La Construcción del Estado Liberal (Siglo XIX)
Esta pintura histórica representa el inicio del reinado de Isabel II, un momento solemne donde la joven reina está rodeada de la nobleza, el alto clero y militares, figuras clave en la configuración de la monarquía constitucional. El contenido refleja visualmente la transición del Antiguo Régimen al liberalismo burgués tras la muerte de Fernando VII en 1833. El contexto histórico de esta imagen está marcado por la Primera Guerra Carlista (1833-1840), que surgió cuando el infante Don Carlos se autoproclamó rey mediante el Manifiesto de Abrantes. Este enfrentamiento fue una larga guerra civil entre los liberales isabelinos y los carlistas, quienes, bajo el lema “Dios, Patria, Rey y Fueros”, defendían el absolutismo, los privilegios forales y el inmovilismo. Debido a la guerra, la monarquía tuvo que apoyarse en los militares liberales, como Espartero, ya que no contaba con suficiente respaldo social. Esto provocó una gran inestabilidad política, caracterizada por la alternancia de partidos de notables (progresistas y moderados) y constantes pronunciamientos. El reinado de Isabel II estuvo condicionado por su minoría de edad, dando paso a la regencia de María Cristina y, posteriormente, a la de Espartero. Durante estos años se implantaron instrumentos como el Estatuto Real de 1834 y la Constitución de 1837, buscando un equilibrio entre soberanía nacional y el poder de la Corona. Sin embargo, el abuso de poder de la Corona, que nombraba ministros sin considerar la mayoría parlamentaria, y la aprobación de la Ley de Ayuntamientos de 1840, provocaron insurrecciones progresistas. El general Espartero gobernó de manera dictatorial hasta que una revuelta militar en 1843, apoyada por Narváez y Prim, obligó a su exilio y adelantó la mayoría de edad de la reina. Este periodo inicial fue fundamental para el devenir de España, pues el conflicto carlista consumió recursos económicos y retrasó la industrialización frente a otras naciones europeas.
El Sexenio Revolucionario y la Crisis del Sistema
Esta pintura representa la “Vicalvarada” de 1854, un pronunciamiento liberal de carácter progresista iniciado por el general O’Donnell en los cuarteles de Vicálvaro, con barricadas y agitación popular. La imagen muestra la respuesta social y militar contra el autoritarismo y la corrupción que marcaron la década anterior. El contexto histórico es el fin de la «Década Moderada» (1844-1854), en la que el partido de Narváez, apoyado en la Constitución de 1845, había impuesto un régimen centralista donde la soberanía compartida entre el rey y las Cortes otorgaba amplios poderes a la Corona, recortando los del Parlamento. La creación de la Guardia Civil y la reforma tributaria de Alejandro Mon no evitaron las denuncias de corrupción. El “Manifiesto de Manzanares”, redactado por Cánovas del Castillo, fue clave para movilizar a los progresistas y forzar a la reina a llamar a Espartero, comenzando el Bienio Progresista (1854-1856). Se adoptaron medidas radicales, se impulsó la Ley General de Ferrocarriles de 1855 y se intentó democratizar el Estado, pero la desamortización de bienes municipales suscitó la oposición de la Iglesia y de los moderados. Tras la caída de Espartero, comenzó la «Segunda Década liberal conservadora» (1856-1868), dominada por Narváez y la Unión Liberal de O’Donnell, centrada en una activa política exterior imperialista. Durante este tiempo, las aspiraciones de libertad crecieron, surgiendo el partido demócrata y el republicanismo, mientras las organizaciones obreras y el campesinado jornalero sufrían una dura represión por parte de la Guardia Civil. Sucesos como la Noche de San Daniel y los fusilamientos del cuartel de San Gil evidenciaron el descrédito de Isabel II. Finalmente, la firma del Pacto de Ostende en 1866 por progresistas y demócratas, con el objetivo de destronar a la reina, desembocó en septiembre de 1868 en la Revolución Gloriosa. La sublevación de la armada en Cádiz, apoyada por los generales Prim y Serrano, puso fin al reinado y abrió paso al Sexenio Revolucionario.
Esta fuente es una imagen de carácter histórico que representa la Revolución Gloriosa de septiembre de 1868. En la imagen se observa la sublevación de la Armada española en Cádiz, dirigida por el almirante Topete con el apoyo de los generales Prim y Serrano, lo que dio inicio a la caída del reinado de Isabel II. El contexto histórico se explica por el pacto de Ostende de 1866, donde se aliaron progresistas y demócratas, a los que se unió la Unión Liberal tras la muerte de O’Donnell, con el acuerdo de destronar a Isabel II y celebrar elecciones por sufragio universal. En septiembre de 1868, la Armada se sublevó en Cádiz con el apoyo de los generales Prim y Serrano bajo el manifiesto de «Viva España con honra», ocupando plazas al grito de «Mueran los Borbones». El general Serrano venció al ejército gubernamental en Alcolea y la reina huyó a Francia. El poder fue ejercido por la Junta Revolucionaria de Madrid, que confió el gobierno a Serrano para presidir un Gobierno Provisional (octubre 1868-junio 1869). Este gobierno tomó medidas para estabilizar la situación, fijó la peseta como unidad monetaria y convocó elecciones a Cortes constituyentes. Estas elecciones, por sufragio universal masculino, dieron mayoría a la coalición de unionistas, progresistas y demócratas. Tras confirmar a Serrano en el cargo, comenzaron a elaborar la Constitución de 1869, que incluía una amplia declaración de derechos como el sufragio universal masculino, libertad de imprenta y enseñanza, matrimonio civil y derechos de reunión y asociación. La Constitución reconocía la soberanía nacional y la división de poderes, con Cortes bicamerales que controlaban al gobierno, declarando que España sería una monarquía.
Esta fotografía muestra a un grupo de hombres trajeados reunidos alrededor de una mesa, lo que representa gráficamente las reuniones de los líderes políticos de la oposición durante el final del reinado de Isabel II. Esta imagen simboliza la alianza alcanzada en la ciudad belga de Ostende en 1866, donde progresistas y demócratas firmaron el pacto para poner fin al sistema isabelino. La importancia de esta reunión radica en que fue el catalizador político necesario para coordinar la caída de la reina y preparar el camino hacia el Sexenio Revolucionario. El contexto histórico de esta reunión se explica por el agotamiento del sistema político de Isabel II, caracterizado por el autoritarismo, la represión de opositores y el descontento social ante la crisis económica y política. La alianza de Ostende, a la que posteriormente se adhirió la Unión Liberal tras la muerte de O’Donnell, fue fundamental porque unió a fuerzas políticas muy diversas bajo un mismo objetivo: destronar a Isabel II y celebrar elecciones por sufragio universal. Tras el éxito de la Revolución Gloriosa de 1868 y la huida de la reina, el país entró en una etapa de inestabilidad crónica. La elección de Amadeo de Saboya como rey fue un intento de modernización, pero su reinado fracasó rápidamente debido a la falta de apoyos políticos, el asesinato de su principal valedor, el general Prim, y la oposición de carlistas, republicanos e Iglesia. Además, tuvo que afrontar la tercera guerra carlista y la Guerra de los Diez Años en Cuba. Ante la imposibilidad de gobernar, Amadeo abdicó en 1873, dando paso a la proclamación de la Primera República. Esta etapa republicana, que apenas duró once meses, estuvo marcada por la sucesión de cuatro presidentes y graves problemas como la insurrección cantonal de Cartagena y la guerra carlista. La falta de consenso, la desafección de las clases medias y altas, y la constante intervención militar, llevaron al golpe de estado de Pavía y, finalmente, al pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto en 1874, que restauró la monarquía borbónica en la figura de Alfonso XII, bajo los auspicios de Cánovas del Castillo y el Manifiesto de Sandhurst.
Esta fuente es una ilustración de carácter satírico y género propagandístico, publicada tras la Revolución Gloriosa de 1868. En la imagen destaca la reina Isabel II en el centro, mostrando signos de aflicción mientras sostiene un papel que indica “Abdicación”. A su alrededor, diversos militares lloran utilizando pañuelos, reflejando el fin de su apoyo. En el centro, un niño con una corona sobre un sillón porta la inscripción “Viva Alfonso XII”, simbolizando el deseo de restauración monárquica borbónica. La escena transmite el desprestigio total de la reina tras años de autoritarismo. El contexto histórico de esta imagen es la descomposición del sistema isabelino. La alianza entre progresistas y demócratas, sellada en el Pacto de Ostende de 1866, buscaba destronar a Isabel II. Tras el levantamiento de la Armada en Cádiz en 1868 y la victoria de Serrano en Alcolea, la reina huyó a Francia. Se inició así el Sexenio Revolucionario, marcado por la Constitución de 1869, la primera democrática de España, que implantó el sufragio universal masculino y una amplia declaración de derechos. Se buscó un nuevo monarca, Amadeo de Saboya, pero su reinado fracasó por la falta de apoyos, el asesinato de Prim y la oposición de carlistas, republicanos e Iglesia. La inestabilidad, la tercera guerra carlista y el conflicto en Cuba forzaron su abdicación en 1873. La Primera República, que siguió, fue un periodo de gran inestabilidad con cuatro presidentes: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. Hubo graves problemas como la insurrección cantonal y la guerra carlista. El fracaso de este sistema, visto por la burguesía y el ejército como un caos, despertó el deseo de restauración borbónica impulsado por Cánovas del Castillo y el Manifiesto de Sandhurst. Finalmente, el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto en 1874 restauró la monarquía borbónica.
Esta fuente es una ilustración de género propagandístico y satírico, titulada “Agencia-Embajada: sucursal de España”, publicada durante el Sexenio Revolucionario para criticar la búsqueda de un nuevo rey. La imagen presenta a políticos y ciudadanos ante un cartel que reza “Se colocan reyes con todos sus atributos”, lo que ironiza sobre la dificultad de encontrar un monarca tras la expulsión de los Borbones. A la derecha, un personaje sentado en un escritorio de 50.000 pesetas atiende la demanda, mientras monos y animales rodean la escena, simbolizando el caos político y la falta de legitimidad del proceso de búsqueda de candidatos al trono. El contexto histórico es el vacío de poder tras la huida de Isabel II. Una vez aprobada la Constitución de 1869, que definía a España como monarquía, el general Prim fue el encargado de buscar un candidato, optando por Amadeo de Saboya. La situación del nuevo rey fue insostenible: el Partido Progresista se dividió y tenía la oposición abierta de la Iglesia, de los republicanos, de los carlistas —que se levantaron en armas en 1872— y de los partidarios del príncipe Alfonso. Además, tuvo que enfrentarse a la agitación social y a la Guerra de los Diez Años en Cuba, iniciada con el “Grito de Yara”. Tras su abdicación en 1873, la proclamación de la Primera República fue un intento de estabilizar la nación, pero la inestabilidad fue constante. La sucesión de presidentes no pudo detener la insurrección cantonal de Cartagena ni la guerra carlista. El fracaso de este sistema, y la constante inestabilidad política y social, granjeó la enemistad de las clases medias y altas, de la Iglesia y del Ejército. La posibilidad de que el poder recayera en federalistas radicales ofreció el pretexto para el golpe de estado de Pavía, que disolvió las Cortes. Tras el golpe, la Junta de Capitanes Generales nombró al general Serrano, cuya política autoritaria y represiva provocó un viraje de la burguesía hacia posiciones conservadoras, despertando el deseo de una restauración monárquica borbónica, lograda finalmente con el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto.
