El Impacto de la Revolución Francesa en España
Carlos IV ascendió al trono en 1788 y pronto se vio desbordado por la expansión de los ideales de la Revolución Francesa. La difusión de ideas liberales, impuestas posteriormente por Napoleón, generó tanto adhesiones como fuertes reacciones de rechazo entre los estamentos privilegiados. Para contener esta influencia, Carlos IV nombró a Manuel Godoy como secretario de Estado y ordenó el cierre de la frontera.
Tras la ejecución de Luis XVI en la guillotina, las monarquías europeas declararon la guerra a Francia. España se unió a una alianza con Gran Bretaña, Austria y Prusia como respuesta a la ruptura del «sacrosanto orden tradicional» (el derecho divino de los reyes, los privilegios de la nobleza y la hegemonía de la Iglesia). Sin embargo, tras la derrota, España firmó la Paz de Basilea en 1795, pasando a depender de los intereses franceses. Con Napoleón en el poder, España se convirtió en aliada de Francia, lo que la llevó a una guerra contra Gran Bretaña y a la desastrosa derrota de la flota franco-española en la batalla de Trafalgar. La mala gestión de Godoy provocó un grave endeudamiento, que intentó paliar con el aumento de las contribuciones y la desamortización de tierras eclesiásticas. Esto generó una triple oposición: la de la Iglesia, la desconfianza del príncipe Fernando hacia Godoy y un creciente descontento popular que derivó en motines.
La Ocupación Napoleónica y la Crisis de la Monarquía
La situación empeoró cuando España firmó el Tratado de Fontainebleau en 1807, que autorizaba a los ejércitos franceses a entrar en el país para atacar Portugal. Las tropas francesas comenzaron a entrar en febrero de 1808 y, en lugar de dirigirse solo a Portugal, fueron ocupando plazas estratégicas. Esto provocó que la Familia Real se trasladase a Aranjuez.
El 18 de marzo de 1808 estalló el Motín de Aranjuez, protagonizado por soldados, campesinos y servidores de palacio, quienes exigían la destitución de Godoy y la renuncia de Carlos IV a favor de su hijo Fernando. Al día siguiente, Carlos IV abdicó y Fernando VII fue proclamado rey. La crisis de la monarquía se agudizó cuando Carlos IV solicitó ayuda a Napoleón para recuperar el trono. El emperador, viendo la debilidad de la monarquía española, convocó a ambos monarcas en Bayona y les forzó a abdicar en su favor. Napoleón nombró entonces a su hermano, José Bonaparte, como rey de España.
Revueltas Populares y la Formación de Juntas
La presencia de tropas francesas generó una gran tensión en las poblaciones. El rumor de que Napoleón había secuestrado a los reyes en Bayona provocó motines y resistencias. El levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid contra los franceses se generalizó, dando inicio a una revuelta popular impulsada por las clases populares y sectores del clero y la nobleza. Ante la incapacidad de las instituciones para controlar la ocupación francesa, se produjo un vacío de poder. Los españoles «patriotas» crearon juntas, integradas por las élites locales, para organizar la resistencia. Victorias iniciales, como la de Bailén, obligaron a José I a replegarse al norte del Ebro. Las juntas locales se coordinaron en una Junta Suprema Central, que reconoció a Fernando VII como rey legítimo y asumió la autoridad en su ausencia.
La Guerra de la Independencia (1808-1814)
En otoño de 1808, el propio Napoleón intervino en España al frente de un gran ejército, ocupando varios territorios. Para 1812, el dominio francés alcanzó su máximo apogeo con la toma de Valencia. Sin embargo, la decisión de Napoleón de invadir Rusia debilitó su presencia en la península, lo que facilitó la contraofensiva de las tropas españolas con la crucial ayuda de los británicos, comandados por el Duque de Wellington.
