Conceptos Esenciales del Derecho Administrativo Español


Casos Prácticos de Derecho Administrativo I

  1. Modificación de Contratos (ADIF)

    Es posible imponerla si es técnicamente necesaria, justificada y no excede los porcentajes permitidos (ej. 15 %), sin necesitar el consentimiento del contratista.

  2. Contratos de Seguridad y Gestión Penitenciaria

    El contrato de vigilancia es de servicios. No puede privatizarse la gestión penitenciaria por implicar autoridad pública, pero sí contratar servicios auxiliares.

  3. Cambios Urbanísticos y Derecho a Indemnización

    El cambio de clasificación es legal si responde al interés general. Solo hay derecho a indemnización si existía una situación consolidada (licencias o inversiones legítimas).

  4. Derecho a Edificar

    Nace al obtener la licencia urbanística, no con la propiedad. Hasta entonces, solo hay una expectativa condicionada al planeamiento.

  5. Expropiación Forzosa: Caso Playa Blanca

    Si existe una ley que declara de forma general la utilidad pública (ej. Ley de Costas), no es necesaria una nueva declaración individual. Basta con que el proyecto se enmarque en dicha ley.

  6. Retasación y Acuerdo de Necesidad de Ocupación

    La retasación permite revisar el valor del bien expropiado si ha transcurrido tiempo y el justiprecio ha quedado desfasado. El acuerdo de necesidad de ocupación autoriza la ocupación forzosa tras concretar los bienes afectados.

  7. Responsabilidad Patrimonial por Accidente en Obra Municipal

    La familia debe reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración por el funcionamiento anormal del servicio. Puede existir responsabilidad compartida si hubo negligencia por parte de la constructora.

  8. Clasificación de Bienes Municipales

    El mercado, la piscina y la plaza de toros (si se usa con interés general) son bienes de dominio público. Las acciones de la empresa municipal son bienes patrimoniales.

  9. Concesión y Autorización Demanial

    La concesión debe tramitarse por procedimiento público salvo que se justifique un único interesado. La autorización especial también requiere resolución administrativa y no puede otorgarse arbitrariamente.

  10. Restricciones al Uso Común General: Caso de la Pesca

    La pesca es un uso común general, pero puede restringirse por razones justificadas (seguridad, operatividad). La prohibición es legal si está debidamente motivada.

Casos Prácticos de Derecho Administrativo II

  1. Calificación Jurídica de Actuaciones Administrativas

    • A) Transcurso de 4 meses sin resolver un recurso de alzada: inactividad administrativa.
    • B) Omisión del pago del justiprecio tras sentencia firme: también es inactividad administrativa.
    • C) Embargo de cuenta por multa: actuación material legítima derivada de acto firme, no es vía de hecho.
    • D) Declaración responsable: no es acto administrativo, sino una manifestación del particular con efectos automáticos y bajo su responsabilidad.
  2. Impugnación de una Declaración de Impacto Ambiental Desfavorable

    Puede impugnarse directamente si impide o condiciona el proyecto, por tener efectos prácticos. La empresa puede presentar alegaciones, informes periciales, solicitar revisión de oficio o recurrir en vía judicial si la declaración no está motivada o vulnera el procedimiento.

  3. Recurso contra el Justiprecio Fijado por el Jurado de Expropiación

    El propietario puede presentar hoja de aprecio en desacuerdo. Si no hay acuerdo, puede recurrir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en un plazo de 2 meses desde la notificación. Debe aportar peritajes que justifiquen otro valor.

  4. Impugnación por la Dirección General en Procedimientos Expropiatorios

    Puede impugnar como parte interesada en el procedimiento expropiatorio. Mismo cauce: hoja de aprecio, y si no hay acuerdo, recurso contencioso. Órgano competente: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

  5. Reclamación por Inactividad Administrativa: Grúa Municipal

    Inactividad administrativa. Si en 3 meses no se responde, puede interponer recurso contencioso por inactividad para forzar al Ayuntamiento a tramitar y resolver.

