El Gobierno Provisional (Abril – Diciembre de 1931)
Tras la proclamación de la República, el Comité Revolucionario estableció un Gobierno provisional encabezado por Niceto Alcalá-Zamora, quien asumió la presidencia del Gobierno y jefe del Estado en reemplazo de Alfonso XIII. Este Gobierno provisional, compuesto por diversas tendencias políticas, tomó medidas inmediatas para abordar los problemas que España arrastraba desde hacía décadas.
Reformas del Gobierno Provisional
En el ámbito territorial, el Gobierno buscó gestionar las demandas de autonomía de los nacionalismos, llegando a acuerdos como el Pacto de San Sebastián con Francesc Macià, quien renunció a proclamar unilateralmente el Estado Catalán a cambio de la reinstauración de la Generalitat y la redacción de un Estatuto de Autonomía.
Además, en el ámbito agrario, se implementaron decretos destinados a mejorar las condiciones laborales de los campesinos. Estas medidas incluían la obligación de los propietarios de contratar braceros locales, la prohibición de desahucios a arrendatarios y la obligación de mantener las tierras en producción.
La regulación laboral a cargo de Largo Caballero establecía derechos como vacaciones pagadas y huelga, estableciendo que esta última no podría ser motivo de despido.
También hubo mejoras en la enseñanza con la contratación de nuevos maestros y se extendió la cultura a las zonas rurales mediante Misiones Pedagógicas.
En el ámbito militar, el ministro Azaña llevó a cabo reformas, ofreciendo retiro a los militares que no juraran fidelidad al nuevo régimen, reduciendo el número de divisiones y mejorando los medios materiales del ejército.
Tensiones y Elecciones
No obstante, el Gobierno provisional enfrentó tensiones religiosas, ya que proclamó la libertad de conciencia y de cultos, generando disturbios y ataques a instituciones católicas.
Las elecciones a Cortes Constituyentes, realizadas el 28 de junio de 1931, resultaron en una victoria abrumadora para la Conjunción Republicano-Socialista. El PSOE obtuvo 115 diputados de un total de 470, y Julián Besteiro fue elegido presidente de las Cortes. El Gobierno provisional cedió el poder a la Cámara, que respaldó sus decretos y le otorgó la confianza para seguir gobernando. En estas elecciones salieron elegidas tres mujeres: Margarita Nelken, Clara Campoamor y Victoria Kent.
La Constitución de 1931
La Constitución de 1931, aprobada el 9 de diciembre, definió a España como una «República democrática de trabajadores de toda clase«. Estableció la separación de poderes, reconociendo derechos individuales y colectivos, regulando la propiedad privada y definiendo el trato hacia la Iglesia católica. Sin embargo, no fue fruto del consenso de todas las fuerzas políticas ni fue sometida a referéndum.
En cuanto al sufragio femenino, la Constitución de 1931 reconoció por primera vez este derecho en España. En las elecciones de junio de 1931, las mujeres tuvieron sufragio pasivo, pudiendo presentarse como candidatas, y posteriormente, en las elecciones municipales de 1933, obtuvieron sufragio activo, ejerciendo por primera vez el derecho al voto en todo el territorio español.
El Bienio Reformista (1931-1933)
Tras la promulgación de la Constitución el 9 de diciembre de 1931, se formó un gobierno republicano-socialista liderado por Manuel Azaña. Este período, conocido como el Bienio Reformista (1931-1933), buscó resolver los problemas de España de manera democrática y legal, evitando enfoques revolucionarios para modernizar el país.
Reformas del Bienio Reformista
En el ámbito militar, se continuó la dirección iniciada por el Gobierno Provisional para poner fin a la intervención de los militares en la política, modernizar las fuerzas armadas y fidelizarlas a la República. Se implementaron medidas como el cierre de la Academia Militar de Zaragoza, la reducción de regiones militares y la creación de la Guardia de Asalto republicana. Sin embargo, estas acciones generaron malestar entre algunos militares, desembocando en la Sanjurjada, el primer intento de golpe de Estado en agosto de 1932 liderado por el general Sanjurjo.
En relación con los estatutos de autonomía, Cataluña fue la primera en iniciar este proceso, que se aceleró tras la Sanjurjada. En septiembre de 1932, se aprobó el estatuto catalán, mientras que los vascos y gallegos también buscaron autonomía, enfrentándose a desafíos políticos y legales.
La cuestión religiosa generó profundos enfrentamientos en la sociedad española, ya que se promulgó la Ley de Congregaciones, se aprobó el divorcio y los matrimonios civiles, se secularizaron los cementerios, se eliminó la enseñanza religiosa y se confiscaron bienes eclesiásticos, todo con el objetivo de reducir el poder de la Iglesia.
