La evolución de la población y de las ciudades. De la sociedad estamental a la sociedad de clases
Durante el siglo XIX se produjo en Europa un crecimiento demográfico generalizado. En España también aumentó la población, aunque de forma irregular debido a crisis de subsistencia, hambrunas y epidemias recurrentes como el cólera en las décadas de los años 60 y 80, la fiebre amarilla y enfermedades endémicas como el sarampión, la tuberculosis y la viruela. La esperanza de vida hasta 1890 era muy baja, de unos 27 años, inferior a la media europea. A pesar de ello, la población creció de 11,5 millones de habitantes a comienzos de siglo a 18 millones a finales, gracias a una natalidad muy elevada que compensó la alta mortalidad.
Crecimiento demográfico y epidemias
El crecimiento demográfico estuvo marcado por brotes epidémicos y periodos de crisis alimentaria que provocaron variaciones en la mortalidad. La elevada natalidad permitió, no obstante, un aumento poblacional significativo a lo largo del siglo.
Migraciones y urbanización
Este crecimiento demográfico se acompañó de importantes movimientos migratorios. En el interior peninsular se produjo un éxodo rural hacia las zonas industrializadas: campesinos de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha emigraron a Cataluña, al País Vasco y a Madrid atraídos por el trabajo en las fábricas, aunque la mayor parte de la población siguió siendo rural.
- Hubo desplazamientos desde las provincias interiores hacia las zonas costeras cantábricas y levantinas, provocando el descenso de población en el interior.
- Destacó la emigración a las colonias americanas, especialmente en la segunda mitad del siglo. Los emigrantes solían ser varones jóvenes, de entre 20 y 30 años, de clase baja pero con alfabetización básica, que marchaban solos en busca de mejores oportunidades económicas debido a la escasez de trabajo en el campo.
Las ciudades crecieron progresivamente: la población urbana pasó del 14 % a comienzos del siglo al 21 % a finales del XIX, aunque España mantuvo una tasa de urbanización inferior a la de los países industrializados. Mientras París y Londres superaban el millón de habitantes, Madrid y Barcelona no alcanzaron el medio millón.
Las principales ciudades derribaron sus murallas y se desarrollaron los ensanches burgueses tras la Ley de Ensanche de las Poblaciones dictada por Isabel II. Estos ensanches seguían un diseño en cuadrícula. En Barcelona, el ensanche fue diseñado por Ildefonso Cerdà y en él se establecieron familias burguesas como los Güell, con una arquitectura modernista que destacó por la obra de Gaudí (Casa Batlló y Casa Milà). En Madrid, el ensanche fue proyectado por José María de Castro, destacando el barrio de Salamanca. Otras ciudades como Bilbao, Valencia, Alicante o Málaga también realizaron ensanches, mientras que ciudades históricas como Toledo o Ávila permanecieron estancadas.
Organización administrativa y cambio social
La organización administrativa cambió con el Estado liberal, destacando la división provincial de 1833 realizada por Javier de Burgos en 43 provincias, subdivididas en partidos judiciales y municipios con un alcalde al frente. Estos cambios transformaron la estructura social: se pasó de la sociedad estamental del Antiguo Régimen a una sociedad de clases basada en la riqueza.
En el campo predominaba la miseria campesina y el trabajo infantil, lo que generaba absentismo escolar y analfabetismo. En las ciudades surgió el proletariado industrial procedente del éxodo rural y se desarrollaron las clases medias. La burguesía ganó protagonismo frente a la nobleza, aunque durante la Restauración aumentó el número de nobles. Las desigualdades económicas fueron muy acusadas durante todo el siglo XIX.
Desamortizaciones. La España rural del siglo XIX. Industrialización
Desamortizaciones: objetivos y resultados
Las primeras reformas agrarias se realizaron durante la regencia de María Cristina. En 1836 se suprimió el mayorazgo y en 1837 los derechos señoriales, con el objetivo de liberalizar el mercado de la tierra. Las desamortizaciones buscaban desvincular la propiedad agraria de las llamadas «manos muertas», permitiendo la libre compraventa de tierras. El proceso fue lento y generó una fuerte oposición, además de paralizaciones cuando los liberales moderados llegaron al poder.
