La Crisis de 1808 y la Guerra de la Independencia Española
El reinado de Carlos IV (1788-1808) estuvo marcado por la figura de su principal ministro, Floridablanca. La proclamación de la República Francesa en junio de 1789 y el inicio del proceso revolucionario en el país vecino generaron gran alarma en las autoridades españolas. Floridablanca, buscando evitar el contagio revolucionario, envió tropas a la frontera para establecer un cordón sanitario y reforzó el control de la población a través de la Inquisición.
Al no poder evitarse la llegada de noticias desde Francia, el rey retiró su confianza a Floridablanca. En su lugar, subió al poder el Conde de Aranda, quien cambió la política exterior. Tras la detención de Luis XVI, Aranda propuso declarar la guerra a Francia. Sin embargo, fue destituido, y Carlos IV nombró ministro a Manuel Godoy. Godoy envió el ejército español a Francia en tres frentes: Cataluña, Aragón y Navarra/País Vasco. Las tropas españolas fueron derrotadas, lo que llevó a la firma de la Paz de Basilea en 1795.
Posteriormente, España se alió con Francia mediante los Tratados de San Ildefonso (1796 y 1800) para enfrentarse a Gran Bretaña. No obstante, la flota británica infligió importantes derrotas a la española en el Cabo de San Vicente (1797) y, de manera decisiva, en la Batalla de Trafalgar (1805).
Napoleón Bonaparte necesitaba una alianza con España para mantener el Bloqueo Continental establecido en 1806 y así poder someter a Portugal, un aliado estratégico de los británicos.
El emperador propuso a Godoy un reparto de Portugal entre ambas naciones, con una parte destinada al propio Godoy. Así, Napoleón, Godoy y Carlos IV firmaron el Tratado de Fontainebleau (1807), por el cual España se comprometía a permitir el paso del ejército francés por su territorio.
Fernando, el príncipe de Asturias, conspiraba para derribar a Godoy tras haber descubierto los detalles del Tratado de Fontainebleau. Cuando Godoy lo descubrió, inició contra el príncipe el Proceso de El Escorial.
La Crisis de 1808: El Motín de Aranjuez y las Abdicaciones de Bayona
En marzo de 1808, las tropas francesas comenzaron a ocupar puntos estratégicos del norte de la Península Ibérica, lo que generó una creciente desconfianza en el rey. Ante esta situación, Carlos IV decidió huir a América, dirigiéndose inicialmente hacia Sevilla. En Madrid, se dejó una Junta de Gobierno. La primera parada de la familia real fue en Aranjuez, donde se desencadenó el Motín de Aranjuez en marzo de 1808.
El 17 de marzo de 1808, los sectores opuestos a Godoy, conocidos como Partidos Fernandinos, promovieron en Aranjuez un tumulto popular que culminó con el asalto al palacio de Godoy. Este fue detenido y solo se salvó de la ira popular gracias a la intervención del príncipe Fernando. Tras estos acontecimientos, el día 19, Carlos IV abdicó en favor de su hijo Fernando.
Así, Fernando comenzó su reinado como Fernando VII, aunque la disputa con su padre persistía. Napoleón, fingiendo actuar como mediador en las desavenencias de la casa real española, los convocó para reunirlos en Bayona.
Carlos IV y el rey Fernando VII acudieron a la llamada del emperador y fueron recibidos por separado por Napoleón. Una vez que Napoleón tuvo la seguridad de que en Madrid su lugarteniente Murat controlaba los resortes del poder, forzó a Carlos IV a entregarle la corona española, después de que el rey no reconociera los acuerdos de Aranjuez (5 de mayo). Más tarde, obligó a Fernando VII a abdicar y devolver la corona a su padre (6 de mayo). Finalmente, Fernando renunció a sus derechos como heredero a la Corona de España, cediéndolos a Napoleón (10 de mayo). Estos eventos son conocidos como las Abdicaciones de Bayona. Posteriormente, el emperador nombraría a su hermano, José Bonaparte (conocido como José I), rey de España (junio de 1808-1813).
