1.1. El Paleolítico y el Neolítico
En el Paleolítico habitaron la Península Ibérica homínidos como Homo antecessor, Homo erectus, Homo neanderthalensis y Homo sapiens, que vivían en pequeños grupos nómadas en cuevas o refugios, con relaciones familiares sin diferenciación social, dedicados a la caza y recolección, utilizando herramientas de piedra y hueso y desarrollando el lenguaje. Con Homo sapiens surge el arte parietal y mueble, destacando la pintura rupestre cantábrica en cuevas como Altamira, caracterizada por animales grandes, naturalismo, polícromía y posible función ritual.
En el Neolítico se produce la transición a una economía productora con agricultura y ganadería, utensilios de piedra pulimentada, cerámica y telar; la población aumenta y se sedentariza, surgen excedentes, división del trabajo y diferenciación social con jefes, sacerdotes, guerreros y artesanos. Destacan las culturas de los Sepulcros de Fosa en Cataluña y la Cerámica Cardial en Levante, y la pintura levantina representa escenas de caza, luchas, danzas y recolección de alimentos de forma esquemática y monocroma.
1.2. Los pueblos prerromanos y las colonizaciones del Mediterráneo
Entre las invasiones indoeuropeas y la llegada de Roma se desarrolla la Protohistoria. Tartessos, en el suroeste, fue una civilización con reyes, agricultura, comercio, navegación, minería, metalurgia y escritura, que entró en decadencia por la presión cartaginesa. Los celtas se asentaron en el norte, centro y oeste; practicaban agricultura y ganadería, vivían en castros y realizaron arte como torques y verracos; en contacto con los íberos surgieron los celtíberos.
Los íberos en el sur y Levante tuvieron estados organizados, comercio, agricultura, metalurgia y moneda propia, realizaron ritos funerarios y destacaron artísticamente con la Dama de Elche y la Bicha de Balazote. Los fenicios fundaron enclaves comerciales como Gadir, introdujeron la escritura alfabética y el torno de alfarero; los griegos establecieron colonias en la costa este, introdujeron vid, olivo, moneda y arado; y los cartagineses controlaron factorías y establecieron enclaves militares como Cartago Nova, dejando influencia cultural pero ejerciendo una política hostil que condujo al enfrentamiento con Roma.
5.3. El Sexenio Revolucionario: Constitución de 1869, Amadeo de Saboya y Primera República
El Sexenio Revolucionario (1868-1874) comenzó con la Revolución Gloriosa, que provocó el exilio de Isabel II. Las causas fueron la exclusión política, la crisis económica, la expansión de ideas democráticas y el Pacto de Ostende entre progresistas y demócratas, al que se unió la Unión Liberal.
Tras el triunfo de la revolución se formó un Gobierno Provisional presidido por Serrano, que restableció las libertades, aprobó reformas económicas y convocó Cortes constituyentes por sufragio universal masculino. Estas elaboraron la Constitución de 1869, la más democrática del siglo XIX, que establecía la soberanía nacional, amplios derechos individuales, la aconfesionalidad del Estado, la democracia municipal y una monarquía parlamentaria.
Serrano fue nombrado regente y Juan Prim presidente del gobierno. Uno de los principales retos fue encontrar un rey que aceptara el nuevo régimen. Finalmente se eligió a Amadeo de Saboya. Sin embargo, el asesinato de Prim dejó al nuevo rey sin apoyos sólidos.
El reinado de Amadeo I (1871-1873) fracasó debido a la división política, la oposición de carlistas, alfonsinos y republicanos, el inicio de la Tercera Guerra Carlista, la guerra de Cuba, la conflictividad obrera y el rechazo social y eclesiástico. Ante esta situación, Amadeo abdicó en febrero de 1873.
Ese mismo día se proclamó la Primera República. Fue un régimen muy inestable, con escaso apoyo político y numerosas dificultades: división entre republicanos federales y unitarios, guerras abiertas, movimiento cantonalista y fuertes expectativas sociales. Se sucedieron cuatro presidentes: Figueras, Pi i Margall, Salmerón y Castelar.
El golpe de Estado del general Pavía en enero de 1874 puso fin a la República parlamentaria. Se instauró una República autoritaria presidida por Serrano. Finalmente, el pronunciamiento de Sagunto de Martínez Campos en diciembre de 1874 restauró la monarquía con Alfonso XII, iniciando la Restauración borbónica.
6.1. El sistema canovista: la Constitución de 1876, el turno de partidos y la oposición al sistema
El sistema político de la Restauración se instauró tras el fracaso del Sexenio Democrático. En enero de 1874, el golpe de Estado de Pavía puso fin a la I República, dando paso a una república dictatorial presidida por Serrano. En diciembre, Alfonso de Borbón firmó el Manifiesto de Sandhurst, redactado por Cánovas del Castillo, proponiendo una monarquía liberal y constitucional basada en derechos individuales, estabilidad social y ausencia de pronunciamientos militares. Sin embargo, Martínez Campos se adelantó con el pronunciamiento de Sagunto, proclamando rey a Alfonso XII e iniciando la Restauración.
La Restauración se desarrolló en tres etapas: reinado de Alfonso XII (1874-1885), regencia de María Cristina (1885-1902) y reinado de Alfonso XIII (1902-1931). El régimen se apoyó en cuatro pilares: rey, Cortes, Constitución y turnismo.
