Somos seres sociables por naturaleza. Esta afirmación, que a veces pasa desapercibida por lo cotidiano de nuestras relaciones, es fundamental para comprender el derecho de asociación y, en particular, el derecho a la formación de sindicatos. Para explicar cómo se articula este derecho, conviene atender tres conceptos básicos que usamos constantemente sin darnos cuenta: el derecho de reunión, el derecho de coalición y el derecho de asociación.
1. La Sociabilidad Humana y la Universalidad del Derecho de Asociación
Desde tiempos primitivos hasta hoy, los seres humanos muestran una inclinación natural a agruparse: buscamos compañía, intercambio, apoyo y objetivos comunes. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoció esta dimensión universal del acto asociativo: el derecho de asociación dejó de ser visto únicamente como un derecho de clase —exclusivo de los trabajadores— y se elevó a la categoría de derecho humano.
Ese reconocimiento implica una idea central: no es posible privar a una persona de la capacidad natural de asociarse. Los Estados pueden regular el ejercicio de ese derecho, pero no eliminar su naturaleza esencial. Esa distinción explica por qué, aun cuando ciertas profesiones o cuerpos del Estado no pueden formar sindicatos en sentido estricto (policía, jueces, magistrados, etc.), sí pueden constituir asociaciones para proteger intereses colectivos, siempre en el marco de las limitaciones constitucionales y legales aplicables.
2. Tres Conceptos Íntimamente Ligados
Derecho de Reunión
El derecho de reunión se ejerce cuando un grupo de personas se reúne para un fin determinado y de carácter transitorio. Ejemplos cotidianos: quedar con amigos para ver una película o reunirse para ver un partido en una fecha concreta. La reunión nace para un propósito puntual y se disuelve cuando el objetivo —el evento— termina.
Derecho de Coalición
El derecho de coalición también tiene un carácter temporal, pero su manifestación puede ser más organizada y, en cierta medida, preparatoria de formas más estables de asociación. Se manifiesta, por ejemplo, cuando un grupo se organiza para:
- crear una entidad (un grupo de estudio que funciona durante un ciclo académico), o
- ejercer acciones colectivas como la huelga, que es la forma más notoria de manifestación de la coalición en el ámbito laboral.
La coalición persiste mientras dure el objetivo temporal (tiempo de estudio, negociación o conflicto). Si la coalición logra su fin (por ejemplo, obtiene la bonificación buscada), la acción colectiva se disuelve.
Derecho de Asociación
La asociación es la transformación de la coalición en una realidad permanente: cuando el grupo decide darle continuidad institucional —estatutos, personalidad jurídica, objetivos duraderos— nace una asociación. Si esa asociación está integrada mayoritariamente por trabajadores y tiene como fin la defensa de sus intereses profesionales y económicos, se habla de sindicato, que es una especie dentro del género asociación. Es decir: todas las organizaciones sindicales son asociaciones, pero no toda asociación es sindicato.
3. La Secuencia Práctica: de Reunión a Coalición a Asociación (y a Sindicato)
En la vida cotidiana podemos ver con claridad ese tránsito:
- Unas compañeras se ponen de acuerdo para ir al cine → derecho de reunión.
- Un grupo de estudiantes organiza un plan de estudio durante un semestre → derecho de coalición (temporal).
- Si ese grupo decide institucionalizarse para defender intereses estudiantiles a largo plazo y aprueba estatutos → derecho de asociación.
- Si la asociación persigue defensa laboral y está conformada por trabajadores → se constituye como sindicato.
Comprender esta secuencia es útil para saber cuándo una acción o grupo tiene efectos jurídicos distintos (temporalidad, derechos que pueden reclamarse, exigencias de constitución formal, etc.).