En el ámbito agrario, la propiedad de la tierra se convirtió en un problema estructural clave. En 1932, se promulgó la Ley de Bases de la Reforma Agraria, que buscaba expropiar tierras de grandes propietarios y redistribuirlas. Sin embargo, la complejidad de la ley y la falta de fondos limitaron su implementación y generaron descontento tanto entre los campesinos como entre los propietarios.
En el ámbito educativo, se inició una reforma para abordar el alto índice de analfabetismo. Se construyeron escuelas, se aumentó el número de maestros y se mejoraron sus salarios. Sin embargo, la falta de financiación limitó la implementación completa de la reforma. La expulsión de la Compañía de Jesús y la prohibición de enseñar a congregaciones religiosas generaron tensiones con la opinión pública católica.
Oposición y Fin del Bienio
Durante el mandato de Azaña, la oposición creció en diversos sectores. La derecha desaprobó el anticlericalismo y la Ley de Reforma Agraria, mientras que el ejército se inquietó por medidas descentralizadoras y leyes que les afectaban, culminando en la Sanjurjada. La izquierda se radicalizó debido a la ineficacia de las reformas agrarias, y las tensiones internas llevaron a la ruptura de la coalición entre socialistas y republicanos. En este contexto, las revueltas anarquistas, como los sucesos sangrientos de Casas Viejas en Cádiz, evidenciaron la impaciencia y desesperación por la falta de medidas efectivas para el campo. Estos eventos, junto con la derrota en las elecciones municipales de 1933, condujeron a la destitución de Azaña por el presidente de la República Niceto Alcalá Zamora en septiembre de 1933, quien convocó nuevas elecciones generales para noviembre.
El Bienio Conservador (1933-1936)
En las elecciones de 1933, marcadas por la participación femenina por primera vez, la izquierda dividida, enfrentó a una derecha unida bajo la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) liderada por José María Gil Robles. Aunque ganó, no obtuvo mayoría absoluta. El presidente Alcalá Zamora, para evitar confrontaciones, eligió a Alejandro Lerroux, líder del Partido Radical, para formar gobierno, respaldado por los cedistas en el Parlamento. Este periodo se conoció como el Bienio Derechista (1933-1936).
Radicalización y Conflictos
En un contexto internacional marcado por el ascenso de Hitler en Alemania y el auge de totalitarismos, España también experimentó radicalización. La fusión de la Falange Española (FE) con las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS) en 1934, la formación de la Izquierda Republicana de Azaña, y la elección del primer diputado del PCE en 1933 reflejaron este clima. La crisis de 1929 se intensificó en España.
La situación se volvió tensa cuando Lerroux anunció en octubre de 1934 la inclusión de ministros de la CEDA en su gobierno para mantener el apoyo parlamentario. Esto provocó una insurrección liderada por socialistas, anarquistas y nacionalistas en la Revolución de octubre de 1934. A pesar de una huelga general revolucionaria convocada por la UGT, la represión del ejército y la Guardia Civil sofocaron la revuelta en la mayoría de las ciudades, excepto en Cataluña y Asturias.
En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Luis Companys, proclamó el Estat Catalá, pero el ejército recuperó el control rápidamente, deteniendo al gobierno catalán y suspendiendo la autonomía de Cataluña.
En Asturias, socialistas, anarquistas y comunistas llevaron a cabo la Alianza Obrera, resultando en una revuelta violenta que fue aplastada por la Legión dirigida por Franco.
Consecuencias y Polarización
La Revolución de octubre profundizó las divisiones políticas, dando lugar al Bloque Nacional liderado por Calvo Sotelo y la Unión Militar Española, mientras la izquierda se consolidaba en el Frente Popular.
Escándalos de corrupción en 1935 involucraron al Partido Radical-Cedista, llevando a la disolución de la coalición. Portela Valladares fue designado presidente de gobierno, pero su falta de apoyo parlamentario llevó a la convocatoria de nuevas elecciones en febrero de 1936.
Hacia la Guerra Civil (Febrero – Julio de 1936)
En estas elecciones, las fuerzas izquierdistas unidas en el Frente Popular ganaron por escasos votos, pero su victoria no se reflejó proporcionalmente en el número de escaños debido al sistema electoral republicano. Manuel Azaña lideró un gobierno integrado por Izquierda Republicana y Unión Republicana, restableciendo rápidamente el estatuto de autonomía de Cataluña y liberando a los detenidos por la Revolución de octubre de 1934. Se reanudó la reforma agraria y se ilegalizó la Falange, deteniendo a su líder José Antonio Primo de Rivera.
La tensión política creció, y en mayo de 1936, Azaña asumió la presidencia de la República tras la destitución de Alcalá Zamora. La creciente violencia, con ocupaciones masivas, huelgas y atentados, aumentó el temor a una insurrección o golpe militar. El asesinato de José Calvo Sotelo en julio de 1936 desencadenó la sublevación militar el 17 de julio, marcando el inicio de la Guerra Civil española.