La Constitución de 1876 fue conservadora pero de consenso. Aunque las primeras elecciones se celebraron con sufragio universal masculino, fueron manipuladas mediante fraude electoral. La Constitución evitó los aspectos más conflictivos, que se desarrollaron con leyes orgánicas, y reconocía derechos cuya aplicación quedaba en manos de leyes ordinarias. Establecía soberanía compartida entre rey y Cortes, otorgando amplios poderes al monarca, y Cortes bicamerales: Congreso y Senado controlado por la oligarquía. Cánovas impuso el sufragio censitario, sustituido por el universal masculino en 1890. La Constitución declaraba la confesionalidad católica del Estado y reforzaba el centralismo sobre ayuntamientos y diputaciones.
El sistema político se basó en el turno de partidos, inspirado en el modelo británico, pero excluyendo oposición y masas. Los partidos dinásticos eran el Conservador, liderado por Cánovas, y el Liberal, dirigido por Sagasta. La alternancia se aseguraba mediante fraude electoral, encasillado, pucherazo y caciquismo, convirtiendo el régimen en un sistema oligárquico sin reflejo de la voluntad popular.
Entre 1874 y 1885, Cánovas gobernó y puso fin a la Tercera Guerra Carlista y a la Guerra de Cuba, aprobó un arancel proteccionista, suprimió libertades y restableció el Concordato. Tras la muerte de Alfonso XII, Cánovas y Sagasta firmaron el Pacto de El Pardo para garantizar estabilidad. Sagasta gobernó entre 1885 y 1890, promoviendo reformas como ampliación de libertades, abolición de la esclavitud en Cuba y sufragio universal masculino. Posteriormente, Cánovas reforzó centralismo y proteccionismo hasta su asesinato en 1897; Sagasta gobernó hasta 1902.
La oposición al sistema estuvo fragmentada. Los carlistas defendían el absolutismo tradicionalista y se debatieron entre rechazo e integración política. Los republicanos promovían radicalismo democrático, laicismo y reformas sociales. Surgieron nacionalismos y regionalismos como reacción al centralismo, destacando el catalanismo (Centre Català, Bases de Manresa y Lliga Regionalista), el nacionalismo vasco de Sabino Arana y el regionalismo gallego de Alfredo Brañas y Manuel Murguía. El movimiento obrero se dividió entre anarquismo y socialismo marxista, organizado en torno al PSOE y la UGT, siendo una fuerza política y sindical importante hacia el cambio social.
6.2. Las guerras de Cuba, el conflicto con Estados Unidos y la crisis de 1898
A finales del siglo XIX, el imperio colonial español se reducía a Cuba, Puerto Rico, Filipinas y varios archipiélagos del Pacífico. En 1898 España perdió definitivamente estas posesiones. Las principales causas fueron la tardía adopción de reformas, la ausencia de aliados internacionales y el apoyo de Estados Unidos a los movimientos independentistas. Aunque al inicio las guerras contaron con el respaldo de la opinión pública, este apoyo fue disminuyendo debido al elevado coste humano y al injusto sistema de quintas.
Cuba era fundamental para la economía española por sus productos tropicales y por ser un mercado exclusivo para el cereal castellano y el textil catalán. El descontento cubano por la esclavitud, el centralismo y el monopolio comercial provocó varias rebeliones. La Guerra Larga (1868-1878), liderada por Carlos Manuel de Céspedes, terminó con la Paz de Zanjón, que prometía autonomía y la abolición de la esclavitud. El incumplimiento de estos acuerdos provocó la Guerra Chiquita (1879-1880), tras la cual se aprobó la abolición de la esclavitud. En Cuba coexistían la Unión Constitucional, el Partido Liberal de Cuba y el Partido Revolucionario Cubano, fundado por José Martí.
En febrero de 1895 estalló una nueva insurrección con el Grito de Baire y el Manifiesto de Montecristi, apoyada por Estados Unidos. Las causas fueron el fracaso del proyecto autonomista y el rechazo a la libertad comercial, reforzado por el arancel de 1891. La guerra se desarrolló mediante tácticas de guerrilla y pasó por tres fases: negociación con Martínez Campos, represión con el general Weyler mediante trochas y reconcentraciones, e intento autonomista bajo el gobierno de Sagasta, que llegó demasiado tarde.
Estados Unidos intervino por motivos económicos y geoestratégicos. El hundimiento del acorazado Maine en febrero de 1898 sirvió de pretexto para la declaración de guerra. El conflicto fue breve y desigual, con derrotas españolas en Santiago de Cuba y Cavite. La guerra terminó con el Tratado de París de 1898, por el que España reconocía la independencia de Cuba y cedía Filipinas, Puerto Rico y Guam a Estados Unidos. En 1899, España vendió el resto de sus posesiones del Pacífico a Alemania.
El Desastre del 98 tuvo importantes consecuencias. Demográficamente, murieron entre 50.000 y 60.000 soldados, lo que provocó protestas contra el sistema de quintas. Económicamente, se perdieron materias primas baratas, se reforzó el proteccionismo y la repatriación de capitales permitió la creación de bancos y el desarrollo de la siderurgia vasca. Políticamente, se produjo el desgaste de los partidos turnistas y del ejército, la pérdida de peso internacional y el impulso de los nacionalismos periféricos. Ideológicamente, el desastre generó el antiamericanismo, la crisis de conciencia nacional expresada por la Generación del 98 y el regeneracionismo de Joaquín Costa, que denunció la oligarquía y el caciquismo bajo el lema “Despensa y escuela”.
