La Dictadura de Primo de Rivera
Primo de Rivera y los sectores que le dieron apoyo defendieron el golpe de Estado de 1923 como la solución a la crisis política y social del país causada por el desprestigio del sistema parlamentario a causa del fraude electoral y el caciquismo; el miedo de las clases acomodadas a una revolución social ante el auge del movimiento obrero; el aumento de la influencia del republicanismo y los nacionalismos periféricos; y, por último, el descontento del Ejército tras el Desastre de Annual en Marruecos.
El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, llevó a cabo un pronunciamiento en Barcelona, declaró el estado de guerra y suspendió la Constitución de 1876. El Rey Alfonso XIII aprobó el golpe y nombró a Primo de Rivera presidente de un directorio (militar primero, y civil después) que gobernó el país durante los siguientes siete años.
La dictadura de Primo de Rivera no era fascista y procedía, en gran parte, del Regeneracionismo, teoría que planteaba la posibilidad de un “cirujano de hierro” que pusiera orden en el país.
Los apoyos con que contó Primo de Rivera fueron disminuyendo con el paso del tiempo, pero se mantuvieron hasta el final en la España rural, controlada por los caciques, y entre los terratenientes y los miembros de la burguesía industrial y financiera.
La oposición a la dictadura surgió, sobre todo, entre las clases medias urbanas, los estudiantes y los intelectuales; así como los nacionalismos periféricos gallego, vasco y catalán. Dentro del movimiento obrero, la CNT (anarquistas) y los comunistas veían a la dictadura como una amenaza. Sin embargo, el PSOE y la UGT colaboraron inicialmente con Primo de Rivera; aunque más tarde (en 1928) pasaron a la oposición.
El Régimen de Primo de Rivera
El régimen primorriverista duro siete años y el dictador presidió dos gobiernos: un Directorio militar (1923-1925), formado exclusivamente por generales, y un Directorio civil (1925-1930).
Directorio Militar y Civil
Durante el Directorio militar se suspendió la Constitución (de 1876) y el funcionamiento de la Administración quedó en manos del ejército. Se creó un partido nacional: la Unión Patriótica (UP), sin programa ideológico definido, que llegó a contar con dos millones de afiliados. También fue promulgado un Estatuto Municipal, que regulaba las competencias de los ayuntamientos y pretendía “regenerar” la vida municipal para eliminar el caciquismo; pero el Estatuto no se aplicó porque las prometidas elecciones nunca se celebraron y los concejales y los alcaldes fueron nombrados por los gobernadores civiles, a su vez designados por el Directorio militar. Pero la acción más relevante de la dictadura de Primo de Rivera fue la resolución del problema de Marruecos. En 1925, de acuerdo con Francia, España consiguió vencer a las tropas del caudillo rifeño Abd-el-Krim, tras unas operaciones militares en la bahía de Alhucemas. Para auxiliar a las fuerzas del orden público, Primo creó el Somatén Nacional, ciudadanos armados voluntarios; aunque esta formación resultó escasamente operativa.
Durante el Directorio civil, se creó una Asamblea Nacional Consultiva (similar al Gran Consejo Fascista italiano de Mussolini), a la que se encomendó la tarea de redactar una nueva constitución, que nunca llegaría a entrar en vigor. En el terreno laboral, se creó la Organización Corporativa Nacional, una institución que regularía las relaciones entre trabajadores y empresarios bajo la «supervisión» del Estado.
Logros Económicos y Oposición
La Dictadura centró su propaganda en los logros económicos. El crecimiento económico coincidió con la favorable coyuntura internacional tras la Primera Guerra Mundial; son los «Felices Años Veinte». La política económica se basó en una mayor intervención del Estado, a través de organismos como el Consejo de Economía Nacional (sin cuyo permiso no podía, por ejemplo, instalarse ninguna industria nueva) y en el proteccionismo de la «producción nacional». Se mejoraron las infraestructuras con la construcción de carreteras; se modernizó la red ferroviaria y se inició una política hidráulica con la construcción de embalses y canales de riego. También se llevó la electricidad al mundo rural. Además, se concedieron grandes monopolios, como el de telefonía, a la Compañía Telefónica Nacional de España, y la exclusividad en la importación, refinado, distribución y venta de petróleo a la compañía CAMPSA.
Además de la creciente oposición al régimen (intelectuales, estudiantes, republicanos, movimiento obrero, nacionalistas), en la caída de Primo de Rivera resultaron decisivos sus enfrentamientos con el estamento militar. Por ejemplo, ya en 1926, durante la noche de San Juan tuvo lugar la llamada “Sanjuanada”, conspiración militar contra la dictadura. La hostilidad hacia el catalanismo y la concesión de privilegios a la Iglesia en la enseñanza universitaria provocaron respuestas sociales importantes. Otra razón que explica el final de la dictadura fue la crisis económica de 1929.
En 1930 el dictador dimitió y se exilió en París. Para sustituir a Primo de Rivera, el Rey encargó al general Dámaso Berenguer la formación del nuevo gobierno.
Paralelamente, el republicanismo y los nacionalismos periféricos se organizaban en un frente común para instaurar la República con la firma del Pacto de San Sebastián. Finalmente, la Segunda República española se proclamó el 14 de abril de 1931.
En conclusión, la dictadura de Primo de Rivera se propuso solucionar los problemas que habían llevado al fracaso al sistema anterior, el de la Restauración. Para ello, se implanta un gobierno que tratará de llevar a la práctica el Regeneracionismo con los principios de “autoridad, orden y eficacia”.