Introducción
El gobierno republicano, nacido el 14 de abril de 1931, fue un régimen recibido con entusiasmo y esperanza de un cambio radical que modernizara y reformara el país. Este gobierno provisional estaba constituido por republicanos, socialistas y nacionalistas. Su presidente, Niceto Alcalá-Zamora, convocó elecciones a Cortes el 28 de junio y promulgó una serie de decretos ministeriales en temas considerados de urgencia como: proyecto de reforma agraria, reforma del ejército y el inicio de las conversaciones con nacionalistas catalanes y vascos para pactar una solución autonómica.
Bienio reformista (diciembre de 1931 – septiembre de 1933)
Entre diciembre de 1931 y septiembre de 1933 (Bienio Reformista) gobernó la coalición de republicanos de izquierda y socialistas presidida por Manuel Azaña, llevando a cabo un programa de reformas con el objetivo de modernizar y democratizar la sociedad española. Sin embargo, la mala coyuntura internacional (crisis de 1929) y la negativa a aumentar la deuda del Estado hicieron fracasar parte de estas reformas por falta de medios.
La cuestión religiosa
Se limitó la influencia de la Iglesia y se secularizó la sociedad española. Se estableció un Estado aconfesional y laico, con libertad de cultos y la supresión del presupuesto destinado al culto y al clero. Se permitieron el divorcio y el matrimonio civil, y se secularizaron los cementerios. Se prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza y se limitó la posesión de bienes de las órdenes religiosas (Ley de Congregaciones). Sectores católicos vieron las nuevas reformas como una agresión al catolicismo.
Modernización del ejército
Azaña impulsó una reforma para crear un ejército profesional y democrático: reducir los efectivos militares, acabar con la macrocefalia (un oficial por cada tres soldados), poner fin al fuero de los militares, asegurar su obediencia al poder civil y terminar con la intervención del ejército en la vida política. Se promulgó la Ley de Retiro de la Oficialidad (1931), que establecía que todos los militares en activo debían prometer su adhesión a la República, pero se les daba la posibilidad de retirarse con el sueldo íntegro si así lo deseaban. Más de la mitad de la oficialidad aceptó la oferta.
Se suprimieron algunos rangos tradicionales, se redujo el número de unidades y oficiales, y se cerró la Academia Militar de Zaragoza, vivero de los sectores más golpistas del ejército. Se consiguió una disminución de los gastos del ejército, lo que dificultó la modernización del material, el armamento y el equipamiento.
La reforma agraria
En septiembre de 1932 se aprobó la Ley de Bases para la Reforma Agraria, con la oposición de la derecha. Se buscaba acabar con el latifundismo, el absentismo y la miseria de 2 millones de jornaleros. Se expropiaron sin indemnización las tierras a los grandes de España y se declararon expropiables con indemnización los latifundios mal cultivados o sistemáticamente arrendados. Las tierras serían entregadas a los campesinos. Se creó el Instituto de Reforma Agraria para llevarla a cabo. El ritmo de la reforma fue muy lento y sus resultados escasos; los campesinos, decepcionados con la República, se inclinaron hacia el anarquismo revolucionario. Por otro lado, los terratenientes se mostraron claramente hostiles.
Reforma del Estado centralista y estatutos de autonomía
Se concedió a Cataluña en 1932 el Estatuto de Autonomía: un gobierno autónomo, la Generalitat, tenía competencias en cultura, obras públicas y orden público. Fue elegido presidente Francesc Macià. En el País Vasco, el proyecto de Estatuto elaborado por el Partido Nacionalista Vasco y los carlistas fue rechazado por ser tradicionalista y poco democrático. No habría Estatuto de Autonomía hasta 1936, iniciada la guerra civil.
Una parte del ejército entendió que peligraba la unidad de España y, ya en 1932, el general Sanjurjo protagonizó una intentona golpista que acabó en fracaso.
Obra educativa y cultural
El principal objetivo de la República era promover una educación liberal y laica y hacer del Estado el garante del derecho a la educación, extendido a toda la población. Se crearon 100.000 escuelas y 7.000 plazas de maestros, mientras el presupuesto de educación se incrementó en un 50%. Se intentó acabar con la hegemonía de la enseñanza religiosa y se adoptó un modelo de escuela laica, obligatoria y gratuita.
Con el apoyo de intelectuales y artistas, se promovieron campañas culturales destinadas a los sectores más humildes. Las llamadas Misiones Pedagógicas, formadas por grupos ambulantes de estudiantes, profesores e intelectuales, llevaban a zonas rurales bibliotecas, coros, conferencias, cines y grupos de teatro como La Barraca, organizado por Federico García Lorca.
Reformas laborales
Fueron llevadas a cabo por el ministro Largo Caballero. Se estableció la semana laboral de 40 horas y se estipuló el aumento de salarios. Se crearon seguros sociales, se redujo la jornada laboral de los trabajadores del campo y se reforzó el papel de los sindicatos agrícolas en la contratación de las tareas del campo.
Con estas medidas se buscaba dar más poder a la clase obrera y una mayor paz social, pero esto no sucedió porque las medidas irritaron tanto a las organizaciones patronales, que se opusieron a su promulgación y consiguieron frenar algunos proyectos —como el de la intervención obrera en las empresas—, como a los anarquistas de la CNT, que consideraban que se estaba reforzando al sindicato socialista UGT.
Contexto internacional y viraje político
Partiendo del contexto internacional, la situación española no difería mucho de la del resto de Europa. La crisis económica de 1929, las secuelas de la I Guerra Mundial y el temor de ciertos sectores sociales a una revolución comunista como la de Rusia (1917) provocaron el desprestigio de las democracias liberales, una radicalización creciente y el auge de las ideologías totalitarias.
Tras las reformas del Bienio Republicano-Socialista (28 de junio de 1931 – noviembre de 1933), el Bienio Negro o Radical Cedista (noviembre de 1933 – febrero de 1936) supuso una etapa en la que dichas reformas quedaron paralizadas, estando el poder en manos de gobiernos de derechas. La tensión fue en aumento, en medio de la crisis, por la paralización de cualquier reforma que hiciera frente a la situación económica del país y al frenarse los intentos modernizadores. Este viraje a la derecha de la República radicalizó las posturas del PSOE, de la UGT y de los partidos nacionalistas. Todo ello hizo proliferar las huelgas, que fueron usadas por la CEDA para exigir al gobierno acciones contundentes para controlar el orden público y, de paso, su participación en el gobierno.