Historia de España Contemporánea: De Carlos IV a la Guerra Civil

El Reinado de Carlos IV (1788-1808)

El reinado de Carlos IV (1788-1808) se inició con la sucesión de su padre Carlos III en 1788 y estuvo condicionado por el estallido de la Revolución Francesa en 1789 y el imperio napoleónico. Hasta entonces, la política exterior española había estado marcada por la alianza con Francia (Pactos de Familia).

Fases de las relaciones con Francia

Las relaciones con Francia pasaron por varias fases:

Neutralidad (1789-1792): Carlos IV delegó tareas de gobierno en su primer ministro, el Conde de Floridablanca, quien mantuvo una actitud vigilante ante Francia y de represión contra la propaganda revolucionaria.
Enfrentamiento (1793-1795): Manuel Godoy se convirtió en el nuevo primer ministro y, debido a la guerra contra la Francia revolucionaria, se vio obligado a firmar la Paz de Basilea.
Entendimiento (1796-1808): En 1796 se firmó el Tratado de San Ildefonso, en el cual España y Francia se comprometieron a defenderse mutuamente de ataques de otras naciones. Destacan los enfrentamientos de España contra Portugal (Guerra de las Naranjas) e Inglaterra (desastre naval en Trafalgar).

Crisis de 1808 y hechos clave

La situación de España en 1808 era de profunda crisis, tanto económica como política y social, debido al aumento incontrolado de los precios, el colapso del comercio exterior tras la destrucción de la flota en Trafalgar (1805), el endeudamiento del Estado para financiar las guerras y la indignación contra Carlos IV y Godoy. Todas estas causas propiciaron la formación de un grupo de oposición al rey y al gobierno, que se organizó en torno al príncipe de Asturias, Fernando (el futuro Fernando VII).

Durante este período se sucedieron los siguientes hechos:

Tratado de Fontainebleau (octubre de 1807): Firmado por Godoy y Napoleón, este tratado permitía al ejército francés atravesar España para ocupar Portugal, colaborando así al bloqueo continental contra Inglaterra. Sin embargo, el plan de Napoleón incluía la invasión de España y las tropas francesas fueron tomando posiciones.
Motín de Aranjuez (marzo de 1808): Fue un asalto popular al palacio de Godoy, provocado por los fernandinos, quienes consiguieron que Carlos IV cesara a Godoy y que abdicara en su hijo Fernando.
Abdicaciones de Bayona (mayo de 1808): Carlos IV y Fernando VII renunciaron al trono de España a favor de Napoleón, quien entregó la Corona española a su hermano José Bonaparte, que reinaría con el nombre de José I. Las clases privilegiadas y muchas instituciones aceptaron la autoridad francesa, incluidos los afrancesados.
Levantamiento del 2 de mayo de 1808: El pueblo de Madrid se levantó contra el invasor francés. El general Murat reprimió la rebelión popular, que resultó inútil (Fusilamientos del 3 de mayo). La rebelión contra los franceses se generalizó a toda España y así comenzó la Guerra de la Independencia.

Bandos enfrentados en la Guerra de la Independencia

Fueron dos los bandos enfrentados:

El ejército francés, que estaba a disposición del gobierno de José I Bonaparte. Contó con el apoyo de los afrancesados, que veían en la ocupación francesa la oportunidad de modernizar España inspirándose en las ideas de la Ilustración. Formaron un ejército muy numeroso y bien organizado.
El ejército y el pueblo español, en nombre del legítimo rey de España, Fernando VII. A pesar de la inferioridad del Ejército y su deficiente organización, la guerrilla y la ayuda de unidades portuguesas e inglesas, al mando del duque de Wellington, jugaron un papel de primer orden.

Destacaron los generales Palafox en Zaragoza y el general Castaños en la batalla de Bailén. Guerrilleros destacados fueron Espoz y Mina, el Empecinado y el cura Merino. Se distinguían dos facciones ideológicas dentro de este bando: liberales, que querían establecer una monarquía constitucional, y absolutistas, que querían que Fernando VII retornara al trono de España y restaurase el absolutismo.

