El sistema canovista: la Constitución de 1876 y el turno de partidos. La oposición al sistema
El sistema político de la Restauración se instauró en 1874 con el pronunciamiento de Martínez Campos, que restauró la monarquía borbónica en la figura de Alfonso XII. Su principal artífice fue Cánovas del Castillo, quien diseñó un sistema político estable para superar la inestabilidad del Sexenio Democrático.
Este sistema se basaba en una monarquía constitucional con alternancia pacífica de partidos, conocida como turno de partidos. Los dos grandes partidos dinásticos eran el Partido Conservador (Cánovas) y el Partido Liberal (Sagasta), ambos defensores de la monarquía, el liberalismo moderado y el orden social. Quedaban excluidos del sistema republicanos, carlistas, nacionalistas y el movimiento obrero.
El funcionamiento real del sistema se apoyaba en el fraude electoral. El rey nombraba al presidente del gobierno, quien convocaba elecciones para obtener mayoría parlamentaria mediante manipulación. Este proceso era controlado por el Ministerio de Gobernación y por los caciques, que dominaban el voto en el ámbito rural mediante presión, compra de votos o falsificación (pucherazo). Así, la alternancia en el poder estaba pactada previamente.
La Constitución de 1876 fue la base legal del sistema. Establecía una soberanía compartida entre el rey y las Cortes, otorgando amplios poderes al monarca, como nombrar gobiernos o disolver las Cortes. Definía un Estado centralista, con Cortes bicamerales (Congreso y Senado), reconocía derechos individuales pero limitados por leyes, y declaraba el catolicismo como religión oficial.
El sistema se consolidó gracias a la pacificación del país: el final de la Tercera Guerra Carlista en 1876 y la Paz de Zanjón en Cuba en 1878, aunque el conflicto cubano resurgiría posteriormente. Sin embargo, el sistema presentaba una escasa democracia real, dominado por una oligarquía y basado en la manipulación electoral, lo que generó una creciente oposición. Destacan los nacionalismos periféricos, especialmente en Cataluña y el País Vasco, que rechazaban el centralismo; el movimiento obrero, dividido entre anarquistas y socialistas, que denunciaba la explotación; y republicanos y carlistas, excluidos del poder.
Las guerras de Cuba, el conflicto bélico contra Estados Unidos y la crisis de 1898
A finales del siglo XIX, España conservaba un reducido imperio colonial, destacando Cuba por su importancia económica basada en plantaciones de azúcar, tabaco y algodón. La isla era clave para los intereses económicos españoles, pero generaba un creciente descontento entre la población local.
Las causas del conflicto cubano fueron principalmente económicas y políticas. La burguesía criolla y las clases medias reclamaban autonomía política y libertad comercial, frente al sistema proteccionista español que beneficiaba a la metrópoli. Además, España no cumplió las reformas prometidas tras la Paz de Zanjón (1878), que puso fin a la primera guerra de independencia iniciada en 1868.
En 1895 estalló una nueva insurrección independentista, liderada por José Martí, que se extendió rápidamente por la isla. España respondió con el envío de tropas y una dura represión dirigida por el general Weyler, sin lograr acabar con el conflicto. Estados Unidos, con importantes intereses económicos en Cuba, intervino tras la explosión del acorazado Maine en 1898, utilizando el suceso como pretexto para declarar la guerra a España. El conflicto fue breve y se resolvió en el mar, donde la flota española fue derrotada en Cuba y Filipinas por la superioridad estadounidense.
El Tratado de París de 1898 supuso la pérdida de las últimas colonias importantes: Cuba se independizó bajo influencia de Estados Unidos, y Puerto Rico, Filipinas y Guam fueron cedidos a este país. Posteriormente, España vendió sus últimas posesiones en el Pacífico a Alemania. La derrota provocó la crisis del 98, que tuvo importantes consecuencias:
- Económicas: pérdida de mercados coloniales.
- Demográficas: numerosas muertes.
- Políticas: debilidad del sistema de la Restauración y aumento de las críticas.
- Militares: resentimiento hacia los políticos y antimilitarismo social.
- Ideológicas: surgió el regeneracionismo, un movimiento crítico que denunciaba el atraso de España y proponía reformas en educación, economía y política para modernizar el país.
La evolución de la población y de las ciudades. De la sociedad estamental a la sociedad de clases
Durante el siglo XIX, la población española experimentó un crecimiento moderado, pasando de unos 11 a 18 millones de habitantes, debido a la persistencia de un régimen demográfico antiguo, caracterizado por altas tasas de natalidad y mortalidad. La natalidad era elevada por la necesidad de mano de obra agrícola y factores culturales, mientras que la mortalidad seguía siendo muy alta, especialmente infantil, a causa de epidemias, guerras, hambre y escaso desarrollo sanitario. Como resultado, el crecimiento natural fue lento y la esperanza de vida no superaba los 40 años. Solo a finales de siglo comenzó la transición demográfica con una ligera caída de la mortalidad.