4. Ejemplos Institucionales y Limitaciones Constitucionales
Hay casos emblemáticos que ilustran cómo el derecho de asociación se aplica y se matiza según el régimen constitucional y la regulación estatal:
- Fuerzas de seguridad y jueces: En muchos ordenamientos (y concretamente en el contexto de El Salvador), la Constitución limita la formación de sindicatos para personal de la policía o para jueces y magistrados. Eso no significa que esas personas puedan ser privadas del derecho a asociarse en absoluto; suelen constituir asociaciones —cooperativas, asociaciones profesionales, asociaciones de empleados— que protegen intereses sin constituir sindicatos. La Constitución puede regular o prohibir la forma sindical, pero no puede suprimir la capacidad fundamental de asociarse como persona humana.
- Asociaciones que operaban como sindicatos: Antes de los cambios normativos recientes en El Salvador, muchas instituciones públicas tenían asociaciones que, en la práctica, cumplían funciones similares a sindicatos (defensa colectiva, movilizaciones, incluso huelgas). Con el reconocimiento pleno del derecho sindical, varias de esas asociaciones se transformaron en sindicatos formales.
- Ejemplos concretos: Se menciona que hospitales e instituciones (Hospital Rosales, médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, SIMETRIZ) tuvieron asociaciones que terminaron convirtiéndose en sindicatos cuando el marco legal lo permitió. También se alude a la Asociación de Estudiantes de Derecho (AEDE), que posee personalidad jurídica y cuya vida institucional depende de agrupaciones estudiantiles que compiten por la dirección.
5. Evolución Normativa: OIT, Convenios y Reforma Constitucional (Caso El Salvador)
Según la exposición, un elemento clave en el proceso de cambio fue la presión y los requerimientos internacionales:
- La OIT, desde finales del siglo XX y principios del XXI, fue determinante en elevar el derecho de asociación y la libertad sindical a la categoría de derechos humanos y laborales universales.
- En el caso de El Salvador, la ratificación de los Convenios 87 y 98 (libertad sindical y negociación colectiva) y la necesidad de cumplir criterios internacionales (por ejemplo, para obtener preferencias comerciales o reconocimiento ante instancias internacionales) generaron controversia interna sobre la necesidad de reformar la Constitución y la legislación laboral.
- Hubo intenso debate jurídico sobre si bastaba con ratificar convenios o si era necesario reformar el artículo 47 de la Constitución. Inicialmente surgieron sentencias y decisiones judiciales que limitaron parcialmente la aplicación de convenios; posteriormente, y ante la presión internacional y la exigencia de coherencia normativa, se procedió a las reformas necesarias en la Constitución y en la Ley del Servicio Civil para permitir la formación de sindicatos en ciertas instituciones del Estado.
- El resultado fue la consolidación del carácter humano y universal del derecho de asociación y de la libertad sindical, incorporando las obligaciones internacionales en el derecho interno.
6. Consecuencias Prácticas y Reflexiones Finales
Al entender que la asociación es un derecho humano por naturaleza, se cambian varias percepciones prácticas y jurídicas:
- Las limitaciones que aparecen en textos constitucionales o legales suelen regular el ejercicio del derecho (qué formas organizativas son admisibles dentro del sector público, por ejemplo) pero no pueden negar la capacidad humana de asociarse. Por eso, en muchos casos, se admite la creación de asociaciones aunque se restrinja la forma sindical.
- La distinción entre género (derecho de asociación) y especie (sindicato) es útil: permite comprender por qué la ley habla de asociaciones y de sindicatos, y por qué no toda asociación debe ser asimilada automáticamente a un sindicato.
- La experiencia práctica —estudiantes que forman agrupaciones, trabajadores que constituyen sindicatos, funcionarios que crean asociaciones— demuestra la vigencia del derecho asociativo en sus distintas formas y la necesidad de un marco legal que lo reconozca y regule sin vulnerar su naturaleza fundamental.
En suma: asociarnos es humano; reunirnos, coaligarnos y asociarnos son manifestaciones de esa naturaleza con distintos efectos jurídicos. El reconocimiento internacional y las adaptaciones constitucionales y legales (ilustradas por el proceso de ratificación de convenios y reformas en ciertos países) han ampliado y protegido ese derecho, permitiendo que más personas —en el sector privado y en el público— puedan ejercerlo de manera efectiva, aunque su forma y alcance queden regulados conforme al interés general y las peculiaridades institucionales.