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TEMA 7
7.1. La evolución de la población y de las ciudades. De la sociedad estamental a la sociedad de clases
A lo largo del siglo XIX, España experimentó importantes transformaciones demográficas, urbanas y sociales, aunque de manera más lenta y desigual que otros países europeos. En cuanto a la evolución de la población, se produjo un crecimiento demográfico, especialmente en el último tercio del siglo, pero este fue más débil que el del resto de Europa. La causa principal fue que España no superó el régimen demográfico antiguo, caracterizado por una alta natalidad —debida a una sociedad tradicional, la influencia de la religión, los matrimonios tempranos y la consideración de los hijos como mano de obra— y una mortalidad muy elevada, la más alta de Europa. Esta mortalidad se explica por las guerras, las malas condiciones higiénico-sanitarias, la escasez alimentaria, las epidemias (como el cólera o la fiebre amarilla), las enfermedades endémicas y una altísima mortalidad infantil. Como consecuencia, la esperanza de vida apenas alcanzaba los 35 años a finales del siglo.
La población se distribuyó de forma desigual. El crecimiento fue mayor en las zonas industrializadas, como Cataluña y el País Vasco, y en Madrid, mientras que el interior peninsular tendió al despoblamiento en favor de la costa. Se inició un tímido éxodo rural, todavía limitado, que provocó el crecimiento de las ciudades e importantes cambios urbanísticos. Destacan los ensanches racionales, como el Plan Castro en Madrid (1860) o el Plan Cerdá en Barcelona, frente a unos cascos históricos degradados y unas periferias mal planificadas. Aunque se mejoraron infraestructuras básicas (alcantarillado, alumbrado, pavimentación, abastecimiento de agua y tranvías), España siguió siendo un país mayoritariamente rural: solo el 35 % de la población vivía en ciudades de más de 10.000 habitantes, y únicamente Madrid y Barcelona superaban los 500.000 habitantes.
Las duras condiciones de vida impulsaron también la emigración exterior, protagonizada por unos 1,4 millones de españoles, principalmente hacia Iberoamérica (Cuba y Argentina) y, en menor medida, a Francia y Argelia. La emigración fue clandestina hasta 1853 y reconocida como derecho constitucional en 1869.
Paralelamente, durante el siglo XIX se culminó el paso de la sociedad estamental del Antiguo Régimen a una sociedad de clases, propia del Estado liberal. La sociedad de clases se caracterizaba por la igualdad ante la ley, la desaparición de los privilegios jurídicos, económicos y políticos de nobleza y clero, y la posibilidad de movilidad social, basada en la riqueza y el mérito y no en el nacimiento.
La clase alta, minoritaria pero dominante, estaba formada por la aristocracia tradicional y la alta burguesía, que acumulaba poder económico y político. Sin embargo, muchos burgueses invirtieron en tierras y se convirtieron en rentistas, lo que frenó el dinamismo económico. También formaban parte de esta élite los altos cargos del clero y del ejército, este último con un papel político muy relevante.
La clase media creció, aunque menos que en otros países europeos. Incluía a profesionales liberales, funcionarios, comerciantes, artesanos y militares de rango medio, así como una clase media rural en algunas regiones del norte.
Las clases populares constituían aproximadamente dos tercios de la población y sufrían condiciones de vida muy duras: bajos salarios, largas jornadas, paro estacional y ausencia total de protección social. En el campo predominaban los jornaleros, cuyo número aumentó tras las desamortizaciones, y en las ciudades surgió el proletariado industrial, especialmente en focos como Barcelona. Aunque el nuevo marco legal permitía la movilidad social, la falta de tierras, capital y educación hizo que el ascenso social fuera muy difícil.
7.2. Desamortizaciones. La España rural del siglo XIX. Industrialización, comercio y comunicaciones
El siglo XIX español estuvo marcado por un notable retraso económico, lo que llevó a los gobiernos liberales a impulsar profundas reformas. Entre ellas destacaron las desamortizaciones, cuyo objetivo era modernizar la economía, eliminar las “manos muertas” (tierras improductivas en manos de la Iglesia, la nobleza y los municipios) y obtener recursos para la Hacienda pública y para financiar guerras como la Primera Guerra Carlista. El proceso consistió en la expropiación y venta en subasta pública de estas tierras, que llegaron a afectar a cerca del 40 % de la tierra cultivable.
Las principales desamortizaciones fueron la de Mendizábal (1836-1837), que afectó al clero regular; la ampliación de Espartero en 1841, que incluyó al clero secular; y la de Madoz (1855), una desamortización civil que puso en venta los bienes comunales de los municipios para financiar el ferrocarril. Sin embargo, sus resultados fueron limitados: no se solucionó la deuda del Estado, la productividad agraria apenas aumentó y la tierra pasó a manos de la burguesía y la antigua nobleza, reforzando la concentración de la propiedad y generando un conflicto permanente con la Iglesia.