Fases de la Guerra de la Independencia

En cuanto a las fases de la guerra, encontramos:

Hasta noviembre de 1808 (Fase de ocupación y levantamiento): Se caracterizó por la reacción de la mayor parte de los españoles ante la invasión. El ejército español derrotó al francés en Bailén, lo que impidió la ocupación francesa de Andalucía y provocó que José I abandonase Madrid para instalarse en Vitoria.
De noviembre de 1808 a enero de 1812 (Fase de dominio francés): Fue una fase de predominio francés. Destacan tres hechos: Napoleón se puso al frente de las operaciones militares en España; apareció la guerrilla popular como nueva táctica de lucha frente al ejército regular francés; e Inglaterra entró en el conflicto del lado español.
De enero de 1812 a agosto de 1813 (Fase de derrota francesa): Las tropas españolas y las tropas inglesas de Wellington, con el apoyo de Portugal en la retaguardia, consiguieron las victorias de Arapiles, Vitoria y San Marcial.

Por el Tratado de Valençay (diciembre de 1813), Napoleón devolvió el trono de España a Fernando VII. Las últimas tropas francesas abandonaron España en 1814. La Guerra de la Independencia tuvo tres características básicas: se trató de una guerra patriótica, internacional y fue el desencadenante de una revolución política.

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

Con la Guerra de la Independencia se inició en España la revolución liberal, protagonizada por las Juntas Locales. Estas se crearon debido al vacío de poder y para hacer frente al gobierno francés, considerado ilegítimo. Las Juntas asumieron el poder en nombre de Fernando VII y organizaron la resistencia, marcando la primera vez que se ejerció la soberanía nacional.

Las Juntas Locales se agruparon en Juntas Provinciales, que se coordinaron en la Junta Suprema Central (septiembre de 1808). Esta última inició la convocatoria a Cortes, que darían lugar a importantes reformas políticas, sociales y económicas. La invasión de Andalucía por las tropas francesas forzó a la Junta Central a traspasar sus poderes a un Consejo de Regencia, que se estableció en Cádiz y dirigió la guerra. Aunque este Consejo de Regencia se oponía a la convocatoria a Cortes, no pudo impedir que el 24 de septiembre de 1810 comenzaran las reuniones de los diputados en la Isla de León.

Composición y labor de las Cortes de Cádiz

Los representantes fueron elegidos por sufragio universal masculino. Estaban formadas por un 30% de clero, un 20% de abogados, funcionarios públicos, nobles y comerciantes, y un 10% de militares. Los diputados se dividían en tres grupos: ilustrados jovellanistas, absolutistas y liberales. Estos últimos, liderados por Agustín Argüelles, Diego Muñoz Torrero y el conde de Toreno, tomaron la iniciativa y sentaron las bases de toda la labor legislativa posterior.

En su Decreto de Constitución, las Cortes establecían que la soberanía residía en la nación, representada en las Cortes. La división de poderes se basaba en el ejecutivo, legislativo y judicial, y a su vez, el poder legislativo residía en las Cortes, cuyo objetivo era elaborar una Constitución. Además, se proclamó a Fernando VII como rey legítimo de España. Las Cortes de Cádiz aprobaron las siguientes medidas:

La abolición de la Inquisición y de las instituciones y tradiciones feudales, como el tormento en los procesos judiciales y las pruebas de nobleza para los cargos públicos.
La supresión de los gremios y la eliminación de la Mesta.
La autorización a los propietarios para vender, arrendar y cercar libremente sus tierras.
La limitación de los mayorazgos y la conversión de los bienes nobiliarios en propiedades libres y circulantes.
La aprobación de leyes desamortizadoras.
El reconocimiento de las libertades individuales, incluida la de imprenta con la eliminación de la censura previa.

Las Cortes de Cádiz representaron el primer episodio de revolución liberal en la historia de España. El objetivo final de las Cortes de Cádiz era crear una nueva sociedad sobre las tres bases del liberalismo:

La vigencia de un sistema político constitucional y parlamentario.
La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
La libertad económica.

