1. La Constitución de 1931
El 28 de junio se celebraron elecciones a las Cortes Constituyentes para dotar a la República de una constitución. Se mantuvo el sufragio universal masculino y la edad mínima para votar se rebajó a 23 años. Estas elecciones fueron las primeras libres y limpias de España. Republicanos y socialistas obtuvieron la mayoría, con el 90% del parlamento. La derecha antirrepublicana quedó en minoría.
La Constitución de 1931
Las Cortes Constituyentes aprobaron la primera Constitución de la República Española en vigor. El resultado fue un compromiso entre el Partido Socialista y los partidos republicanos de izquierda. Se definía a España como una república democrática de trabajadores de toda clase en la que todos los poderes emanaban del pueblo. También incluía una amplia declaración de libertades políticas y derechos sociales como el voto femenino, el matrimonio civil y el divorcio. También se incluyó el derecho a una educación primaria obligatoria y gratuita. La Constitución sentó las bases para las grandes reformas que formaban parte de la programación republicana: la tierra, la educación, la cuestión religiosa y la organización del Estado. Se respetaba la propiedad privada, aunque podía ser objeto de expropiación forzosa por utilidad social, previa indemnización, y se contempló la posibilidad de nacionalizar ciertos sectores de la economía.
La Constitución establecía una clara división de poderes y también su interrelación:
El Poder Legislativo residía en las Cortes o en el Congreso de los Diputados, constituidas en cámara única, con gran capacidad legislativa y de control al Gobierno.
El Poder Ejecutivo se otorgó al Presidente de la República. Entre sus funciones estaban nombrar y destituir al presidente del Gobierno, promulgar las leyes y disolver las Cortes.
El Gobierno debía contar con la confianza del presidente y con el respaldo de la mayoría parlamentaria.
El Poder Judicial lo ejercían tribunales independientes. Se introdujo el jurado y se creó un Tribunal de Garantías Constitucionales para asegurar la constitucionalidad de las leyes, amparar los derechos individuales y resolver conflictos entre el Estado y las regiones autónomas.
La República se configuró como un estado integral compatible con la autonomía de los municipios y de las regiones, de forma que varias provincias podrían organizarse en una región autónoma. Los Estatutos de cada autonomía debían ser aprobados por las Cortes. Se declaró la no confesionalidad del Estado, la libertad de culto, la separación Estado-Iglesia y el fin de la financiación estatal de la Iglesia. Estos artículos provocaron un intenso debate y sus consecuencias se mantuvieron vivas durante todo el periodo republicano.
Una Constitución sin Consenso
Después de tres meses de debates, el Congreso aprobó la Constitución el nueve de diciembre de 1931. La redacción fue fruto de la coalición republicano-socialista y no representaba a todos los españoles, por lo que la derecha monárquica no la aceptó como propia. Semanas antes de aprobar la Constitución, las Cortes juzgaron la responsabilidad del rey Alfonso XIII en el golpe de Estado que restauró la dictadura de Primo de Rivera. Lo declararon culpable de alta traición, le retiraron sus bienes, derechos y títulos, y lo condenaron al destierro.
2. El Bienio Reformista (1931-1933)
Desde diciembre de 1931 hasta septiembre de 1933, Manuel Azaña presidió un gobierno que llevó a cabo un ambicioso plan de reformas.
El Gobierno de Azaña
Cuando se aprobó la Constitución de 1931, Niceto Alcalá Zamora fue elegido Presidente de la República. Se acordó disolver las Cortes hasta que se aprobase una serie de leyes fundamentales. Alcalá Zamora encargó a Azaña la formación del gobierno para que continuaran todas las fuerzas políticas presentes en el gobierno provisional, pero no fue posible. Lerroux, líder del Partido Radical, rechazó estar en el gobierno si continuaban en él los socialistas. Azaña optó por la alianza de los republicanos de izquierda y los socialistas, a los que consideraba más estables.
La República y la Crisis Económica Mundial
El inicio de la República coincidió con la Gran Depresión que originó la crisis mundial de 1929.
El sector más afectado fue el comercio exterior, que bajó un 30%. La influencia de la Gran Depresión fue mayor en los sectores más dinámicos como la agricultura de exportación (cítricos, vino, aceite de oliva…) y la minería. Las dificultades económicas más graves para la población fueron los problemas tradicionales de la economía española: falta de inversión, producción poco competitiva, escasa demanda provocada por los bajos salarios. El desempleo se situó en el 10%. La ejecución de las reformas aumentó los gastos y los recursos económicos resultaron insuficientes; además, hubo que hacer frente al déficit que la dictadura había dejado con su plan de obras públicas. Así, fueron los problemas políticos los que condicionaron negativamente las reformas.
