El Bienio Radical-Cedista (1933-1936)
La obra del Bienio Reformista provocó una fuerte oposición tanto en la izquierda como en la derecha. Los anarquistas de la CNT (FAI) pretendían establecer el comunismo libertario, protagonizando huelgas y alteraciones del orden público. El gobierno reaccionó con la Ley de Defensa de la República, que permitía suspender las garantías constitucionales y que fue utilizada en los sucesos de Castilblanco y Arnedo, donde se produjeron graves enfrentamientos entre campesinos y la Guardia Civil.
En enero de 1932 se levantaron los mineros de la cuenca del Llobregat. En agosto de 1932, el general Sanjurjo intentó un golpe de Estado, la Sanjurjada, que fracasó; Sanjurjo fue condenado a muerte, pero la pena se conmutó por cadena perpetua. En enero de 1933 tuvieron lugar los sucesos de Casas Viejas: la Guardia Civil y la Guardia de Asalto se enfrentaron a los campesinos y mataron a ocho de ellos en la lucha, y otros doce fueron fusilados extrajudicialmente una vez sofocado el levantamiento. Gil Robles y la CEDA aprovecharon los acontecimientos para acosar al gobierno de Manuel Azaña, y el Partido Socialista debatió la continuidad o no en el gobierno (Largo Caballero).
Como se puede ver, el gobierno republicano-socialista tenía que abordar la solución de problemas seculares con escasos medios y con los obstáculos que ponían aquellos sectores cuyos privilegios seculares se veían amenazados; por otro lado, tenían que enfrentarse a las «prisas» de sus partidarios, influenciados por la CNT, que llevaban esperando demasiado tiempo como para ver frustradas sus esperanzas por la lenta burocracia. Todo esto, concretado en conspiraciones derechistas y en conflictos sociales en los que estaba presente la izquierda sindical (sobre todo la CNT), fue deteriorando al Gobierno y en septiembre de 1933 Azaña dimitió como jefe de gobierno, y el presidente Alcalá Zamora convocó nuevas elecciones generales.
Las elecciones de noviembre de 1933 supusieron un claro triunfo de los partidos de centro y derecha (Partido Radical y CEDA). El presidente nombró jefe de gobierno al líder del Partido Radical, Alejandro Lerroux, que contaba con el apoyo en las Cortes de la CEDA.
Programa «Rectificador» del Gobierno Radical-Cedista
Este nuevo gobierno se planteó un programa «rectificador», ya que, en opinión de quienes gobernaban, era necesario reconducir la República reparando los excesos del bienio anterior:
- Se aprobó una Ley de Amnistía de la que se beneficiaron todos los implicados en la sublevación de Sanjurjo contra la República en 1932.
- Se impidió la aplicación de la ley sobre congregaciones religiosas que prohibía a estas impartir enseñanza, por lo que los colegios católicos siguieron funcionando con normalidad.
- También se adoptaron otras medidas a favor de la Iglesia, como el restablecimiento parcial del pago del sueldo a los sacerdotes por parte del Estado.
- Se emprendió lo que algunos historiadores califican como «contrarreforma agraria»; es decir, medidas para limitar la aplicación de la reforma agraria o, en algunos aspectos, para restablecer la situación anterior a la misma.
- Se presentó un proyecto de reforma constitucional (1935) cuyo contenido modificaba aquellas cuestiones que más rechazo habían provocado entre las capas más conservadoras de la sociedad, en especial las referidas a temas como la religión, la enseñanza, el matrimonio civil, las autonomías y la propiedad privada. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos posteriores impidió que se pudieran cumplir los trámites necesarios para culminar esta reforma, que habría supuesto un giro radical en el espíritu y la orientación de la Constitución de 1931.
Todo esto fue acentuando la oposición de la izquierda, que se hizo más virulenta cuando Lerroux nombró tres ministros de la CEDA, a cuyo líder, Gil-Robles, se acusaba de intentar instaurar en España un régimen fascista como los existentes en ese momento en Italia y Alemania. Esta oposición culminó en el movimiento revolucionario de octubre de 1934 en Cataluña, dirigido por los catalanistas, y en Asturias, donde por unos días se produjo una auténtica revolución social encabezada por UGT y CNT, así como por los partidos de izquierda.