La Constitución de 1812: «La Pepa»

La Constitución de 1812 fue aprobada el 19 de marzo de 1812 y es considerada la primera Constitución española. Fue el resultado del compromiso entre absolutistas y liberales, aunque estos últimos se impusieron en mayor medida. Su contenido se distribuía en 384 artículos, y los más destacables fueron:

El establecimiento del principio de soberanía nacional, por la que la autoridad suprema residía en la nación española representada en las Cortes.
La estructura del nuevo Estado era la monarquía limitada con división de poderes: el legislativo, correspondiente al Rey junto con las Cortes; el ejecutivo, al Rey, que presidía el gobierno; y el judicial, a los tribunales de justicia.
El poder ejecutivo lo ejercía el monarca, que ejecutaba leyes, declaraba la guerra, dirigía los ejércitos y firmaba la paz.
Las Cortes serían unicamerales, elaboraban leyes y aprobaban tratados internacionales. Estas debían reunirse al menos tres meses consecutivos al año. El Rey no podía impedir, suspender ni disolver las Cortes. Los diputados serían elegidos por dos años y habrían de disponer de rentas para poder presentarse a las elecciones.
Establecimiento del sufragio universal masculino.
Colaboración de la Corona en las tareas legislativas.
El poder judicial correspondía a los tribunales de justicia, y relacionado con esto se estableció un fuero único para todos los españoles, excepto para eclesiásticos y militares.
Garantía de los derechos fundamentales del individuo: igualdad ante la ley, libertad de prensa, sufragio, educación elemental, garantías procesales y penales.
Imposición del catolicismo como religión oficial y única del Estado.

La Constitución de 1812 es una constitución típicamente burguesa que acabó con el sistema político, social y económico del Antiguo Régimen para establecer otro de carácter liberal. Cuando regresó Fernando VII, todos los que estaban en contra de la Constitución se unieron al rey para acabar con ella. Su vigencia fue, por ello, muy limitada: dos años entre 1812 y 1814, período en el que apenas hubo tiempo para imponerla, pues España estaba ocupada por los franceses. Posteriormente, estuvo vigente tres años más durante el Trienio Liberal (1820-1823). También estuvo presente durante la minoría de edad de Isabel II y la regencia de su madre María Cristina, desde agosto de 1836 hasta junio de 1837. Este primer texto constitucional de la historia de España se convirtió en símbolo del liberalismo y sirvió como fuente de inspiración para las constituciones de Portugal, Piamonte (Italia) y muchas de Iberoamérica.

El Reinado de Fernando VII (1814-1833) y la Cuestión Sucesoria

El reinado de Fernando VII estuvo marcado por la pugna entre absolutismo y liberalismo. Distinguimos tres etapas:

El Sexenio Absolutista (1814-1820)

Comenzó cuando, durante toda la Guerra de Independencia, Fernando VII permaneció preso en Valençay (Francia), hasta que el 11 de diciembre de 1813 Napoleón le devolvió el trono de España gracias al Tratado de Valençay. El regreso de Fernando VII supuso un problema debido a su integración en el nuevo sistema político definido en las Cortes de Cádiz. Estas le prepararon un itinerario corto hacia Madrid, pero él tomó otro camino para manifestar su rebeldía hacia las Cortes y tantear los apoyos con los que contaba (una parte importante del Ejército y 69 diputados absolutistas). Estos últimos, dirigidos por Rosales y Villamil, firmaron el “Manifiesto de los Persas” (12 de abril de 1814), en el que se animaba a Fernando VII a ignorar la labor legislativa de las Cortes de Cádiz y a restablecer el absolutismo.

Las vacilaciones de Fernando VII concluyeron con un golpe de Estado y la firma del Real Decreto (4 de mayo de 1814), conocido como Decreto de Valencia, en el que declaró nulos y sin ningún valor ni efecto la Constitución y los decretos promulgados por las Cortes de Cádiz. Solo confirmó la abolición de los derechos jurisdiccionales en los señoríos. Fernando VII inició una campaña de represión contra los liberales; muchos pasaron a la clandestinidad y formaron sociedades secretas conspirativas o recurrieron a los pronunciamientos para hacerse con el poder; otros se exiliaron en Francia o en Inglaterra (país con un modelo político a seguir).

De 1815 a 1820 se dieron pronunciamientos liberales contra Fernando VII, entre los que destacan los de Juan Díaz Porlier en La Coruña y Luis Lacy en Cataluña. En estos, el protagonismo de los militares compensaba la debilidad de la burguesía. Sin embargo, todos fracasaron y fueron duramente reprimidos.