En respuesta a la ocupación francesa y la imposición de José I, se crearon Juntas de Defensa locales, que se organizaron para hacer frente a las tropas francesas.
En Madrid, donde se observaba con gran preocupación la partida de la familia real hacia Bayona, tuvo lugar un levantamiento el 2 de mayo de 1808. Este fue protagonizado por el pueblo y algunos oficiales de artillería, en oposición a Murat y las tropas francesas.
La insurrección, brutalmente aplastada por el ejército francés, fue seguida de una dura represión (los fusilamientos del 3 de mayo). Estos eventos son considerados el inicio de la Guerra de la Independencia Española, que se prolongaría hasta diciembre de 1813 con la firma del Tratado de Valençay y la retirada definitiva de las últimas tropas francesas en 1814.
Las Juntas de Defensa se coordinaron y organizaron a través de las Juntas Provinciales en aquellos lugares donde la población española no aceptaba la autoridad de José I.
Fases de la Guerra de la Independencia Española (1808-1813)
Napoleón había posicionado estratégicamente a sus generales en puntos clave de la península: Murat en Madrid, Junot en Portugal, el general Duhesme en Barcelona, Bessières en Álava, y Dupont y Moncey en el centro. Fortalezas como Figueras, Montjuic, San Sebastián y Pamplona también estaban bajo control francés.
En la primera fase de la guerra, se produjo el enfrentamiento entre Bessières y Cuesta, entre Valladolid y Burgos. Tras esta acción, Bessières tomó Valladolid y Santander. Posteriormente, las tropas de Blake y Cuesta fueron derrotadas en la Batalla de Medina de Rioseco, lo que permitió a Bessières extender su influencia hacia el Ebro.
Durante el Primer Sitio de Zaragoza (junio-agosto de 1808), la heroica resistencia de la ciudad, dirigida por el general Palafox, impidió a los franceses hacerse con el control de la zona levantina. En Barcelona, el general Duhesme lanzó tres ofensivas hacia Lérida, Gerona y Manresa, todas ellas infructuosas. A finales de junio, Moncey dirigió otra ofensiva hacia Valencia, que también resistió con éxito, obligándolo a regresar a Madrid.
Desde el centro, Dupont lanzó una ofensiva hacia Andalucía, donde se enfrentó a las tropas españolas del general Castaños. Castaños derrotó a Dupont en la decisiva Batalla de Bailén en julio de 1808. Esta derrota obligó a José I a retirarse a Vitoria.
Ante la situación, Napoleón entró personalmente en España al frente de la Grande Armée con sus mejores mariscales en noviembre de 1808. Su objetivo era reorganizar el Estado y someter la Península. A partir de entonces, las victorias francesas fueron constantes, con la excepción de Cádiz y una pequeña parte de Lisboa.
La Junta Suprema Central, liderada por Floridablanca, coordinaba a las Juntas Provinciales y de Defensa. Su objetivo era evitar la completa ocupación francesa de España, aunque finalmente no lo lograron.
En noviembre de 1808, tras la derrota en Gamonal, Napoleón tomó Burgos. En diciembre de 1808, Napoleón llegó a Madrid. El general británico Sir John Moore avanzó desde Portugal hasta Valladolid, pero Napoleón lo obligó a replegarse hacia el norte. Napoleón abandonó España porque Austria le declaró la guerra, logrando que los británicos se retiraran de la Península, aunque dejó a sus generales Soult y Víctor al mando. El Segundo Sitio de Zaragoza (diciembre de 1808-febrero de 1809) culminó con la toma de la ciudad por Moncey y De Montier, a pesar de la defensa de Palafox. Posteriormente, cayeron Lérida, Tortosa y Valencia. En el centro, los franceses ocuparon Granada, Málaga y Sevilla, pero en Cádiz, el Duque de Alburquerque logró detener la ocupación. Esto se debió en parte a la derrota española en la Batalla de Ocaña en noviembre de 1809. En Portugal, los franceses consiguieron ocupar Oporto, lo que llevó a las tropas inglesas de Wellington a replegarse a Lisboa. Allí, Wellington y Cuesta organizaron una ofensiva que resultó en la Batalla de Talavera contra los franceses. A partir de ese momento, y con la retirada francesa a Madrid y de los aliados a Badajoz, el general Masséna desde Salamanca consiguió ocupar Portugal hasta la inexpugnable Línea de Torres Vedras. Los españoles, por su parte, pusieron en práctica las acciones individuales de guerrilleros. Con ellos, comenzaron las guerras de guerrillas para desmoralizar a los franceses mediante asaltos, secuestros y sabotajes, evitando siempre la batalla directa. Los británicos apoyaron la causa española desembarcando en puntos clave de la Península. Se sucedieron importantes batallas bajo el mando del general Wellington para expulsar a los franceses. La primera gran victoria aliada fue la Batalla de los Arapiles (1812). En agosto, los aliados liberaron Madrid, y José I huyó a Valencia. El general Suchet levantó el asedio de Cádiz y abandonó Andalucía. Sin embargo, en noviembre, José I y el general Soult consiguieron recuperar Madrid, y Wellington se retiró a Ciudad Rodrigo.