Los objetivos de las desamortizaciones fueron fiscales, económicos, sociales y políticos, pero sus resultados fueron limitados. No se resolvió el problema de la propiedad de la tierra y los principales beneficiados fueron la burguesía y la nobleza, que adquirieron las tierras y mantuvieron sistemas tradicionales de explotación. El campesinado siguió siendo mano de obra barata. El Estado obtuvo ingresos para financiar las guerras carlistas y construir infraestructuras.
Destacaron dos grandes leyes desamortizadoras:
- Ley de Desamortización Eclesiástica de Mendizábal (1837-1849), durante la regencia de María Cristina, que afectó a los bienes de la Iglesia y provocó la ruptura con el Vaticano.
- Ley de Desamortización General de Pascual Madoz (1855-1856), durante el bienio progresista en el reinado de Isabel II, que incluyó también la venta de bienes municipales.
La España rural y la industrialización
La España del siglo XIX continuó siendo mayoritariamente rural, con una economía basada en la agricultura y la ganadería. Persistieron grandes propietarios y jornaleros, con duras condiciones de vida, pobreza, escasa tecnología agrícola y dependencia del clima. La falta de infraestructuras, educación y sanidad fue generalizada, y aunque la industrialización empezó a influir en el mundo rural, la mayoría de la población permaneció al margen de los avances.
La industrialización llegó tarde a España, principalmente durante el reinado de Isabel II, debido a la inestabilidad política. Los principales focos industriales fueron Cataluña y el País Vasco. Destacaron:
- El sector textil algodonero catalán, que impulsó la metalurgia y la química.
- La industria siderometalúrgica en Vizcaya, favorecida por el hierro y los capitales procedentes de la exportación a Gran Bretaña, con empresas como Altos Hornos de Vizcaya y Bilbao (fusionadas en 1902).
- La minería del carbón en Asturias y León, impulsada por la Ley de Minas de 1868.
A pesar de ello, España siguió siendo un país poco industrializado, con capital extranjero, industria periférica y escasa competitividad.
Comercio y comunicaciones
En comercio y comunicaciones, la Revolución Industrial impulsó los transportes. En el transporte marítimo se produjo el paso de veleros a barcos de vapor, favoreciendo el comercio en puertos como Barcelona, Gijón y Avilés. El transporte terrestre mejoró: de 4.000 km de carreteras a comienzos de siglo se pasó a 60.000 km a finales, aunque el transporte seguía siendo lento y caro.
El ferrocarril comenzó a desarrollarse durante el reinado de Isabel II, con las primeras líneas Barcelona-Mataró y Madrid-Aranjuez. La Ley General de Ferrocarriles de 1855 estableció un sistema radial con centro en Madrid, financiado con capital francés, nacional y recursos de las desamortizaciones. Tras 1866, la construcción se estancó por la crisis económica.
Otros avances fueron el telégrafo, que facilitó la comunicación con las colonias, y la expansión del servicio de correos y la prensa. En el comercio exterior, España osciló entre el proteccionismo y el librecambismo: protegió sus industrias durante la primera mitad del siglo, adoptó medidas librecambistas desde 1840 y durante el Sexenio Democrático, y regresó al proteccionismo durante la Restauración borbónica.
La crisis de la Restauración: intentos regeneradores y oposiciones al régimen
El sistema político y el regeneracionismo
La Restauración borbónica se inició con el reinado de Alfonso XII tras el fracaso de la I República y continuó, tras su muerte en 1885, con la regencia de María Cristina. El sistema político se basaba en el turno pacífico entre los partidos liberal y conservador, un modelo canovista que se mantuvo hasta el inicio del reinado efectivo de Alfonso XIII en 1902, al ser declarado mayor de edad.
El comienzo del reinado estuvo marcado por un clima de crítica y descontento, agravado por la crisis de 1898, cuando España perdió sus últimas colonias de ultramar. En este contexto surgió el regeneracionismo, cuyo principal representante fue Joaquín Costa, que defendía la necesidad de acabar con el analfabetismo, la pobreza y la corrupción política del sistema de la Restauración, responsables del atraso español.