Se produjeron importantes movimientos migratorios. En el interior, destacó el éxodo rural hacia ciudades y zonas industrializadas como Cataluña, País Vasco y Madrid. En el exterior, muchos españoles emigraron a Francia, norte de África y América por falta de oportunidades económicas. El crecimiento urbano fue limitado, ya que España seguía siendo mayoritariamente rural. No obstante, ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao crecieron y se transformaron con la creación de ensanches, caracterizados por un urbanismo planificado, higiénico y burgués. Sin embargo, la clase obrera fue desplazada a periferias con malas condiciones de vida.
En el ámbito social, se produjo el paso de la sociedad estamental del Antiguo Régimen a una sociedad de clases. Desaparecieron los privilegios jurídicos y todos los ciudadanos pasaron a ser iguales ante la ley, pero persistieron grandes desigualdades económicas. La nueva sociedad se estructuró en clases: una clase alta formada por la antigua nobleza y la alta burguesía, que concentraban la riqueza; una clase media urbana en crecimiento; y una clase baja compuesta por campesinos y proletariado industrial, que vivían en condiciones precarias. La movilidad social era teóricamente posible, pero en la práctica muy limitada.
Las desamortizaciones. La España rural del siglo XIX. Industrialización, comercio y comunicaciones
La economía española del siglo XIX experimentó transformaciones importantes, aunque con un desarrollo insuficiente. Uno de los procesos clave fue la desamortización, que consistió en la expropiación y venta de tierras de la Iglesia y los municipios para sanear la Hacienda y crear una propiedad privada. Las principales fueron las de Mendizábal (1836) y Madoz (1855). Sin embargo, sus efectos fueron limitados: las tierras fueron adquiridas por burgueses y grandes propietarios, no por campesinos, consolidando el latifundismo y agravando las desigualdades sociales en el campo.
La España rural siguió siendo predominante, con una agricultura atrasada, escasa mecanización y baja productividad. Persistieron grandes propiedades en el sur y minifundios en el norte, manteniéndose malas condiciones de vida para el campesinado. La industrialización en España fue tardía, incompleta y muy localizada. Las causas fueron la falta de capital, escaso mercado interior, insuficiente red de transportes, dependencia tecnológica del exterior y una burguesía poco emprendedora.
Los principales focos industriales se concentraron en Cataluña (industria textil) y el País Vasco (siderurgia), además de Asturias. El desarrollo industrial se apoyó en el proteccionismo, que defendía la producción nacional frente a la competencia extranjera mediante aranceles. El ferrocarril fue fundamental para el desarrollo económico, impulsado por la Ley de 1855. Permitió articular el mercado nacional, abaratar transportes y mejorar las comunicaciones, aunque su construcción fue tardía, dependiente de capital extranjero y con problemas como el ancho de vía distinto al europeo.
La crisis de la Restauración: intentos regeneradores y oposición al régimen
Durante el reinado de Alfonso XIII (1902-1931), el sistema de la Restauración entró en crisis debido a la inestabilidad política, la corrupción y la incapacidad para resolver los problemas sociales. El turnismo continuó, pero los gobiernos eran cada vez más débiles y breves, mientras el rey intervenía activamente en la política, dificultando la democratización.
Se intentaron reformas regeneradoras desde dentro del sistema. Antonio Maura propuso una “revolución desde arriba” para acabar con el fraude electoral y mejorar las condiciones sociales, pero fracasó tras la Semana Trágica de Barcelona (1909). Posteriormente, Canalejas impulsó reformas como la limitación del poder de la Iglesia y medidas sociales, pero su asesinato en 1912 frenó el proceso reformista.
La oposición al régimen creció considerablemente. Los republicanos defendían el fin de la monarquía y mayor democracia. Los nacionalismos catalán y vasco reclamaban autonomía. El movimiento obrero se dividía entre socialistas (PSOE y UGT), más moderados, y anarquistas (CNT), más radicales. Tras la Revolución Rusa surgió el PCE (1921). En 1917 estalló una grave crisis con tres dimensiones: militar (Juntas de Defensa), política (Asamblea de Parlamentarios) y social (huelga general). Entre 1918 y 1923, la conflictividad social se intensificó (trienio bolchevique), con huelgas, violencia y enfrentamientos entre obreros y patronos (pistolerismo).
La Dictadura de Primo de Rivera y el final del reinado de Alfonso XIII
En 1923, el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado con el apoyo del rey Alfonso XIII, justificándolo como una solución para acabar con la crisis política, el desorden social y la guerra de Marruecos. La dictadura contó inicialmente con el apoyo de las clases medias, altas y parte del ejército.
