La crisis de 1898 marcó el inicio de la descomposición del sistema de la Restauración. A partir de entonces se fueron sucediendo una serie de crisis y conflictos que fueron desgastando el régimen: el problema colonial en Marruecos (Semana Trágica de 1909, desastre de Annual de 1921, el Expediente Picasso), el impacto económico y social de la Gran Guerra y los sucesos de la triple crisis de 1917 (Asamblea de Parlamentarios, creación de las Juntas Militares de Defensa y convocatoria de una huelga revolucionaria promovida por la CNT y UGT). El aumento de la conflictividad social y el fortalecimiento de la oposición republicana, nacionalista y del movimiento obrero también influyeron en el desgaste del sistema de la Restauración.
Todos estos problemas y la incapacidad del régimen de la Restauración para solucionarlos desembocaron en el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera, Capitán General de Cataluña, dio el 13 de septiembre de 1923 y que prácticamente no contó con oposición debido al malestar del ejército, la indecisión del gobierno y la falta de confianza de Alfonso XIII en el sistema constitucional. Así, el 15 de septiembre, el rey encargó a Primo de Rivera la formación de gobierno. El nuevo régimen contará con el apoyo del ejército, la burguesía católica y de derechas, la patronal catalana y el nacionalismo conservador. El socialismo no se enfrentó de manera abierta al golpe y la única oposición activa fue la del anarquismo y comunismo que convocaron una huelga general que fracasó. Lo que predominó entre la población española fue una clara indiferencia que denotaba el escaso entusiasmo hacia un régimen corrupto y caciquil.
Características principales de la dictadura y sus bases políticas
La primera fase de la dictadura fue el Directorio militar (1923-1925), con un gobierno formado por 8 generales y presidido por Primo de Rivera. Sus primeras medidas mostraron su carácter dictatorial: suspensión del régimen constitucional, disolución de las Cortes, supresión de los derechos y libertades individuales, prohibición de las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos. Todo ello acompañado por la militarización del orden público, la prohibición de manifestaciones contrarias al régimen y la dura represión hacia anarquistas y comunistas.
Con la aprobación de un Estatuto Municipal y otro Provincial se inició la reforma de la administración para acabar con el caciquismo. Los gobernadores civiles son sustituidos por gobernadores militares y se disuelven diputaciones y ayuntamientos, sustituidos por juntas de vocales. En 1925 se suspende la Mancomunidad de Cataluña. Sin embargo, la regeneración que se había prometido quedó reducida a una farsa, pues los mecanismos electorales se suspendieron y la renovación política consistió únicamente en la sustitución de unos caciques por otros.
El gran éxito del Directorio militar fue resolver el problema marroquí. Primo de Rivera formó una alianza con Francia que derrotó a los sublevados rifeños tras el desembarco de Alhucemas en septiembre de 1925.
A partir de 1925 comienza la segunda etapa de la dictadura, Directorio civil (1925-1930), con la introducción de algunos ministros no militares en el gobierno. De este modo Primo de Rivera pretendía institucionalizar el régimen y permanecer en el poder siguiendo el modelo de las dictaduras autoritarias de la Europa de entreguerras, como la Italia fascista de Mussolini. En este sentido, Primo de Rivera fundó un partido único, la Unión Patriótica (1924) de ideología derechista, antiparlamentaria, autoritaria, monárquica y católica, creado para colaborar con el gobierno y convertirse en un instrumento de propaganda oficial. Este partido no interesó a las masas populares y sólo perduró el tiempo de la dictadura. También se creó una Asamblea Nacional Consultiva (1927) bajo control del gobierno, de función consultiva y de carácter corporativo, pues sus 400 miembros no eran elegidos mediante sufragio, sino designados por el gobierno entre los ciudadanos pertenecientes a las grandes instituciones públicas (afiliados a la Unión patriótica, oficiales del ejército, obispos, clases altas, municipios, universidades, administraciones, patronales y representantes obreros). También se reactivó la antigua institución del Somatén (ciudadanos armados voluntarios) para colaborar en el mantenimiento del orden público.
Política económica y social
La dictadura se benefició de la coyuntura expansiva internacional de los años veinte. La política económica de Primo de Rivera estuvo marcada por un nacionalismo económico y un fuerte carácter intervencionista y proteccionista. En este sentido, se controlaron los sectores productivos, los precios y los volúmenes de producción; se crearon las Confederaciones Hidrográficas y monopolios estatales en comunicación (Telefónica), en la importación, refinado y distribución de petróleo (CAMPSA) o en el transporte aéreo (Iberia). Se produjo un incremento de las inversiones públicas para financiar la construcción de carreteras, obras hidráulicas y de regadío. A través del Consejo de Economía Nacional (1924) se concedían los permisos para que pudiera instalarse cualquier industria y se favoreció el proteccionismo frente al exterior y la restricción de la competencia. Los resultados de estas políticas económicas fueron la construcción de nuevas obras públicas, el aumento de la producción de la industria de base, y el enriquecimiento del sector empresarial, pero también el endeudamiento del Estado por falta de una reforma fiscal en Hacienda, de modo que en 1929 la Deuda Pública era siete veces mayor que en 1924.