A comienzos del siglo XX, los partidos dinásticos quedaron debilitados por la desaparición de sus principales líderes: Cánovas del Castillo fue asesinado en 1897 y Sagasta murió en 1903, lo que provocó luchas internas. La corrupción del sistema favoreció el crecimiento de las fuerzas de oposición.
Movimiento obrero, anarquismo y republicanismo
El movimiento obrero se fortaleció con el PSOE, liderado por Pablo Iglesias hasta su muerte en 1925, y el sindicato UGT. Los socialistas, aliados con los republicanos, lograron que Pablo Iglesias obtuviera un escaño en las Cortes. El anarquismo se organizó en torno a la CNT (fundada en 1910-1911) y posteriormente la FAI.
El republicanismo creció al mismo tiempo que se debilitaba el prestigio de la monarquía, aunque estuvo muy dividido. Surgieron el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux y el Partido Reformista de Melquíades Álvarez, vinculado al regeneracionismo. Al republicanismo se sumaron antiguos monárquicos como Alcalá Zamora, y en Valencia destacó la figura de Blasco Ibáñez.
También crecieron los nacionalismos, especialmente el catalán, representado por la Lliga Regionalista liderada por Francesc Cambó, y el vasco, con el PNV de Sabino Arana, que evolucionó hacia posiciones autonomistas. Ambos movimientos eran, inicialmente, mayoritariamente conservadores y católicos.
Reformas y crisis políticas
Pese a las críticas, el turno de partidos se mantuvo. Francisco Silvela inició reformas regeneracionistas, como la creación de los Ministerios de Instrucción y Agricultura. Le sucedió Antonio Maura, que impulsó una nueva ley electoral para acabar con el caciquismo, aunque sin éxito, y promovió medidas sociales como la legalización de la huelga y la creación del Instituto Nacional de Previsión. Su política reformista quedó truncada por la crisis de 1909 relacionada con Marruecos.
La movilización de reservistas catalanes provocó la Semana Trágica de Barcelona, con huelgas, barricadas, violencia anticlerical y una dura represión que culminó con la ejecución de José Ferrer Guardia. La presión nacional e internacional obligó a Maura a dimitir.
Entre 1910 y 1912 gobernó el liberal José Canalejas, que impulsó importantes reformas sociales, la Ley del Candado contra las órdenes religiosas y una ley de reclutamiento obligatorio sin exenciones. Su asesinato en 1912 puso fin a su gobierno. Le sucedió Eduardo Dato, que aprobó la creación de la Mancomunidad de Cataluña, presidida por Enric Prat de la Riba. Durante su gobierno estalló la I Guerra Mundial, en la que España se mantuvo neutral.
El impacto de los acontecimientos internacionales: Marruecos, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa
La intervención española en Marruecos se enmarca en el contexto del imperialismo europeo. Tras la pérdida de las colonias en 1898, el ejército encontró en el norte de África un nuevo espacio de actuación. En 1906, la Conferencia de Algeciras estableció un protectorado franco-español en Marruecos, manteniendo la soberanía del sultán.
La explotación minera del Rif provocó la resistencia de las poblaciones rifeñas organizadas en guerrillas. En 1909, los ataques a los trabajadores de la Compañía Minera del Rif llevaron a una intervención militar española que terminó en la derrota del Barranco del Lobo. La movilización de reservistas catalanes provocó la Semana Trágica de Barcelona. La guerra fue duramente criticada por sindicatos, republicanos e intelectuales y, ante la imposibilidad de someter a la guerrilla, se optó por una penetración pacífica y vigilada.
La I Guerra Mundial estalló en 1914 y España se mantuvo neutral bajo el gobierno de Eduardo Dato. La neutralidad favoreció el crecimiento industrial, las exportaciones, la banca y las sociedades mercantiles, pero no mejoró las condiciones de vida de los obreros, lo que incrementó la afiliación sindical y las huelgas.
Esta situación desembocó en la crisis de 1917, en la que coincidieron tres conflictos:
- El militar, con la creación de las Juntas de Defensa.
- El político, con la Asamblea de Parlamentarios impulsada por Francesc Cambó para exigir Cortes Constituyentes.