Ante la imposibilidad de mantener dos frentes, Napoleón firmó el Tratado de Valençay en diciembre de 1813, por el cual retiraba sus tropas y restablecía la monarquía de Fernando VII. Durante el conflicto, el ejército español quedó en gran parte desarticulado, actuando de forma subordinada al ejército británico. Sin embargo, surgió una nueva forma de lucha: la guerrilla. Estos grupos reducidos, dirigidos por militares, clérigos o campesinos, adquirieron un protagonismo decisivo mediante el hostigamiento constante a las fuerzas francesas.
Posiciones Ideológicas frente a la Invasión
La invasión y la guerra provocaron una división en la sociedad española:
- Afrancesados: Apoyaron el régimen de José I. Eran reformistas e ilustrados que vieron en la nueva monarquía una oportunidad para modernizar el país sin pasar por una revolución.
- Frente Patriótico: Se oponían a los franceses y defendían el regreso de Fernando VII y la religión católica. Este grupo era heterogéneo:
- Absolutistas y tradicionalistas: El clero y la nobleza, que deseaban el restablecimiento del absolutismo y el Antiguo Régimen.
- Reformistas moderados: Creían en un programa de reformas dentro del Antiguo Régimen.
- Liberales: Querían acabar con el absolutismo y esperaban que Fernando VII implantase un nuevo régimen constitucional basado en la soberanía nacional, la separación de poderes y las libertades individuales.
Los Costes del Conflicto
La guerra fue un conflicto largo, cruel y muy destructivo. Desde el punto de vista económico, la producción agraria quedó destruida y la industria colapsada. El coste global provocó una deuda pública inasumible: en 1815, el déficit de las finanzas públicas era 20 veces superior a los ingresos del Estado, situación agravada por el inicio de la independencia de las colonias americanas.
Las Cortes de Cádiz: Convocatoria y Composición
En medio del conflicto bélico, la Junta Central Suprema organizó una consulta al país que desembocó en la convocatoria de Cortes para llevar a cabo reformas que limitasen el poder del monarca. La Junta no pudo sobreponerse a las derrotas militares y fue reemplazada por una regencia. Esta terminó de organizar las Cortes, que se convocaron en Cádiz, la única ciudad que resistió el asedio francés con la ayuda de Gran Bretaña.
La reunión, inaugurada en septiembre de 1810, congregó a unos 300 diputados. Se acordó que las Cortes serían unicamerales y no estamentales. Los liberales triunfaron al aprobarse el principio de soberanía nacional, reconociendo que el poder residía en el conjunto de los ciudadanos, representados en las Cortes. Se estableció la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y se reconoció a Fernando VII como rey de España. Estas decisiones tenían un carácter revolucionario, pues liquidaban los privilegios estamentales y establecían que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley y tenían los mismos derechos.
La Constitución de 1812: «La Pepa»
Las Cortes desarrollaron una intensa actividad legislativa, aprobando leyes y decretos que culminaron en la redacción de la primera constitución de la historia de España, promulgada el 19 de marzo de 1812. Este texto sentó las bases de un nuevo sistema liberal y puso fin al Antiguo Régimen. Sus principios fundamentales incluían:
- Derechos del ciudadano: Libertades civiles, igualdad jurídica y fiscal a través del reparto equitativo de impuestos.
- Sufragio universal masculino indirecto: Para hombres mayores de 25 años.
- División de poderes: El poder legislativo recaía en las Cortes, el ejecutivo en el rey y su gobierno, y el judicial en los tribunales.
- Reformas sociales: Se establecía la enseñanza primaria obligatoria y el servicio militar obligatorio.
- Organización territorial: El Estado se organizaba en provincias y municipios.
- Igualdad jurídica: Se reconocía la igualdad de los ciudadanos de la península y de los territorios americanos.
- Libertad de expresión: Aunque con limitaciones.
- Abolición de los señoríos jurisdiccionales: Eliminando las relaciones de dominio de la nobleza y la Iglesia.
- Supresión de los gremios: Dando paso a modernas relaciones de producción capitalista.