Se estableció primero un Directorio Militar (1923-1925), que suspendió la Constitución, disolvió las Cortes, prohibió partidos y reprimió la oposición. Se instauró un partido único (Unión Patriótica) y se reprimió especialmente a anarquistas, comunistas y nacionalistas. Se logró el fin de la guerra de Marruecos con el desembarco de Alhucemas. Posteriormente, el Directorio Civil (1925-1930) intentó institucionalizar el régimen, creando una Asamblea Nacional Consultiva e impulsando una política económica intervencionista con grandes obras públicas.
Sin embargo, la oposición creció progresivamente: intelectuales, estudiantes, republicanos, nacionalistas y sectores del ejército. Además, la crisis económica de 1929 agravó la situación. En 1930, Primo de Rivera dimitió. El rey intentó volver al sistema constitucional con la “Dictablanda” de Berenguer, pero fracasó. La oposición se organizó en el Pacto de San Sebastián (1930), con el objetivo de instaurar la República. Finalmente, tras las elecciones municipales de abril de 1931, ganadas por los republicanos en las ciudades, Alfonso XIII abandonó España, lo que supuso el fin de la monarquía.
Modelos de repoblación. Organización estamental
Los reinos cristianos combinaron monarquías, Cortes y municipios, destacando el mayor poder real en Castilla frente a Aragón. Paralelamente, se consolidó el régimen señorial, donde nobleza y clero acumularon grandes tierras y poder jurisdiccional. Esto configuró una rígida sociedad estamental dividida entre privilegiados y no privilegiados (principalmente campesinos), que convivían con una incipiente burguesía y minorías sociorreligiosas como judíos y mudéjares.
La proclamación de la Segunda República: el Gobierno provisional y la Constitución de 1931. El sufragio femenino
La Segunda República fue proclamada el 14 de abril de 1931 tras el triunfo de las candidaturas republicanas en las elecciones municipales. Se formó un Gobierno Provisional integrado por republicanos, socialistas y nacionalistas. La nueva Constitución de 1931 estableció un régimen democrático avanzado: España se definía como una república democrática y laica, con soberanía popular. Se implantó un sistema de división de poderes con Cortes unicamerales, elegidas por sufragio universal, que incluía por primera vez el sufragio femenino, un hito fundamental en la igualdad política. La Constitución reconocía amplios derechos y libertades, permitía la autonomía regional y establecía la separación Iglesia-Estado.
Economía, sociedad y cultura. Legado judío
Al-Ándalus tuvo una economía comercial y monetaria, basada en la agricultura de secano y regadío, con nuevos cultivos y una artesanía y comercio muy desarrollados. La sociedad era diversa (árabes, bereberes, muladíes, mozárabes y judíos) y se organizaba según la riqueza en élites, clases medias y pueblo. Era una sociedad urbana, con ciudades centradas en la medina (mezquita, zoco y alcázar). Culturalmente, fue un puente entre Oriente y Europa, destacando el saber científico y filosófico. El legado judío fue importante, sobre todo en la cultura, el comercio y las finanzas.
El bienio reformista: reformas estructurales, política territorial y realizaciones sociales y culturales
Durante el bienio reformista (1931-1933), el gobierno presidido por Azaña impulsó un ambicioso programa de reformas para modernizar España:
- Reforma agraria: pretendía redistribuir tierras, aunque su aplicación fue lenta.
- Reforma militar: buscaba reducir el poder del ejército.
- Política territorial: se aprobó el Estatuto de Cataluña.
- Reformas sociales: mejoras laborales (jornada de 8 horas) y educación pública, laica y gratuita.
Estas reformas provocaron reacciones opuestas: la derecha se opuso por considerarlas excesivas, mientras sectores obreros y anarquistas las veían insuficientes, provocando conflictos sociales como Casas Viejas. Además, hubo intentos de golpe de Estado como el de Sanjurjo (1932).
La Baja Edad Media: Coronas de Castilla, Aragón y Navarra
En la Baja Edad Media, los reinos cristianos se organizaron en torno a la monarquía, las Cortes y los municipios. En la Corona de Castilla se fortaleció el poder real, apoyado en el Derecho Romano, y se crearon instituciones como el Consejo Real y la Audiencia. En Aragón, el sistema era más pactista: las Cortes tenían gran poder legislativo y fiscal, y el rey estaba limitado por instituciones como la Generalitat y el Justicia Mayor. Navarra mantenía al rey, las Cortes y el Consejo Real como sus principales instituciones, conservando su condición de reino y parte de su autonomía.
El bienio de la CEDA y del Partido Radical. El Frente Popular. Desórdenes públicos
Tras las elecciones de 1933, la derecha llegó al poder con el Partido Radical y el apoyo de la CEDA, iniciando el bienio conservador (1933-1935). Este periodo supuso una paralización de las reformas anteriores. La entrada de la CEDA en el gobierno provocó la revolución de 1934 (Asturias y Cataluña), aumentando la polarización política. En 1936, la izquierda se presentó unida en el Frente Popular, que ganó las elecciones. Se restablecieron las reformas, pero la situación se deterioró rápidamente con conflictos sociales, huelgas y violencia política, desembocando en el golpe militar de 1936.