- El social, con la huelga general convocada por el PSOE y la UGT, liderados por Julián Besteiro y Largo Caballero.
El gobierno declaró el estado de guerra y reprimió duramente el movimiento obrero. Las Juntas Militares y los parlamentarios acabaron apoyando al rey y al gobierno por miedo a la radicalización social inspirada por la Revolución Rusa de 1917. La represión fue muy dura y marcó los años previos al golpe de Miguel Primo de Rivera, caracterizados por la descomposición del sistema de la Restauración. Entre 1918 y 1921 se produjo el Trienio Bolchevique en el campo andaluz, mientras en Cataluña se intensificó el terrorismo anarquista y la violencia patronal. El propio Eduardo Dato fue asesinado en 1921.
El sistema del turno fue sustituido por gobiernos de concentración, pero entre 1914 y 1923 se sucedieron quince gobiernos y el rey Alfonso XIII intervino activamente, lo que generó fuertes críticas. La situación se agravó con el desastre de Annual en 1921, tras una operación militar fallida dirigida por el general Silvestre. El ataque del líder rifeño Abd el Krim provocó la muerte de más de 9.000 soldados españoles. Se exigieron responsabilidades al gobierno, al ejército y al rey, y se elaboró el informe Picasso, que no llegó a debatirse. En septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado aceptado por el rey, iniciándose la dictadura.
La dictadura de Primo de Rivera y el final del reinado de Alfonso XIII
Miguel Primo de Rivera, militar con experiencia en Cuba, Filipinas y Marruecos, encabezó un golpe de Estado en septiembre de 1923 desde Barcelona, con el objetivo de acabar con la crisis política y social. El golpe estuvo motivado por el malestar del ejército tras Annual, el miedo de la burguesía al movimiento obrero tras la Revolución Rusa, la crisis del sistema de la Restauración y el avance de los nacionalismos. Contó con el apoyo del rey Alfonso XIII, de sectores del ejército y de parte de la burguesía.
Primo de Rivera publicó el Manifiesto al país y fue nombrado presidente del Gobierno, iniciando una dictadura que se divide en dos etapas:
- Directorio Militar (1923-1925): suspendió la Constitución de 1876, disolvió las Cortes, declaró el estado de guerra, sustituyó a los cargos civiles por militares, prohibió partidos y sindicatos y suprimió la Mancomunidad de Cataluña. Creó la Unión Patriótica y la Asamblea Nacional Consultiva, sin poder legislativo ni representativo.
- Directorio Civil (1925-1930): se incorporaron civiles al gobierno, destacando a José Calvo Sotelo, que impulsó un nacionalismo económico basado en el intervencionismo estatal. Se crearon monopolios como Telefónica, CAMPSA y Tabacalera, se desarrollaron las Confederaciones Hidrográficas, se fomentaron las obras públicas y se aplicó una política corporativa con comités paritarios.
La dictadura contó inicialmente con apoyo social gracias a la estabilidad y a la favorable coyuntura económica de los llamados años veinte felices. El prestigio del régimen aumentó tras el éxito militar en Marruecos con el desembarco de Alhucemas y la captura de Abd el Krim. Primo de Rivera contó inicialmente con el apoyo de la UGT y de Largo Caballero, pero fue combatido por comunistas y anarquistas. Con el tiempo, la dictadura perdió apoyos; creció la oposición política, nacionalista y universitaria, destacando la creación de la FUE con el apoyo de intelectuales como Ortega y Gasset, Unamuno o Menéndez Pidal.
La crisis económica de 1929 reactivó la protesta social y Primo de Rivera dimitió en 1930, marchando al exilio.
El último año del reinado de Alfonso XIII estuvo marcado por la inestabilidad. Con los gobiernos de Berenguer y Aznar se intentó restaurar la Constitución de 1876 sin éxito. En agosto de 1930 se firmó el Pacto de San Sebastián entre republicanos, socialistas y nacionalistas, creando un Comité Revolucionario presidido por Alcalá Zamora. Tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, ganadas por los republicanos en las ciudades, Alfonso XIII renunció al trono y el 14 de abril de 1931 se proclamó la II República.