El Frente Popular: Formación y Actuaciones (1936)
Causas de la Formación del Frente Popular
La Revolución de Octubre provocó una fuerte polarización política y una radicalización de posiciones, tanto de la izquierda como de la derecha.
La izquierda, tras la represión que siguió a la Revolución de Octubre, impulsó una concentración de fuerzas que desembocó en la creación del Frente Popular. También contribuyó a ello el avance del fascismo en Europa y la recomendación de la Internacional Comunista de frenarlo mediante la formación de frentes antifascistas integrados por todas las fuerzas de centro e izquierdas.
Las tensiones existentes dentro del gobierno Radical-Cedista y el escándalo de corrupción del «estraperlo» produjeron la convocatoria de las elecciones de febrero de 1936. Tras la experiencia del Bienio Conservador, la izquierda vio la necesidad de unirse contra la reacción de derechas. En consecuencia, siguiendo una corriente que ya se había establecido en Francia, se formó en España el «Frente Popular», coalición de partidos de centro y de izquierda cuyo objetivo esencial era frenar el auge que estaban alcanzando en Europa los regímenes fascistas. En España, el pacto entre republicanos, socialistas y comunistas tenía como objetivos la amnistía para los dirigentes populares encarcelados por el gobierno derechista durante la Revolución de Asturias, el restablecimiento total de la Constitución y de aquellas medidas de gobierno tomadas en los dos primeros años y luego derogadas por Lerroux.
En consecuencia, se configuró el Frente Popular, que agrupaba a toda la izquierda: desde los republicanos de Azaña hasta los comunistas, con el apoyo incluso de los anarquistas de la CNT.
Primeras Actuaciones del Frente Popular
Las candidaturas del Frente Popular triunfaron en las elecciones y el presidente Alcalá Zamora encargó a Azaña la formación de gobierno.
Tras la victoria en las urnas del Frente Popular y tan solo cuatro días después de la formación del gobierno, se decretó la amnistía para todos los represaliados de la Revolución de 1934, aunque las multitudes de las grandes ciudades ya los habían liberado de las cárceles nada más conocer el triunfo electoral. También se decretó el reingreso a sus puestos de trabajo.
La siguiente medida fue la restauración plena del Estatuto de Autonomía para Cataluña, suspendido tras la Revolución de Octubre y solo parcialmente restablecido después. Companys, tras su liberación, volvió a ocupar la presidencia de la Generalitat.
Se retomó también, pero con verdadero ímpetu, la expropiación y adjudicación de tierras a los campesinos, al amparo de la reforma agraria de 1932: entre marzo y julio de 1936 se expropió y repartió casi cinco veces más superficie de tierras que entre 1932 y 1934.
Por último, el Congreso destituyó al presidente de la República, el conservador moderado Alcalá Zamora, y fue elegido para el cargo Manuel Azaña, quien, en consecuencia, mandó formar nuevo gobierno con Casares Quiroga como jefe de gobierno que, ante la nueva negativa de los socialistas a participar en él, estuvo compuesto por segunda vez solo por republicanos.
Desde el triunfo del Frente Popular, el gobierno tuvo que enfrentarse a una fuerte agudización de las tensiones sociales, tanto por la urgencia que imponían los sindicatos como por la resistencia y el boicot de los sectores derechistas.
Un grupo de generales, con la adhesión de grupos de la derecha (Falange, monárquicos, carlistas…), preparaba un alzamiento militar. Su objetivo era establecer un régimen autoritario bajo el gobierno de una Junta Militar presidida por el general Sanjurjo, entonces exiliado en Portugal. La organización del alzamiento estaba a cargo del general Mola (el Director) y contaba con el apoyo financiero de Juan March y de contactos extranjeros.
El primer gobierno del Frente Popular, consciente de esta amenaza, realizó importantes cambios en el ejército y trasladó a algunos altos mandos sospechosos para disminuir su capacidad de actuación. Entre otros, Franco fue cesado como jefe del Estado Mayor y trasladado a Canarias, y Mola fue trasladado de Marruecos a Pamplona. Pero estas medidas no sirvieron para frenar la rebelión militar, cuyos preparativos estaban listos a finales de junio.
