La segunda legislatura de la Transición estuvo marcada por el avance hacia la consolidación democrática, pero también por el declive del partido en el Gobierno y por un intento de golpe de Estado para abortar la naciente democracia.
La Segunda Legislatura de la Transición (1979-1982)
El Gobierno de la UCD y la Dimisión de Adolfo Suárez
Una vez aprobada la Constitución, se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones legislativas para marzo de 1979. El triunfo fue de nuevo para la UCD, presidida por Adolfo Suárez (mayoría simple). El nuevo Gobierno continuó la actividad reformista y promulgó el Estatuto de los Trabajadores (1980).
A los problemas internos del partido se añadió su relativo fracaso en las primeras elecciones municipales democráticas (1979) y en las elecciones autonómicas del País Vasco y Cataluña (1980). La oposición ganaba fuerza y, en mayo de 1980, el poder ejecutivo tuvo que someterse a una moción de censura presentada por el PSOE en las Cortes, que el Gobierno ganaría con escaso margen. Ante el fraccionamiento de la UCD y el cuestionamiento de su liderazgo, Adolfo Suárez presentó su dimisión como presidente del Gobierno y del partido en enero de 1981.
El Intento de Golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981
El 23 de febrero de 1981, mientras se estaba realizando en el Congreso de los Diputados la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como sucesor de Suárez en la presidencia del Gobierno, un grupo de guardias civiles al mando del teniente coronel Antonio Tejero (ultraderechista), irrumpió en el hemiciclo, interrumpió la votación por la fuerza y retuvo a todos los diputados. Paralelamente, el capitán general Miláns del Bosch se sublevaba en Valencia y sacaba los tanques a la calle para imponer un golpe de Estado militar. En el golpe estaban implicados algunos mandos de la Guardia Civil, altos jefes militares y algunos políticos involucionistas. El objetivo era paralizar el proceso democrático.
Según la versión oficial, una comparecencia del Rey, esa misma noche, descalificando a los sublevados y apoyando el régimen constitucional fue decisiva para abortar el golpe: todos se rindieron. El 27 de febrero, multitudinarias manifestaciones populares en defensa de la democracia recorrieron las calles de las ciudades españolas.
El Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo y el Fin de la UCD
Dos días después del golpe, Calvo Sotelo fue investido presidente del Gobierno. Prácticamente su política no se diferenciaría de la anterior de Suárez. Una de las decisiones más trascendentales fue la petición de ingreso de España en la OTAN, que se hizo efectiva en mayo de 1982, pero a la que se opusieron los partidos de izquierda. Además, un pacto entre UCD y el PSOE llevó a la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), en junio de 1982, para impedir que fueran desbordados los límites de los poderes entregados a las autonomías.
Calvo Sotelo no consiguió frenar la progresiva desintegración del partido en el Gobierno. Suárez abandonó la UCD para crear su propio partido, el Centro Democrático y Social (CDS). En agosto de 1982, Calvo Sotelo decidió disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones. Las elecciones generales de octubre de 1982, que dieron la victoria al PSOE, marcaron el final de la Transición y el inicio de una nueva etapa constitucional de consolidación definitiva de la democracia en España.
La Era Socialista: Los Gobiernos de Felipe González (1982-1996)
El Triunfo del PSOE y el Inicio de una Nueva Etapa
En las últimas décadas, el sistema político español ha consolidado una situación de “bipartidismo imperfecto” basado en la alternancia en el poder de dos grandes partidos, el PSOE y el PP, con la particularidad del fuerte arraigo de los partidos nacionalistas en Cataluña y el País Vasco.
En las elecciones de octubre de 1982 el PSOE obtuvo la mayoría absoluta. Felipe González fue elegido presidente del Gobierno y el PSOE se mantuvo en el poder durante cuatro legislaturas. La mayoría absoluta se mantuvo hasta 1993, cuando el PSOE tuvo que buscar el apoyo de otros partidos (nacionalistas) para poder gobernar.