En cuanto a la política social, a través del Instituto de Reformas Sociales se impulsó una legislación social y la inspección de las condiciones de trabajo, se aprobó el subsidio de familias numerosas y el seguro de maternidad. Lo más relevante, sin embargo, fue la implantación de una organización corporativa en el ámbito laboral, siguiendo el modelo del fascismo italiano, con la que se pretendía eliminar los conflictos sociales mediante la intervención del Estado, la integración de los sectores más moderados del movimiento obrero y la represión de los sectores más radicales. Para ello se creó la Organización Corporativa Nacional (1926) que regulaba las relaciones laborales a través de los comités paritarios, integrados por una representación igual de patronos y obreros. Su misión era reglamentar los salarios, las condiciones de trabajo y mediar en posibles conflictos. Esta organización contó con el apoyo de los socialistas (PSOE y UGT), mientras que los anarcosindicalistas (CNT) y comunistas fueron perseguidos y obligados a permanecer en la clandestinidad.
Se puede decir que esta organización corporativa contribuyó en parte a la paz social de la época dictatorial, pero también hay que tener en cuenta la favorable coyuntura económica internacional que dio estabilidad en el empleo e hizo desaparecer las tensiones y la dura represión de los elementos más radicales del obrerismo.
Crisis de la dictadura
Aunque Primo de Rivera no contó con una oposición importante en sus inicios, con el tiempo esta fue creciendo e impulsó actuaciones para poner fin a la dictadura. A partir de 1925 Primo de Rivera empezó a perder apoyos cuando quiso institucionalizar el régimen y se hizo evidente su incapacidad de articular un nuevo modelo político más allá del autoritarismo. La oposición republicana se organizó en la llamada Alianza Republicana, una plataforma política que agrupó a diversos partidos republicanos durante este periodo (los liderados por Manuel Azaña, Alejandro Lerroux, Lluís Companys…). También aumentó la oposición de intelectuales (Unamuno, Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez…) y del mundo estudiantil surgió la Federación Universitaria Española (FUE) en favor de la república. En cuanto a los nacionalismos, en 1929 se fundó la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA) y en 1931, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). La CNT se había radicalizado durante los años de la represión y los partidarios de la insurrección revolucionaria constituyeron en 1927 la Federación Anarquista Ibérica (FAI). El PSOE también se unió a la oposición hacia el final de la dictadura, cuando rechazó abiertamente los intentos del régimen por perpetuarse en el poder y se pronunció a favor de la república. Además, algunos de los antiguos líderes de los partidos dinásticos apoyaron conspiraciones militares (la “Sanjuanada” de 1926) que deterioraron más la relación entre el ejército, la dictadura y el rey.
Hacia finales de 1929 el régimen se halla socialmente aislado, ideológicamente deslegitimado e institucionalmente sin el apoyo del rey. En estas circunstancias, el 28 de enero de 1930, el general Primo de Rivera presentó su renuncia ante Alfonso XIII y se exilia en París. El monarca nombró un gobierno provisional, presidido por el general Dámaso Berenguer, gobierno que será conocido como la ‘dictablanda’. Alfonso XIII pretendía retornar a la normalidad constitucional, sin embargo, la sociedad española había cambiado y ya no era propensa a dejarse controlar por la monarquía caciquil. La opinión pública, sobre todo en las ciudades, identificaba la figura del rey con la del dictador y lo hacía responsable de la situación.
En agosto de 1930, los partidos republicanos, incluidos nacionalistas catalanes y gallegos firmaron el Pacto de San Sebastián cuyo objetivo era proclamar la república. En octubre se unieron al pacto los socialistas. Planearon la insurrección de unidades del ejército próximas a los republicanos y una huelga general simultánea. En diciembre de ese año la guarnición de la ciudad de Jaca se sublevó contra el gobierno, pero el intento fue sofocado y los responsables fusilados (los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández).
En febrero de 1931, Berenguer presentó su dimisión y le sustituyó el almirante Aznar, que convoca elecciones municipales para el 12 de abril. Estas fueron presentadas como una especie de plebiscito sobre la monarquía durante una campaña electoral muy intensa, de manera que el triunfo de las candidaturas republicanas y socialistas en las principales ciudades y capitales de provincia se interpretó como un rechazo a la institución real. Ante estos resultados, Alfonso XIII abandonó España, a la vez que se proclamaba la Segunda República el 14 de abril de 1931.