Caso 5: Transporte informal y principio de irretroactividad
En 2024, ante el aumento de servicios de transporte informal, se dicta una ley que criminaliza expresamente el transporte no autorizado y continuado de pasajeros. El tipo penal considera no autorizado aquel realizado sin licencia o permiso especial, estableciendo penas de multa y cárcel.
Juan tiene una camioneta con la que se dedica a transportar encomiendas y distintos objetos sin contar con autorización ni los permisos correspondientes. En una oportunidad también trasladó personas a un recital en una ciudad vecina. En 2025, el fiscal formaliza a Juan por el delito de «transporte no autorizado y continuado de pasajeros» y solicita una pena principal de multa y una pena accesoria de retención de la libreta de conductor por 3 meses.
Pregunta: Argumente sobre la procedencia o improcedencia de esta formalización y sobre la pena solicitada.
Resolución
La formalización contra Juan es jurídicamente improcedente por las siguientes razones:
- Principio de Irretroactividad de la Ley Penal: Este principio exige que una conducta solo sea sancionada si estaba tipificada con anterioridad a su ejecución. Dado que Juan realizó los traslados antes de la vigencia de la ley de 2024, su actuar era lícito al momento de los hechos.
- Atipicidad objetiva: El tipo penal exige que el transporte sea «continuado». El relato indica que Juan trasladó personas en una sola oportunidad, por lo que no se configura el elemento de habitualidad requerido por la norma.
- Inexistencia de delito base: Respecto a la sanción, tanto la multa como la retención de libreta son inaplicables, pues no existe un delito base que sustente una pena principal ni accesoria.
Caso 6: Delito de amenazas y libertad de expresión
Artículo 296 CP: «El que amenazare seriamente a otro con causar a él mismo o a su familia, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya delito, siempre que por los antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será castigado…»
Ignacio publica en su cuenta de Twitter un mensaje que critica duramente al gobierno, usando frases irónicas y groseras tales como: «quien roba los dineros públicos debería ser destituido de la función pública». Ignacio no profiere amenazas ni adjudica actos corruptos a ninguna persona en particular.
Al día siguiente, es detenido por la policía y formalizado por un delito de amenazas, bajo el argumento de que el tenor de las críticas podría ser interpretado como ofensivo contra el buen funcionamiento del Estado y que la conducta se ajusta «al espíritu de la ley».
Pregunta: ¿Es jurídicamente válida la imputación a Ignacio? Argumente en base a los principios estudiados.
Resolución
La imputación contra Ignacio carece de validez jurídica por contravenir pilares fundamentales del Derecho Penal:
- Garantía de Taxatividad y Prohibición de Analogía (in malam partem): El fiscal intenta aplicar el Art. 296 CP basándose en el «espíritu de la ley». El principio de legalidad exige una descripción estricta y clara (lex stricta); las críticas genéricas e impersonales no encajan en el tipo legal de amenazas, que requiere un mal verosímil contra una persona determinada.
- Derecho Penal de Actos: Se pretende sancionar una opinión política irónica que no constituye una conducta lesiva exteriorizada.
- Principio de Lesividad: Una crítica institucional no representa un peligro concreto ni verosímil para la seguridad individual de los funcionarios, careciendo el hecho de la entidad necesaria para ser penalmente relevante.