Manifiesto de Manzanares (7 de julio de 1854)
El Manifiesto de Manzanares fue un documento político publicado el 7 de julio de 1854 durante el reinado de Isabel II, tras el pronunciamiento militar iniciado por el general O’Donnell y apoyado después por Espartero. Fue redactado por Antonio Cánovas del Castillo y tenía como objetivo explicar a la población las razones de la sublevación y presentar un programa de reformas políticas. El texto comienza denunciando la grave situación en la que se encontraba España debido a los gobiernos moderados. Según el manifiesto, estos habían gobernado de forma autoritaria, manipulando las elecciones, limitando las libertades y beneficiando solo a una minoría privilegiada. Esto había provocado corrupción, desorden administrativo, crisis económica y un profundo descontento social.
Uno de los puntos principales del documento es la defensa de una monarquía constitucional verdadera. Los autores aclaran que no pretenden acabar con la monarquía ni destronar a Isabel II, sino conservar la institución, pero reformándola para que respete la Constitución y la voluntad de la nación. Se critica que la reina estuviera mal aconsejada por grupos de poder que actuaban por interés propio. El manifiesto exige una serie de reformas políticas fundamentales.
Principales reivindicaciones del manifiesto
En primer lugar, reclama el restablecimiento de la legalidad constitucional, que había sido vulnerada repetidamente. También pide la convocatoria de Cortes elegidas de forma limpia y representativa, para que elaboren leyes justas y, si es necesario, reformen la Constitución.
- Libertades individuales: defensa especial de la libertad de prensa y de opinión, consideradas indispensables para controlar al gobierno y garantizar la participación política de los ciudadanos.
- Reforma fiscal: se propone corregir un sistema fiscal injusto que hacía recaer la mayor parte de los impuestos sobre las clases populares, mientras los grupos ricos apenas contribuían, con el objetivo de lograr un reparto más equitativo de las cargas económicas del Estado.
- Lucha contra la corrupción: crítica del uso de los cargos públicos como recompensa política y demanda de una administración honrada, eficaz y basada en el mérito, no en el favoritismo.
- Intervención del ejército: el manifiesto justifica la intervención militar como algo excepcional y necesario para salvar al país de la mala gestión política, presentándose como defensor del orden y de las libertades, no como un poder ambicioso.
En conclusión, el Manifiesto de Manzanares fue un texto clave que sirvió para legitimar el cambio político de 1854 y abrir el periodo conocido como el Bienio Progresista (1854-1856). Representa el intento de implantar un sistema más liberal, representativo y justo frente al autoritarismo de los gobiernos moderados, y refleja los principales problemas políticos de la España del siglo XIX.
Manifiesto de Manzanares (texto repetido en el documento original)
El Manifiesto de Manzanares fue un documento político publicado el 7 de julio de 1854 durante el reinado de Isabel II, tras el pronunciamiento militar iniciado por el general O’Donnell y apoyado después por Espartero. Fue redactado por Antonio Cánovas del Castillo y tenía como objetivo explicar a la población las razones de la sublevación y presentar un programa de reformas políticas. El texto comienza denunciando la grave situación en la que se encontraba España debido a los gobiernos moderados. Según el manifiesto, estos habían gobernado de forma autoritaria, manipulando las elecciones, limitando las libertades y beneficiando solo a una minoría privilegiada. Esto había provocado corrupción, desorden administrativo, crisis económica y un profundo descontento social.
Uno de los puntos principales del documento es la defensa de una monarquía constitucional verdadera. Los autores aclaran que no pretenden acabar con la monarquía ni destronar a Isabel II, sino conservar la institución, pero reformándola para que respete la Constitución y la voluntad de la nación. Se critica que la reina estuviera mal aconsejada por grupos de poder que actuaban por interés propio. El manifiesto exige una serie de reformas políticas fundamentales.
Reivindicaciones principales (repetición)
En primer lugar, reclama el restablecimiento de la legalidad constitucional, que había sido vulnerada repetidamente. También pide la convocatoria de Cortes elegidas de forma limpia y representativa, para que elaboren leyes justas y, si es necesario, reformen la Constitución.
- Libertades individuales: defensa especial de la libertad de prensa y de opinión, consideradas indispensables para controlar al gobierno y garantizar la participación política de los ciudadanos.
- Reforma fiscal: se propone corregir un sistema fiscal injusto que hacía recaer la mayor parte de los impuestos sobre las clases populares, mientras los grupos ricos apenas contribuían, con el objetivo de lograr un reparto más equitativo de las cargas económicas del Estado.
- Lucha contra la corrupción: crítica del uso de los cargos públicos como recompensa política y demanda de una administración honrada, eficaz y basada en el mérito, no en el favoritismo.
- Intervención del ejército: el manifiesto justifica la intervención militar como algo excepcional y necesario para salvar al país de la mala gestión política, presentándose como defensor del orden y de las libertades, no como un poder ambicioso.
En conclusión, el Manifiesto de Manzanares fue un texto clave que sirvió para legitimar el cambio político de 1854 y abrir el periodo conocido como el Bienio Progresista (1854-1856). Representa el intento de implantar un sistema más liberal, representativo y justo frente al autoritarismo de los gobiernos moderados, y refleja los principales problemas políticos de la España del siglo XIX.
Constitución de 1812 («La Pepa»)
La Constitución de 1812, conocida popularmente como «La Pepa», fue aprobada el 19 de marzo de 1812 por las Cortes de Cádiz, en plena Guerra de la Independencia española contra la invasión francesa. Se trata de la primera constitución liberal de la historia de España. Es muy importante porque marca el fin del Antiguo Régimen y el inicio del liberalismo político en España. Este texto es una fuente histórica primaria, de carácter jurídico y político, creada por representantes de la Nación. Su objetivo principal era organizar el Estado y establecer un nuevo sistema político basado en leyes escritas, frente al absolutismo que existía antes. La Constitución refleja el cambio de mentalidad que se produjo durante la guerra, cuando comenzó a considerarse que el poder no debía estar solo en el rey, sino en la Nación.
