Introducción
El final del Segundo Bienio (1933-1936) se caracterizó por una profunda crisis política. Tras la Revolución de Asturias de 1934, la CEDA emprendió una fuerte política contrarreformista que se concretó en medidas como la suspensión del Estatuto de Autonomía de Cataluña (1935), la paralización de la reforma agraria o la presentación de un proyecto de modificación de la Constitución. Todas estas medidas reagruparon de nuevo a las fuerzas de izquierda, hasta ahora divididas. Finalmente, a finales de 1935, el escándalo del Estraperlo por parte de políticos radicales haría insostenible la situación y precipitaría la convocatoria de elecciones.
Las Elecciones de Febrero de 1936
Las fuerzas políticas eran conscientes de que la fragmentación de los partidos era penalizada por el sistema electoral vigente. Por ello, se agruparon en plataformas:
- Los partidos de izquierdas acudieron a las elecciones formando una gran coalición, denominada Frente Popular. Esta incluía a Izquierda Republicana, Esquerra Republicana de Cataluña, Unión Republicana, PSOE, PCE y UGT. La CNT no participó, pero tampoco pidió expresamente la abstención de sus seguidores. La idea del Frente Popular era que gobernasen los republicanos con el apoyo parlamentario del PSOE. Para ello se comprometía a continuar con las reformas del Primer Bienio, a lograr la amnistía para los encarcelados por la Revolución de Asturias de 1934 y la reintegración en cargos y puestos de trabajo para los represaliados políticos.
- Los partidos de derecha concurrieron a las elecciones en coaliciones formadas por la CEDA, los monárquicos y los tradicionalistas: el Bloque Nacional; pero no lograron formar una candidatura única en todas las circunscripciones ni redactar un programa electoral consensuado.
Los resultados de las elecciones fueron muy ajustados: 48% para el Frente Popular y 46,5% para el Bloque Nacional, pero la ley electoral desequilibró esa igualdad a favor de la izquierda, que obtuvo más del doble de los escaños que el Bloque Nacional. Manuel Azaña fue nombrado Presidente de la República y Santiago Casares Quiroga jefe de gobierno.
Las Medidas del Frente Popular y la Radicalización Sociopolítica
El nuevo gobierno puso en marcha lo pactado en su programa, que en términos generales consistía en suspender la legislación del gobierno radical-cedista y retomar las medidas del Primer Bienio. Sus primeros pasos fueron decretar una amnistía para unos 30.000 presos políticos. También se obligó a las empresas a readmitir a los obreros despedidos a raíz de los conflictos de 1934. Se restableció el Gobierno de la Generalitat y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. A la vez, se iniciaron negociaciones para la aprobación de los estatutos del País Vasco y Galicia.
Por otro lado, Azaña envió a los Generales potencialmente golpistas a puestos alejados de Madrid (Mola a Navarra, Franco a las Islas Canarias…).
Asimismo, los partidos y sindicatos de izquierda, esperanzados con el nuevo Gobierno, iniciaron una movilización popular. En las ciudades se convocaron huelgas y en el campo, sobre todo en Andalucía y Extremadura, los jornaleros ocuparon las tierras. Esta postura revolucionaria de la izquierda fue respondida con la oposición de muchos propietarios de tierra y con el inicio de campañas de la Iglesia contra la República, ya que intuía nuevas medidas anticlericales.
La situación política y social se hizo cada vez más conflictiva, lo que derivó en un clima de violencia generalizado. A ello contribuyó la radicalización del discurso parlamentario de los políticos, tanto de las fuerzas de derecha como de las de izquierda. Este enfrentamiento político se trasladó a las calles. Las juventudes de los partidos se militarizaron. La Falange, que vio incrementados sus efectivos con las secciones juveniles de la CEDA, inició acciones violentas contra líderes de izquierdas, quienes respondían de la misma manera. El Gobierno del Frente Popular difícilmente podía controlar los disturbios y restablecer el orden.
La Preparación del Golpe de Estado
Este clima de violencia abrió la puerta a la idea de un golpe de Estado militar contra la República. Parte del Ejército tenía el convencimiento de la proximidad de una revolución bolchevique, por lo que comenzó a planificar un levantamiento armado que restaurase el orden. La conspiración contaba con el apoyo de la derecha política, porque más allá del restablecimiento de la autoridad, subyacía en ella una orientación ideológica conservadora: la defensa de la unidad de España y de la religión católica, y un fuerte carácter antidemocrático y anticomunista.
Inicialmente, el movimiento careció de organización. Sería la dirección de Sanjurjo (refugiado en Portugal) y especialmente la de Mola, la que dotó de cierta cohesión a la conspiración.
Sin embargo, las discrepancias en torno a qué tipo de régimen establecer tras el golpe hacían aplazar la fecha del levantamiento. No obstante, dos asesinatos en apenas 24 horas precipitaron la situación. El primero fue el del teniente Castillo, miembro de la Guardia de Asalto, que fue tiroteado por la ultraderecha. El segundo tuvo lugar al día siguiente, el 13 de julio. En venganza por la muerte de su compañero, miembros del citado cuerpo asesinaron a José Calvo Sotelo, líder monárquico.
Esto aceleró los planes golpistas y acabó por decidir a Franco, hasta ahora dubitativo. Así, el 17 de julio de 1936 se inició una sublevación militar en Marruecos, que se extendería a la península al día siguiente. El llamado “Alzamiento” pretendía ser una operación rápida que sofocase cualquier oposición. Sin embargo, originó una división del país en dos bandos. Había dado comienzo la Guerra Civil Española, que duraría tres años.