La evolución política tras la muerte de Franco: retos, logros, dificultades y resistencias
La muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975 y la proclamación de Juan Carlos I como rey abrieron el proceso de Transición a la democracia. En aquel momento, existían tres alternativas políticas principales:
- La continuidad del franquismo: Con modificaciones superficiales, defendida por el sector inmovilista conocido como el Búnker.
- La reforma política: A partir de las leyes e instituciones franquistas, propuesta por los aperturistas; esta fue la opción que finalmente se impuso.
- La ruptura democrática: Acabar con el régimen dictatorial de forma inmediata, postura defendida por la oposición.
El rey, demostrando su voluntad democrática, mantuvo inicialmente a Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno. Sin embargo, el enfrentamiento entre reformistas y Arias Navarro, la agitación social (como los sucesos de Vitoria en marzo de 1976) y su incapacidad para impulsar cambios reales llevaron a su dimisión en julio de 1976. El monarca nombró entonces a Adolfo Suárez, quien impulsó la Ley para la Reforma Política, ideada por Torcuato Fernández-Miranda. Aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1976, esta ley establecía el bicameralismo y el sufragio universal.
El camino hacia las elecciones de junio de 1977 fue difícil debido al recrudecimiento del terrorismo de extrema derecha (como la matanza de los abogados laboralistas de Atocha), de ETA y del GRAPO. A pesar de los obstáculos, en febrero de 1977 se aprobó la ley sobre el derecho de asociación política y, el 9 de abril, Suárez legalizó el PCE por decreto-ley, provocando una fuerte reacción negativa en sectores del ejército, simbolizada en la dimisión del ministro de Marina, Pita da Veiga.
Consolidación y obstáculos democráticos
Las elecciones del 15 de junio de 1977 dieron el triunfo en minoría a la UCD de Adolfo Suárez, situando al PSOE como principal fuerza de la oposición. Los retos fundamentales fueron la polarización política, la amenaza militar (el llamado «ruido de sables») y el terrorismo. Entre los logros destacaron la aprobación de la Constitución de 1978 y la consolidación de las instituciones. Las resistencias provinieron del Búnker (Fuerza Nueva, Blas Piñar), del intento de golpe de Estado del 23-F en 1981 (liderado por Tejero y abortado por la respuesta del rey y la sociedad civil), y de la persistencia de ETA y el terrorismo de ultraderecha. El proceso culminó en octubre de 1982 con la victoria electoral del PSOE por mayoría absoluta.
La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías
La Constitución de 1978 fue elaborada por una ponencia de siete miembros (los «padres de la Constitución») de las Cortes elegidas en 1977:
- Gabriel Cisneros (UCD)
- Manuel Fraga (AP)
- Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD)
- Gregorio Peces-Barba (PSOE)
- José Pedro Pérez-Llorca (UCD)
- Miquel Roca (Minoría Catalana)
- Jordi Solé Tura (PCE)
Se debatió en las Cortes de mayo a octubre de 1978, siendo aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y promulgada el día 29 del mismo mes. Sus principios fundamentales establecen que la soberanía nacional reside en el pueblo, define la monarquía parlamentaria como forma de Estado y consagra la unidad de España, compatible con la pluralidad nacional de sus regiones y nacionalidades.
Estructura del Estado y organización territorial
La Carta Magna establece al rey como Jefe de Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas. Consagra la división de poderes:
- Poder legislativo: Reside en las Cortes Generales (Congreso y Senado).
- Poder ejecutivo: Reside en el Gobierno.
- Poder judicial: Reside en juzgados y tribunales, coordinados por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Incluye una avanzada declaración de derechos y libertades fundamentales (Título I) y define un Estado aconfesional. Para la organización territorial, distingue dos vías de acceso a la autonomía:
- Vía rápida (Artículo 151): Para las nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco, Galicia y, posteriormente, Andalucía).
- Vía lenta (Artículo 143): Para el resto de las regiones.