Una de las ideas principales del texto es la soberanía nacional. Según la Constitución, la soberanía reside en la Nación, es decir, en el conjunto de los ciudadanos, y no en el rey. Esto supone una ruptura clara con el absolutismo. Además, la Nación se define como la unión de todos los españoles de ambos hemisferios, incluyendo tanto a los habitantes de la península como a los de los territorios americanos. Otro aspecto fundamental es el reconocimiento de derechos individuales, como la libertad civil, la propiedad y otros derechos legales. De esta manera, los habitantes dejan de ser súbditos y pasan a ser ciudadanos con derechos; este es uno de los pilares del Estado liberal. En cuanto a la forma de gobierno, la Constitución establece una monarquía moderada hereditaria, en la que el poder del rey está limitado por la ley.
Organización del poder y características
Se implanta la separación de poderes: el poder legislativo lo comparten las Cortes y el rey, el poder ejecutivo corresponde al rey y el poder judicial a los tribunales. Esto evita la concentración de poder y garantiza un mayor control del Estado. Las Cortes representan a la Nación y están formadas por diputados elegidos por los ciudadanos mediante un sistema electoral indirecto. El voto era masculino y censitario.
Además, se establece la unidad legislativa, con un único código civil, penal y de comercio para todo el país, lo que refuerza la centralización del Estado. Sin embargo, la Constitución también mantiene elementos tradicionales. El más importante es que España se declara Estado confesional, estableciendo la religión católica como la única permitida. Esto demuestra la gran influencia de la Iglesia en la sociedad española del momento.
El contexto histórico de la Constitución está marcado por la invasión napoleónica de 1808 y el vacío de poder provocado por las abdicaciones de Bayona. Ante esta situación surgieron juntas locales y provinciales que organizaron la resistencia y asumieron la soberanía en nombre de la Nación. De este proceso nacieron las Cortes de Cádiz, donde liberales, absolutistas y reformistas debatieron el futuro político del país, aunque los liberales tuvieron mayor influencia en el texto final.
En conclusión, la Constitución de 1812 es un documento clave para entender el cambio del absolutismo al liberalismo en España. Aunque estuvo en vigor pocos años, se convirtió en un símbolo del liberalismo y de la lucha contra el absolutismo durante el siglo XIX, influyendo tanto en España como en otros países europeos y americanos.
Constitución de 1812 (texto repetido en el documento original)
La Constitución de 1812, conocida popularmente como «La Pepa», fue aprobada el 19 de marzo de 1812 por las Cortes de Cádiz, en plena Guerra de la Independencia española contra la invasión francesa. Se trata de la primera constitución liberal de la historia de España. Es muy importante porque marca el fin del Antiguo Régimen y el inicio del liberalismo político en España. Este texto es una fuente histórica primaria, de carácter jurídico y político, creada por representantes de la Nación. Su objetivo principal era organizar el Estado y establecer un nuevo sistema político basado en leyes escritas, frente al absolutismo que existía antes. La Constitución refleja el cambio de mentalidad que se produjo durante la guerra, cuando comenzó a considerarse que el poder no debía estar solo en el rey, sino en la Nación.
Una de las ideas principales del texto es la soberanía nacional. Según la Constitución, la soberanía reside en la Nación, es decir, en el conjunto de los ciudadanos, y no en el rey. Esto supone una ruptura clara con el absolutismo. Además, la Nación se define como la unión de todos los españoles de ambos hemisferios, incluyendo tanto a los habitantes de la península como a los de los territorios americanos. Otro aspecto fundamental es el reconocimiento de derechos individuales, como la libertad civil, la propiedad y otros derechos legales. De esta manera, los habitantes dejan de ser súbditos y pasan a ser ciudadanos con derechos; este es uno de los pilares del Estado liberal. En cuanto a la forma de gobierno, la Constitución establece una monarquía moderada hereditaria, en la que el poder del rey está limitado por la ley.
Organización del poder (repetición)
Se implanta la separación de poderes: el poder legislativo lo comparten las Cortes y el rey, el poder ejecutivo corresponde al rey y el poder judicial a los tribunales. Esto evita la concentración de poder y garantiza un mayor control del Estado. Las Cortes representan a la Nación y están formadas por diputados elegidos por los ciudadanos mediante un sistema electoral indirecto. El voto era masculino y censitario. Además, se establece la unidad legislativa, con un único código civil, penal y de comercio para todo el país, lo que refuerza la centralización del Estado.
Sin embargo, la Constitución también mantiene elementos tradicionales. El más importante es que España se declara Estado confesional, estableciendo la religión católica como la única permitida. Esto demuestra la gran influencia de la Iglesia en la sociedad española del momento. El contexto histórico de la Constitución está marcado por la invasión napoleónica de 1808 y el vacío de poder provocado por las abdicaciones de Bayona. Ante esta situación surgieron juntas locales y provinciales que organizaron la resistencia y asumieron la soberanía en nombre de la Nación. De este proceso nacieron las Cortes de Cádiz, donde liberales, absolutistas y reformistas debatieron el futuro político del país, aunque los liberales tuvieron mayor influencia en el texto final.
En conclusión, la Constitución de 1812 es un documento clave para entender el cambio del absolutismo al liberalismo en España. Aunque estuvo en vigor pocos años, se convirtió en un símbolo del liberalismo y de la lucha contra el absolutismo durante el siglo XIX, influyendo tanto en España como en otros países europeos y americanos.