La España rural siguió dominada por una agricultura poco productiva. El 65 % de la población trabajaba en el sector primario, con escasas inversiones tecnológicas y una clara falta de propietarios. La subasta de tierras en grandes lotes impidió el acceso de pequeños campesinos, que se convirtieron en arrendatarios o jornaleros. A pesar del crecimiento demográfico, fue necesario importar cereales, y las malas condiciones de vida impulsaron un incipiente éxodo rural.
La industrialización española fue tardía, débil y muy desigual. Entre las causas de este retraso destacan la inestabilidad política, la escasez demográfica, la falta de espíritu emprendedor de la burguesía, la pérdida de las colonias, la deuda estatal, la escasez de materias primas, las carencias tecnológicas y un fuerte proteccionismo. La industria se concentró en Cataluña (textil), Asturias y País Vasco (siderurgia y minería), impulsada esta última por la Ley de Minas de 1868, que liberalizó el sector.
El desarrollo industrial estuvo condicionado por las comunicaciones, especialmente el ferrocarril, impulsado por la Ley de Ferrocarriles de 1855, que permitió inversiones extranjeras y subvenciones públicas. Aunque fue clave para el mercado nacional, no impulsó la siderurgia española debido a la importación de material extranjero. Tras un boom entre 1855 y 1865, llegó la crisis de 1866. También se desarrollaron carreteras y puertos como los de Barcelona y Bilbao.
En el comercio, predominó el proteccionismo, aunque con etapas librecambistas. Destacan el Arancel de 1826 (máximo proteccionismo), el Arancel Figuerola de 1869 (máximo librecambismo) y el retorno al proteccionismo en la Restauración con Cánovas. El sistema financiero se modernizó con las leyes del Bienio Progresista, la creación del Banco de España y la expansión bancaria hasta la crisis de 1866, consolidándose en 1874 el monopolio de emisión de moneda.
En conjunto, estas reformas pusieron fin al sistema feudal y sentaron las bases del capitalismo, aunque de forma incompleta, dejando a España como un país mayoritariamente agrario y con profundos desequilibrios regionales al inicio del siglo XX.
8.1. La crisis de la Restauración: intentos regeneradores y oposición al régimen
Alfonso XIII accedió al trono en 1902, con solo 16 años, iniciándose una etapa marcada por la crisis del sistema político de la Restauración. Aunque se mantuvo formalmente el sistema canovista basado en la Constitución de 1876 y el turno pacífico de partidos, este fue debilitándose progresivamente hasta su colapso.
El turnismo entró en crisis tras la desaparición de sus líderes históricos, Cánovas y Sagasta, lo que provocó divisiones internas, luchas por el liderazgo y una creciente inestabilidad gubernamental. Al mismo tiempo, creció la oposición al régimen, formada por republicanos, socialistas, anarquistas, nacionalistas y carlistas, que el sistema era incapaz de integrar. Persistieron el caciquismo y el fraude electoral, lo que desprestigió aún más el régimen. A ello se sumaron la conflictividad social, las derrotas del Ejército en Marruecos y la creciente intervención del rey y de los militares en la política.
Un ejemplo claro fue el incidente del Cu-Cut! (1905), cuando militares asaltaron una revista satírica catalana por una caricatura del Ejército. El gobierno cedió ante los militares y aprobó la Ley de Jurisdicciones (1906), que otorgaba a los tribunales militares competencia sobre los delitos contra la patria y el Ejército, evidenciando la debilidad del poder civil.
Tras el desastre de 1898 surgieron intentos regeneradores desde los propios partidos dinásticos, con el objetivo de reformar el sistema desde arriba para evitar una revolución social. En el ámbito conservador destacó Antonio Maura, cuyo proyecto, conocido como maurismo, defendía una “revolución desde arriba”. Promovió la Ley Electoral de 1907, que introdujo el voto obligatorio, aunque fracasó en acabar con el caciquismo. Impulsó la Ley de Administración Local, que permitía crear mancomunidades, aunque el proyecto fracasó por la oposición centralista. En el plano social, creó el Instituto Nacional de Previsión (1908) y aprobó medidas laborales. Su gobierno terminó tras la Semana Trágica de Barcelona (1909), originada por el envío de reservistas a Marruecos. La huelga general, la quema de conventos y la dura represión —incluido el fusilamiento de Francesc Ferrer i Guàrdia— provocaron una fuerte protesta internacional y la dimisión de Maura.
El regeneracionismo liberal estuvo liderado por José Canalejas (1910-1912), que buscó democratizar el régimen y limitar el poder de la Iglesia. Aprobó la Ley del Candado, eliminó el impuesto de consumos y reformó el reclutamiento militar, suprimiendo la redención de quintas, aunque mantuvo el “soldado de cuota”. También impulsó la Ley de Mancomunidades, que permitiría la creación de la Mancomunitat de Catalunya. Su asesinato por un anarquista en 1912 dejó al Partido Liberal sin liderazgo.
La oposición al régimen se fortaleció notablemente. Los republicanos, divididos, destacaron con figuras como Alejandro Lerroux, fundador del Partido Republicano Radical. Los nacionalismos crecieron: en Cataluña, la Lliga Regionalista y la coalición Solidaritat Catalana; en el País Vasco, el PNV. El movimiento obrero se radicalizó: el anarquismo, organizado en la CNT (1910), recurrió a la acción directa y al terrorismo; el socialismo, con el PSOE, logró su primer diputado en 1910, y en 1921 surgió el PCE tras una escisión influida por la Revolución Rusa.