El pretexto lo proporcionó el asesinato de Calvo Sotelo (diputado de Renovación Española, partido monárquico y ultraderechista) el 13 de julio a manos de un grupo de Guardias de Asalto, que actuó en represalia por el asesinato el día anterior de su compañero el teniente Del Castillo, simpatizante socialista tiroteado por un grupo de pistoleros de extrema derecha.
La Autarquía Económica (1939-1959)
La economía española de los años cuarenta y cincuenta estuvo condicionada tanto por la situación interior como por las circunstancias exteriores: la larga Guerra Civil había dejado al país en una situación ruinosa, el estallido de la Segunda Guerra Mundial privó a España de la posibilidad de abastecerse de sus necesidades en el exterior y el bloqueo internacional a que fue sometida España tras la contienda mundial prolongó la situación de aislamiento económico.
En consecuencia, la política económica se basó en la autarquía, inspirada en el fascismo italiano, impuesta tanto por la necesidad de autoabastecerse como por la decisión política del régimen, para mantener la independencia del país ante el rechazo internacional a la dictadura filofascista.
El objetivo inmediato era una rápida industrialización del país, dirigida por un rígido intervencionismo del Estado en todos los ámbitos de la economía. Pero la producción industrial apenas aumentó en la década de los cuarenta, la producción agraria resultó insuficiente para alimentar a la población y hubo que establecer un sistema de racionamiento de alimentos que duraría hasta 1952, y la renta per cápita no recuperó los niveles de antes de la guerra hasta la década de los cincuenta. Una consecuencia inmediata de ello fue la corrupción de las personas encargadas del control; es el llamado «estraperlo» o mercado negro, que permitió el enriquecimiento de algunos a costa del hambre de la mayoría.
Otra faceta del intervencionismo estatal es la creación del INI en 1941, copiado del fascista IRI, que intentaba compensar el escaso impulso de las empresas privadas con la creación de empresas públicas en sectores que se consideraban de interés nacional: siderurgia (ENSIDESA), energía (ENDESA), construcción naval (BAZAN), comunicaciones (IBERIA), transporte (SEAT, RENFE).
Pese a todo ello, la situación durante la década de los 40 no experimentó mejoras apreciables. Solo a partir del cambio en las relaciones internacionales, y más concretamente de los acuerdos con EE. UU., se empezó a apreciar alguna mejoría; fue aflojándose la política autárquica y flexibilizándose las medidas proteccionistas: en 1952 se suprimió el racionamiento y se estableció la libertad de precios y de circulación para toda clase de productos alimenticios. Poco a poco fue creciendo la actividad industrial y se inició el proceso migratorio hacia las grandes ciudades, principalmente a Madrid y Barcelona.
El Plan de Estabilización de 1959
A lo largo de los años 50, el panorama económico fue cambiando poco a poco. La autarquía fue un fracaso y la economía entró en crisis, y el Estado estaba prácticamente en bancarrota, lo que forzó a Franco a cambiar el rumbo de la política económica para la supervivencia del sistema. En 1957, entraron en el gobierno los tecnócratas miembros del Opus Dei (Ullastres, de Comercio, y Navarro Rubio, de Hacienda), al tiempo que perdieron peso los elementos más duros ligados a Falange.
Rápidamente comenzaron las medidas liberalizadoras de la economía que se concretaron en el llamado Plan de Estabilización, puesto en marcha en 1959 y pactado con el FMI (Fondo Monetario Internacional). Este plan pretendía acabar con la autarquía y abrir la economía española al exterior.
Para ello se pusieron en funcionamiento varias medidas, de entre las que destacan:
- La devaluación de la peseta para hacer más atractivas las inversiones extranjeras (un dólar: 60 pesetas).
- El levantamiento de las barreras arancelarias.
- La aceptación de inversiones de capital extranjero.
Los resultados inmediatos fueron traumáticos: disminución de los salarios reales, quiebra de empresas no rentables, aumento del paro que aceleró la emigración a Europa, etc.
También tuvo efectos positivos: estabilizó los precios, frenó la inflación y aumentó la disponibilidad de capitales procedentes de la inversión extranjera, de las remesas de capital enviadas por los emigrantes y del turismo.