Esta fuente es una caricatura de género propagandístico y satírico, publicada en la revista La Flaca en 1869. La imagen muestra a los líderes de la Revolución Gloriosa —Prim, Serrano y Topete— participando en una irónica subasta bajo el cartel “Agencia-Embajada: sucursal de España”, que ofrece “reyes con todos sus atributos”. La escena representa la búsqueda desesperada de un nuevo monarca tras el destronamiento de Isabel II, simbolizando el caos político y la falta de consenso entre las fuerzas que lideraron el cambio. El contexto histórico de esta ilustración es el vacío de poder tras la huida de Isabel II a Francia. Una vez aprobada la Constitución de 1869, la primera democrática de nuestra historia, que establecía la soberanía nacional y el sufragio universal masculino, España se definió como monarquía, pero carecía de rey. El general Prim, como jefe de gobierno, inició una compleja labor diplomática para encontrar un candidato que fuera aceptado por la mayoría y no causara recelos internacionales. Esta búsqueda se vio dificultada por la profunda división política: los progresistas se fragmentaron, mientras la Iglesia, los republicanos, los carlistas —que terminarían iniciando la tercera guerra carlista en 1872— y los partidarios de Alfonso de Borbón se oponían abiertamente al nuevo sistema. Además, el gobierno tuvo que enfrentarse a la Guerra de los Diez Años en Cuba, iniciada con el “Grito de Yara”, y al creciente movimiento obrero. Tras mucho barajar candidatos, se optó por Amadeo de Saboya, pero su reinado nació herido de muerte: su principal apoyo, el general Prim, fue asesinado en un atentado poco antes de su llegada a España, dejando al monarca en una posición de extrema debilidad ante una España convulsa y fragmentada.
Esta fuente es una pintura de historia de género conmemorativo, que representa al rey Amadeo de Saboya ante el cadáver del general Prim. La imagen muestra al monarca en una postura solemne, rodeado de militares y clérigos, ante el cuerpo de quien fuera el artífice de su candidatura al trono español. La obra ilustra el momento de mayor soledad política para Amadeo, marcando visualmente la pérdida del hombre que lo trajo a España y cuya protección era su única garantía real de estabilidad frente a la oposición interna. El contexto histórico se sitúa en el trágico inicio del reinado de Amadeo de Saboya (1870-1873). Políticamente, el nuevo rey no contó con apoyos sólidos, ya que el Partido Progresista se dividió en el Partido Constitucional de Sagasta y el Radical de Ruiz Zorrilla. Su reinado fue un intento de modernización que fracasó ante la hostilidad de los sectores conservadores, la Iglesia, el Ejército y los republicanos federales. La inestabilidad fue constante, agravada por la insurrección cantonal iniciada en Cartagena y la guerra carlista alentada por el pretendiente Carlos VII. Ante la imposibilidad de gobernar y tras el incidente de la “cuestión de los artilleros”, Amadeo presentó su abdicación en febrero de 1873. Ese mismo día, las Cortes proclamaron la Primera República, que transcurrió entre la inestabilidad y la sucesión de cuatro presidentes —Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar—, sin llegar nunca a promulgar una Constitución republicana. El fracaso republicano y la política autoritaria que siguió al golpe de Estado de Pavía terminaron por convencer a la burguesía de que la única solución era la restauración monárquica borbónica. Cánovas del Castillo, defensor de la candidatura de Alfonso de Borbón, presentó el Manifiesto de Sandhurst, pero fue el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto, en diciembre de 1874, el que finalmente restauró la monarquía, dando por concluido el inestable periodo del Sexenio Revolucionario.
La Guerra de la Independencia y el Liberalismo
Esta fuente es una imagen de carácter histórico que representa el inicio de las sesiones de las Cortes de Cádiz el 24 de septiembre de 1810 en la Isla de León. En la escena se puede identificar a los diputados reunidos para comenzar su labor legislativa en un contexto de vacío de poder y resistencia frente al gobierno francés. La convocatoria de estas Cortes fue posible a pesar de que el Consejo de Regencia, sucesor de la Junta Central, se oponía a ello. Los diputados fueron elegidos por sufragio universal masculino y, debido a la ocupación francesa, muchos representantes no pudieron llegar, siendo sustituidos por suplentes gaditanos. La composición de la cámara incluía a un 30% de clero, 20% de abogados, 20% de funcionarios, 10% de militares y un 20% compuesto por nobles, comerciantes y terratenientes. Aunque no estaban agrupados por partidos, se distinguían tres tendencias: liberales, ilustrados jovellanistas y absolutistas. Desde el primer momento, los liberales, liderados por figuras como Agustín Argüelles, Diego Muñoz Torrero y el conde de Toreno, tomaron la iniciativa política. Su primer decreto fue fundamental: reconocieron a Fernando VII como rey, asumieron la soberanía nacional como representantes de la voluntad de la nación española y establecieron la división de poderes. Este acto marcó el inicio de la revolución liberal en España, pues se rompía con el absolutismo del Antiguo Régimen. Los objetivos de este sector liberal eran efectuar una profunda reforma de las instituciones políticas, económicas y jurídicas del país. Entre 1810 y 1813, aprobaron leyes clave como la libertad de imprenta, la supresión de la Inquisición, la abolición del régimen señorial, la eliminación de los gremios y la incautación de bienes de jesuitas y órdenes militares. Esta labor legislativa sentó las bases para el paso al Nuevo Régimen, convirtiendo a estas Cortes en el órgano que asumió el gobierno en la España de la resistencia, actuando en nombre de la nación mientras el trono permanecía vacante durante la Guerra de la Independencia.
Esta fuente es una ilustración de género histórico y carácter informativo que refleja el momento en que el general Manuel Pavía, Capitán General de Madrid, invade con sus tropas el hemiciclo del Congreso el 3 de enero de 1874. La imagen muestra a los diputados en medio del caos y la confusión ante la disolución forzosa de las Cortes. Este hecho simboliza el colapso definitivo de la Primera República y la clausura del proceso revolucionario iniciado en 1868, dando paso a una etapa marcada por el intervencionismo militar y el autoritarismo. El contexto histórico es la agónica fase final de la Primera República (1873-1874). Esta etapa, que transcurrió sin una Constitución republicana definitiva, estuvo marcada por la constante inestabilidad y la sucesión de cuatro presidentes: Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. Los intentos de implantar una república federal se vieron frustrados por graves problemas internos: la guerra carlista alentada por Carlos VII y la insurrección cantonal iniciada en Cartagena, que se extendió por Levante y Andalucía. Ante la radicalización de los federales exaltados, el presidente Castelar intentó imponer orden gobernando por decreto, pero perdió la confianza de las Cortes. Cuando la posibilidad de que el poder recayera nuevamente en los federalistas radicales se hizo inminente, el golpe de Pavía ofreció el pretexto para disolver el Parlamento. Tras el golpe, la Junta de Capitanes Generales nombró al general Serrano jefe de gobierno, quien mantuvo las formas republicanas pero aplicó una política represiva y autoritaria. Este fracaso de la República provocó un viraje de la burguesía hacia posiciones conservadoras y despertó el deseo de una restauración monárquica. La candidatura del Príncipe Alfonso, defendida por Cánovas del Castillo mediante el Manifiesto de Sandhurst, se anticipó al golpe militar de Martínez Campos en Sagunto (29 de diciembre de 1874), que restauró la dinastía borbónica y puso fin al Sexenio Revolucionario.
Esta fuente es una imagen de carácter histórico que representa el acto de proclamación de la Constitución de 1812, promulgada el 19 de marzo de ese mismo año en Cádiz. En la escena se observa a los diputados y representantes de la nación española celebrando la aprobación del texto constitucional, que simboliza el triunfo de los principios liberales sobre el sistema absolutista anterior. La Constitución de 1812, conocida como «La Pepa», constaba de 348 artículos basados en cinco principios fundamentales: la soberanía nacional, la división de poderes (ejecutivo para el rey, legislativo para Cortes unicamerales y judicial para los tribunales), la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el sufragio universal masculino indirecto y el reconocimiento de amplios derechos individuales, como la inviolabilidad del domicilio o la libertad de imprenta. No obstante, por prudencia ante la necesidad de contar con el apoyo del clero en la guerra contra Francia, se proclamó el catolicismo como única religión permitida, prohibiendo la libertad religiosa. El texto recortó las atribuciones del rey, subordinando su potestad al poder de las Cortes, prohibiéndole disolverlas y limitando su veto a un periodo transitorio de dos años. Además, la Constitución organizó la administración: los ayuntamientos tendrían cargos elegidos y las provincias se gestionarían mediante diputaciones provinciales y jefes políticos. También se estableció una distinción entre el ejército permanente y la Milicia Nacional, creada para la defensa del liberalismo. Aunque Fernando VII anuló toda la obra de Cádiz en 1814, la Constitución se convirtió en la bandera del liberalismo español, siendo reinstaurada durante el Trienio Liberal (1820-1823) y de nuevo en 1836. Su repercusión fue también internacional, sirviendo de modelo a otros textos constitucionales. Representa el esfuerzo legislativo de los diputados que, durante la guerra contra Napoleón, fueron capaces de transformar el sistema político español, estableciendo los principios que permitirían el fin de los privilegios estamentales y la consolidación de los derechos ciudadanos.
Esta fuente es una ilustración de carácter histórico y género propagandístico que representa la ejecución del general Rafael de Riego en noviembre de 1823. La imagen muestra al militar en el patíbulo, rodeado de autoridades y soldados, simbolizando el trágico final de quien fue el principal protagonista de la insurrección que dio inicio al Trienio Liberal. La escena refleja la severidad de la represión absolutista que se desató tras la intervención de la Santa Alianza y el fin del gobierno constitucional, marcando el retorno al inmovilismo. El contexto histórico de este episodio se encuentra en el fracaso del Trienio Liberal (1820-1823). Este periodo comenzó gracias al pronunciamiento de Riego en Cabezas de San Juan en 1820, cuando el ejército, descontento por las levas para la guerra en América, obligó a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812. Sin embargo, la tarea de gobernar fue extremadamente difícil debido a la actitud conspiradora del rey, que buscaba apoyo extranjero, y a la división interna de los liberales en dos facciones: los moderados (partidarios de concesiones) y los exaltados (que pedían reformas más radicales). Durante el Trienio, se tomaron medidas como la expulsión de los jesuitas, la reducción de monasterios y la abolición de la Inquisición, lo que generó una fuerte oposición campesina, clerical y absolutista, articulada en las proclamas realistas y la «Regencia de Urgel». Finalmente, el rey pidió ayuda a la Santa Alianza, lo que provocó el envío de los «Cien Mil Hijos de San Luis» en abril de 1823. Tras la invasión, se restauró el absolutismo y dio comienzo a la «Ominosa Década» (1823-1833). Este periodo fue llamado así por la dureza de las represalias contra los liberales, siendo la ejecución de Riego uno de los ejemplos más claros del intento fernandino de borrar cualquier vestigio de la experiencia constitucional. A pesar de la represión y la clausura de universidades, el régimen se apoyó en el Despotismo Ilustrado para intentar modernizar el país sin ceder soberanía, aunque el avance hacia la industrialización resultó ineficaz por la falta de fondos, preparando el escenario para el conflicto sucesorio entre carlistas e isabelinos tras la muerte de Fernando VII.
Esta fuente es una pintura de historia de género informativo que representa la ejecución del general liberal José María de Torrijos y sus seguidores en las playas de Málaga en diciembre de 1831. En la escena se observa a los condenados frente al pelotón de fusilamiento, rodeados por fuerzas militares, lo que refleja el final de su intento de insurrección contra el régimen absolutista establecido en ese momento en España. Durante la Ominosa Década (1823-1833), el reinado de Fernando VII se caracterizó por la persecución a los liberales, quienes fueron obligados a exiliarse o a pasar a la clandestinidad tras la restauración del absolutismo más intransigente. Se suprimieron periódicos, se disolvieron las sociedades patrióticas y las universidades fueron clausuradas durante dos años. Aunque el rey renunció a restablecer formalmente la Inquisición, sus funciones fueron asumidas por una policía recién creada y, en algunas ciudades, por las llamadas Juntas de Fe, constituidas por los obispos más reaccionarios. Ante esta situación, muchos liberales se organizaron desde el exilio en Inglaterra, esperando el momento de reaparecer para restaurar el sistema constitucional. En diciembre de 1831, el general Torrijos, junto a otros exiliados como Espoz y Mina, intentó una insurrección militar que fue rápidamente sofocada por el régimen. Torrijos y sus seguidores fueron detenidos y fusilados pocos días después. Este hecho fue representativo de la dureza con la que el absolutismo fernandino respondía a cualquier intento de oposición. A pesar de estas acciones, la división entre absolutistas y liberales se mantuvo durante todo el reinado, radicalizándose a medida que avanzaban los años. Hacia el final del periodo, la cuestión sucesoria se convirtió en el punto central de la política española. Tras el fallecimiento de su tercera esposa, Fernando VII se casó con Mª Cristina de Nápoles y, ante el embarazo de esta, puso en vigor la Pragmática Sanción en 1830 para dejar sin efecto la Ley Sálica, permitiendo así que su hija Isabel pudiera ser declarada heredera al trono. Este acontecimiento generó la formación de dos bandos enfrentados: los carlistas, partidarios de Don Carlos, y los cristinos o isabelinos, grupo en el que se alinearon los liberales. Tras la muerte de Fernando VII en septiembre de 1833, la proclamación de Isabel II como heredera provocó que los carlistas declararan la guerra.