Las Reformas
El primer bienio impulsó una política de reformas cuyo objetivo era la modernización, la democratización y la instauración de una ética laica y ciudadana.
La Política Religiosa
El gobierno estaba decidido a implantar la separación Iglesia-Estado y a reducir la influencia de la Iglesia en la sociedad, especialmente en el ámbito educativo. Se promulgaron una serie de leyes como la Ley del Divorcio de 1932 y la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 1933, en la que el Estado ordenaba el cierre de todos los centros docentes religiosos a partir de diciembre de 1933. Esta última ley desencadenó una nueva ofensiva por parte de la jerarquía eclesiástica y la prensa católica, que la calificaron de persecución anticlerical. A esto se sumó la disolución de la Compañía de Jesús y la nacionalización de todos sus bienes.
La Reforma Educativa y la Política Cultural
La reforma educativa de 1932 estableció que la educación sería gratuita, pública y laica como derecho universal. El gobierno planificó la construcción de 27.151 escuelas de primaria y la dotación del profesorado necesario, con la participación de los municipios.
Esto no alcanzó todos sus objetivos. Las construcciones escolares se paralizaron a finales de 1932 por la crisis y la falta de presupuesto. Entre 1931 y 1933 se habilitaron 13.000 escuelas y el número de docentes aumentó en 1934.
Se multiplicaron las bibliotecas en las escuelas primarias y se crearon las Misiones Pedagógicas para llevar la cultura a las zonas rurales. En esto participaron intelectuales de prestigio como Bartolomé Cossío, María Zambrano, María Moliner, Manuel Hernández.
Las Reformas Laborales
El ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero, líder socialista, impulsó la política social y laboral que había iniciado el gobierno provisional con una serie de leyes que fueron aprobadas por las Cortes entre 1931 y 1932.
La Ley de Contratos de Trabajo regulaba los convenios colectivos en asuntos como la jornada laboral o el trabajo femenino e infantil. Los contratos se hacían por escrito, con duración mínima de dos años para proteger a la clase trabajadora.
Se crearon los Jurados Mixtos, organismos constituidos por obreros y patronos con funciones de arbitraje y amplias facultades para establecer las condiciones de trabajo como salarios, despidos, etc.
Se reguló la actividad de las Asociaciones Obreras (sindicatos).
Estas leyes chocaron con una fuerte resistencia de las organizaciones patronales, sobre todo los Jurados Mixtos. La actividad política de Largo Caballero se orientó a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas más desfavorecidas.
La Cuestión Territorial y las Autonomías
Uno de los problemas que se arrastraban desde la Restauración era la organización territorial del Estado, debido a que varias regiones aspiraban a la autonomía con conciencia nacionalista o regionalista. La Constitución intentó resolverlo mediante el reconocimiento del derecho a la autonomía de las regiones.
Cataluña fue la primera en iniciar el proceso con el Estatuto de Nuria. Su tramitación parlamentaria se alargó hasta septiembre de 1932, cuando, al pasar por las Cortes, sufrió importantes recortes. Las instituciones autonómicas obtuvieron competencias exclusivas en derecho civil y régimen administrativo, en la red secundaria de transportes y en sanidad y servicios sociales; obtuvieron competencias compartidas en educación, orden público y Hacienda.
El proceso de elaboración del Estatuto Vasco fue difícil y complejo por las profundas diferencias entre la izquierda republicano-socialista y la derecha del PNV y los carlistas.
En Galicia se retrasó la llegada del Estatuto por la falta de un partido nacionalista fuerte y la actitud de los republicanos gallegos de la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA) y de los socialistas. Gracias a la labor del Partido Galeguista y de Alfonso Rodríguez Castelao, en diciembre de 1932 la Asamblea de municipios presentó un proyecto de estatuto aprobado por el 84,7% de la población en referéndum celebrado en junio de 1936. El estallido de la Guerra Civil impidió su ratificación.
En Valencia se presentó un anteproyecto de estatuto en julio de 1931, apoyado por una gran manifestación en Alzira en 1932. En Andalucía, una asamblea regional, celebrada en enero de 1933, aprobó un anteproyecto de estatuto; Blas Infante, ideólogo del andalucismo, desempeñó un papel crucial. En Aragón y Baleares las aspiraciones de autonomía se frenaron por la Guerra Civil.