El Trienio Liberal (1820-1823)

Comenzó con el pronunciamiento del comandante Rafael de Riego en Cabezas de San Juan (enero de 1820), generalizándose la insurrección al resto de España. Este reclamó la Constitución de 1812 y, el 9 de marzo de 1820, Fernando VII juró la misma, iniciándose el Trienio Liberal (1820-1823), en el que las nuevas Cortes iniciaron un sistema de gestión compartido entre las Cortes y la monarquía. No obstante, durante el Trienio Liberal surgieron dos problemas:

Fernando VII utilizó el veto suspensivo para boicotear la labor legislativa de las Cortes.
Los liberales se dividieron en dos grupos: los moderados (doceañistas), partidarios de la participación de la Corona en las labores legislativas, y los exaltados (veinteañistas), que defendían que el Rey solo debía tener el poder ejecutivo.

Los dos primeros años del Trienio Liberal estuvieron dominados por los moderados, que intentaron desarrollar la Constitución de 1812 para acabar definitivamente con el Antiguo Régimen, y tomaron las siguientes medidas:

Suprimieron los mayorazgos y se abolió el régimen señorial.
Se prohibió a la Iglesia la adquisición de bienes inmuebles y se redujo el diezmo.
Se definieron las bases de una desamortización de tierras eclesiásticas.
Se abolió la Inquisición y se limitaron las comunidades religiosas.
Se redactó un Código Penal, que se promulgó en julio de 1823, bajo el período exaltado.

La oposición absolutista se reunió en el verano de 1822 en el grupo conocido como los Realistas, que protagonizaron varios sucesos para restablecer el absolutismo:

La sublevación de la Guardia Real en julio de 1822, que fue sofocada por la Milicia Nacional.
La organización de fuerzas guerrilleras en Navarra y Cataluña.
La creación de la Regencia de Urgel, con sede en La Seo de Urgel, que pretendió actuar como gobierno legítimo mientras durara la cautividad de Fernando VII por parte de los liberales. El ejército disolvió la Regencia de Urgel.

Fernando VII dio un golpe de fuerza y nombró ministro al exaltado Evaristo San Miguel, comenzando el período exaltado del Trienio Liberal. Fernando VII buscó entonces la ayuda de las grandes potencias absolutistas europeas, forzando la intervención de la Santa Alianza.

En abril de 1823, entraron en España los Cien Mil Hijos de San Luis, un ejército francés al mando del duque de Angulema. Los liberales ofrecieron escasa resistencia y marcharon con Fernando VII como rehén a Andalucía, pero en Cádiz fue liberado por el duque de Angulema el 1 de octubre de 1823. Ese mismo día, Fernando VII restauró por segunda vez el absolutismo.

La Década Ominosa (1823-1833) y la Cuestión Sucesoria

En la Década Ominosa (1823-1833), Fernando VII declaró nulos todos los actos del Trienio Liberal, excepto la abolición de la Inquisición, que fue sustituida por las Juntas de Fe. Durante estos años se distinguen dos grupos políticos:

Liberales: Opositores naturales al régimen absolutista. Fueron perseguidos y muchos huyeron a Francia e Inglaterra.
Absolutistas: Se dividieron en Reformistas, partidarios de una política reformista para evitar una revolución y dirigidos por López Ballesteros, y los Apostólicos, absolutistas radicales que querían el restablecimiento del absolutismo pleno, incluida la Inquisición. Dirigidos por el infante don Carlos, al que querían hacer rey, se organizaron en Juntas Apostólicas financiadas por la Iglesia. Fueron los futuros carlistas. En 1826 protagonizaron la revuelta de los Malcontents.

Debido al problema sucesorio, para que pudiera reinar su hija Isabel, Fernando VII abolió la Ley Sálica, que impedía reinar a las mujeres, y firmó la Pragmática Sanción de 1830, que autorizaba la sucesión femenina. El infante don Carlos (hermano del monarca) consideró ilegal esta medida y no la aceptó, ya que le privaba del derecho a heredar la Corona. De esta forma nació el carlismo para defender los derechos sucesorios de don Carlos. Para que su hija Isabel pudiera reinar y se nombrara regente a su esposa María Cristina de Borbón, al final de su reinado, Fernando VII optó por un acercamiento a los liberales. Finalmente, María Cristina preparó con Cea Bermúdez la transición hacia el liberalismo moderado.