Esta fuente es una imagen de carácter histórico que representa el encuentro entre el general liberal Espartero y el general carlista Maroto en Vergara, el 29 de agosto de 1839. En la imagen, ambos militares se abrazan, simbolizando la firma del convenio que puso fin a las hostilidades en el frente principal de la Primera Guerra Carlista. La Primera Guerra Carlista (1833-1839/40) surgió tras la muerte de Fernando VII, cuando su hermano Don Carlos publicó el Manifiesto de Abrantes autoproclamándose rey, lo que provocó el levantamiento de partidas carlistas en diversos territorios. El ideario carlista defendía el absolutismo y el mantenimiento de los fueros —instituciones de gobierno autónomas, exención de impuestos y de quintas— frente al centralismo liberal. Este bando contó con el apoyo de pequeños nobles rurales, artesanos, parte del bajo clero y campesinos de zonas como el País Vasco, Navarra, interior de Cataluña y el Maestrazgo. Por el contrario, el bando isabelino aglutinó a las altas jerarquías del ejército, la Iglesia y el Estado, sumándose los liberales, quienes vieron en Isabel II la oportunidad de triunfo de sus ideales. En el terreno bélico destacaron el carlista Zumalacárregui, experto en guerra de guerrillas, y el liberal Espartero. Tras unos primeros años de resultados inciertos, en 1838 Espartero recibió los recursos necesarios para dirigir un ejército numeroso y bien equipado, iniciando una nueva campaña en el norte. Mientras, en el bando carlista, la situación se deterioró debido a los enfrentamientos entre los dirigentes y el general Maroto, quien, decepcionado por la incapacidad de Don Carlos y las intrigas de su corte, inició negociaciones de paz. Finalmente, el 29 de agosto de 1839, Maroto firmó con Espartero el Convenio de Vergara, el cual reconocía a Isabel como reina legítima, respetaba los fueros, concedía la amnistía a los carlistas y les otorgaba un puesto en el ejército liberal. este pacto supuso el fin del frente principal de la lucha.
Esta fuente es una pintura de historia de género informativo que representa la Batalla de Bailén, ocurrida en julio de 1808. En la imagen se observa el enfrentamiento entre el ejército español y el ejército francés, capturando el momento en que las tropas españolas logran una victoria que obliga a las tropas francesas a replegarse. La Batalla de Bailén tuvo lugar durante la primera fase de la Guerra de la Independencia (junio a noviembre de 1808), que coincide con la insurrección popular tras el levantamiento del 2 de mayo. Tras las abdicaciones de Bayona, donde Napoleón impuso a su hermano José Bonaparte como rey, el pueblo creó las Juntas locales para organizar la resistencia. La guerra fue peninsular y en ella colaboraron españoles, portugueses e ingleses contra los franceses, siendo decisiva la actuación de la guerrilla. En Bailén se produjo un éxito inicial español que forzó el repliegue de las tropas francesas. Esta batalla es un episodio de la primera fase de la guerra, que se caracterizó por la insurrección contra el gobierno ilegítimo de José I. La guerra continuó después con una segunda fase (noviembre de 1808 a junio de 1812) en la que el dominio francés se extendió a las principales ciudades y vías de comunicación, lo que obligó a la resistencia a organizarse en las zonas rurales y en la sierra mediante la guerra de guerrillas. Finalmente, la tercera fase (julio de 1812 a diciembre de 1813) marcó el fin de la guerra con la ofensiva aliada, que culminó con la expulsión de los ejércitos franceses de la Península tras la derrota en Arapiles y la firma del Tratado de Valencay. La guerra dejó como consecuencia una grave fractura en la sociedad y en la economía española, el exilio de los afrancesados y el comienzo del proceso de emancipación de las colonias americanas
Esta fuente es una pintura de historia de género informativo que representa los sucesos ocurridos tras el levantamiento popular del 2 de mayo de 1808 en Madrid. En la imagen aparecen ciudadanos madrileños frente a un pelotón de ejecución formado por soldados franceses, lo que ilustra el inicio del enfrentamiento armado contra las tropas de ocupación tras la entrada del general Murat en la capital. La Guerra de la Independencia se inició el 2 de mayo tras las abdicaciones de Bayona, donde Napoleón reunió a la familia real española y logró tener en sus manos la Corona, imponiendo a su hermano José. Lo ocurrido en Bayona provocó en España dos posturas: la de los patriotas y la de los afrancesados. El 2 de mayo fue el primer levantamiento popular en Madrid, al que le siguió un levantamiento generalizado en toda España. La insurrección tuvo un carácter popular, nacional y de liberación. Tras las abdicaciones, Napoleón quiso dar a la monarquía nueva un carácter reformista a través de la Constitución de Bayona, una carta otorgada con principios como Estado confesional y monarquía hereditaria. Ante el vacío de poder y para hacer frente al gobierno francés considerado ilegítimo, el pueblo creó Juntas locales que asumieron el poder en nombre de Fernando VII. En septiembre de 1808 se creó la Junta Central, integrada por 36 miembros en representación de las Juntas provinciales, que asumió el gobierno del país hasta 1810, cuando se autodisolvió y traspasó sus poderes a una Regencia. La invasión dio lugar a una guerra en la que participaron españoles, portugueses e ingleses, siendo fundamental la actuación de la guerrilla durante la segunda fase de la guerra. Las consecuencias de todo este periodo fueron importantes, provocando una grave fractura en la sociedad y economía españolas, el exilio de los afrancesados y la extensión del sentimiento patriótico. La situación de guerra fue el escenario donde se inició la revolución liberal, protagonizada por las Juntas y que culminaría con la convocatoria de las Cortes de Cádiz y la redacción de la Constitución de 1812.
Análisis de los Periodos Históricos
4.1 El reinado de Carlos IV se inició en 1788 y supuso la continuidad formal del despotismo ilustrado heredado de Carlos III. Sin embargo, estuvo marcado por la debilidad política del monarca y por la profunda influencia de los acontecimientos internacionales, especialmente la Revolución Francesa, que alteraron gravemente la estabilidad del Antiguo Régimen en España. La Revolución Francesa, iniciada en 1789, provocó un fuerte temor al contagio de las ideas revolucionarias en España. En un primer momento, el gobierno del conde de Floridablanca intentó frenar la difusión de estas ideas mediante una política de censura y control, pero fracasó y fue destituido en 1792. Le sucedió el conde de Aranda, partidario de la no intervención en Francia, aunque su postura fue incomprendida y también fue cesado. Finalmente, Manuel Godoy se convirtió en el principal valido del rey y en la figura clave del reinado. Tras la ejecución de Luis XVI en 1793, España entró en guerra contra la Francia revolucionaria en la llamada Guerra de la Convención. A pesar de algunos éxitos iniciales, las tropas francesas invadieron territorio español, lo que obligó a firmar el Tratado de Basilea (1795), por el cual España recuperaba sus territorios peninsulares a cambio de ceder parte de Santo Domingo. Este tratado reforzó la posición de Godoy, que fue nombrado Príncipe de la Paz. A partir de entonces, España se alió con Francia mediante los Tratados de San Ildefonso, enfrentándose a Inglaterra. Esta política tuvo consecuencias desastrosas, como la derrota naval de Trafalgar en 1805, que supuso la pérdida definitiva de la flota española y el debilitamiento del comercio americano. Mientras tanto, Napoleón Bonaparte consolidaba su poder en Europa. En 1807, el Tratado de Fontainebleau permitió el paso de tropas francesas por España para invadir Portugal, pero pronto se hizo evidente la intención de Napoleón de ocupar el país. La creciente presencia francesa provocó el Motín de Aranjuez (1808), que supuso la caída de Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII. Napoleón aprovechó la crisis dinástica y, tras las Abdicaciones de Bayona, impuso como rey a su hermano José I Bonaparte. Estos hechos desencadenaron la Guerra de la Independencia, iniciada con el levantamiento popular del 2 de mayo de 1808 en Madrid. La guerra tuvo un carácter nacional y popular, enfrentando a los patriotas contra el ejército francés y a los afrancesados. Se desarrolló en tres fases: una primera de victorias españolas como Bailén, una segunda de dominio francés y guerra de guerrillas, y una tercera de ofensiva aliada que culminó con la derrota francesa y el Tratado de Valencay (1813). Las consecuencias fueron muy graves: destrucción económica, crisis social, exilio de afrancesados, fortalecimiento del sentimiento nacional y el inicio del proceso de emancipación de las colonias americanas.
4.2 La Guerra de la Independencia supuso el inicio de la revolución liberal en España. Ante el vacío de poder provocado por la invasión francesa y la ausencia del rey Fernando VII, surgieron las Juntas locales, organismos creados por la población para organizar la resistencia y gobernar en su nombre. Estas Juntas asumieron por primera vez la soberanía nacional, ya que actuaban como representantes del pueblo. En septiembre de 1808 se constituyó la Junta Central Suprema, integrada por representantes de las Juntas provinciales y presidida por el conde de Floridablanca, con figuras destacadas como Jovellanos. Este organismo asumió el gobierno del país hasta 1810, cuando se autodisolvió y transfirió el poder a un Consejo de Regencia, que, pese a su oposición, no pudo evitar la convocatoria de Cortes. Las Cortes se reunieron por primera vez el 24 de septiembre de 1810 en la Isla de León, en Cádiz, única gran ciudad no ocupada por los franceses. Los diputados fueron elegidos por sufragio universal masculino indirecto, aunque muchos fueron sustituidos por suplentes gaditanos debido a la ocupación francesa. Su composición fue mayoritariamente burguesa, destacando clérigos, abogados y funcionarios. Ideológicamente se distinguían tres grupos: liberales, jovellanistas y absolutistas, aunque los liberales, liderados por Argüelles, Muñoz Torrero y el conde de Toreno, dominaron la labor legislativa. Desde el primer decreto, las Cortes reconocieron a Fernando VII como rey, proclamaron la soberanía nacional y establecieron la división de poderes. Su objetivo principal fue acabar con el Antiguo Régimen mediante una profunda reforma política, económica y jurídica, así como redactar una Constitución. Entre 1810 y 1813 aprobaron importantes reformas: libertad de imprenta, abolición de la Inquisición y de la tortura, supresión de los señoríos, eliminación de los gremios y de los privilegios de la Mesta, libertad económica y desamortización de bienes eclesiásticos. El 19 de marzo de 1812 se promulgó la Constitución de Cádiz, la primera liberal de la historia de España. Establecía la soberanía nacional, la división de poderes, la igualdad jurídica, el sufragio universal masculino indirecto y el reconocimiento de derechos individuales, aunque mantenía el catolicismo como única religión. La monarquía quedaba limitada, con un rey subordinado a las Cortes. Aunque fue abolida en 1814, la Constitución de 1812 tuvo una enorme importancia histórica, al sentar las bases del liberalismo español y convertirse en símbolo de la lucha contra el Antiguo Régimen.