- Desamortización: Se decretó la venta en pública subasta de tierras municipales para avanzar en la reforma agraria.
- Abolición de la Inquisición.
El Debate sobre la Libertad de Imprenta y la Inquisición
El primer gran debate en las Cortes de Cádiz evidenció la división entre quienes deseaban reformar la sociedad y quienes pretendían mantener el viejo orden. La libertad de imprenta fue concebida como un instrumento para fomentar la ilustración del pueblo, controlar al gobierno y crear un sentimiento patriótico frente a Francia. Fue aprobada reconociendo la «libertad de escribir, imprimir y publicar», aunque con limitaciones: se instalaron juntas de censura para vigilar posibles excesos en materia política y se otorgó a la Iglesia el control sobre los textos religiosos. Con esta ley, la Inquisición no solo perdió una de sus atribuciones, sino que fue impugnada como institución y finalmente abolida. Sin embargo, el espíritu inquisitorial no desapareció: fue restablecida por Fernando VII en 1814, suprimida de nuevo en 1820, y desde 1823 los sectores más integristas presionaron para rehabilitarla. Su abolición definitiva no llegó hasta 1834.
La Emancipación de las Colonias Americanas
A principios del siglo XIX, una rica burguesía criolla (blancos nacidos en América) se sentía apartada de la administración política colonial y perjudicada por impuestos que solo beneficiaban a la metrópoli. Este creciente malestar se vio acompañado por la difusión de la ideología de la Revolución Francesa y el ejemplo de la independencia de Estados Unidos. La crisis de la monarquía española por la invasión napoleónica fue el detonante. Los criollos formaron juntas que inicialmente mantuvieron sus lazos con Cádiz. Sin embargo, ni las reformas de las Cortes ni la Constitución de 1812 llegaron a satisfacer sus aspiraciones. Las juntas americanas se convirtieron en focos de nuevos poderes y surgieron tres grandes centros independentistas: Buenos Aires (donde se proclamó la primera independencia, la de Argentina), Venezuela y México. El restablecimiento del absolutismo en España en 1814 y el envío de tropas para sofocar las rebeliones provocaron la expansión del movimiento libertador, con unos costes económicos insuperables para Fernando VII. La guerra colonial se extendió por todo el continente, haciendo irreversible la independencia y la constitución de nuevas repúblicas.
La Restauración del Absolutismo: El Sexenio Absolutista (1814-1820)
En marzo de 1814, Fernando VII regresó a España, pero no cumplió sus promesas de acatar el régimen constitucional. Apoyado por las peticiones de los absolutistas (expresadas en el Manifiesto de los Persas), procedió al restablecimiento del Antiguo Régimen. Tras su llegada a Madrid, declaró nula la Constitución y los decretos de Cádiz, e inició una dura persecución de liberales y afrancesados. Se restauraron las antiguas instituciones y el régimen señorial, en un contexto internacional favorable a la restauración del absolutismo (Congreso de Viena). Sin embargo, sus gobiernos fueron incapaces de solucionar los problemas del país. Los ministros de Hacienda plantearon reformas fiscales que implicaban que los privilegiados contribuyeran al fisco, pero el rey se negó a aceptarlas.
El Descontento Social y los Pronunciamientos Liberales
La guerra contra Napoleón había cambiado la sociedad. El descontento social y político favorecía la reivindicación liberal y constitucional, estimulando los pronunciamientos militares como método para acceder al poder. Estos consistían en el levantamiento de un sector del ejército a favor de la Constitución, que con apoyo civil en las ciudades pretendía conseguir la fuerza suficiente para imponerse al monarca. Durante el Sexenio Absolutista, diversos pronunciamientos liderados por mandos liberales fracasaron y fueron duramente reprimidos.