  6. Aplicación Subjetiva de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)

    • a) Autoridad Portuaria de Valencia: poder adjudicador y entidad pública.
    • b) Aguas de Huelva S.A.: poder adjudicador por mayoría pública.
    • c) Defensor del Pueblo: no es poder adjudicador ni Administración en sentido estricto.
    • d) Correos S.A.: sociedad mercantil pero poder adjudicador por control estatal.
  7. Recurso contra la Admisión o Exclusión de Ofertas en Contratación Pública

    Sí se pueden recurrir. Recurso procedente: recurso especial en materia de contratación ante el órgano de recursos contractuales.

  8. Límites a la Modificación de Contratos Privados

    No puede alterarse el objeto esencial ni siquiera en contratos privados. Solo caben modificaciones justificadas y limitadas. Alterarlo implica nulidad o fraude.

  9. El Riesgo Operacional en las Concesiones Administrativas

    Riesgo económico que asume el concesionario de que los ingresos no cubran los costes. Si no hay riesgo real, no es una concesión, sino un contrato de servicios.

  10. Capacidad del INE para Impugnar una Orden Ministerial

    Puede impugnar si afecta a sus funciones. Aunque esté adscrito al Ministerio, tiene personalidad jurídica propia y puede recurrir en defensa de su competencia.

  11. Capacidad de Recurso del Consejo de Transparencia frente a un Ministerio

    El Consejo no puede recurrir si no tiene habilitación expresa. Solo puede instar el cumplimiento, pero quien puede recurrir es el interesado (ej. la asociación).

  12. Terrenos Convertidos en Dominio Público y Derecho a Indemnización

    No hay derecho a indemnización salvo que existieran expectativas consolidadas (licencias, derechos adquiridos). El cambio por Orden Ministerial no genera indemnización automáticamente.

  13. Valoración de Terreno Urbanizable No Sectorizado

    Se valora como suelo rural, salvo planificación que habilite la edificación. Criterios: rendimiento agrícola, valor catastral ajustado.

  14. Distinción entre Utilidad Pública y Necesidad de Ocupación en Expropiación

    La declaración de utilidad pública justifica la expropiación por interés general. El acuerdo de necesidad de ocupación concreta los bienes a ocupar. El primero es general y previo, el segundo es específico y posterior.

  15. Competencia Normativa Autonómica en Materia de Expropiación

    Las CCAA pueden dictar leyes y reglamentos si tienen competencia, pero deben respetar la legislación básica estatal. Pueden desarrollar aspectos sectoriales como el urbanismo.

  16. Diferencias entre Retasación y Reversión en Expropiación

    La retasación revisa el valor si han cambiado las circunstancias. La reversión permite recuperar el bien si no se usa para el fin expropiado. La primera es económica, la segunda puede implicar la devolución del bien.

  17. Responsabilidad Patrimonial por Inundación debido a Desembalse

    Existe responsabilidad patrimonial si hubo negligencia, falta de previsión o mala gestión. Si el daño era evitable, cabe indemnización. Si fue un riesgo imprevisible, puede excluirse.

  18. Responsabilidad de Entidades Públicas Empresariales: Caso EMT Madrid

    Aunque actúe por Derecho privado, si presta servicio público, puede exigirse responsabilidad patrimonial como Administración. Lo relevante es el ejercicio de poder público.

  19. Figuras Jurídicas Demaniales

    • a) Adscripción: cesión entre Administraciones para gestión.
    • b) Afectación: incorporación al dominio público para uso o servicio.
    • c) Mutación demanial: cambio de destino sin perder naturaleza pública.
    • d) Cesión gratuita: entrega sin contraprestación con fin público.
  20. Recuperación Posesoria de Bienes de Dominio Público

    El Ayuntamiento puede recuperar el dominio público sin necesidad de juicio, mediante el procedimiento de recuperación posesoria. Este derecho no prescribe. Debe acreditar el carácter público del bien y ordenar el desalojo.

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