4.3 El reinado de Fernando VII (1814-1833) se caracterizó por el enfrentamiento constante y cada vez más radical entre absolutistas y liberales. Ambos grupos, al acceder al poder, excluyeron al contrario, lo que generó una gran inestabilidad política. Los absolutistas defendían el mantenimiento del Antiguo Régimen, apoyados por la nobleza, el clero, el rey y parte del pueblo. Los liberales, por el contrario, aspiraban a consolidar la revolución liberal mediante la soberanía nacional, la Constitución, la división de poderes y la igualdad jurídica. Tras el fin de la Guerra de la Independencia y el Tratado de Valencay, Fernando VII regresó a España en 1814. A pesar de que las Cortes exigían que jurase la Constitución de 1812, el rey contó con el apoyo popular, del ejército y de los diputados absolutistas, que le presentaron el Manifiesto de los Persas. Amparado en estos apoyos, Fernando VII abolió la obra de las Cortes de Cádiz mediante el Decreto de mayo de 1814, restaurando el absolutismo e iniciando el Sexenio Absolutista (1814-1820). Se persiguió duramente a los liberales, que se vieron abocados al exilio o a la conspiración, mientras se sucedían pronunciamientos militares fracasados. La situación del país era muy grave: crisis económica, destrucción material, pérdida de la flota y rebelión de las colonias americanas. Pese a ello, el rey se negó a realizar reformas profundas y mantuvo una política inmovilista, limitada a intentos de despotismo ilustrado. En 1820, el pronunciamiento del teniente coronel Rafael Riego en Cabezas de San Juan obligó al rey a jurar la Constitución, dando inicio al Trienio Liberal (1820-1823). Se restauraron las libertades y se emprendieron reformas, aunque el periodo estuvo marcado por la división entre liberales moderados y exaltados y por la actitud conspiradora del rey. La oposición absolutista y la intervención de la Santa Alianza, con el envío de los Cien Mil Hijos de San Luis en 1823, pusieron fin al régimen liberal. Comenzó entonces la Ominosa Década (1823-1833), caracterizada por la represión del liberalismo y el retorno al absolutismo. Aunque se intentaron reformas moderadas de tipo ilustrado, la falta de recursos y la oposición política las hicieron ineficaces. Aumentaron las conspiraciones liberales y también las tensiones dentro del absolutismo. En los últimos años del reinado se planteó la cuestión sucesoria. En 1830, Fernando VII promulgó la Pragmática Sanción, que anulaba la Ley Sálica y permitía reinar a su hija Isabel. Esto provocó la división entre carlistas, partidarios de don Carlos, y isabelinos o cristinos, apoyados por los liberales. A la muerte del rey en 1833, María Cristina asumió la regencia y estalló la Primera Guerra Carlista.
4.4 La emancipación de la América española se inicia durante los años de la Guerra de Independencia y finaliza en pleno reinado de Fernando VII. Las causas fueron políticas (la anticuada administración española, grandes cargos ocupados por españoles peninsulares), socioeconómicas (la postergación social de los criollos ante los peninsulares, la falta de libertad comercial e industrial por parte de estos e ideológicas (las ideas de libertad e igualdad propugnadas por la Ilustración, la influencia de la independencia de Estados Unidos y la influencia de la Revolución Francesa). El detonante fue el vacío de poder producido tras las abdicaciones de Bayona: En 1808 se constituyeron una serie de Juntas (integradas en gran parte por criollos) que rechazaron la soberanía del gobierno de José I, la de la Junta Central Suprema de España y reclaman la independencia. En 1810 el proceso estaba en marcha: En Buenos Aires (mayo de 1810), el virrey tuvo que ceder el poder a una Junta Revolucionaria, en julio de 1811 se proclamaba la independencia de Venezuela y la Junta de Caracas (Bolívar) asumía el poder después de que las tropas españolas fueran derrotadas; en 1810 tenía lugar la Revolución en México (Morelos) y en 1811 se producía la proclamación de la independencia de Paraguay. Con la llegada de Fernando VII se produce una reacción y un intento de frenar el proceso (expedición Morillo), pero Bolívar derrota a los españoles en Carabobo (1821) y asegura la independencia de Venezuela y Colombia y en 1822 la de Ecuador. Posteriormente, la de Chile, México y Perú (batalla de Ayacucho, 1824). Con la independencia de este último se da por finalizado el proceso. Respecto a las consecuencias, cabe señalar para las excolonias la implantación de regímenes republicanos de signo autoritario (en manos de los criollos) y la dependencia económica de Estados Unidos y de Gran Bretaña, que respaldaron en todo momento el proceso emancipador. España confirma su rango de segundo orden, padece pérdidas y la repatriación de millares de españoles hacia España o hacia Cuba y Puerto Rico. Tras tres siglos de presencia española en América queda como legado la extensión de la lengua española, de su cultura (que se materializa en las ciudades y universidades), la religión católica y la organización administrativa y comercial. También la llegada a América de productos desconocidos hasta entonces (especialmente en el ámbito de la ganadería y la agricultura) y la creación de infraestructuras (alcantarillado, acueductos, carreteras) así como de avances médico-sanitarios y técnicos europeos que mejoraron las condiciones de vida de la población.
El Reinado de Isabel II y el Sexenio
5.1 A la muerte de Fernando VII en 1833, su hija Isabel fue reconocida como heredera al trono y su madre, María Cristina, asumió la regencia. Sin embargo, el infante don Carlos no aceptó la sucesión y publicó el Manifiesto de Abrantes, proclamándose rey. Este hecho dio lugar al estallido de la Primera Guerra Carlista (1833-1839), una guerra civil que coincidió con la implantación del régimen liberal en España. El conflicto sucesorio ocultaba un profundo enfrentamiento ideológico. Los carlistas defendían el absolutismo, el Antiguo Régimen y el mantenimiento de los fueros, bajo el lema “Dios, Patria, Rey y Fueros”. Contaron con el apoyo de pequeños nobles rurales, campesinos, artesanos y parte del bajo clero, y tuvieron especial arraigo en zonas rurales del País Vasco, Navarra, Cataluña interior y el Maestrazgo. Frente a ellos, el bando isabelino agrupó a los liberales, al ejército regular y a las instituciones del Estado, que vieron en Isabel II la oportunidad de consolidar el liberalismo. La guerra se desarrolló principalmente en el norte peninsular. Destacaron figuras como el carlista Zumalacárregui y el liberal Espartero. Tras años de enfrentamientos, el conflicto terminó con el Convenio de Vergara (1839), que reconocía a Isabel II como reina, concedía amnistía a los carlistas y respetaba parcialmente los fueros. Durante el reinado de Isabel II se produjo el paso definitivo del Antiguo Régimen al liberalismo burgués, aunque en un clima de gran inestabilidad política y protagonismo del ejército. Surgieron los primeros partidos políticos: el Partido Moderado, liderado por Narváez, defensor de la soberanía compartida y del fortalecimiento del poder real, y el Partido Progresista, encabezado por Espartero, partidario de la soberanía nacional, la ampliación de derechos y el fortalecimiento de las Cortes. La minoría de edad de Isabel II dio lugar a dos regencias. La primera fue la de María Cristina (1833-1840), durante la cual se promulgó el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada de carácter moderado. La presión popular y militar obligó a aprobar la Constitución de 1837, de carácter liberal, que reconocía derechos individuales, soberanía nacional y Cortes bicamerales, aunque mantenía amplios poderes para el rey. Las tensiones entre moderados y progresistas culminaron en la dimisión de María Cristina y el nombramiento de Espartero como regente. La segunda regencia (1840-1843) estuvo marcada por el autoritarismo de Espartero y la oposición política y militar. Finalmente, un pronunciamiento encabezado por Narváez provocó su caída y el adelanto de la mayoría de edad de Isabel II, que fue proclamada reina en 1843.
5.2 Tras la caída del regente Espartero en 1843 comenzó el reinado efectivo de Isabel II, que se caracterizó por la inestabilidad política, el protagonismo del ejército y la alternancia forzada entre distintas corrientes del liberalismo. El primer gran periodo fue la Década Moderada (1844-1854), durante la cual la reina confió el gobierno al Partido Moderado, liderado por el general Narváez y apoyado por la alta burguesía, los terratenientes y la Iglesia. Los moderados derogaron la Constitución de 1837 y aprobaron la Constitución de 1845, de carácter conservador. En ella se sustituyó la soberanía nacional por la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, se reforzó el poder de la Corona —que podía nombrar ministros, disolver las Cortes y designar a los senadores— y se mantuvo un sufragio censitario muy restringido. Las Cortes continuaron siendo bicamerales, aunque con escasa capacidad de control político. Durante esta etapa se consolidó un modelo de Estado centralista. Destacan la Ley de Ayuntamientos de 1845, que permitía a la Corona nombrar a los alcaldes, la reforma fiscal de Alejandro Mon, la creación del Banco de España y la fundación de la Guardia Civil en 1844 para garantizar el orden público. Además, se firmó el Concordato de 1851 con la Santa Sede, que resolvía el conflicto provocado por las desamortizaciones y reconocía la confesionalidad católica del Estado. La crisis del régimen moderado, marcada por la corrupción y las divisiones internas, desembocó en el pronunciamiento progresista de Vicálvaro (1854), encabezado por O’Donnell. El Manifiesto de Manzanares, redactado por Cánovas del Castillo, impulsó el inicio del Bienio Progresista (1854-1856), con Espartero de nuevo en el poder. Se intentaron reformas profundas, como la desamortización civil, la Ley General de Ferrocarriles de 1855 y la elaboración de una nueva constitución en 1856, que no llegó a promulgarse (la “non nata”). Las tensiones con la Iglesia y la oposición de la Corona provocaron la caída del Bienio y el inicio de la Segunda etapa moderada o liberal-conservadora (1856-1868), con gobiernos de Narváez y de la Unión Liberal de O’Donnell. Este periodo estuvo dominado por terratenientes, militares y la Iglesia, y se caracterizó por una política exterior expansionista y el aumento del descontento social. El crecimiento del republicanismo, del movimiento obrero y la represión política, junto al desprestigio personal de la reina, favorecieron la alianza entre progresistas y demócratas en el Pacto de Ostende (1866). Finalmente, en septiembre de 1868, el pronunciamiento encabezado por Topete, Prim y Serrano dio lugar a la Revolución Gloriosa, que puso fin al reinado de Isabel II.
5.3 El creciente desprestigio del reinado de Isabel II llevó a la formación de una alianza entre progresistas y demócratas, que firmaron el Pacto de Ostende en 1866, al que se unió la Unión Liberal tras la muerte de O’Donnell. El objetivo del pacto era destronar a la reina y convocar elecciones por sufragio universal. En septiembre de 1868, la sublevación de la Armada en Cádiz, encabezada por el almirante Topete y apoyada por los generales Prim y Serrano, dio inicio a la Revolución Gloriosa. El movimiento se extendió por el país con levantamientos populares al grito de “¡Viva España con honra!”. Tras la victoria de Serrano en la batalla de Alcolea, Isabel II huyó al exilio en Francia. El poder fue asumido inicialmente por juntas revolucionarias, que dieron paso a un Gobierno Provisional presidido por Serrano (1868-1869) e integrado por figuras como Prim, Sagasta o Ruiz Zorrilla. Este gobierno adoptó medidas para consolidar la revolución, como la fijación de la peseta como unidad monetaria, y convocó elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino. Las nuevas Cortes elaboraron la Constitución de 1869, considerada la primera constitución democrática de la historia de España. Proclamaba la soberanía nacional, la división de poderes y una amplia declaración de derechos y libertades (libertad de expresión, reunión, asociación y culto). Establecía una monarquía parlamentaria, aunque el trono permanecía vacante. Serrano fue nombrado regente y Prim jefe de gobierno, encargado de buscar un rey aceptable. Finalmente, las Cortes eligieron a Amadeo de Saboya, que fue proclamado rey en 1870. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por la inestabilidad: el asesinato de Prim, la división de los partidos, la oposición de la Iglesia, los carlistas y los republicanos, la Tercera Guerra Carlista, la guerra de Cuba y la agitación social obrera. Ante esta situación, Amadeo abdicó en febrero de 1873. Ese mismo día se proclamó la Primera República, que se caracterizó por una enorme inestabilidad política. En menos de un año se sucedieron cuatro presidentes (Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar), sin lograr consolidar el régimen. La República tuvo que hacer frente a la guerra carlista, la insurrección cantonal y la división interna entre republicanos federales y unitarios. El golpe de Estado del general Pavía en enero de 1874 puso fin a la República parlamentaria y dio paso a un gobierno autoritario presidido por Serrano. El fracaso republicano favoreció el retorno de la monarquía borbónica, impulsado por Cánovas del Castillo. Aunque defendía una restauración pacífica, el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto (1874) proclamó rey a Alfonso XII, poniendo fin al Sexenio Revolucionario.
