La formación y la experiencia profesional directa: claves para cercenar la crisis de identidad
Febrero 2012a / Febrero 2012b / Febrero 2015a / Septiembre 2013
M. Davis, hace 30 años, comparaba la profesión con otras actividades laborales más delimitadas en sus roles y sus funciones, afirmando que: «no existe tal cosa llamada trabajo social, ni siquiera es seguro que exista la actividad del trabajo social». Casi 15 años más tarde, en los años de la nueva era neoliberal procedente de Estados Unidos y del Reino Unido, M. Sheppard se preguntaba en la misma línea que años atrás: «ni siquiera está claro que, como disciplina separada, exista el trabajo social».
El Estado de Bienestar y los servicios sociales se enfrentaron a un desafío ideológico sin parangón tras el final de la II Guerra Mundial. Las políticas sociales extensivas, los presupuestos públicos generosos y prolongados para materia social y las elevadas recaudaciones fiscales para sostener los sistemas de bienestar, gradualmente comenzaron a ser desmantelados bajo el eufemismo de la “reestructuración”.
Desde sus orígenes, el trabajo social ha estado permanentemente en búsqueda de su identidad, de su yo auténtico como actividad y como referencia en el marco de la atención social, primero hacia la población más vulnerable y, después, hacia el conjunto de la ciudadanía.
Cuando se viaja por Europa en búsqueda de analogías comparativas, en gran medida se cuestionan los progresos que se han realizado en nuestro país, tanto en materia de formación educativa como en el reconocimiento de su estatus profesional. Toda una curiosa contradicción, pues no se podía avanzar con pisadas firmes en un país con menor gasto social y menor desarrollo en materia de servicios sociales, con un proceso democrático interrumpido tras 40 años de régimen autoritario.
La educación y el ejercicio profesional del trabajo social están estrechamente ligados a la historia de cada país y al desarrollo de sus propios sistemas políticos. Según Pike, cuatro elementos clave identifican el proceso de construcción de esta identidad:
- El papel clave de las organizaciones femeninas, que explican la denominada feminización de la profesión.
- Las organizaciones religiosas (católicas, protestantes y judías), como formadoras de la asistencia social.
- El reconocimiento oficial de la profesión tras la II Guerra Mundial.
- La emergencia de las escuelas politécnicas (universidades de ciencias aplicadas) a lo largo de los años 60 y 70, que permitió “una estructura institucional para el desarrollo de la educación en trabajo social, sin la necesidad de establecerse en las universidades tradicionales donde, tal vez, no habría sido considerado con suficiente rigor académico para lanzarse a su desarrollo” (Ehlert Friesenhaln).
El reconocimiento oficial de la profesión es posterior a los iniciales procesos formativos que han ido apareciendo en años precedentes. En sus inicios, la formación nació de la iniciativa de las mencionadas organizaciones femeninas y religiosas como módulos breves y prácticas directas; después pasó al campo de las enseñanzas secundarias y módulos de Formación Profesional, hasta entrar finalmente en programas universitarios. Escuelas pioneras fueron las de Bélgica en 1922 y Dinamarca en 1934.
Los acuerdos de Bolonia han significado un antes y un después en formación educativa y niveles para el trabajo social. El proceso no ha hecho más que empezar, pero los objetivos son ambiciosos: contribuir a la promoción de una convergencia educativa que facilite la movilidad en el espacio europeo de docentes, profesionales y estudiantes.
Uno de los desafíos mayores, según M. Asunción Martínez Román, es «que las universidades europeas promocionen el mutuo reconocimiento de sus grados, superando las actuales diferencias existentes entre países y las propias de cada país».
En los últimos 30 años, la enseñanza en trabajo social ha experimentado los mismos desarrollos en casi todos los países europeos. España ha contribuido, dentro de sus propias fronteras nacionales, a la delimitación de los elementos identificativos de la disciplina y del ejercicio profesional. El camino no ha sido sencillo y, en no pocas ocasiones, el papel del trabajador social ha sido ninguneado a costa de beneficiar a otros colectivos profesionales en los equipos multidisciplinares que componen los cuadros de los servicios sociales. También ocurre que la sociedad identifica al trabajador social con la anacrónica figura del asistente social, propia de otra época y otro rol.
El trabajo social hoy día en España se enfrenta a los mismos dilemas y retos que el resto del mundo occidental. Es como la historia interminable, pues continuamente nos enfrentamos a nuevos obstáculos que no facilitan el pleno desarrollo del ejercicio profesional.
En Dinamarca, actualmente, cualquier ciudadano danés o residente debe ser atendido por ley por un trabajador social al solicitar asistencia en su municipio. Tanto en ese país como en el nuestro, con dos modos muy distintos de sistemas de Estado de Bienestar, la profesión ha alcanzado unas cotas muy importantes de identificación. Sin embargo, lamentablemente, en España y a pesar de los avances, no todo el mundo tiene una idea clara de qué son los servicios sociales y del papel o rol profesional del trabajador social, frecuentemente estigmatizado por el ejercicio fiscalizador en la comprobación de la veracidad del discurso y de los documentos de los usuarios que acuden para solicitar asistencia, o reducido al papel de mero gestor de tramitación de prestaciones y servicios.
Los ritmos han sido diferentes en cada uno de los países. Los más atrasados, como el nuestro, han superado sus pruebas hasta su pleno reconocimiento por ley.
El escenario competitivo en materia de provisión de servicios (Administración Pública – mercado – tercer sector) y las nuevas necesidades sociales han contribuido a la aparición de nuevos actores profesionales. El nuevo liberalismo, así como cambios significativos en el mercado laboral —el fin del empleo a tiempo completo, la incorporación masiva de la mujer, etc.— han tenido una fuerte influencia e impacto en el trabajo social. El coste del Estado de Bienestar y los problemas funcionales de sus instituciones son considerados impedimentos para el crecimiento económico.
El Estado de Bienestar se enfrenta hoy, si cabe, a un desafío mayor: una crisis económica y financiera sin precedentes que retrotrae a la crisis mundial de 1929. La denominada crisis del Estado de Bienestar, junto con la llamada por otros crisis económica, no solo pone en tela de juicio la persistencia de un modelo social, sino también la existencia misma de una profesión que se ve amenazada por la reestructuración global de todo el sistema de protección.
Es una paradoja que el acceso a la formación universitaria y su homologación al resto de las disciplinas académicas a través del proceso de Bolonia desemboquen en un escenario político, económico y social hostil que atenaza sus posibilidades de crecimiento y expansión.
Otros pueden argumentar lo contrario: que precisamente en este contexto complejo, lejos de fagocitar la profesión, la impulsará debido a las necesidades sociales desafiantes. Pero quien así piensa no debe olvidar que, para que esto sea posible, es indispensable el apoyo del sector político y una concepción clara de qué son los servicios sociales y el trabajo social; en esto aún suspenden muchos responsables políticos.
Ejemplo de ello es la denominada Ley de Dependencia, a la que muchos actores políticos llaman y consideran el cuarto pilar del Estado de Bienestar en España, siendo esto una forma de ningunear e infravalorar los servicios sociales ya creados.
El impacto del mercado en el bienestar ha debilitado la demanda de trabajadores sociales. El trabajo social, como profesión y como disciplina, es mucho más vulnerable que otras profesiones y disciplinas ante los cambios del modelo social.