8.2. El impacto de los acontecimientos internacionales: Marruecos, la Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa
Durante el reinado de Alfonso XIII, España se vio profundamente condicionada por una serie de acontecimientos internacionales que agravaron la crisis del sistema de la Restauración y contribuyeron a su derrumbe. Entre ellos destacaron la intervención colonial en Marruecos, la Primera Guerra Mundial y la influencia de la Revolución rusa, cuyos efectos económicos, sociales y políticos provocaron una creciente inestabilidad interna.
La intervención en Marruecos tuvo su origen en el reparto colonial del norte de África entre las potencias europeas. Tras la Conferencia de Algeciras (1906), España obtuvo una zona de influencia que se consolidó con el establecimiento del Protectorado español en Marruecos en 1912. Los objetivos eran reforzar el prestigio internacional, controlar el Estrecho y explotar los recursos mineros del Rif. Sin embargo, la resistencia de las tribus rifeñas convirtió la intervención en una guerra larga, costosa y muy impopular.
El conflicto tuvo graves consecuencias políticas y sociales. En 1909, la derrota del Barranco del Lobo y el envío de reservistas a Marruecos provocaron en Barcelona la Semana Trágica, una revuelta anticlerical y antimilitar duramente reprimida. La guerra alcanzó su punto más crítico con el Desastre de Annual (1921), cuando las tropas españolas fueron derrotadas por los rifeños dirigidos por Abd el-Krim, causando más de 12.000 muertos. Este desastre desacreditó al ejército y a la monarquía. La investigación posterior, conocida como Expediente Picasso, señaló responsabilidades políticas y militares, afectando incluso al rey, lo que aceleró la crisis del régimen y facilitó el golpe de Estado de Primo de Rivera.
Por otro lado, durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), España se mantuvo neutral, lo que provocó una división de la opinión pública entre germanófilos y aliadófilos. La neutralidad permitió un fuerte crecimiento de las exportaciones industriales y agrícolas, beneficiando a la burguesía y a los empresarios. Sin embargo, este crecimiento fue muy desigual: la falta de control estatal provocó una fuerte inflación, escasez de productos básicos y un empeoramiento de las condiciones de vida de las clases populares, lo que incrementó el descontento social.
Finalmente, la Revolución rusa de 1917 tuvo una gran repercusión ideológica en España, especialmente entre el movimiento obrero. Ese mismo año estalló la crisis de 1917, que tuvo una triple dimensión. La crisis militar se manifestó en la creación de las Juntas de Defensa, formadas por oficiales que protestaban contra los ascensos. La crisis política se expresó en la Asamblea de Parlamentarios de Barcelona, que reclamó una reforma constitucional. La crisis social culminó en una huelga general revolucionaria, convocada por UGT y CNT, que fue reprimida por el ejército. Aunque el sistema sobrevivió, quedó gravemente debilitado.
Entre 1918 y 1923 se intensificó la conflictividad, destacando acontecimientos como el Trienio bolchevique en Andalucía, la huelga en La Canadiense en Barcelona, el pistolerismo entre la CNT y el Sindicato Libre, y el asesinato de Eduardo Dato (1921). Esto facilitó el golpe de Primo de Rivera.
8.3. La Dictadura de Primo de Rivera y el final del reinado de Alfonso XIII
La profunda crisis política, social y militar del sistema de la Restauración durante el reinado de Alfonso XIII desembocó en el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923. El pronunciamiento fue presentado como una solución excepcional y temporal para acabar con el desorden político, el caciquismo, la conflictividad social, el auge del nacionalismo periférico y el desprestigio del ejército tras el Desastre de Annual (1921). Un elemento clave fue el Expediente Picasso, que investigaba las responsabilidades del desastre y podía implicar al propio rey. Alfonso XIII aceptó el golpe, lo que vinculó definitivamente la suerte de la monarquía al régimen dictatorial.
La dictadura se organizó en dos etapas. En primer lugar, se estableció el Directorio Militar (1923-1925), formado exclusivamente por militares. Se suspendió la Constitución de 1876, se disolvieron las Cortes y se prohibieron los partidos políticos y los sindicatos. Se implantó una estricta censura de prensa y se reforzó el orden público mediante la militarización de la vida política. El régimen reprimió con dureza al nacionalismo catalán, suprimiendo la Mancomunidad de Cataluña y prohibiendo el uso público del catalán. Para canalizar el apoyo social al régimen se crearon organizaciones como la Unión Patriótica, un partido único de carácter conservador y sin programa ideológico definido, y el Somatén Nacional, una milicia ciudadana de apoyo al orden público.
El principal éxito del Directorio Militar fue la resolución del conflicto marroquí. En 1925, el Desembarco de Alhucemas, una operación militar conjunta con Francia, permitió derrotar a las tropas de Abd el-Krim y puso fin a la guerra de Marruecos. Este triunfo devolvió prestigio al ejército, reforzó la popularidad de Primo de Rivera y permitió al dictador iniciar una segunda fase del régimen con mayores ambiciones políticas.