La Restauración y el Desastre del 98
6.1 La inestabilidad del Sexenio Revolucionario (1868-1874) y el fracaso de la Primera República provocaron un giro conservador en la burguesía y el Ejército, que favoreció la restauración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII. Aunque Cánovas del Castillo había preparado esta restauración mediante el Manifiesto de Sandhurst, esta se produjo finalmente tras el pronunciamiento de Martínez Campos en 1874. El sistema político de la Restauración, conocido como sistema canovista, fue diseñado por Cánovas con el objetivo de garantizar la estabilidad política. Se basaba en una monarquía parlamentaria inspirada en el modelo británico, en la que dos grandes partidos, el Conservador y el Liberal, se alternaban pacíficamente en el poder. El Partido Conservador, liderado por Cánovas, representaba a los sectores más tradicionales y defendía una monarquía fuerte, el orden social, el apoyo a la Iglesia y el sufragio restringido. El Partido Liberal, encabezado por Sagasta, era más reformista, partidario del sufragio universal masculino y de mayores libertades, aunque ambos partidos representaban los intereses de la burguesía. La alternancia en el poder, conocida como turno pacífico, no se basaba en elecciones libres, sino en acuerdos previos entre los partidos y el rey. Cuando correspondía el cambio de gobierno, el monarca disolvía las Cortes y se convocaban elecciones que eran manipuladas mediante el caciquismo, asegurando la victoria del partido designado. Este sistema se apoyaba en una red jerárquica: la oligarquía en Madrid, los gobernadores civiles en las provincias y los caciques locales, que controlaban el voto mediante presiones, favores o fraude electoral (pucherazo). De este modo, las mayorías parlamentarias eran artificiales. El sistema se sustentaba en la Constitución de 1876, la más duradera del siglo XIX. Establecía una monarquía parlamentaria con soberanía compartida entre el rey y las Cortes. El rey tenía amplios poderes, como nombrar gobiernos y disolver las Cortes. El poder legislativo residía en unas Cortes bicamerales (Congreso y Senado), mientras que el judicial correspondía a los tribunales. El sufragio fue inicialmente censitario, aunque en 1890 se implantó el sufragio universal masculino. La declaración de derechos era ambigua y dependía de leyes posteriores. A pesar de su estabilidad, el sistema excluía a amplios sectores sociales y políticos, lo que generó oposición. Entre los grupos opositores destacaban los carlistas y los republicanos, que rechazaban la monarquía restaurada. También surgieron los nacionalismos periféricos. El nacionalismo vasco, fundado por Sabino Arana, defendía la tradición, la religión y la identidad vasca. Por último, el movimiento obrero adquirió importancia, dividido entre socialistas y anarquistas. El PSOE y la UGT representaban el socialismo.
6.2 Tras la independencia de la mayor parte de las colonias americanas en el reinado de Fernando VII, España conservó Cuba, Puerto Rico y Filipinas como últimos restos de su imperio. Cuba era la colonia más importante, con una economía cada vez más vinculada a Estados Unidos, pese al monopolio comercial con España. En la isla surgieron movimientos que reclamaban reformas económicas y autonomía política, impulsados por criollos y mestizos. El estallido de la Revolución de 1868 en España alentó estas demandas, pero las reformas concedidas fueron insuficientes, lo que provocó la Guerra de los Diez Años (1868-1878), iniciada con el “Grito de Yara”. Este conflicto terminó con la Paz de Zanjón, que prometía reformas y participación política, aunque líderes como Antonio Maceo la rechazaron. La paz fue solo una tregua, ya que persistían las tensiones entre españoles, defensores del monopolio, y criollos, partidarios del librecambio y la autonomía. En 1895 estalló una nueva guerra independentista liderada por José Martí, Máximo Gómez y Maceo, basada en la guerra de guerrillas. España envió primero a Martínez Campos y luego a Weyler, que aplicó una dura represión. Los intentos de reforma, como el proyecto autonómico, fracasaron. En 1897, tras el asesinato de Cánovas, Sagasta concedió la autonomía a Cuba, pero ya era demasiado tarde. La intervención de Estados Unidos fue decisiva. En 1898, tras la explosión del acorazado Maine en La Habana, atribuida a España, EE. UU. declaró la guerra. A pesar de su inferioridad militar, España entró en el conflicto. La flota española fue destruida en Santiago de Cuba y en Filipinas, donde también existía un movimiento independentista liderado por Rizal y Aguinaldo. La guerra terminó con el Tratado de París (1898), por el que España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que pasaron a depender de Estados Unidos. Este hecho supuso el llamado “Desastre del 98”. Las consecuencias fueron importantes: en el plano económico, aunque se perdieron las colonias, la repatriación de capitales favoreció el desarrollo bancario. En política internacional, España dejó de ser una potencia imperial. El ejército sufrió un gran desprestigio y crecieron los nacionalismos periféricos. En el ámbito ideológico, el desastre provocó una profunda crisis moral y el surgimiento del regeneracionismo, que denunciaba la corrupción del sistema de la Restauración. Figuras como Joaquín Costa reclamaron reformas profundas, mientras que otros intentaron cambios desde dentro del sistema. Este clima también se reflejó en el pesimismo de la Generación del 98.
Transformaciones Sociales y Económicas
7.1 Durante el siglo XIX, la población española experimentó un crecimiento moderado, pasando de unos 11 millones en 1800 a cerca de 18 millones en 1900. Este crecimiento fue lento en comparación con otros países europeos debido a la persistencia de un régimen demográfico antiguo, caracterizado por altas tasas de natalidad y mortalidad. Aunque la natalidad era elevada, la mortalidad también lo era, lo que limitaba el crecimiento natural. La esperanza de vida apenas alcanzaba los 35 años. El aumento de población se debió a mejoras en la alimentación, como la introducción de nuevos cultivos, y a avances en la medicina preventiva, como la vacunación. Sin embargo, continuaron las crisis de subsistencia, las epidemias (tifus, fiebre amarilla) y enfermedades endémicas como la tuberculosis o el sarampión, responsables de la alta mortalidad. La distribución de la población fue desigual, concentrándose en la periferia litoral más desarrollada, mientras que el interior peninsular permanecía poco poblado. A lo largo del siglo se inició el éxodo rural, intensificándose durante la Restauración, con desplazamientos hacia ciudades industriales como Barcelona, Bilbao o Madrid. También se produjo una importante emigración exterior desde finales del siglo XIX, especialmente hacia América (Argentina, Cuba, Brasil) y Argelia. Esta emigración afectó sobre todo a regiones como Galicia, Asturias y Canarias. El crecimiento urbano fue notable, aunque inferior al de otros países europeos. Las ciudades se expandieron con el derribo de murallas y la creación de ensanches, como los de Barcelona y Madrid, con un trazado planificado. Paralelamente, surgieron barrios obreros sin planificación y con malas condiciones de vida. Se mejoraron infraestructuras como el alcantarillado y los transportes. En el plano social, se produjo el paso de la sociedad estamental a una sociedad de clases basada en la riqueza. La nobleza perdió sus privilegios legales, pero mantuvo su poder económico. Junto a ella se consolidó una alta burguesía vinculada a los negocios y la industria. Las clases medias, poco numerosas, incluían a pequeños empresarios, comerciantes y funcionarios, con posturas generalmente moderadas. La mayoría de la población pertenecía a las clases bajas, especialmente campesinos, muchos de ellos jornaleros con duras condiciones de vida, debido al atraso agrario. Por último, la industrialización dio lugar a la aparición de la clase obrera, que vivía en condiciones precarias, con bajos salarios y largas jornadas, lo que favorecerá el desarrollo del movimiento obrero.
7.2 La propiedad de la tierra en España estaba concentrada en manos de la nobleza y la Iglesia. La existencia del mayorazgo impedía vender o dividir las tierras, lo que provocaba su inmovilización (“manos muertas”). También los municipios poseían tierras comunales y de propios, por lo que la tierra disponible era escasa y cara. Para solucionar este problema se llevaron a cabo las desamortizaciones, que consistían en la expropiación y venta en subasta de tierras eclesiásticas y municipales. Destacan la de Mendizábal (1837), que buscaba sanear la Hacienda, financiar la guerra carlista y debilitar a la Iglesia, y la de Madoz (1855), destinada a reducir la deuda pública y financiar infraestructuras como el ferrocarril. Sus consecuencias fueron importantes: se ampliaron las tierras cultivadas, pero aumentó la deforestación. La tierra pasó principalmente a manos de la burguesía, consolidando una oligarquía agraria, sin beneficiar al campesinado. Se perdió así la oportunidad de una verdadera reforma agraria y también se produjo una gran pérdida de patrimonio artístico. En el siglo XIX España inició la transición hacia una economía capitalista, pero de forma lenta y desigual. Persistieron estructuras agrarias atrasadas junto a focos de desarrollo como Cataluña. La economía creció lentamente y quedó retrasada respecto a Europa. La industrialización fue tardía e incompleta. El sector más desarrollado fue el textil catalán, favorecido por el proteccionismo y la innovación tecnológica. La siderurgia pasó de Málaga a Asturias y finalmente a Vizcaya, donde destacó Altos Hornos de Vizcaya. También se desarrollaron la minería (impulsada por la Ley de Minas de 1868) y otras industrias, aunque muchas explotaciones quedaron en manos extranjeras. Uno de los principales problemas fue la escasez de energía: el carbón era caro y de baja calidad, lo que dificultó el desarrollo industrial. Además, faltaban capitales nacionales y existía dependencia del capital extranjero. En el comercio, el mercado interior mejoró con la eliminación de trabas y el desarrollo de transportes, aunque seguía siendo débil. El comercio exterior creció, pero con una balanza deficitaria. España alternó políticas proteccionistas y librecambistas según los intereses económicos. El desarrollo de los transportes fue clave. El ferrocarril, impulsado por la Ley de 1855, permitió la integración del mercado nacional, aunque dependió en gran medida de capital extranjero y presentó problemas como el ancho de vía distinto. También mejoraron la navegación, correos y telégrafos. Por último, el sistema financiero se modernizó con la creación del Banco de España (1856) y otras entidades bancarias. En 1868 se estableció la peseta, logrando la unidad monetaria. Sin embargo, la economía española siguió mostrando debilidades estructurales a lo largo del siglo XIX.
