Tras el desastre militar de Annual en 1921, la implicación del rey Alfonso XIII fue objeto de severas críticas. La investigación abierta, conocida como el Expediente Picasso, señaló al ejército y al propio monarca como responsables directos. Antes de que el Congreso pudiera actuar, el general Miguel Primo de Rivera llevó a cabo un golpe de Estado en 1923, estableciendo una dictadura con el respaldo del rey.
Primo de Rivera justificó su acción mediante un “Manifiesto a la Nación”, en el que prometía solucionar los problemas del país: erradicar el sistema político corrupto, resolver el conflicto en Marruecos, restaurar el orden público y contener el separatismo y el anticlericalismo.
El golpe de Estado encontró escaso rechazo y contó con un amplio apoyo:
- El rey Alfonso XIII, quien temía por la estabilidad de la monarquía.
- La Iglesia, la banca, el ejército y los empresarios (especialmente los catalanes).
- Los socialistas y republicanos, que inicialmente mantuvieron una postura pasiva.
- Gran parte de la población, que lo aceptó con indiferencia.
Solo anarquistas y comunistas se opusieron mediante una huelga, que resultó un fracaso y fue duramente reprimida.
El Directorio Militar (septiembre de 1923 – diciembre de 1925)
Aunque inicialmente la dictadura de Primo de Rivera se presentó como una medida temporal, pronto evolucionó hacia un régimen autoritario. Durante esta fase, se suspendió la Constitución de 1876, se disolvieron las Cortes, se prohibieron los partidos políticos y los sindicatos, y se estableció un Directorio Militar con Primo de Rivera al mando absoluto.
La represión del nacionalismo fue severa, especialmente en Cataluña, donde se eliminó la Mancomunidad y se prohibieron los símbolos catalanes, lo que intensificó el sentimiento separatista. Asimismo, se controló eficazmente al movimiento obrero radical, lo que se tradujo en una disminución de huelgas y atentados.
En un intento de renovar la administración, se promulgaron leyes para reorganizar ayuntamientos y provincias; sin embargo, el caciquismo no desapareció, sino que simplemente cambió de manos.
En cuanto a la cuestión marroquí, Primo de Rivera, a pesar de su intención inicial de retirarse, cambió de opinión debido a la presión de militares africanistas como Francisco Franco. En 1925, España y Francia llevaron a cabo una operación conjunta, el Desembarco de Alhucemas, que puso fin a la rebelión de Abd-el-Krim. Esta victoria representó el mayor logro de la dictadura y consolidó el prestigio de los militares africanistas.
El Directorio Civil y el Fin de la Dictadura (diciembre de 1925 – enero de 1930)
Una vez resueltos los principales problemas del país (el conflicto en Marruecos y la conflictividad social), Primo de Rivera, en lugar de restaurar la democracia, decidió perpetuarse en el poder. Para ello, sustituyó el Directorio Militar por un Directorio Civil, incorporando a figuras políticas como José Calvo Sotelo y Eduardo Aunós. Su objetivo era crear un nuevo régimen, inspirado en el fascismo italiano y el corporativismo.
Con este fin, se llevaron a cabo las siguientes acciones:
- Fundación de la Unión Patriótica, un partido único sin una ideología clara, cuyo lema era “Religión, Patria y Monarquía”.
- Creación de la Asamblea Nacional Consultiva en 1927, un órgano que no tenía capacidad legislativa, sino únicamente asesora.
- Presentación de un anteproyecto de Constitución en 1929, que nunca llegó a ser aprobado oficialmente.
Política Económica y Social del Directorio Civil
En el ámbito económico, el Estado implementó una fuerte intervención: impulsó un ambicioso plan de obras públicas (carreteras, embalses, etc.), creó empresas estatales clave como Telefónica o Iberia, y protegió la industria nacional mediante aranceles. Estas medidas mejoraron significativamente las infraestructuras y beneficiaron a sectores como el del hierro o el cemento, aunque también provocaron un considerable aumento de la deuda pública.
En el plano social, se construyeron viviendas, se ampliaron los servicios sanitarios y educativos. Además, se estableció la Organización Corporativa Nacional, un sistema donde obreros y empresarios negociaban conjuntamente en Comités Paritarios, con el objetivo de prevenir conflictos laborales. La UGT participó en este esquema, aunque con ciertas contradicciones. Gracias a la favorable situación económica mundial de los años 20, se redujo el desempleo y se logró una relativa paz social, si bien el sistema beneficiaba principalmente a los grandes empresarios.
El Régimen Franquista durante la Guerra Civil Española (1936-1939)
Durante la Guerra Civil Española (1936-1939), la zona controlada por los sublevados, conocida como la “zona nacional”, estableció un régimen autoritario bajo el liderazgo del general Francisco Franco. En octubre de 1936, Franco fue nombrado Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, concentrando en su persona todo el poder político y militar.
El nuevo régimen suprimió los derechos civiles, prohibió partidos políticos y sindicatos, impuso una estricta censura y disolvió las instituciones democráticas. En abril de 1937, Franco unificó las diversas fuerzas políticas que apoyaban el alzamiento en un único partido: la Falange Española Tradicionalista y de las JONS (FET y de las JONS), también conocido como “Movimiento Nacional”. Este partido único, con una fuerte influencia falangista, contó con el respaldo de la Iglesia católica y se convirtió en la única formación política autorizada.
La represión fue sistemática y severa. La Ley de Responsabilidades Políticas, promulgada en febrero de 1939, permitió castigar retroactivamente a quienes se opusieron al golpe, mediante penas de prisión, ejecuciones y confiscaciones de bienes. Esta ley se aplicó incluso a menores y personas con discapacidades mentales, afectando a miles de individuos en todo el país.
Economía y Financiación del Bando Sublevado
Económicamente, la zona sublevada controlaba la mayor parte de la producción agrícola, aunque disponía de menos industria que la zona republicana. Se anularon las reformas agrarias republicanas y se devolvieron las tierras a sus antiguos propietarios. Para financiar la guerra, el régimen obtuvo créditos de banqueros como Juan March y de empresas británicas y estadounidenses, que suministraron petróleo y vehículos. Además, recibió una considerable ayuda militar de la Alemania nazi, la Italia fascista y Portugal, siendo especialmente significativa la aportación italiana por sus facilidades de pago.