A partir de 1925 se instauró el Directorio Civil (1925-1930), que pretendía institucionalizar la dictadura y dotarla de una base estable. Se incorporaron civiles al gobierno, destacando figuras como José Calvo Sotelo en Hacienda y Eduardo Aunós en Trabajo. Se creó la Asamblea Nacional Consultiva, un órgano sin poder legislativo, inspirado en el corporativismo fascista italiano, que pretendía sustituir al parlamentarismo liberal. En el ámbito económico, el régimen impulsó un fuerte intervencionismo estatal, fomentando la inversión en obras públicas (carreteras, ferrocarriles, embalses) y creando grandes monopolios estatales como CAMPSA y Telefónica. Esta política favoreció el crecimiento económico y la modernización de infraestructuras, pero provocó un notable aumento de la deuda pública.
En el terreno social, Primo de Rivera intentó reducir la conflictividad obrera mediante la Organización Corporativa Nacional, basada en comités paritarios que reunían a patronos y trabajadores bajo la tutela del Estado. La UGT colaboró con el régimen, mientras que la CNT y el PCE fueron duramente perseguidos. A pesar de cierta estabilidad inicial, el régimen fue perdiendo apoyos a partir de 1928. La crisis económica de 1929, la oposición de estudiantes e intelectuales (como Miguel de Unamuno u Ortega y Gasset), el malestar en el ejército y el crecimiento del republicanismo debilitaron la dictadura. Ante esta situación, Primo de Rivera dimitió en enero de 1930.
El fracaso de la dictadura arrastró a la monarquía. La denominada «Dictablanda» de Berenguer no logró restaurar el sistema constitucional y la oposición republicana se reorganizó en el Pacto de San Sebastián. Tras el fracaso de los últimos intentos monárquicos y la victoria republicana en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, Alfonso XIII se exilió y el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República, poniendo fin al reinado y al sistema de la Restauración.
9.1. La proclamación de la Segunda República, el Gobierno provisional y la Constitución de 1931. El sufragio femenino
La Segunda República Española se proclamó el 14 de abril de 1931 tras la victoria de las candidaturas republicano-socialistas en las elecciones municipales del 12 de abril, especialmente en las grandes ciudades. Aunque eran elecciones locales, el resultado fue interpretado como un plebiscito contra la monarquía, debilitada por la crisis económica, el desprestigio político y su vinculación con la dictadura de Primo de Rivera. Ante la falta de apoyos, Alfonso XIII marchó al exilio, sin abdicar formalmente.
Ese mismo día se formó un Gobierno Provisional, presidido por Niceto Alcalá-Zamora, integrado por republicanos de distintas tendencias y socialistas, procedentes en su mayoría del Pacto de San Sebastián (1930). Entre sus miembros destacaron Manuel Azaña, Alejandro Lerroux, Miguel Maura, Largo Caballero e Indalecio Prieto. Este gobierno adoptó medidas urgentes para consolidar el nuevo régimen: amnistía para presos políticos, reconocimiento de libertades políticas y sindicales, primeras medidas sociales y el inicio de importantes reformas.
En este contexto se iniciaron la reforma militar, dirigida por Azaña, que buscaba reducir el exceso de oficiales y asegurar la lealtad del ejército, y las primeras medidas de la reforma agraria, impulsadas por Largo Caballero, con el objetivo de mejorar las condiciones del campesinado. En Cataluña se restableció la Generalitat, presidida por Francesc Macià, iniciándose el proceso autonómico.
Sin embargo, el nuevo régimen tuvo que enfrentarse desde el principio a una fuerte tensión social y política. La izquierda más radical exigía cambios rápidos, mientras que la derecha, la Iglesia y sectores del ejército se opusieron a las reformas. El conflicto religioso provocó episodios graves como la quema de conventos (mayo de 1931), que deterioraron la imagen del gobierno.
Para dotar al régimen de una base legal sólida, se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes en junio de 1931, ganadas por la coalición republicano-socialista. El resultado fue la Constitución de 1931, promulgada el 9 de diciembre, de carácter democrático, progresista y laico. Establecía la soberanía nacional, Cortes unicamerales, amplios derechos y libertades, la separación Iglesia-Estado, el reconocimiento de autonomías y la posibilidad de expropiaciones por interés social.
Una de sus grandes novedades fue el sufragio universal, que incluía por primera vez el voto femenino, defendido por Clara Campoamor frente a la oposición de Victoria Kent y Margarita Nelken. Las mujeres votaron por primera vez en las elecciones de 1933.
1.3. La Hispania romana
La conquista romana se realizó en tres etapas entre 218 y 19 a.C., enfrentando celtíberos, lusitanos y cántabros. La romanización implicó urbanización, asentamiento de ciudadanos romanos, inclusión de tropas locales en el ejército y concesión de ciudadanía. Se reorganizó el territorio en provincias como Hispania Citerior y Ulterior, después Tarraconense, Lusitania y Baética, y se fundaron numerosas ciudades. La economía adoptó un sistema esclavista orientado a la exportación de minerales y garum, y la sociedad se estructuró entre libres y esclavos. Roma dejó un legado cultural con el latín, la literatura (Séneca, Lucano, Quintiliano, Marcial), el Derecho romano, religión y arte, destacando templos, teatros, anfiteatros, puentes, murallas, acueductos y esculturas como el busto de Catón el Viejo.