Crisis de la Restauración y Dictadura
8.1 En 1902 Alfonso XIII fue declarado mayor de edad, finalizando la Regencia de María Cristina. Aunque el sistema canovista había dado estabilidad, durante su reinado se entra en una etapa de crisis política permanente. La muerte de Cánovas (1897) y Sagasta (1903) debilitó los partidos del turno, que entraron en luchas internas. Paralelamente creció la oposición de la “España real” (republicanos, socialistas y nacionalistas), lo que evidenció el agotamiento del sistema. A esto se sumaron la conflictividad social y el descontento militar tras el 98 y la guerra de Marruecos. Entre 1902 y 1909 surgen intentos de regeneracionismo, que buscaban reformar el sistema desde arriba. Intelectuales como Joaquín Costa denunciaban el caciquismo y el fraude electoral. Francisco Silvela intentó reformas, pero fracasó y dejó paso a Antonio Maura. Maura impulsó una política más autoritaria, pero su negativa a pactar con los liberales y su “regeneración desde arriba” aumentaron la tensión política. En Cataluña estalló la crisis de 1905 tras el triunfo de la Lliga Regionalista de Cambó y Prat de la Riba. El asalto militar a la revista Cu-Cut! provocó la aprobación de la Ley de Jurisdicciones (1906), que daba a los militares competencia sobre delitos contra el Ejército o la Patria. La situación empeoró con la Semana Trágica de Barcelona (1909). El envío de reservistas a la guerra de Marruecos provocó protestas obreras y republicanas. La huelga general derivó en violencia urbana, quema de conventos y enfrentamientos con la policía. El balance fue muy grave: muertos, heridos y destrucción. La represión posterior fue dura, destacando la ejecución de Ferrer Guardia, lo que provocó una fuerte indignación y la dimisión de Maura. Entre 1909 y 1912 gobernó el liberal Canalejas, de carácter regeneracionista. Aplicó reformas como la Ley del Candado (1910), la mejora de la protección laboral y la Ley del Servicio Militar obligatorio (1912). Su asesinato en 1912 dejó al sistema sin liderazgo claro. El rey recurrió a Eduardo Dato, pero la división conservadora llevó a la creación del maurismo, profundizando la crisis del sistema. La Restauración entró en una fase de debilitamiento claro: los partidos dinásticos perdían cohesión y la oposición crecía. El republicanismo se dividió en varias corrientes: el Partido Radical de Lerroux (anticlerical y anticatalanista) y el Partido Reformista de Melquiades Álvarez (más moderado). El nacionalismo catalán se consolidó con la Lliga Regionalista, y surgieron nuevas formaciones como Solidaritat Catalana o Esquerra Republicana de Catalunya. El nacionalismo vasco se mantuvo en el PNV, con apoyo de la burguesía industrial. El socialismo (PSOE y UGT) creció lentamente y en 1910 Pablo Iglesias entró en las Cortes. El anarcosindicalismo se organizó en la CNT (1910),
8.2 Entre 1909 y 1917 la crisis del sistema de la Restauración se mantiene por la incapacidad de los partidos tradicionales para resolverla. A Maura le sucede el liberal Canalejas, de carácter regeneracionista, pero su asesinato en 1912 deja al Partido Liberal sin liderazgo claro. El rey apoya a Eduardo Dato, aunque la división conservadora, con el maurismo, debilita aún más el sistema. El estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) supone un punto de inflexión. España mantiene la neutralidad, pero la sociedad se divide entre aliadófilos y germanófilos. La neutralidad provoca un fuerte crecimiento económico por la demanda exterior, pero también inflación, escasez de productos básicos y un aumento de las desigualdades sociales. Los beneficios empresariales no se trasladan a los salarios, lo que genera empobrecimiento obrero y conflictividad. Aumentan las protestas sociales con huelgas, motines y disturbios organizados por UGT y CNT. El punto crítico llega en 1917, cuando se produce una triple crisis: militar, política y social. Diversos sectores (Juntas militares, Lliga Regionalista, republicanos y socialistas) exigen reformas y la convocatoria de Cortes Constituyentes. El gobierno responde cerrando el Parlamento. La crisis militar surge por el enfrentamiento entre “peninsulares” y “africanistas”, que origina las Juntas de Defensa, que desafían al poder civil. La crisis política se manifiesta con la Asamblea de Parlamentarios en Barcelona, que reclama un cambio de régimen. La crisis social culmina con la huelga general de 1917, convocada por CNT y UGT. El movimiento es duramente reprimido, con muertos, detenciones y condenas a los líderes obreros. Aunque se intenta formar un gobierno de concentración con figuras como Cambó o Maura, resulta ineficaz. Entre 1917 y 1923 se suceden gobiernos inestables que evidencian el colapso del sistema. La conflictividad social se intensifica tras la Primera Guerra Mundial. La Revolución rusa de 1917 impulsa al movimiento obrero, que crece en organización y radicalidad. Destaca la huelga de La Canadiense, que logra la jornada de ocho horas y la creación del Ministerio de Trabajo. En el campo andaluz se produce el Trienio Bolchevique (1918-1920), con huelgas, ocupaciones de tierras y revueltas campesinas, reprimidas por el ejército. A ello se suma la cuestión de Marruecos, de gran importancia militar. Tras el protectorado español (1906), las tensiones con las tribus rifeñas conducen a la rebelión de Abd el-Krim. En 1921 se produce el desastre de Annual, donde el ejército español sufre una derrota masiva con miles de muertos. El escándalo político alcanza incluso al rey, al investigarse posibles responsabilidades en el expediente Picasso. La crisis finaliza en 1923 cuando el capitán general de Cataluña, Primo de Rivera, con apoyo del rey Alfonso XIII, da un golpe de Estado.
8.3 Desde 1917 el sistema de la Restauración entra en crisis por la inestabilidad política, el desastre de Annual y la conflictividad social. El Ejército, el rey y parte de la sociedad apoyan una salida autoritaria. El 23 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera da un golpe de Estado en Barcelona, declara el estado de guerra y asume el poder. Alfonso XIII lo acepta y se forma un Directorio Militar, iniciando una dictadura antiliberal y centralista. El golpe es bien recibido por la inestabilidad del sistema. Primo promete orden público y apoyos económicos, especialmente en Cataluña, mientras que sindicatos como la CNT son reprimidos. Su régimen, inicialmente provisional, se inspira en el modelo fascista italiano. Su ideología combina militarismo, patriotismo y regeneracionismo con el lema “Patria, Religión y Monarquía”. DIRECTORIO MILITAR (1923-1925) Se centra en tres objetivos: orden público, Marruecos y eliminación del sistema político anterior. Se reprime a anarquistas y nacionalistas, se resuelve la guerra de Marruecos con el desembarco de Alhucemas (1925) y se suspenden la Constitución y los partidos políticos. Se disuelven ayuntamientos y diputaciones, sustituidos por militares para acabar con el caciquismo. DIRECTORIO CIVIL (1925-1930) Se forma un gobierno de civiles que mantiene la dictadura y aplica un modelo corporativista inspirado en Italia. Se crean organismos económicos estatales para modernizar la economía e impulsar la producción. La industria crece (siderurgia, energía, construcción), pero la agricultura sigue atrasada. El Estado aumenta el intervencionismo y la alta burguesía y terratenientes son los principales beneficiados. En lo social se crean Comités Paritarios para controlar la conflictividad laboral, reduciendo huelgas pero limitando derechos obreros. OPOSICIÓN AL RÉGIMEN Desde 1927 crece la oposición: intelectuales, universitarios, republicanos, socialistas y parte del Ejército. Destaca la Sanjuanada (1926), un intento de golpe fallido. La CNT es perseguida y se divide, creando en 1927 la FAI. En 1928 se convoca una Asamblea Nacional Consultiva sin carácter democrático, lo que aumenta el rechazo al régimen. El desgaste del sistema y la pérdida de apoyos llevan a la dimisión de Primo de Rivera en enero de 1930. Le sucede el general Berenguer, que intenta volver al sistema anterior (“dictablanda”), pero aumenta el rechazo social y el republicanismo. En 1930 se firma el Pacto de San Sebastián, que organiza la oposición republicana. Tras intentos fallidos de levantamiento, Berenguer dimite en 1931. El gobierno de Aznar convoca elecciones municipales en abril de 1931. La victoria republicana en las ciudades provoca la caída de la monarquía. El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República, y Alfonso XIII abandona España.
La Segunda República y la Guerra Civil
9.1 Tras la dimisión de Berenguer, el 14 de febrero de 1931 Alfonso XIII encargó formar gobierno al almirante Aznar, que convocó elecciones municipales. Los comicios del 12 de abril dieron victoria republicana en las grandes ciudades. El 13 de abril el rey abandonó España tras consultar con su gobierno. El 14 de abril de 1931 se proclamó la II República en todo el país. El Comité Revolucionario de San Sebastián se transformó en Gobierno Provisional. Fue presidido por Niceto Alcalá Zamora, con ministros como Manuel Azaña y Largo Caballero. Este gobierno inició reformas sociales y educativas de gran alcance. Destacó la jornada de ocho horas en el campo y la creación de escuelas. También se impulsó la reducción del poder de la Iglesia en la educación. La República nació con entusiasmo popular, pero también con tensiones inmediatas. En Barcelona, Francesc Macià proclamó la República Catalana dentro de una federación. En varias ciudades se produjeron incendios de conventos y conflictos anticlericales. La crisis económica y el paro provocaron huelgas y protestas sociales. Las bases sociales del régimen fueron clases medias, intelectuales y obreros organizados. El movimiento obrero estaba dividido entre socialistas (UGT-PSOE) y anarquistas (CNT). El panorama político era muy plural. La izquierda republicana estaba representada por Izquierda Republicana de Azaña. El centro lo ocupaba el Partido Radical de Lerroux. En la derecha republicana destacaban Alcalá-Zamora y futuros grupos conservadores. Los nacionalismos como Esquerra Republicana o el PNV tuvieron gran protagonismo. En la oposición estaban monárquicos, tradicionalistas y fuerzas autoritarias como Falange. En junio de 1931 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes con sufragio masculino. Triunfó la coalición republicano-socialista encargada de redactar la Constitución. La Constitución de 1931 fue democrática, avanzada y de carácter social. Establecía la soberanía popular y la separación de poderes. Las Cortes eran unicamerales y elegidas por sufragio universal. Por primera vez se reconocía el voto femenino en España. El presidente de la República era elegido cada seis años. Se contemplaba la posibilidad de autonomías para regiones como Cataluña o el País Vasco. La Constitución garantizaba amplios derechos y libertades individuales. Incluía igualdad jurídica, matrimonio civil, divorcio y derechos sociales. Se establecía un Estado laico, lo que generó fuerte conflicto con la Iglesia. Se prohibió a las órdenes religiosas la enseñanza, provocando tensiones. El voto femenino fue uno de los debates más importantes. Clara Campoamor defendió su aprobación frente a Victoria Kent. Finalmente se aprobó en 1931 y se aplicó por primera vez en 1933. La Constitución fue aprobada en diciembre de 1931. Se formó el primer gobierno constitucional presidido por Manuel Azaña.
9.2 Tras la aprobación de la Constitución de 1931, se formó un gobierno presidido por Manuel Azaña, dando inicio al Bienio Reformista (1931-33), con una coalición de republicanos de izquierdas y socialistas. La presidencia de la República fue ocupada por Alcalá Zamora, de perfil más conservador. Fue el periodo más activo de la República en reformas, lo que generó rápidamente la oposición de sectores afectados y de quienes las consideraban insuficientes. La reforma agraria (1932) buscaba acabar con el latifundismo, reducir el paro campesino y mejorar el aprovechamiento de la tierra. Afectaba a grandes propiedades mal explotadas y se aplicó sobre todo en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Sin embargo, su aplicación fue muy lenta, lo que provocó el descontento campesino y el aumento de la conflictividad social, especialmente liderada por la CNT. La reforma militar pretendía reducir el exceso de oficiales y asegurar la lealtad al régimen. Se ofreció el retiro voluntario y se cerró la Academia Militar de Zaragoza. Además, se creó la Guardia de Asalto para el orden público. En el ámbito religioso, se adoptaron medidas laicizadoras como el matrimonio civil, el divorcio y la disolución de la Compañía de Jesús. La Ley de Confesiones y Congregaciones limitó la enseñanza religiosa, mientras se impulsaba la escuela pública. En cuanto a los nacionalismos, se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña (1932), que reconocía la Generalitat, el Parlamento catalán y la cooficialidad del catalán y el castellano, con Macià como presidente. En el País Vasco, el proceso autonómico avanzó más lentamente por falta de consenso. Este periodo coincidió con una gran efervescencia cultural, con figuras como Ortega y Gasset, Azaña o Marañón, y la Generación del 27 (Lorca, Alberti, Aleixandre, Guillén). También destacan artistas como Dalí, Miró o Picasso. Se impulsaron iniciativas como las Misiones Pedagógicas y el teatro universitario La Barraca. La mujer adquirió mayor protagonismo con autoras como María Zambrano o Rosa Chacel. Sin embargo, las reformas generaron una fuerte oposición. Desde la derecha se produjo el golpe fallido de Sanjurjo (1932), mientras que desde la izquierda anarquista hubo conflictos como Castilblanco, Arnedo y especialmente Casas Viejas, donde una dura represión policial provocó una gran crisis política. Este suceso rompió la coalición de gobierno: el PSOE se distanció de Azaña y los anarquistas abandonaron el sistema. Finalmente, Azaña dimitió y se convocaron elecciones en 1933. Las elecciones supusieron la victoria de la derecha, con la CEDA y el Partido Radical de Lerroux.