El Trienio Liberal (1820-1823)
El 1 de enero de 1820, triunfó el pronunciamiento del coronel Rafael del Riego al frente de las tropas acantonadas en Cabezas de San Juan (Sevilla). La pasividad del ejército real y la acción de los liberales en las principales ciudades obligaron al rey a aceptar la Constitución de 1812. El nuevo gobierno permitió el regreso de liberales y afrancesados y convocó elecciones, que fueron ganadas por los liberales. Las nuevas Cortes iniciaron una importante obra reformista con el objetivo de consolidar la abolición del Antiguo Régimen. Entre sus principales medidas destacan:
- Supresión de los señoríos jurisdiccionales, para liquidar el feudalismo en el campo.
- Aprobación de una reforma eclesiástica, con la desamortización de tierras del clero para conseguir recursos para la Hacienda pública.
- Eliminación de los gremios.
- Reforma del sistema fiscal y disminución del diezmo que cobraba la Iglesia.
Conflictos y Divisiones durante el Trienio
Las reformas suscitaron rápidamente la oposición de la monarquía y de los absolutistas. Fernando VII, que había aceptado el régimen forzadamente, paralizó cuantas leyes pudo usando el derecho de veto que le otorgaba la Constitución. Además, el descontento de los campesinos se tradujo en protestas y levantamientos, ya que la abolición de los señoríos no les facilitaba el acceso a la tierra. Los antiguos señores se convirtieron en los nuevos propietarios, y los campesinos en arrendatarios que podían ser expulsados si no pagaban. La nobleza tradicional y la Iglesia, perjudicadas por la supresión del diezmo y la venta de sus bienes, estimularon la revuelta contra los gobernantes del Trienio. A estas tensiones se sumó la división entre los propios liberales:
- Moderados (doceañistas): Gobernaron hasta 1822. Eran partidarios de reformas más suaves, que no perjudicasen a las élites sociales (nobleza y burguesía propietaria).
- Exaltados (veinteañistas): Defendían el pleno desarrollo de la Constitución y la necesidad de reformas radicales más próximas a las clases medias y populares.
La Intervención de la Santa Alianza y el Fin del Trienio
El triunfo del liberalismo en España contagió a otros territorios como Nápoles, Portugal o el Piamonte, lo que alarmó a las potencias que formaban la Santa Alianza (Prusia, Rusia y Austria, a las que se sumó Francia). Ante las demandas de ayuda de Fernando VII, se acordó una intervención militar en España. Un ejército francés, conocido como los Cien Mil Hijos de San Luis, entró en España en 1823 para restablecer el orden tradicional. La resistencia del ejército liberal fue escasa. Tras la ocupación de Madrid, se nombró un gobierno absolutista que derogó toda la legislación del Trienio. Fernando VII recuperó su condición de monarca absoluto e inició una feroz persecución contra los liberales, dando comienzo a la que se conoce como la Década Ominosa.
La Década Ominosa (1823-1833)
El regreso al absolutismo vino acompañado de una gran represión de la oposición y la creación de un cuerpo militar (los Voluntarios Realistas) encargado de la persecución del liberalismo. La pérdida definitiva de las colonias americanas agravó la crisis económica. A partir de 1825, ante los graves problemas económicos, el rey buscó la colaboración del sector moderado de la burguesía e impulsó reformas fiscales para recaudar más impuestos, haciendo pagar a los sectores privilegiados. Esta actitud incrementó la desconfianza de los sectores más tradicionalistas de la Corte, descontentos con un monarca que no había restablecido la Inquisición y que parecía ceder ante los reformistas.
En 1830, el matrimonio de Fernando VII con su sobrina María Cristina de Borbón le dio una heredera, Isabel. Para que ella pudiera sucederle, el rey promulgó la Pragmática Sanción, una norma que autorizaba la sucesión femenina al trono, hasta entonces prohibida por la Ley Sálica. Los sectores más conservadores del absolutismo consideraron ilegal la sucesión de Isabel, defendiendo que el trono debía corresponder a Carlos María Isidro, hermano del rey y ferviente defensor del absolutismo. Esto dio origen a un grave conflicto dinástico que estallaría tras la muerte del rey en 1833.