1.4. La monarquía visigoda
En el 409 llegaron suevos, vándalos y alanos; los visigodos, aliados de Roma, recibieron tierras a cambio de expulsar a invasores y fundaron el Reino visigodo de Toledo tras ser expulsados de la Galia en 507. Sus reyes buscaron la unificación territorial, integración social y estabilidad política, apoyándose en guerreros, el Officium Palatinum, el Aula Regia y los concilios. La conversión al catolicismo en 589 convirtió a la Iglesia en apoyo del poder real y los concilios consolidaron leyes y gobierno. El Liber Iudiciorum unificó el derecho romano y visigodo, y San Isidoro de Sevilla destacó en literatura y política, difundiendo teorías como el origen divino del poder real. El arte visigodo incluye iglesias como San Juan de Baños y el tesoro de Guarrazar. Una disputa sucesoria facilitó la invasión musulmana en 711.
2.1. Al-Ándalus: evolución política
La crisis del reino visigodo facilitó la llegada de los musulmanes en 711, derrotando al rey Rodrigo en la batalla de Guadalete. Al-Ándalus se constituyó como provincia del Califato Omeya de Damasco con capital en Córdoba. En 756 Abderramán I se proclamó emir independiente, reconociendo solo la autoridad religiosa del califa de Bagdad. En 929 Abderramán III se proclamó califa, alcanzando el máximo esplendor político y cultural con Al-Hakam II. Tras la muerte de Almanzor, el califato se fragmentó en reinos taifas (1031), que fueron conquistados por los cristianos. Los almorávides y almohades unificaron Al-Ándalus temporalmente, pero fueron derrotados por los cristianos en la batalla de las Navas de Tolosa (1212). De las últimas taifas solo sobrevivió el Reino Nazarí de Granada, vasallo de Castilla, hasta su conquista por los Reyes Católicos en 1492.
2.2. Al-Ándalus: economía, sociedad y cultura. El legado judío
La economía andalusí fue próspera, introduciendo nuevos cultivos como arroz, algodón o azafrán y técnicas de regadío como acequias y norias. La artesanía se desarrolló con sederías, cordobanes y damasquinados, y el comercio interior se realizaba en zocos, exportando aceite y manufacturas e importando especias y productos de lujo, usando monedas de oro y plata (dinar y dirham). La sociedad estaba dominada por musulmanes árabes y sirios, con bereberes en tierras pobres, muladíes (hispanovisigodos) como mayoría, y minorías toleradas de judíos y mozárabes. Los judíos se integraron como prestamistas, médicos y consejeros, viviendo en juderías o aljamas, y su legado cultural continuó tras la expulsión de 1492 en la comunidad sefardí. Al-Ándalus difundió la cultura clásica y oriental en árabe, destacando avances en matemáticas, astronomía, medicina, historia y literatura, con figuras como Averroes y Maimónides. En arte, destacan la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada.
2.3. Los reinos cristianos: conquista y organización política
Los primeros núcleos cristianos se organizaron en la franja cantábrica, con el Reino de Asturias fundado tras la batalla de Covadonga (722), que se expandió hacia Galicia y León. El Condado de Castilla se independizó en el siglo X y se convirtió en reino en el XI. Portugal se independizó en el XII. Al sur de los Pirineos, Carlomagno creó la Marca Hispánica, que después se fragmentó. En el Reino de Pamplona destacó Sancho III y, tras su muerte, Ramiro I fundó el Reino de Aragón. Los condados catalanes se hicieron independientes con Borrell II y más tarde se unieron a Aragón formando la Corona de Aragón. Hasta el siglo X los cristianos ocuparon tierras al norte del Duero, y en los siglos XI-XIII avanzaron hasta Toledo, Zaragoza, el valle del Guadalquivir y el Mediterráneo, dejando solo el Reino Nazarí de Granada. Los reinos cristianos eran monarquías feudales limitadas por la nobleza, la Iglesia y los fueros urbanos; la Curia Regia ayudaba al rey, y las Cortes surgieron con participación de la burguesía, votando aportaciones económicas y asesorando al monarca.
2.4. Modelos de repoblación. Organización estamental
Los territorios conquistados se repoblaron de distintas formas: del siglo VIII al X mediante presura o ocupación libre al norte del Duero y Pirineos, con establecimiento de señoríos por nobleza e Iglesia; en los siglos XI-XII mediante repoblación concejil en el valle del Ebro y entre Duero y Montes de Toledo, con derechos otorgados por fueros o cartas pueblas; y en los siglos XII-XIII mediante repartimientos entre Tajo y Guadalquivir, con latifundios para nobles y órdenes militares. La sociedad era estamental: la nobleza defendía el reino, no pagaba impuestos y tenía jueces propios; el clero oraba, cobraba el diezmo y administraba iglesias; el pueblo llano carecía de privilegios, siendo campesinos, burgueses, menestrales o minorías de judíos y mudéjares.
2.5. La Baja Edad Media en Castilla, Aragón y Navarra
En el siglo XIV la península sufrió una triple crisis demográfica (peste negra), económica (malas cosechas) y política (revuelta nobiliaria y guerras civiles). La Corona de Castilla se consolidó en 1230 tras la unión de Castilla y León, controló el Estrecho de Gibraltar, sometió a Granada y comenzó la conquista de Canarias, aunque sufrió revueltas y pogromos judíos; la guerra civil entre Pedro I y Enrique de Trastámara instauró a la dinastía Trastámara y reforzó los privilegios nobiliarios. La Corona de Aragón se expandió por el Mediterráneo, tomando Sicilia, Cerdeña, Nápoles y condados de Atenas y Neopatria; tras la muerte de Martín I se eligió a Fernando de Antequera en el Compromiso de Caspe (1412). En el siglo XV surgieron conflictos campesinos y urbanos (payeses de remensa, Busca y Biga), así como luchas sucesorias. Navarra permaneció bajo dominio francés hasta el siglo XV; los conflictos internos facilitaron su conquista por Fernando el Católico en 1512, incorporándose a Castilla con conservación de fueros.
