
El Estado de las Autonomías se establece como norma institucional básica de las comunidades autónomas. Reconocido en el artículo 147 de la Constitución Española de 1978, su aprobación se realiza mediante ley orgánica. En él se detallan la denominación de la comunidad autónoma, su delimitación territorial, la organización y sede de sus instituciones, las competencias asumidas y los principios del régimen lingüístico.
La Constitución de 1978 fue el resultado de un amplio consenso entre fuerzas políticas de diversas ideologías, incluyendo UCD, PSOE, AP y PCE-PSUC, así como la minoría catalana, reflejando un espíritu de pacto y colaboración para la construcción de la nueva España democrática.