A finales de mayo de 1813, Wellington logró importantes victorias, tomando Salamanca, Zamora, Madrid y Vitoria. La última batalla significativa fue la de San Marcial, que obligó a José I a trasladar la Corte a San Juan de Luz (junio de 1813). Las tropas francesas fueron evacuadas de ciudades clave como San Sebastián, Pamplona, Zaragoza y Valencia. En diciembre de 1813, a pesar de la escasa presencia francesa, Napoleón y Fernando VII firmaron el Tratado de Valençay, en el que el emperador reconocía a Fernando como rey legítimo de España. El tratado también exigía la retirada de las tropas inglesas de España y la no represión contra los afrancesados. Las últimas tropas francesas abandonaron Barcelona en julio de 1814, marcando el fin de la Guerra de la Independencia.
La Revolución Liberal: Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812
El Inicio de la Revolución Liberal y la Convocatoria de las Cortes de Cádiz
Los dos bandos enfrentados en la guerra también luchaban por el control político del país. Napoleón comprendió que para sustituir el Antiguo Régimen en España era fundamental actuar en el ámbito político. Mediante un Decreto Imperial, convocó en Bayona una Asamblea General de Notables con la finalidad de aprobar una Constitución. Miembros de la nobleza, el clero y el pueblo se reunieron en junio de 1808. La Asamblea reconoció a José I como rey de España y aprobó el Estatuto de Bayona, que en realidad no era una Constitución, sino una carta otorgada. En este estatuto se establecían tres cuerpos colegiados para gobernar: el Senado, las Cortes y el Consejo de Estado. También se garantizaba la independencia de los jueces y se reconocían derechos como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de movimientos, la supresión de privilegios y el establecimiento de la igualdad de los españoles ante la ley. Además, se decretaba la supresión de la Inquisición y los señoríos.
Los llamados afrancesados defendieron la figura de José I y todas las reformas aprobadas en la Asamblea de Bayona.
En el bando opuesto, la Junta Suprema Central (establecida en septiembre de 1808), liderada por Floridablanca, gobernaba en nombre de Fernando VII. Su doble objetivo era ganar la guerra y sentar las bases de un nuevo modelo de Estado. La Junta Central convocó unas Cortes extraordinarias en mayo de 1809 para diseñar este nuevo marco político. Para evitar la duplicidad de poderes, se creó el Consejo de Regencia (compuesto por 5 miembros), que actuaría como regente hasta la reunión de las Cortes. Finalmente, estas Cortes se reunieron en Cádiz, dando origen a las Cortes de Cádiz (septiembre de 1810-1812).
Las Cortes de Cádiz fueron inauguradas el 24 de septiembre de 1810. Entre los diputados, aunque había representantes de diversos estamentos, predominaban los miembros del clero, militares y abogados.
La Constitución de 1812: «La Pepa»
Decretos de las Cortes de Cádiz
Las Cortes de Cádiz promulgaron importantes decretos, entre los que destacan:
- La abolición del Tribunal de la Inquisición.
- El establecimiento de la libertad de prensa e imprenta.