3.1. Los Reyes Católicos: unión dinástica e instituciones de gobierno. La guerra de Granada
Con los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, comenzó la Edad Moderna en España. Tras la guerra de Sucesión (1474-1479), su matrimonio unió ambas coronas en una unión dinástica, pero cada reino mantuvo sus leyes e instituciones. En la Concordia de Segovia (1475) acordaron gobernar juntos y compartir solo la política exterior y la Inquisición, con Castilla como reino dominante. Su reinado fortaleció el poder real, creando la Santa Hermandad, un ejército permanente y una administración centralizada con consejos, chancillerías y la Hacienda. Se controló a la nobleza y a la Iglesia, y se nombraron corregidores en los municipios. Buscaron la unidad religiosa con la conquista de Granada (1482-1492), que puso fin al dominio musulmán en la península. Aunque al principio se respetó la libertad religiosa, finalmente se expulsó a judíos (1492) y musulmanes (1502), instaurando la uniformidad religiosa. En 1515, Fernando incorporó Navarra, completando la unidad territorial bajo la monarquía autoritaria de los Reyes Católicos.
3.2. Exploración, conquista y colonización de América (desde 1492 y durante el siglo XVI)
Cristóbal Colón, bajo las Capitulaciones de Santa Fe (1492), descubrió las Antillas y realizó cuatro viajes buscando una ruta a Asia por el oeste. Otros exploradores, como Magallanes y Elcano, confirmaron la esfericidad de la Tierra, y el Tratado de Tordesillas (1494) repartió los territorios entre Castilla y Portugal. La conquista de América fue rápida por la superioridad militar española, el impacto psicológico sobre los indígenas y la debilidad interna de los imperios precolombinos; Cortés derrotó a los aztecas y Pizarro a los incas. Tras la conquista se organizó la colonización mediante el sistema de encomiendas, que entregaba tierras e indígenas a los colonos para su evangelización, aunque a menudo con trabajos forzosos, regulados luego por las Leyes de Indias. La minería se explotó con la mita, entregando a la Corona un quinto del mineral. Castilla administró América a través de la Casa de Contratación de Sevilla, encargada del comercio y la navegación, y el Consejo de Indias, responsable de la legislación y los cargos administrativos. Los territorios se dividieron en virreinatos, principalmente Nueva España, con capital en México, y Perú, con capital en Lima.
3.3. Los Austrias del siglo XVI. Política interior y exterior
Durante el siglo XVI, los Austrias mayores gobernaron personalmente un imperio español hegemónico en Europa. Carlos I (1516-1556), hijo de Juana I y Felipe I, heredó extensos territorios europeos, americanos y el título imperial del Sacro Imperio en 1519. Su llegada a España provocó la sublevación de Castilla, conocida como la Revuelta de las Comunidades (1519-1521), y la de las Germanías en Valencia, Murcia y Mallorca, ambas derrotadas por la alianza del rey con la nobleza. Su política exterior fue intervencionista: luchó contra Francia (Pavía, 1525), los príncipes protestantes alemanes (Liga de Esmalcalda, Mühlberg 1547), firmando la Paz de Augsburgo (1555), y combatió a turcos y piratas berberiscos. Su hijo, Felipe II (1556-1598), heredó Castilla, Aragón, territorios italianos, Países Bajos, América, Filipinas y Portugal. Centralizó el gobierno con un sistema polisinodial y fijó la Corte en Madrid. Internamente persiguió a los protestantes, reprimió la Revuelta de las Alpujarras (1568-1571) y la de Aragón. En política exterior, incorporó Portugal, enfrentó la rebelión de los Países Bajos dando inicio a la Guerra de los Ochenta Años, combatió a los turcos (Lepanto, 1571) y mantuvo conflicto con Inglaterra, incluyendo la derrota de la Armada Invencible en 1588.
3.4. Los Austrias del siglo XVII. Política interior y exterior
El siglo XVII español fue una etapa de crisis y pérdida de hegemonía bajo los Austrias menores, que delegaron el poder en validos. Con Felipe III, gobernaron los duques de Lerma y Uceda, y se produjo la expulsión de los moriscos (1609), además de una política exterior pacifista con la Tregua de los Doce Años. Con Felipe IV, España volvió a los conflictos europeos, participando en la Guerra de los Treinta Años, que culminó en la Paz de Westfalia, con la independencia de las Provincias Unidas. La Paz de los Pirineos (1659) supuso pérdidas territoriales frente a Francia. El valido Olivares impulsó la Unión de Armas, generando tensiones que desembocaron en la crisis de 1640, con las rebeliones de Cataluña, Portugal y Andalucía. Portugal logró su independencia en 1668. Carlos II, último Austria, heredó la crisis y su débil gobierno acentuó el declive. Al morir sin descendencia en 1700, se inició la Guerra de Sucesión Española, que daría paso a la dinastía borbónica.