Evolución de la jerarquía normativa: El caso «Martín y Cía. Ltda. S.A.»
En el caso «Martín y Cía. Ltda. S.A. c/ Administración General de Puertos» (1963), la Corte Suprema de Justicia de la Nación debió resolver un conflicto entre un tratado internacional celebrado entre Argentina y Brasil y una norma interna posterior que regulaba derechos portuarios. La cuestión central consistía en determinar qué norma debía prevalecer cuando una ley o decreto-ley posterior contradecía un tratado internacional vigente.
La Corte sostuvo que los tratados internacionales y las leyes nacionales poseían la misma jerarquía dentro del ordenamiento jurídico argentino, ya que la Constitución Nacional no establecía una superioridad de los tratados sobre las leyes. En consecuencia, consideró aplicable el principio según el cual la norma posterior deroga a la anterior cuando ambas son incompatibles.
Sobre esa base, concluyó que el decreto-ley 6575/58, por ser posterior al tratado celebrado con Brasil, podía modificarlo en el ámbito interno y debía aplicarse al caso. Por ello, rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado contra dicha norma.
La importancia de este fallo radica en que consagró la doctrina de la igualdad jerárquica entre tratados y leyes. Este criterio fue posteriormente abandonado por la Corte en el fallo Ekmekdjian c/ Sofovich y quedó definitivamente superado con la reforma constitucional de 1994, que reconoció a los tratados una jerarquía superior a las leyes nacionales.
La Resolución 2065 (XX) de la ONU y la disputa de soberanía
La Resolución 2065 (XX), adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1965, es un instrumento fundamental porque reconoce expresamente que el caso de las Islas Malvinas se encuadra como una situación colonial que debe ser resuelta bajo los lineamientos de la Resolución 1514 (XV). El aspecto más trascendente de esta resolución es que toma nota formalmente de la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, invitando a ambos gobiernos a proseguir sin demora las negociaciones para encontrar una solución pacífica al problema.
Al cuestionar la presencia británica y reconocer la controversia, la ONU impide que Gran Bretaña modifique el estatus colonial de las islas de manera unilateral o que aplique de forma ortodoxa e indiscriminada el principio de libre determinación. Para ello, la Resolución 2065 establece una pauta crucial: las negociaciones deben tener debidamente en cuenta los «intereses» de la población de las Islas Malvinas, y no sus «deseos». Esta distinción representó un gran triunfo diplomático para la Argentina, ya que la postura británica pretendía que el conflicto se solucionara basándose en los deseos (la autodeterminación) de los isleños.
Antecedentes históricos y fundamentos del reclamo argentino
El conflicto por las Islas Malvinas tiene sus raíces en el proceso de expansión colonial europea. Entre los antecedentes más relevantes se encuentran el Tratado de Tordesillas y la bula papal, que establecieron criterios de reparto territorial entre España y Portugal. Estos mecanismos reflejan una concepción histórica de la soberanía basada en acuerdos entre potencias europeas.
Argentina sostiene que heredó los derechos de soberanía de España tras su independencia, en virtud del principio de sucesión de Estados. Esta posición se refuerza con actos posteriores, como la toma de posesión formal en 1829, que es invocada como un elemento de consolidación de su reclamo territorial.
La posición argentina frente a la autodeterminación de los kelpers
1. La ocupación británica de 1833
Argentina sostiene que en 1833 el Reino Unido ocupó las Islas Malvinas mediante un acto de fuerza, expulsó a las autoridades argentinas y tomó posesión del territorio. Desde entonces, Argentina nunca dejó de reclamar sus derechos de soberanía, considerando que la situación actual tiene origen en una ocupación ilegítima.
2. Los kelpers como población implantada
Según la posición argentina, los habitantes actuales de las islas no constituyen un pueblo colonizado con derecho a la libre determinación. Se trata de una población implantada por la potencia ocupante después de 1833, por lo que no serían titulares del derecho de autodeterminación reconocido por la ONU para los pueblos sometidos a dominación colonial.
3. La imposibilidad de legitimar una situación ilícita
Argentina argumenta que permitir que los kelpers decidan la soberanía de las islas equivaldría a legitimar una ocupación obtenida mediante la fuerza. En consecuencia, el principio de libre determinación no puede utilizarse para transformar una ocupación ilegítima en un título válido de soberanía.
4. La prevalencia de la integridad territorial
La postura argentina sostiene que debe prevalecer el principio de integridad territorial reconocido por la Resolución 1514. Por ello, la cuestión Malvinas no debe resolverse mediante un referéndum de los isleños, sino a través de negociaciones bilaterales entre Argentina y el Reino Unido.