- La abolición de los señoríos jurisdiccionales (manteniendo los territoriales).
- La incautación de bienes y rentas a traidores, órdenes militares y algunos conventos.
- La libertad de contratación en el campo y en las ciudades.
Aprobación de la Constitución
El texto definitivo de la Constitución Política de la Monarquía Española fue aprobado el 19 de marzo de 1812, coincidiendo con el aniversario del nombramiento de Fernando VII como rey. Por esta razón, es popularmente conocida como «La Pepa».
Principios Fundamentales de la Constitución de 1812
Tanto los primeros decretos de las Cortes como la propia Constitución reconocían a Fernando VII como rey legítimo. Las ideas principales que recogía la Constitución de 1812 eran:
- Monarquía constitucional, parlamentaria, hereditaria y moderada.
- Soberanía nacional: el poder reside en la nación, no en el rey.
- División de poderes:
- Legislativo: Cortes unicamerales (con el rey).
- Ejecutivo: Rey (con preeminencia).
- Judicial: Tribunales.
- Confesionalidad católica del Estado.
- Establecimiento de una nación libre e independiente, que no podía ser propiedad de ninguna familia.
- Sufragio indirecto (en la parroquia, en el partido y en la provincia).
- Organización territorial en municipios (con alcaldes) y provincias (con Diputaciones Provinciales).
- Creación de la Milicia Nacional.
- Establecimiento de bases para un plan de educación.
- Libertad de imprenta, aunque con una Junta de Censura.
- Supresión de los derechos feudales y las pruebas de nobleza.
- Entre los deberes de los ciudadanos se incluían las contribuciones al fisco y la igualdad ante la ley.
Leyes Complementarias (Cortes Ordinarias)
Las Cortes ordinarias también promulgaron leyes importantes, como:
- Ley Agrícola: que promovía la libertad de cultivos, precios y el cercamiento de tierras.
- Ley Ganadera: que suprimía la Mesta.
- Ley de Industria y Ley de Comercio: que establecían la libertad de industria y comercio en España.
El Reinado de Fernando VII: Absolutismo y Liberalismo (1814-1833)
El Sexenio Absolutista (1814-1820): La Restauración del Antiguo Régimen
Tras la firma del Tratado de Valençay en 1813, por el cual Napoleón devolvía la corona a Fernando VII, las tropas francesas e inglesas abandonaron el país.
Las Cortes esperaban a Fernando VII en Madrid para que jurara la Constitución de 1812. Sin embargo, en abril de 1814, Fernando VII emitió en Valencia el Decreto de Valencia, por el cual disolvía las Cortes y abolía la Constitución de 1812. Previamente, 69 diputados de las Cortes de Cádiz le habían entregado el «Manifiesto de los Persas», un documento que le ofrecía su apoyo para restaurar el absolutismo y anular la Constitución. En mayo de 1814, este decreto supuso la anulación de toda la obra legislativa de las Cortes de Cádiz. Se declaró a los liberales reos de lesa majestad, iniciando una dura persecución contra ellos. Se restauró la Inquisición y los señoríos, se eliminaron las diputaciones provinciales y se volvió al sistema de capitanías generales, restableciendo plenamente el absolutismo.
Los liberales, a menudo vinculados a la masonería, se enfrentaron al régimen absolutista mediante pronunciamientos militares. Los más destacados fueron: el de Espoz y Mina en Pamplona (1814), el de Porlier en La Coruña (1815), el de Lacy en Barcelona (1817), y el de Vidal en Valencia (1819). Sin embargo, todos estos intentos fracasaron y fueron duramente reprimidos.
Fernando VII, aunque absolutista, intentó aplicar algunas medidas propias del Despotismo Ilustrado, rodeándose de ilustrados para intentar mejorar la economía española. Mientras tanto, las colonias americanas, aprovechando el vacío de poder y la inestabilidad en la metrópoli, iniciaron sus procesos de independencia. El rey tuvo que enviar un ejército al mando de Morillo, pero no pudo evitar que en 1816, en el Congreso de Tucumán, Argentina proclamara su independencia.
