El Camino hacia la Guerra Civil y la Represión Inicial
En plena República y tras las elecciones de noviembre de 1933, el gobierno había dado un giro a la derecha, que desembocó en una huelga general revolucionaria que tuvo como símbolo la cuenca minera asturiana, único lugar donde los trabajadores estaban unidos y preparados para la lucha armada.
La Revolución de 1934 abrió una gran brecha entre la derecha y la izquierda y cerró el camino del entendimiento. Franco, entonces un gran desconocido, fue uno de los protagonistas de la represión feroz de este movimiento y sería apodado como “el carnicero de Asturias”.
Durante el Gobierno del Frente Popular, la Falange (extrema derecha fascista), los carlistas y los generales José Sanjurjo, Emilio Mola y Francisco Franco prepararon un golpe de Estado que llevó a que el 17 de julio de 1936 se produjera una sublevación militar apoyada por algunos civiles. Ante el fracaso del levantamiento en las principales ciudades españolas, el enfrentamiento entre las fuerzas sublevadas y las fuerzas leales al gobierno derivó en una Guerra Civil.
El Marco Legal de la Dictadura: La Ley de Responsabilidades Políticas (LRP)
La Ley de Responsabilidades Políticas (LRP), promulgada en los últimos días de la Guerra Civil, es un claro reflejo de la naturaleza dictatorial y represiva del nuevo régimen político y de su espíritu revanchista. Fue una de las herramientas legales más completas establecidas por el franquismo para depurar y exterminar a sus oponentes políticos.
Sanciones y Consecuencias de la LRP
De esta manera, los partidarios de la República quedaban fuera de la ley (art. 2) y además “sufrirían la pérdida absoluta” de derechos y bienes (art. 3).
Los Tribunales de Responsabilidades Políticas del franquismo impusieron con esta Ley tres tipos de sanciones a las personas que colaboraron con la República:
- Inhabilitación profesional.
- Restricciones a la libertad de residencia (especialmente destierros).
- Multas económicas (pérdida total de bienes, incautación, pago de multas, etc.).
Como fórmula para solucionar ese ingente quebranto, se imponía adherirse, como mal menor, al Movimiento Nacional. Incluso en los casos en los que el expedientado había sido fusilado o había fallecido, la pena alcanzaba a la herencia de los mismos.
Muchos profesores, intelectuales, funcionarios, etc., fueron depurados, apartados de sus trabajos y, a veces, fusilados. De forma arbitraria, unos fueron condenados y otros ejecutados. La rehabilitación de los sospechosos fue difícil, pues tenían que demostrar su inocencia a través de testigos cualificados, esto es, adeptos del Régimen. En definitiva, caer bajo el peso de esta Ley significaba, en realidad, la “muerte civil”.
Expansión del Control y Derogación de la LRP
A la Ley de Responsabilidades Políticas le siguió en 1940 la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, que centraba su acción en estos dos colectivos, identificados por Franco como los principales enemigos de España, y en 1941, la Ley de Seguridad del Estado. Con esta base jurídico-represiva, el régimen contaba con armas suficientes para controlar la situación.
Su objetivo era dar una dimensión de legalidad a las acciones represivas contra el ámbito republicano, «depurar y purificar» el nuevo Estado. Esto obligó a muchos republicanos a exiliarse. De ellos regresaron bastantes, pues al empezar la Segunda Guerra Mundial el gobierno decretó un indulto muy limitado. Pero otros muchos quedaron fuera de España y sufrieron suertes diversas.
Modificación y Fin de la Ley
El colapso burocrático que generó la persecución civil y económica de los republicanos obligó a modificar la LRP en 1942, con el fin de agilizar los procedimientos. A partir de ese momento se empezaron a archivar parte de las causas, hasta que en 1945 fue derogada la norma, aunque numerosos procedimientos, a consecuencia de la propia inercia administrativa, se mantuvieron vivos hasta 1966.
La Legitimidad del Régimen y la Marginación Social
La legitimidad del régimen era inexistente, por lo que se hizo necesario justificar su existencia. Parte de esa legitimidad radicó en la eliminación y depuración del adversario, evitando voces discordantes.
El régimen era un Estado policial que perseguía sin cuartel cualquier forma de disidencia, sobre todo a aquellos que apoyaron la legitimidad de la Segunda República. La represión y la marginación social de los vencidos fue un elemento consustancial a la dictadura franquista y consiguió evitar el surgimiento de una oposición fuerte y organizada.
Los medios de comunicación, la Falange y la Iglesia Católica desempeñaron una importante función de manipulación y silenciamiento para conseguir la sumisión de la población. Esta despolitización forzosa contribuyó a la pervivencia del régimen.