9.3 El fin del Bienio Reformista vino determinado por el auge de las derechas, la dimisión de Azaña y las elecciones de noviembre de 1933. La izquierda se presentó dividida, mientras la derecha no republicana se agrupó en torno a la CEDA, junto a alfonsinos, tradicionalistas y agrarios. La CEDA defendía la revisión de la Constitución, la supresión de la reforma agraria y la amnistía para los sublevados de 1932. En estas elecciones votaron por primera vez las mujeres y hubo gran abstención en zonas anarquistas. La victoria fue para la derecha, seguida por radicales y socialistas. Comienza así el Bienio Radical-Cedista (1933-1936), presidido por Lerroux, con apoyo de la CEDA. Se caracteriza por una política conservadora, la revisión de reformas del primer bienio y un aumento de la conflictividad social. En el ámbito agrario se paraliza la reforma desde 1935. En el ejército se mantiene la estructura, pero se concede amnistía a los implicados en la Sanjurjada. En educación se favorece la enseñanza religiosa y se frena la escuela pública laica. En política laboral se revierten medidas socialistas, generando tensiones con sindicatos y obreros. En el ámbito religioso se deroga parte de la legislación laicista, permitiendo la recuperación de la influencia de la Iglesia. En el terreno autonómico se frenan los estatutos, aumentando la tensión con Cataluña y el País Vasco. La conflictividad social crece con huelgas y enfrentamientos con las fuerzas del orden. El momento más grave llega en octubre de 1934 con una huelga general impulsada por socialistas, CNT y comunistas. Fracasa en la mayor parte del país, salvo en Asturias, donde se produce una insurrección obrera que controla la región durante días. La represión militar, dirigida por Franco, es muy dura y provoca miles de muertos y detenidos. En Cataluña, Companys proclama el Estado Catalán, pero la rebelión es rápidamente sofocada y se suspende la autonomía. Tras estos hechos, el clima político se radicaliza y aumenta la tensión social. En 1935 el gobierno entra en crisis por escándalos de corrupción, debilitando al Partido Radical. El presidente Portela Valladares convoca elecciones para febrero de 1936. La izquierda se une en el Frente Popular, con un programa de amnistía, reformas y recuperación autonómica, mientras la derecha no logra una coalición estable. Las elecciones del 16 de febrero de 1936 dan la victoria al Frente Popular, que forma gobierno con Azaña. Se aprueba la amnistía y se reanudan reformas agrarias y autonómicas.
10.1 La Guerra Civil española ha generado una amplia producción historiográfica desde su inicio. Protagonistas como Manuel Azaña o Dolores Ibárruri aportan testimonios directos de los hechos. Tras la victoria franquista, el régimen construyó una historiografía propagandística que justificaba el golpe militar y hablaba del peligro de “bolchevización”. En el ámbito internacional destacan hispanistas como R. Carr o G. Jackson. En el final del franquismo surgen nuevos historiadores universitarios como J. Aróstegui, Santos Juliá o P. Preston. Desde 2000, con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática (2022), se impulsa el estudio del conflicto, generando también debates con autores como Pío Moa o César Vidal, respondidos por Moradiellos o Casanova. El golpe militar se inicia el 17 de julio de 1936 en Melilla y se extiende rápidamente. Es dirigido por militares como Mola, Franco, Queipo de Llano o Cabanellas, con apoyo de la CEDA, Falange y carlistas. Sanjurjo muere pronto en accidente aéreo y Franco asume el mando en África. El objetivo inicial era un golpe rápido que enlazara el norte y el sur para tomar Madrid. Sin embargo, el fracaso en ciudades clave y la resistencia popular transforman el golpe en guerra civil. El país queda dividido en dos zonas. La zona nacional ocupa el norte interior y parte del oeste, además de Canarias, Baleares y el protectorado marroquí. La zona republicana incluye grandes ciudades e industrias como Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, con mayor población. Los nacionales avanzan desde el sur y el norte con objetivo de Madrid, estableciendo en Burgos su gobierno en octubre de 1936. La defensa republicana de Madrid es organizada por Miaja y apoyada por las Brigadas Internacionales, trasladándose el gobierno a Valencia. Destacan las batallas del Jarama y la toma de Málaga. En la segunda fase (1937-1938) fracasa el ataque a Madrid en Guadalajara. Los nacionales centran su ofensiva en el norte industrial. Se produce el bombardeo de Guernica y caen Bilbao, Santander y Gijón. Los republicanos intentan ofensivas en Brunete, Belchite y Teruel, sin éxito decisivo. El gobierno republicano se traslada a Barcelona en 1937. En la tercera fase, los nacionales llegan a Vinaroz, dividiendo el territorio republicano. Se desarrolla la Batalla del Ebro, la más larga y sangrienta de la guerra. Tras su derrota, comienza la ofensiva sobre Cataluña, cayendo Barcelona en enero de 1939. En la fase final, el gobierno republicano se desmorona tras el reconocimiento internacional de Franco. Madrid cae tras la rendición de Casado y poco después Valencia. El 1 de abril de 1939 Franco declara el final de la guerra. Las consecuencias fueron devastadoras. Económicamente se destruyó gran parte de la agricultura, industria, viviendas y transportes, además de la pérdida de reservas de oro. Demográficamente hubo cientos de miles de muertos y una fuerte represión en ambos bandos, junto a un gran exilio de medio millón de personas. Socialmente la sociedad quedó dividida y marcada por el trauma del conflicto. Políticamente se instauró la dictadura franquista
10.2 Lo que en un principio fue concebido como un pronunciamiento militar se convirtió en una guerra civil por varias razones: el fracaso inicial del golpe en ciudades clave como Madrid y Barcelona, y la rápida movilización popular en defensa de la República. Este apoyo popular supuso una novedad respecto a conflictos anteriores, con la participación de milicias, comisarios políticos y mujeres, además de una fuerte organización en la retaguardia republicana. En la zona republicana se sucedieron los gobiernos de Giral, Largo Caballero y Negrín. La principal característica fue la falta de unidad política entre republicanos, socialistas y anarquistas. Se continuaron reformas: avance de la reforma agraria con expropiaciones, y nacionalización de sectores estratégicos como ferrocarriles, electricidad, CAMPSA y parte de la banca. También se concedió el Estatuto de Autonomía al País Vasco, aunque su aplicación fue limitada por la guerra. Sin embargo, la situación interna fue caótica, con desorganización y violencia. Destacó el radicalismo anticlerical y la represión en retaguardia, con incendios de iglesias y asesinatos de religiosos. Paralelamente, la CNT y la FAI impulsaron una revolución social con colectivizaciones de tierras e industrias, especialmente en Cataluña. En la zona sublevada, tras el golpe se creó la Junta de Defensa Nacional en Burgos. En 1936, Franco fue nombrado Jefe del Estado y Generalísimo, concentrando el poder político y militar. Se unificaron las fuerzas políticas en el Movimiento Nacional, con la creación de FET y de las JONS en 1937, integrando falangistas, carlistas, monárquicos y cedistas bajo el mando de Franco. La característica principal fue la centralización del poder y la organización total del Estado para ganar la guerra. Se estableció un modelo autoritario y jerárquico. Entre las medidas destacaron el Fuero del Trabajo (1938), que regulaba la política laboral del nuevo régimen, la anulación de la legislación republicana y la restauración del poder de la Iglesia. También se devolvieron tierras expropiadas a sus antiguos propietarios mediante organismos de reforma agraria controlados por el bando nacional. La dimensión internacional fue clave desde el inicio del conflicto. Ambos bandos solicitaron ayuda exterior: la República al Frente Popular francés y la URSS, y los sublevados a Alemania, Italia y Portugal. El bando nacional recibió ayuda decisiva de Alemania, con la Legión Cóndor, fundamental en bombardeos y apoyo aéreo, e Italia, que envió tropas del CTV y armamento. Portugal colaboró permitiendo apoyo logístico. También destacó el Ejército de África, con legionarios y tropas marroquíes que actuaron como fuerza de choque. El bando republicano contó con ayuda soviética en armamento y asesores militares, financiada con las reservas de oro del Banco de España, además del apoyo de México. Un papel importante lo desempeñaron las Brigadas Internacionales, formadas por unos 60.000 voluntarios de múltiples países.
El Franquismo y la Transición
11.1 El régimen franquista se configuró como una dictadura personal, ya que el poder de Franco fue incuestionable hasta su muerte en 1975. Aunque mantuvo una gran estabilidad interna, su evolución estuvo condicionada por el contexto internacional, pasando de posiciones iniciales cercanas al fascismo a una dictadura autoritaria consolidada. Su ideología compartía rasgos con los fascismos europeos de entreguerras, aunque sin encajar plenamente en ellos. La historiografía lo define de formas diversas: desde dictadura autoritaria o conservadora hasta dictadura fascista, según la interpretación. Sus principales fundamentos ideológicos fueron el antiliberalismo, considerado responsable de la decadencia de España, y el antimarxismo, asociado al ateísmo y la revolución social. A ello se suman el nacionalismo español centralista, la defensa de la unidad de España y el nacionalcatolicismo, que unía estrechamente Iglesia y Estado. También se promovió un fuerte tradicionalismo, basado en la defensa de la familia, el orden y la propiedad, junto con un cierto imperialismo simbólico que evocaba la idea de una España histórica y unificada bajo un líder fuerte. El poder de Franco se apoyó en varias instituciones. El ejército, clave en la victoria de la Guerra Civil, sostuvo el régimen por su disciplina, anticomunismo y control del orden público. La Iglesia católica legitimó el régimen desde el inicio, a cambio de privilegios educativos, sociales y económicos. Entre los apoyos ideológicos destacó la Falange, que aportó símbolos, propaganda y parte de la estructura política inicial. También hubo apoyo de monárquicos, divididos entre carlistas y donjuanistas, aunque con tensiones internas. En el plano social, el régimen contó con la oligarquía terrateniente, la alta burguesía financiera e industrial y, en etapas posteriores, con clases medias y pequeños propietarios rurales, favorecidos por la estabilidad y el abandono de la reforma agraria. Los partidos políticos fueron prohibidos y en 1937 se creó la FET y de las JONS, único partido legal dentro del llamado Movimiento Nacional, controlado directamente por Franco. De él dependían organizaciones como el Frente de Juventudes o la Sección Femenina.