La Reforma Agraria
Esta reforma retrasó su puesta en marcha por los graves problemas que presentaba el sector agrario, entre ellos:
Rasgos arcaicos: atraso técnico, baja productividad, sobre todo en los latifundios, y mano de obra abundante y barata. En 1930, el 45,5% de la población activa trabajaba en el sector primario.
La estructura de la propiedad: parcelas muy pequeñas en la cornisa cantábrica y la meseta norte, y extensos latifundios en el centro y en el sur. Los dueños de esos latifundios solían ser absentistas, mientras que los campesinos que trabajaban esas tierras vivían en la pobreza.
La Ley de Reforma Agraria de septiembre de 1932 fue bastante moderada. Buscaba la modernización técnica, acabar con el latifundismo y realizar una redistribución de la propiedad de la tierra más justa mediante el asentamiento de agricultores en las tierras expropiadas.
Había cuatro tipos de tierras expropiables: los antiguos señoríos, las tierras mal cultivadas, las permanentemente arrendadas y las de regadío que no estuviesen regadas. Los expropiados debían ser indemnizados.
La propiedad de las fincas le correspondió al Estado. El régimen de explotación (colectivo o individual) lo decidían las comunidades campesinas, salvando así las diferencias entre socialistas y republicanos.
La aplicación de la ley quedó en manos del Instituto de Reforma Agraria (IRA), que, además de contar con un escaso presupuesto de cincuenta millones de pesetas, se caracterizó por su desorganización.
Los resultados fueron limitados. El plan pretendía asentar entre 60.000 y 75.000 familias en dos años; solo se establecieron unas 12.000 por motivos técnicos, falta de recursos económicos y diferencias políticas. La lentitud de su aplicación y el aumento del paro provocaron la frustración de los jornaleros, que protagonizaron protestas e insurrecciones anarquistas, causando trágicos enfrentamientos con las fuerzas del orden público.
3. Del Golpe de Estado a la Guerra Civil
El golpe de Estado fue el resultado de una conspiración iniciada desde los inicios de la República. Participaron monárquicos, carlistas, falangistas, partidarios de un Estado fascista y dirigentes de los partidos de extrema derecha. Al frente del golpe estaban militares conservadores, entre los que destacaron los africanistas.
El Golpe de Estado
El golpe de Estado militar contra la República, previsto para el 18 de julio, se inició en Melilla el día 17 y se extendió de inmediato al resto de las tropas españolas en Marruecos. El general Francisco Franco declaró el estado de guerra en Canarias y se trasladó al protectorado de Marruecos para ponerse al mando del Ejército de África. Entre los días 18 y 20 de julio la sublevación militar se extendió al resto del territorio español, aunque de manera desigual.
Andalucía cayó en manos de los sublevados; el general Queipo de Llano se hizo con el poder en Sevilla y comenzó una durísima represión contra las personas sospechosas de izquierdismo.
El general Mola ocupó Navarra, centro de la conspiración. También triunfaron en Zaragoza y la mayor parte de Aragón, así como en Castilla y León, Galicia, Mallorca y parte de Extremadura.
La rebelión fracasó en las grandes ciudades, en la Base Naval de Cartagena y en las zonas industriales de Asturias, el País Vasco y Cataluña. El Ejército y las fuerzas del orden público se mantuvieron leales a la República.
La resistencia a la República supuso el fracaso de la sublevación militar como golpe rápido, pero el gobierno no pudo abortarla por completo, lo que desencadenó una cruenta guerra civil que duró casi tres años, una durísima posguerra y la instauración de la dictadura del general Franco, que se mantuvo hasta su muerte en 1975.
Dos Zonas, Dos Bandos
Desde el veinte de julio el país quedó dividido en zonas enfrentadas. Las principales ciudades, las zonas industriales y las reservas de oro del Banco de España quedaron en poder del gobierno y de las organizaciones políticas del Frente Popular.
Buena parte de la Marina y de la aviación, dos tercios de las fuerzas de seguridad y más de la mitad de la Guardia Civil se mantuvieron fieles al gobierno republicano. Pero las tropas del Ejército de Tierra estaban mejor dotadas y preparadas, y las procedentes del norte de África apoyaron la sublevación.
Aunque el gobierno superaba en medios aéreos y navales, pronto fue superado por los rebeldes con la temprana llegada de aviones italianos y alemanes, mucho más modernos.
En los primeros meses de la guerra, el poder en la zona controlada por la República quedó en manos de las milicias y de los comités locales y provinciales, un verdadero Poder Popular al margen del Estado.