El Sistema Canovista: Constitución de 1876 y Turno de Partidos

La inestabilidad del período anterior (1868-1874) provocó un viraje de la burguesía hacia posiciones conservadoras, y el fracaso de la I República despertó el deseo de una restauración monárquica. Tras la Revolución de 1868 y el exilio de Isabel II, los monárquicos trabajaron para restaurar a su hijo, Alfonso XII, en el trono. Cánovas del Castillo lideró la diplomacia para lograr apoyos internacionales y presentó a Alfonso como una opción conciliadora mediante el Manifiesto de Sandhurst (1874). Sin embargo, la Restauración se concretó a través del pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto el 29 de diciembre de 1874.

Consolidación del Régimen de la Restauración

Para consolidar el nuevo régimen, Cánovas impulsó:

La aceptación de Alfonso XII por los progresistas mediante la creación del Partido Liberal de Sagasta y la instauración del turnismo político.
La pacificación del país, poniendo fin a la Tercera Guerra Carlista (1876) con la abolición de los fueros vascos y navarros, y a la Guerra de Cuba con la Paz de Zanjón (1878).
La subordinación del Ejército al poder político y la aprobación de una nueva Constitución (1876).

La Restauración duró hasta 1902, cuando Alfonso XIII alcanzó la mayoría de edad. El régimen político de la Restauración (1874-1902) se conoce como Sistema Canovista, ya que fue diseñado por Cánovas del Castillo, inspirándose en el modelo británico. Su objetivo era establecer una monarquía parlamentaria con una alternancia pacífica en el poder entre dos partidos: conservadores y liberales. Sin embargo, era un falso sistema parlamentario, ya que ambos partidos solo representaban los intereses de la burguesía, dejando fuera a otros grupos como republicanos, socialistas y nacionalistas. Además, las mayorías parlamentarias se manipulaban mediante fraude electoral.

El Turno Pacífico y el Bipartidismo

El turno pacífico se realizaba dentro de un régimen bipartidista, donde solo dos partidos tenían acceso al poder:

Partido Conservador: Fundado por Cánovas, reunía a antiguos moderados y miembros de la Unión Liberal. Defendía una monarquía parlamentaria controlada por una oligarquía financiera, con sufragio restringido, libertades limitadas (prensa, asociación, cátedra), apoyo a la Iglesia y un modelo proteccionista en lo económico.
Partido Liberal: Fundado por Sagasta en 1880, agrupaba a progresistas y radicales. Aunque representaba a la misma clase social, tenía una base más amplia. Defendía la soberanía nacional, el sufragio universal, mayores libertades (asociación y culto), era anticlerical y favorecía el librecambismo de Adam Smith.

El sistema de alternancia pacífica en el poder se convirtió en un cambio de gobierno pactado de antemano. Cuando un partido quería gobernar o pasar a la oposición, lo acordaba con el otro y con el rey, quien disolvía las Cortes y convocaba elecciones amañadas. El fraude electoral se articulaba mediante una red de caciquismo, principalmente por la Oligarquía en Madrid, formada por altos cargos políticos y personajes influyentes, quienes decidían los resultados electorales. El fraude electoral se realizaba a través de:

El encasillado.
Presión y extorsión a los votantes.
Cambio de urnas y “pucherazo”, asegurando los resultados deseados.

Este sistema garantizó la estabilidad del régimen, pero impidió una verdadera democracia durante la Restauración.