El Estado de las Autonomías se desarrolló plenamente entre 1979 y 1995, estableciéndose 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). Los pactos autonómicos de 1981 organizaron el acceso del resto de regiones, mientras que la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) fue parcialmente paralizada por el Tribunal Constitucional en 1983.
Los gobiernos del PSOE (1982-1996) y del PP (1996-2004)
La victoria del PSOE en 1982 inició la etapa de Felipe González (cuatro legislaturas). En el ámbito social, se amplió el Estado de bienestar mediante la Ley General de Sanidad, las pensiones no contributivas y la LOGSE. En economía, se aplicó una política de reconversión industrial y ajustes que provocó la huelga general de 1988. En política exterior, destaca el ingreso en la CEE (1986) y la permanencia en la OTAN. No obstante, la etapa final se vio ensombrecida por escándalos de corrupción y la aparición de los GAL.
El PP, liderado por José María Aznar, gobernó entre 1996 y 2004. Su política económica neoliberal permitió cumplir los criterios de Maastricht e integrar a España en la zona euro (1999). En el ámbito antiterrorista, se enfrentó a una ETA muy activa (asesinato de Miguel Ángel Blanco). El apoyo a la guerra de Irak y los trágicos atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid marcaron el fin de su mandato.
Gobiernos de Zapatero (2004-2011), Rajoy (2011-2018) y la amenaza terrorista
José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) impulsó leyes sociales pioneras: la Ley contra la Violencia de Género, la Ley de Dependencia y el Matrimonio Homosexual. Sin embargo, su segunda legislatura estuvo marcada por la crisis financiera de 2008 y las políticas de austeridad. Mariano Rajoy (PP) asumió el poder en 2011, enfrentándose a la crisis económica y al desafío independentista en Cataluña (referéndum del 1 de octubre de 2017 y aplicación del artículo 155). Bajo su mandato, se produjo la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI (2014). Su gobierno terminó en 2018 tras una moción de censura ganada por Pedro Sánchez.
El fin de la violencia terrorista
Respecto a ETA, tras décadas de asesinatos y el rechazo social (Pacto de Ajuria Enea, espíritu de Ermua), la banda anunció el cese definitivo de su actividad armada en 2011 y su disolución en 2018. Por otro lado, el terrorismo yihadista golpeó duramente al país en 2004, vinculándose a células de Al-Qaeda.
Evolución económica, social y demográfica: Feminismo e igualdad
Entre 1982 y 2018, España vivió una modernización sin precedentes. El PIB per cápita creció exponencialmente y la población aumentó gracias a la inmigración, que representaba el 10% en 2018. Socialmente, leyes como la del Divorcio y la de Igualdad (2007) transformaron los valores ciudadanos. El movimiento feminista cobró una fuerza imparable, destacando hitos como la primera gran manifestación en 2004 y la presencia de mujeres en la alta política, como María Teresa Fernández de la Vega.
Compromiso social, asociacionismo y voluntariado
La sociedad civil se organizó a través de ONGs (Cáritas, Médicos Sin Fronteras) y nuevos movimientos de protesta como la PAH y el 15M en 2011, que demandaban una regeneración del sistema político. El voluntariado se consolidó como un pilar de la participación ciudadana.
El movimiento feminista cobró fuerza, celebrándose la primera gran manifestación feminista en Madrid en 2004. La presencia de mujeres en la esfera pública creció, culminando con la elección de la primera mujer vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en 2004. En cuanto al compromiso social, asociacionismo y voluntariado, la Ley de Acción Voluntaria de 1986 reconoció el voluntariado como un derecho y deber ciudadano. Organizaciones no gubernamentales como Cáritas y Médicos Sin Fronteras (galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1993) consolidaron su labor humanitaria. El asociacionismo se diversificó con movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), fundada en 2009 como respuesta a la crisis financiera y los desahucios. El 15M de 2011 representó un movimiento ciudadano masivo que demandaba cambios en el sistema político y económico, reflejando una sociedad española cada vez más comprometida y participativa.