La Desamortización Española: Un Proceso Transformador en el Siglo XIX

Definición y Contexto Histórico

La desamortización, entendida como el proceso de venta en pública subasta de las tierras públicas (ayuntamientos y Estado) y de la Iglesia, se desarrolló en España en diferentes etapas. Estas fases se centraron en las tímidas tentativas de Godoy, las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal, y las dos grandes desamortizaciones: la eclesiástica de Mendizábal y la civil de Madoz.

Situación del Campo Español a Inicios del Siglo XIX

A comienzos del siglo XIX, la situación del campo español se caracterizaba por:

Una explotación de carácter rentista, por la que los propietarios se aseguraban determinados ingresos, lo que generalmente impedía su innovación.
Una distribución y una estructura de la propiedad concentrada en la Nobleza, la Iglesia y los municipios, asegurada respectivamente a través de la vinculación (mayorazgo y manos muertas), lo que no solo dejaba muchas tierras incultas, sino que también impedía la existencia de un mercado para su compraventa.
Unos cultivos de subsistencia escasamente diversificados, centrados en la tradicional trilogía mediterránea (trigo, vid y olivo).
Una pertinaz escasez de innovaciones técnicas (abonos artificiales, maquinaria, etc.), lo que se reflejaba en un modelo de baja productividad, basándose tradicionalmente el aumento de la producción en el incremento de nuevas roturaciones.

Objetivos de la Desamortización Liberal

En consecuencia, al emprender la desamortización, los liberales perseguían varios objetivos fundamentales:

Una reforma agraria que conllevara la renovación total del campo (régimen de explotación, distribución, estructura, innovación técnica, etc.).
Contar con los recursos económicos suficientes para asegurar el triunfo del liberalismo en el poder, evitando la vuelta al absolutismo (carlismo).
La creación de una base social que apoyara la monarquía liberal al crear una mayoritaria clase media propietaria.
El saneamiento de la Hacienda Pública y la liquidez necesaria para emprender la modernización de España.

Precedentes y Primeras Fases Desamortizadoras

Precedentes: La Desamortización de Godoy (1798-1808)

Como precedentes de la desamortización se puede señalar la iniciada durante el reinado de Carlos IV. La denominada Desamortización de Godoy (1798-1808) únicamente tuvo como objetivo superar el endémico déficit de la Hacienda, sin plantearse cambios sociales o de estructura económica, afectando a los bienes de las cofradías, hospitales, hospicios, pías fundaciones, etc. Durante las Cortes de Cádiz (1811-13) se intentó la desamortización de las tierras comunales de los municipios, órdenes militares y jesuitas, reiniciándose el proceso durante el Trienio Liberal (1820-23), si bien la política absolutista de Fernando VII paralizó su desarrollo.

Las Grandes Desamortizaciones del Siglo XIX

La Desamortización Eclesiástica de Mendizábal (1836-1843)

Al margen de los objetivos socioeconómicos de los liberales españoles, la primera gran desamortización obedeció a la necesidad de financiar la deuda pública y, sobre todo, la Primera Guerra Carlista (1833-40). Así pues, durante la Regencia de María Cristina se sancionó la Ley de Desamortización, obra de Juan Álvarez y Méndez, «Mendizábal» (decretos del 16 y 19 de febrero, y 8 de marzo de 1836), por la que se declaraban extinguidos los conventos, colegios y congregaciones del clero regular, pasando a manos del Estado y sacándose a pública almoneda sus bienes. Asimismo, se tomaron otras medidas que contribuyeron al cambio de las estructuras agrarias, como la supresión de la Mesta (1836) y la abolición de los señoríos y los diezmos.

Frente a Mendizábal, la rechazada propuesta de Flores Estrada se basaba en el arrendamiento a colonos durante cincuenta años, cuya renta sufragaría la deuda pública. Con esta propuesta, el Estado sería el titular de los bienes desvinculados y, además, facilitaría a los campesinos el acceso indirecto a la tierra o dominio útil. Por último, durante la Regencia de Espartero (1840-43), la desamortización eclesiástica se consumó (1841), afectando finalmente a los bienes del clero secular, con excepción de los edificios de culto. La política desamortizadora se vería paralizada con la subida al trono de Isabel II, opuesta personalmente a toda desvinculación, así como por el control político de los moderados, proclives a un acercamiento a la Iglesia (Concordato de 1851).

La Desamortización General de Madoz (1855)

Durante el Bienio Progresista (1854-56) se emprendió la segunda desamortización decimonónica, obra de Pascual Madoz, afectando a los bienes municipales, estatales y órdenes militares (Santiago, Calatrava, Alcántara, Montesa, etc.). En esta ocasión, el sistema de almoneda se mantuvo, modificándose su pago en dos modalidades:

En efectivo, dando en un primer plazo la quinta parte del valor subastado y el resto en quince años.
O bien, una parte en títulos de deuda pública y el resto en plazos durante ocho años.

La Ley de Madoz o «general desamortizadora» produjo al Estado rendimientos económicos muy superiores a los de la de Mendizábal, invirtiéndose en el fomento de obras públicas, en especial la construcción del ferrocarril (Ley del Ferrocarril, 1855). Finalmente, los gobiernos que siguieron a la Revolución de Septiembre de 1868 dieron un último impulso desamortizador al restablecer la Ley de 1855, de forma que a la llegada de la Restauración (1874) el proceso ya había concluido, dándose por finalizado con el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de 1924.

Consecuencias de la Desamortización en España

Impacto Económico y Social

Económicamente, las consecuencias de la desamortización se constatan en la venta de unas 200.000 fincas rústicas y casi 28.000 urbanas, obteniéndose de su subasta unos catorce millones de reales y, por tanto, contribuyó al saneamiento de la Hacienda Pública. Un 40% de la propiedad cambió de manos y tres quintas partes de las propiedades eclesiásticas fueron vendidas. Sin embargo, sus compradores fueron aristócratas terratenientes, clérigos seculares y burgueses (comerciantes e industriales), algunos de los cuales combinaron o abandonaron su actividad productiva por la rentista al asimilar la posesión de la tierra con el prestigio social. Por tanto, de forma indirecta persistió el modelo rentista a través de nuevos y más exigentes arrendamientos, ahora transformados en grandes latifundios. En este sentido, si estos se reforzaron en el sur, en el norte peninsular permaneció el minifundio.

Paralelamente, persistió la escasa inversión y la baja productividad, aunque a largo plazo aumentó la producción al incrementarse la superficie cultivada, en especial en la zona mediterránea. Asimismo, a finales de siglo se observarán cambios en el paisaje agrario, pasándose de la trilogía mediterránea a un aumento de cultivos alimenticios (patata, trigo), al incremento de los cultivos de regadío y a la progresiva orientación hacia la comercialización, tanto interna como especialmente para la exportación (producción hortofrutícola y vinos). Desde el punto de vista social, los teóricos beneficiarios (la clase media y los campesinos) apenas pudieron acceder a la tierra.