Martín de Garay intentó resolver el grave problema económico del Estado mediante una reforma fiscal que buscaba que todos los ciudadanos contribuyeran. Sin embargo, su propuesta fracasó debido a la fuerte oposición de los estamentos privilegiados.
Tras la caída definitiva de Napoleón, se reanudó el Congreso de Viena (1815), donde las potencias europeas diseñaron un nuevo orden basado en la Restauración del absolutismo. España fue invitada a participar, pero su representación, encabezada por Pedro Gómez Labrador, quedó relegada a un papel secundario, evidenciando su declive como potencia.
El pronunciamiento liberal del 1 de enero de 1820, liderado por el coronel Rafael del Riego en Cabezas de San Juan (Sevilla), donde un ejército estaba acantonado para marchar hacia América, finalmente triunfó. Este levantamiento se extendió rápidamente por Murcia, Zaragoza, Madrid, Oviedo, Barcelona y A Coruña. Fernando VII envió tropas dirigidas por el Conde de La Bisbal para sofocar la rebelión, pero el ejército se negó a enfrentarse a Riego y juró la Constitución de 1812. Ante la presión, Fernando VII se vio obligado a aceptar la Constitución, dando inicio a una monarquía constitucional.
El Trienio Liberal (1820-1823): Reformas y Conflictos
Las primeras medidas adoptadas por los liberales incluyeron la aceptación de la libertad de asociación y reunión, lo que propició la proliferación de Sociedades Patrióticas. Se propuso reformar la Constitución de 1812, introduciendo una segunda cámara o Senado para ‘filtrar’ la soberanía nacional. La junta de pronunciamiento de Riego fue disuelta y el ejército revolucionario desarmado. Estas decisiones provocaron una división interna entre los liberales: los exaltados, que no querían reformar la Constitución, y los moderados, que sí lo deseaban. Esta profunda división generó una gran inestabilidad política durante todo el Trienio.
Los absolutistas, opuestos a la Constitución, protagonizaron varios intentos de contrarrevolución. En 1822, proclamaron la Regencia de Urgel, un gobierno paralelo. El rey, aunque simpatizaba con ellos, no estaba dispuesto a aceptar esta insurrección abierta y envió a los liberales exaltados a sofocarla. Tras lograrlo, Fernando VII se vio forzado a nombrar a miembros de este sector en el gobierno.
Los liberales en el poder durante el Trienio aplicaron una política anticlerical con medidas significativas:
- Expulsión de los jesuitas.
- Reducción del diezmo a la mitad.
- Desamortización de los bienes de las órdenes religiosas.
- Reducción del número de monasterios mediante la Ley de Monacales.
- Abolición del fuero eclesiástico.
- Establecimiento de la libertad de contratación.
- Implementación de impuestos en metálico, además del diezmo.
Mientras tanto, en América, los procesos de independencia avanzaban. Simón Bolívar lideró la liberación en el norte de América del Sur, derrotando a las tropas españolas en Carabobo, Pichincha y Boyacá. Por el sur, José de San Martín logró victorias clave en las batallas de Chacabuco y Maipú. Sucre liberó el Virreinato del Perú en Ayacucho y Junín, y para 1824, la mayor parte de América del Sur estaba independizada. En 1821, en Nueva España (México), el virrey Iturbide proclamó la independencia y se autoproclamó emperador. Para 1824, a España solo le quedaban las colonias de Cuba y Puerto Rico.
Las grandes potencias absolutistas europeas, reunidas en el Congreso de Viena y coaligadas en la Santa Alianza, se habían comprometido a intervenir ante cualquier amenaza liberal que surgiera en Europa, en defensa de los principios de la Restauración. Reunidas en el Congreso de Verona en 1822, estas potencias acordaron la intervención militar en España. En abril de 1823, un ejército francés, conocido como los “Cien Mil Hijos de San Luis”, entró fácilmente en el país bajo el mando del Duque de Angulema. Fernando VII, al ser liberado, prometió respetar a los liberales. Sin embargo, el 1 de octubre de 1823, declaró ilegal y nulo todo lo realizado durante el Trienio Liberal y ordenó la ejecución de Riego.