11.2 Al terminar la Guerra Civil (1939), España era un país devastado y con una sociedad desestructurada. Las condiciones internas eran muy adversas (pobreza, escasez y represión) y el contexto internacional tampoco era favorable debido a la Segunda Guerra Mundial y el posterior aislamiento. Franco consolidó un poder personal absoluto, pudiendo promulgar leyes sin control efectivo del Consejo de Ministros ni de las instituciones del régimen. Durante la guerra ya se había aprobado el Fuero del Trabajo, que establecía un sindicalismo vertical controlado por el Estado. En 1942 se crearon las Cortes Españolas, como base de la llamada “democracia orgánica”, donde los procuradores no eran elegidos por sufragio universal y su función era meramente consultiva. En 1945 se promulgó el Fuero de los Españoles, que reconocía derechos formales pero sin garantías reales. Poco después se aprobó la Ley de Referéndum Nacional y en 1947 la Ley de Sucesión, que definía a España como reino y otorgaba a Franco el poder de designar sucesor. La década de los cuarenta, dominada por los llamados “Gobiernos Azules”, se caracterizó por la censura, la represión política y el control social de la Iglesia. La posguerra fue una etapa de pobreza extrema, escasez de alimentos y racionamiento, lo que provocó el desarrollo del estraperlo. En política exterior, el régimen mantuvo inicialmente una posición de neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, aunque con simpatías hacia el Eje, destacando el envío de la División Azul. Tras 1942, España se fue distanciando progresivamente de Alemania e Italia. Finalizada la guerra, el régimen sufrió un aislamiento internacional casi total: expulsión de organismos internacionales y retirada de embajadores. Solo contó con el apoyo de Portugal y la Argentina de Perón. Este aislamiento comenzó a romperse en la década de 1950, dentro del contexto de la Guerra Fría. El régimen adoptó la autarquía como modelo económico, basada en la autosuficiencia. Esto provocó escasez de productos básicos, racionamiento y la aparición del mercado negro. El Estado intervino en todos los sectores económicos mediante organismos como el INI y el Instituto Nacional de Colonización. La economía autárquica fracasó, lo que llevó a una apertura progresiva en los años cincuenta. En 1953 se firmaron los Pactos de Madrid con Estados Unidos, que permitieron ayuda económica y la instalación de bases militares, y el Concordato con la Santa Sede, que reforzó la legitimidad del régimen. En 1955 España ingresó en la ONU, iniciando su normalización internacional. Posteriormente, el Plan de Estabilización de 1959 marcó el fin de la autarquía y dio paso a una economía más abierta
11.3 Tras los años de posguerra, marcados por la autarquía y la escasez, el Plan de Estabilización de 1959 inicia una etapa de fuerte crecimiento económico. Este desarrollo se enmarca en la expansión de las economías capitalistas de Europa occidental y en la apertura progresiva de la economía española al exterior. A partir de 1960 se implanta la planificación indicativa, inspirada en el modelo francés, que establecía previsiones económicas a medio plazo con objetivos para el sector público y orientaciones para el privado. Este sistema se concretó en los Planes de Desarrollo, coordinados desde la Comisaría del Plan, dirigida por López Rodó. El Primer Plan de Desarrollo (1964-1967) buscaba modernizar la economía mediante la reestructuración industrial, la mejora agrícola, el impulso de la industria y la creación de polos de desarrollo. También incluía inversiones sociales en educación y sanidad. Sin embargo, los resultados fueron desiguales: algunos sectores, como el turismo y la construcción, crecieron por encima de lo previsto, mientras otros no alcanzaron los objetivos. El Segundo Plan de Desarrollo (1968-1971) introdujo mecanismos de control como las “señales de alerta” para evitar desviaciones económicas. Se prestó especial atención a los problemas urbanos y al equilibrio regional, aunque persistieron los desequilibrios territoriales. El sector exterior experimentó un gran crecimiento, con aumento de importaciones y exportaciones. A pesar del déficit comercial estructural, la balanza de pagos se compensó gracias al turismo, las remesas de emigrantes y la inversión extranjera. El turismo se convirtió en un motor económico clave, impulsando además la construcción y el empleo. Entre 1960 y 1970 España vivió el llamado “milagro económico español”, más fruto del contexto internacional favorable y de la apertura económica que de una planificación eficaz. Este crecimiento transformó profundamente la estructura social. La sociedad española se modernizó: disminuyó la importancia de la familia rural tradicional, aumentó el acceso a la educación y creció el consumo cultural y la difusión de los medios de comunicación. También se produjo una mayor apertura ideológica en algunos sectores del clero. Uno de los fenómenos más importantes fue el éxodo rural. Más de tres millones de personas abandonaron el campo en los años 60. Muchos emigraron a zonas industriales (Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana) y otros al extranjero, especialmente a países de la Europa occidental como Francia, Alemania o Suiza. Estos movimientos se debieron a los bajos ingresos agrarios y a la falta de oportunidades en el campo, frente a los salarios industriales más elevados. Las regiones más afectadas fueron Extremadura, Andalucía oriental, Castilla y Aragón, lo que provocó despoblación y envejecimiento rural. La economía española mantuvo grandes desequilibrios territoriales,
12.1 La Transición política fue el proceso de instauración de la democracia en España entre 1975 y 1982, iniciado tras la muerte de Franco y la proclamación de Juan Carlos I como rey, y culminado con la victoria del PSOE en 1982. Se distinguen varias etapas, destacando la fase constituyente (1975-1979). Tras la muerte de Franco existían tres posibles vías: la continuidad del franquismo (defendida por el búnker), la ruptura democrática (oposición antifranquista) y la reforma desde dentro del sistema. El rey Juan Carlos I optó por la vía reformista, clave en el proceso de cambio político. El primer gobierno fue el de Arias Navarro (1975-1976), que intentó una apertura limitada pero sin un verdadero proyecto democrático. La situación social era muy conflictiva, con huelgas, protestas y tensiones crecientes. En marzo de 1976 se produjo la huelga de Vitoria, con víctimas mortales, lo que unificó a la oposición en la llamada Coordinación Democrática (Platajunta). Paralelamente aumentaron las movilizaciones por la amnistía y las autonomías, especialmente en Cataluña y el País Vasco. Ante la incapacidad del gobierno de Arias Navarro, el rey lo sustituyó por Adolfo Suárez en julio de 1976, decisión inicialmente recibida con escepticismo. Sin embargo, Suárez se convirtió en una figura clave del proceso de democratización. Su gobierno impulsó reformas fundamentales: legalización de derechos políticos, amnistía parcial y contactos con la oposición. También se inició la reforma política desde dentro del propio régimen. La pieza clave fue la Ley para la Reforma Política (1976), aprobada en Cortes y refrendada en referéndum, que permitió desmontar el franquismo legalmente y convocar elecciones democráticas. En 1977 se legalizaron los partidos políticos, incluido el PCE, lo que generó tensiones con sectores militares. Ese mismo año se celebraron las primeras elecciones democráticas el 15 de junio. Las elecciones fueron ganadas por la UCD de Suárez, seguida del PSOE, el PCE y AP. Este resultado mostró el apoyo a una transición moderada y consensuada. Tras las elecciones se inició el periodo constituyente (1977-1979), con tres objetivos principales: redactar una Constitución, crear el Estado de las Autonomías y afrontar la crisis económica. En 1978 se aprobó la Constitución española, fruto del consenso entre fuerzas políticas, que estableció un Estado democrático, social y de derecho bajo una monarquía parlamentaria. En 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa, acuerdos entre gobierno, partidos, sindicatos y patronal para afrontar la grave crisis económica. El proceso de transición no estuvo exento de dificultades: terrorismo de ETA, GRAPO y FRAP, descontento militar, tensiones autonómicas y conflictos políticos internos. La crisis política culminó con la dimisión de Suárez en 1981. Poco después, el 23 de febrero de 1981, se produjo un intento de golpe de Estado liderado por Tejero, Miláns del Bosch y otros mandos militares. El golpe fracasó gracias a la intervención del rey Juan Carlos I, que defendió públicamente la Constitución y la democracia, consolidando el sistema democrático. Tras el golpe, Leopoldo Calvo-Sotelo asumió la presidencia del gobierno, en un contexto de crisis política, económica y de desgaste institucional. Finalmente, las elecciones de 1982 dieron la victoria al PSOE de Felipe González, marcando el fin de la Transición y la consolidación del sistema democrático en España.
%IMAGE_17% Esta fuente es un gráfico lineal simple de carácter histórico que representa la evolución de la población en España durante el siglo XIX (1800-1900). Los datos aparecen cuantificados en millones de habitantes en el eje vertical y por años en el eje horizontal. Su tema es demográfico y se sitúa en el contexto del paso del Antiguo Régimen a la sociedad de clases. Se observa un crecimiento moderado y estable de la población, que pasa de los 11 millones en 1800 a los 18,6 millones en 1900. Se distinguen claramente periodos de aumento, como el del segundo cuarto del siglo XIX, donde la población subió en más de 3 millones, y periodos de ralentización o valle condicionados por el mantenimiento de un régimen demográfico antiguo con un bajo crecimiento vegetativo. El crecimiento de la población del XIX fue estable frente al estancamiento de siglos anteriores, aunque lento comparado con países del entorno que llegaron a duplicar su población debido a un mayor desarrollo económico. En España persistía un régimen de tasas de natalidad (34%) y mortalidad (29%) muy altas, siendo la segunda mortalidad más alta de Europa, lo que dejaba la esperanza de vida en menos de 35 años. Este aumento de población se debió a mejoras en la alimentación por la extensión de cultivos y nuevos alimentos como la patata, además de avances en medicina preventiva como la vacunación e higiene. Sin embargo, la demografía estuvo marcada por crisis de subsistencia derivadas de la escasez de cereal y el atraso agrario, sumado a epidemias de tifus, fiebre amarilla y enfermedades endémicas como la tuberculosis o la viruela. Esta situación provocó una distribución desequilibrada con contraste entre la periferia litoral poblada y el centro escasamente poblado por el desigual desarrollo económico. Como consecuencia, se inició el éxodo rural hacia ciudades sedes de industria y las migraciones exteriores hacia Argelia y América (Argentina, Brasil, Cuba, México), destacando los emigrantes gallegos, asturianos y canarios de áreas rurales deprimidas. El desarrollo urbano fue considerable pero menor al europeo; el crecimiento estuvo ligado a las reformas del liberalismo, la industrialización y las desamortizaciones que trasvasaron población a la ciudad. Esto impulsó reformas administrativas como la división provincial de 1833 y la creación de ensanches burgueses de plano ortogonal, como el de Cerdá en Barcelona (1860) o el de Carlos Mª de Castro en Madrid (1846), para absorber a los inmigrantes. Finalmente, la sociedad dejó de dividirse en estamentos cerrados para estructurarse en una sociedad de clases basada en el nivel de renta, donde la nobleza perdió privilegios pero mantuvo su lugar predominante, mientras aparecía la burguesía y una clase obrera industrial que vivía en barrios carentes de higiene.
%IMAGE_18% Este mapa histórico es de tipo político-militar y representa la división de España tras el golpe militar de julio de 1936. Su contenido refleja la situación geográfica de las zonas nacional y republicana al inicio del conflicto. El marco temporal se sitúa en los días posteriores al alzamiento del 17 y 18 de julio. Es una fuente secundaria de naturaleza cartográfica que utiliza colores para diferenciar el control territorial: la zona nacional en el norte, parte de Aragón, Galicia y el sur, frente a la zona republicana que mantiene las ciudades industriales y los centros de poder. El golpe militar fue el alzamiento nacional simultáneo iniciado en Melilla el 17 de julio y extendido a la Península el 18 tras el asesinato de Calvo Sotelo. Dirigido por militares como Mola, Franco, Cabanellas, Goded, Queipo de Llano y Sanjurjo, fue apoyado por la CEDA, Falange y los Carlistas. La rebelión no triunfó inicialmente en Madrid y Barcelona por la sorprendente respuesta popular en defensa de la República con milicianos, lo que convirtió el pronunciamiento en una guerra civil de tres años. España quedó dividida en dos: la zona nacional (175.000 km2), con Marruecos, Canarias, Baleares (menos Menorca), Castilla la Vieja, León, Navarra, Galicia, Cáceres y el triángulo Sevilla-Cádiz-Algeciras, además de los núcleos de Córdoba y Oviedo. La zona republicana (350.000 km2) mantuvo Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, con el triple de población. En la zona nacional se unificó el mando en Franco, nombrado Jefe de Estado y Generalísimo en Burgos, creando el Movimiento Nacional (FET y de las JONS), anulando las leyes de la República y devolviendo tierras expropiadas. Por el contrario, la zona republicana sufrió falta de consenso entre sus gobiernos (Giral, Largo Caballero y Negrín) y la revolución social de la CNT y FAI. El conflicto se internacionalizó rápidamente: los nacionales contaron con la ayuda de Alemania (Legión Cóndor), Italia (CTV), Marruecos y Portugal. La República recibió apoyo de la URSS, las Brigadas Internacionales y México. La guerra pasó por fases críticas: la batalla del Jarama y Guadalajara en la primera fase; la ofensiva del Norte en 1937 con la caída de Bilbao y el bombardeo de Guernica; y la sangrienta batalla del Ebro en 1938, que tras el fracaso republicano permitió la caída de Cataluña. El conflicto terminó el 1 de abril de 1939 con la victoria de Franco y la instauración de una dictadura militar. Esta consecuencia política inmediata marcó el inicio del Franquismo, un régimen que duraría casi cuarenta años. Durante la posguerra, España sufrió un aislamiento internacional que la apartó de las democracias occidentales tras la Segunda Guerra Mundial, afectando gravemente a la cultura y la economía.