Reformas, Integración Europea y Desafíos Internos
El cambio socialista se concretó en un amplio programa de reformas, cuya prioridad era la lucha contra la crisis económica, la racionalización de las administraciones públicas y el avance hacia el Estado del bienestar.
La plena integración de España en la CEE era uno de sus objetivos prioritarios. El 12 de junio de 1985 se firmó el tratado de adhesión a la CEE, con el consenso de todos los partidos. Con su incorporación el 1 de enero de 1986 se había alcanzado uno de los grandes hitos pendientes de la historia de España más reciente.
Por otro lado, el Gobierno tuvo que hacer frente al terrorismo de ETA (se firmó el Pacto de Ajuria Enea de 1988 por parte de los partidos democráticos para combatirlo) y a la vez emprender una reforma del Ejército para acabar con el peligro del golpismo.
Crisis Económica, Corrupción y la «Guerra Sucia»
Las reformas económicas de los primeros gobiernos socialistas supusieron un deterioro de las relaciones entre los sindicatos y el Gobierno. La tensión culminó con la huelga general del 14 de diciembre de 1988. Como respuesta a la grave situación de tensión, el Gobierno respondió con una serie de medidas sociales y laborales entre 1990 y 1995, como, por ejemplo, la universalización de la asistencia sanitaria gratuita.
Además, a principios de la década de 1990, dentro del partido aparecieron dos corrientes políticas: la de los renovadores, seguidores de González, y la de los guerristas, seguidores del vicepresidente Alfonso Guerra. La situación más grave se produjo a raíz de algunos casos de corrupción atribuidos a personas vinculadas al Gobierno, como Luis Roldán (director de la Guardia Civil) o Juan Guerra (cargo de la Junta de Andalucía y hermano de Alfonso Guerra). A la corrupción se sumó la llamada “guerra sucia” contra el terrorismo, que comportó una cierta tolerancia de las autoridades con los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación, formados por militares y guardias civiles que secuestraban y asesinaban a terroristas de ETA). El secretario de Estado de Interior y el ministro del Interior fueron condenados a penas de prisión por ello, aunque hay voces —sin pruebas— que apuntan a que Felipe González fue quien dio la orden de crear los GAL.
Además, hacia 1992, se inició una recesión económica mundial que comportó un incremento de la inflación y del paro. Por una parte, la crisis frenó la popularidad del gobierno socialista; por otra, el PSOE acusaba las huellas de la corrupción, las divisiones internas y el debilitamiento del liderazgo de Felipe González.
El Primer Gobierno del Partido Popular: José María Aznar (1996-2000)
La Alternancia Política y la Orientación Centrista
Las elecciones de marzo de 1996 fueron ganadas por el Partido Popular. José María Aznar fue elegido presidente del Gobierno, pero al no tener mayoría absoluta, tuvo que buscar el apoyo de los nacionalistas (CiU, PNV y Coalición Canaria, al igual que el PSOE en 1993). Por ello, la acción de gobierno tuvo una orientación centrista.
Política Económica y Relaciones con los Nacionalistas
Su prioridad fue la política económica: el mayor logro económico fue alcanzar las condiciones que exigía la Unión Europea para el ingreso de España en el primer grupo de países que habrían de implantar el euro como moneda única en el año 2002. Para ello llevó a cabo una enorme operación de privatización de empresas públicas (Repsol, Telefónica, Endesa, entre otras).
Una de las cuestiones más complejas que tuvo que afrontar el Gobierno fue su relación con el PNV y su actuación frente al terrorismo de ETA. La relación de entendimiento entre el Gobierno y el PNV se rompió definitivamente con el Pacto de Lizarra de 1998, firmado por los partidos nacionalistas, que incorporaba a la izquierda abertzale y excluía todo acuerdo con los partidos no nacionalistas. Ese pacto suponía abrir el camino a la posible independencia de Euskadi.