La Década Ominosa (1823-1833): El Retorno al Absolutismo
La Década Absolutista, también conocida como Década Ominosa, abarcó el periodo de 1823 a 1833. El 1 de octubre de 1823, Fernando VII promulgó un decreto que restablecía el absolutismo pleno, y en noviembre, el coronel Riego fue ejecutado. Se implementaron una serie de medidas represivas:
- Supresión de las Sociedades Patrióticas y los periódicos de corte liberal.
- Depuración de bibliotecas y librerías de contenido liberal.
- Purga en el ejército, la administración de justicia, el funcionariado y los secretarios.
- Clausura de universidades.
- Aumento de la represión policial.
- Se restauró la Inquisición, aunque bajo la forma de Juntas de Fe, que ejercieron una función inquisitorial y represiva.
Fernando VII, aunque manteniendo el absolutismo, adoptó algunas reformas de carácter técnico y económico, influenciadas por el Despotismo Ilustrado. Entre ellas destacan:
- Construcción y mejora de carreteras.
- Reformas en la Hacienda pública impulsadas por el ministro Luis López Ballesteros.
- Fundación de la Bolsa de Valores.
- Aprobación de la Ley de Minas.
- Introducción de la primera máquina de vapor.
- Creación de la Junta de Fomento.
- Sustitución del Banco de San Carlos por el Banco de San Fernando.
Los absolutistas más intransigentes, descontentos con las tímidas reformas y la moderación del rey, protagonizaron en Cataluña en 1827 la revuelta de los Agraviados (o Malcontents). Pedían la restauración plena de la Inquisición, la destitución del gobierno y el exilio de funcionarios y militares considerados liberales. Esta revuelta contó con el apoyo de amplios sectores campesinos.
Fernando VII se trasladó personalmente a Cataluña para sofocar la revuelta, logrando detener a sus cabecillas. Las clases medias, buscando estabilidad, prestaron dinero al rey, lo que ayudó a paliar la falta de fondos. En el ámbito económico, se aprobaron aranceles proteccionistas. En 1830, una nueva oleada de revoluciones liberales en Europa llevó a Fernando VII a aumentar la represión contra los liberales españoles. En 1831, se produjo un intento de levantamiento militar en Málaga liderado por el general Torrijos, quien fue ejecutado. Otro caso emblemático de la represión fue la ejecución de Mariana Pineda por bordar una bandera con símbolos liberales.
Fernando VII se casó con su sobrina María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, con quien tuvo una hija, Isabel. Sin embargo, en España regía la Ley Sálica, que impedía reinar a las mujeres mientras hubiera descendencia masculina directa (hijo) o colateral (hermano). Por tanto, según esta ley, la corona le correspondería al hermano del rey, Carlos María Isidro de Borbón.
Cabe destacar que Carlos IV ya había promulgado la Pragmática Sanción en 1789, que anulaba la Ley Sálica, pero esta no se había llegado a poner en vigor. Fernando VII, para asegurar la sucesión de su hija, la puso en vigencia. En el momento de su muerte (septiembre de 1833), su hija Isabel tenía solo 3 años, por lo que su madre, María Cristina, asumió la regencia, una decisión que Carlos María Isidro no aceptó.
Consecuencias de la Muerte de Fernando VII: El Inicio del Conflicto Carlista
Tras la muerte de Fernando VII, se iniciaron levantamientos armados en favor de Carlos María Isidro. Este, desde Portugal, publicó en octubre de 1833 el Manifiesto de Abrantes, en el que declaraba ilegal la Pragmática Sanción y buscaba el apoyo de absolutistas, nobleza, clero y campesinos, prometiendo respetar los fueros y leyes tradicionales. Hubo una reacción internacional, con el Tratado de Évora-Monte (1834), en el que se propuso que Carlos se exiliara en Inglaterra y que ningún país apoyaría el conflicto. Sin embargo, Carlos no cumplió el acuerdo, y surgieron grupos armados que defendían su derecho al trono en regiones como Navarra, País Vasco, Cataluña y el Maestrazgo. Esta situación desembocó en la Primera Guerra Carlista, con Carlos enviando tropas a España.