Desde finales de julio de 1936, la sublevación derivó en una auténtica guerra civil, que dividió el país en dos bandos:
Los sublevados contra la República, que se autodenominaban nacionales. Querían acabar con la anarquía, restablecer el orden y exterminar a los enemigos de la patria: la izquierda en su conjunto y los separatistas. Los republicanos los denominaban fascistas o franquistas.
Los republicanos, llamados rojos por los sublevados, defendían la república democrática y sus logros frente al fascismo totalitario que se extendía por toda Europa.
4. El Contexto Internacional de la Guerra
La Guerra Civil Española se convirtió en un conflicto internacional a causa de la intervención extranjera y la situación política mundial. El apoyo de otros países a ambos bandos fue decisivo tanto para la duración como para el desenlace de la guerra.
El Contexto Internacional
La Guerra Civil Española estalló en un momento muy complejo en las relaciones internacionales. Desde 1936, la tensión entre las grandes democracias europeas (Francia y Reino Unido) y los regímenes totalitarios fascista y nazi aumentó y se convirtió en una amenaza de una nueva guerra mundial. Los sectores conservadores y la mayoría de las personas católicas la percibieron como una contienda entre la civilización occidental y el comunismo ateo. Para los sectores populares e intelectuales de izquierda era la lucha por la libertad y la democracia frente al fascismo totalitario.
El Comité de No Intervención
La reacción del gobierno francés de prestar ayuda a la República no se puso en práctica por la posición de su aliado británico.
Impulsó, con el apoyo de Reino Unido, una política de no intervención. A finales de agosto de 1936, 27 países, incluidos Alemania, Italia y la URSS, firmaron el acuerdo de no intervención, que prohibía la exportación de armas, municiones y todo tipo de material bélico hacia España. Se creó el Comité de No Intervención, formado por representantes de los Estados firmantes del acuerdo, cuya misión era supervisar el embargo de armas. Estados Unidos no se sumó a este acuerdo, pero adoptó una política de neutralidad y ordenó el embargo de armas. El acuerdo no se cumplió, pero dejó al gobierno republicano sin ayuda para hacer frente al ejército sublevado y en desventaja. Esto empujó al Gobierno de la República a pedir ayuda a la Unión Soviética, la cual comenzó a llegar a finales de septiembre de 1936.
Ayuda e Intervención Extranjera
Tanto el gobierno republicano como el bando sublevado, liderado por el general Franco, solicitaron ayuda en una situación inicial de equilibrio de fuerzas, escasez de medios y equipamiento militar.
La Ayuda al Bando Franquista
Razones políticas y estratégicas impulsaron a Hitler y a Mussolini a ayudar a los militares insurrectos cuando comprobaron que Francia y Reino Unido no iban a intervenir. La intervención ítalo-alemana estuvo precedida de contactos previos con monárquicos y militantes destacados de la derecha española. Hitler y Mussolini accedieron a las demandas de ayuda militar solicitadas por Franco. La ayuda fue decisiva para trasladar las tropas de Marruecos a la península y comenzar el avance sobre Madrid. Alemania envió carros de combate y fuerzas de defensa aérea y aviación organizadas en la llamada Legión Cóndor. La aportación de Mussolini fue más numerosa, con tropas procedentes del Ejército y de la milicia fascista. También tuvo ayuda de la dictadura del Estado Novo portugués, que organizó un grupo de voluntarios, los Viriatos. La ayuda militar de nazis y fascistas fue constante y decisiva para la victoria de Franco. También se financió con alimentos, materias primas y minerales. Obtuvo ayuda económica de capitalistas españoles y de grandes compañías multinacionales angloamericanas que le proporcionaron petróleo a crédito y material de transporte.
La Ayuda a la República
La República encontró obstáculos para adquirir armas y carburantes. El gobierno solo pudo contar con el apoyo y la ayuda militar de la URSS de Stalin. La ayuda de la URSS (pilotos, técnicos y consejeros políticos) fue importante para sostener a la República y evitar que se derrumbara de inmediato. Sin embargo, esta ayuda no fue tan copiosa ni tan regular como la ítalo-germana. Stalin decidió intervenir en la Guerra Civil Española, aunque su ayuda se retrasó hasta finales de septiembre. La ayuda soviética se pagó con las reservas de oro del Banco de España. El gobierno de Largo Caballero tomó la decisión de depositar la mayor parte del oro en Moscú. Formaron parte de esa ayuda las Brigadas Internacionales, organizadas siguiendo los argumentos defendidos por el Partido Comunista Francés. Los estudiosos de la Guerra Civil están de acuerdo en que la intervención exterior tuvo un impacto trascendental tanto en la evolución del conflicto como en su final.