La Constitución de 1876

El modelo político de Cánovas del Castillo se concretó en la Constitución de 1876. Era una Constitución de carácter integrador, sin propuestas excluyentes para alguna parte de la sociedad. Estuvo vigente hasta 1923. Del contenido de la Constitución de 1876 destaca:

Declaración de derechos individuales: Propiedad, libertad de expresión y una fórmula de consenso en la cuestión religiosa: reconocía la confesionalidad católica del Estado, pero permitía el culto privado de las demás religiones.
Reforzamiento del poder del monarca: A través de la soberanía compartida Rey-Cortes, para convocar y disolver las Cortes, así como sancionar las leyes y la Jefatura del Ejército, cuya finalidad era evitar pronunciamientos militares y la intromisión del ejército en asuntos políticos.
Bicameralismo: Congreso, elegido por sufragio, y Senado, compuesto por senadores por derecho propio de tipo vitalicio, nombrados por el rey entre los miembros de las corporaciones del Estado o los dueños de grandes fortunas.
Centralismo: Se acentuó la centralización al quedar bajo control del Gobierno ayuntamientos y diputaciones y al ser suprimidos los fueros vascos.

Oposición al Sistema Canovista

Con la creciente corrupción y la crisis de 1898, los partidos opositores ganaron fuerza:

Carlismo: Se convirtió en una fuerza minoritaria salvo en Navarra.

Las Guerras de Ultramar y la Crisis de 1898

Los gobiernos de la Restauración intentaron mantener intacto el imperio de ultramar. Sin embargo, a finales del siglo XIX, las Guerras de Ultramar supusieron la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La opinión pública se encontraba dividida acerca de las guerras coloniales. Los partidos dinásticos las apoyaban, mientras que los anarquistas, nacionalistas y socialistas las rechazaban. El apoyo popular fue disminuyendo por el alto coste humano y el sistema militar español de la redención de quintas que permitía a los ricos evitar el servicio de armas.

Conflictos en Cuba y Filipinas

La Primera Guerra de Cuba (1868-1878) estalló gracias al liderazgo de Manuel de Céspedes durante la revuelta conocida como el Grito de Yara, y terminó con el Convenio de Zanjón, obra de Martínez Campos, gracias al cual se mejoraron las condiciones políticas y administrativas de la isla. El retraso en aplicar las medidas de este convenio provocó un nuevo levantamiento en 1895, dirigido por José Martí, quien contó con el apoyo masivo de la población negra y mulata. El gobierno español envió 200.000 soldados al mando del general Valeriano Weyler y empleó una durísima represión: las reconcentraciones.

El triunfo final de los rebeldes en 1898 se debió a la intervención militar del ejército de Estados Unidos, interesado económicamente por Cuba. Los norteamericanos destruyeron la Armada española, con la excusa del supuesto hundimiento del acorazado estadounidense Maine por parte de España. En 1896 se produjo la insurrección de Filipinas. La respuesta española fue la represión (fusilamiento del líder independentista José Rizal). Al igual que en Cuba, los insurrectos consiguieron la independencia con ayuda de Estados Unidos, tras la derrota española en Cavite.

Paz de París y consecuencias

España firmó la Paz de París en 1898. Por ella, España reconocía la independencia de Cuba, así como el protectorado estadounidense sobre Puerto Rico y Filipinas, a la vez que entregaba Guam a Estados Unidos. El acuerdo sobre Filipinas fue rechazado por los filipinos, quienes comenzaron una nueva insurrección contra Estados Unidos. Un año más tarde, en 1899, España vendió a Alemania las islas Carolinas y Marianas.

Causas de la pérdida del imperio español de ultramar:

Tardía adopción de medidas autonomistas, rechazadas por la oligarquía colonial.
Falta de apoyos internacionales, resultado de una política exterior aislacionista que había dejado a España fuera del sistema europeo de alianzas.
Intervención militar de Estados Unidos en apoyo de los independentistas.

Las consecuencias de la crisis del 98 fueron ideológicas, económicas y políticas:

Ideológicas: Las pérdidas territoriales del 98 provocaron un gran impacto en el mundo intelectual y en la opinión pública que se expresó de diferentes maneras:
1. Exaltación del sentimiento nacionalista que explicaba la decadencia de España por el abandono de los valores tradicionales y que tuvo su expresión intelectual en la Generación del 98, con ideólogos como Ramiro de Maeztu o Miguel de Unamuno.
2. Nacimiento del regeneracionismo. Corriente de opinión a favor de la regeneración de España, que encontró su propuesta de cambio político en la persona de Joaquín Costa.
3. Aparición del antiamericanismo. La opinión pública hacía responsable a Estados Unidos del desastre del 98.
4. Extensión entre las clases más humildes de cierto antimilitarismo, debido al sistema de cuota, que permitía eludir el servicio militar obligatorio a los hijos de las familias ricas.
Económicas:
- Pérdida de materias primas baratas, como el azúcar y el tabaco.
- Proteccionismo económico como salvaguarda de los intereses de la industria textil catalana, que había perdido el monopolio del mercado americano.
Políticas:
- Los nuevos líderes de los partidos dinásticos, Antonio Maura y José Canalejas, terminaron asumiendo algunas propuestas regeneracionistas, imprescindibles para el mantenimiento del sistema político de la Restauración.
- Pérdida del ya escaso peso internacional de España.
- Desgaste de la imagen del ejército.
- Comienzo del colonialismo en el norte de África, como compensación a la pérdida del imperio de ultramar.

La Crisis de la Restauración: Intentos Regeneradores y Oposición

El sistema de la Restauración, basado en la alternancia en el poder entre conservadores y liberales, entró en crisis a comienzos del siglo XX debido a la inestabilidad política, el fracaso de los intentos regeneracionistas y el crecimiento de la oposición republicana, nacionalista y obrera.

Intentos Regeneracionistas

Los partidos dinásticos enfrentaron dificultades internas a principios de siglo. En el Partido Conservador, tras el asesinato de Cánovas del Castillo en 1897, Francisco Silvela intentó reformar el sistema para acabar con el caciquismo y modernizar la política. Sin embargo, su liderazgo fue cuestionado por Raimundo Fernández Villaverde, y finalmente, Antonio Maura se consolidó como jefe del partido. Maura, católico y partidario de la pureza electoral, gobernó en dos períodos (1903-1904 y 1907-1909) con el objetivo de regenerar el sistema.

El Partido Liberal también sufrió crisis de liderazgo tras la muerte de Práxedes Mateo Sagasta en 1903. Eugenio Montero Ríos y Segismundo Moret se disputaron el liderazgo, aunque finalmente José Canalejas se convirtió en el jefe del partido. Los intentos regeneracionistas de ambos líderes buscaron modernizar el sistema sin romper con la monarquía ni el turnismo.

Antonio Maura presentó un programa reformista que incluía la lucha contra el caciquismo, la reforma de la ley electoral, la descentralización administrativa y el fomento económico. Sin embargo, su mandato se vio interrumpido por la Semana Trágica de Barcelona en julio de 1909. La movilización de reservistas catalanes para la guerra en Marruecos, junto con la emboscada del Barranco del Lobo, desató una revuelta en Barcelona en la que grupos armados levantaron barricadas y atacaron iglesias y edificios oficiales. La dura represión del gobierno, incluyendo la ejecución sin pruebas del anarquista Francisco Ferrer i Guàrdia, generó un escándalo nacional e internacional, lo que obligó a Maura a dimitir.

Tras un breve gobierno de Moret, en 1910 Alfonso XIII nombró a José Canalejas como presidente. Su gobierno se centró en reformas sociales, la separación entre Iglesia y Estado con la Ley del Candado (que limitaba la expansión de órdenes religiosas), la modernización educativa y la eliminación del sistema de “soldado de cuota” en tiempos de guerra. Sin embargo, su labor fue truncada cuando fue asesinado el 12 de noviembre de 1912 por el anarquista Manuel Pardiñas. Su muerte marcó el fin del regeneracionismo y aceleró la crisis del sistema de la Restauración.

Crecimiento de la Oposición al Régimen

El sistema de la Restauración enfrentó una creciente oposición:

Republicanismo: Representaba las aspiraciones democráticas de intelectuales y clases medias. Se reorganizó con la creación de la Unión Republicana en 1903, que obtuvo importantes éxitos electorales en grandes ciudades. Sin embargo, en 1908 sufrió una escisión con la formación del Partido Radical de Alejandro Lerroux, de carácter más populista y anticlerical.
Nacionalismo Catalán: Fue el más relevante en las primeras décadas del siglo XX. La Lliga Regionalista, fundada en 1901, defendía la regeneración política y la modernización económica junto con la autonomía catalana. Sin embargo, su política pactista con los partidos dinásticos le restó apoyo entre la clase obrera. En 1905, la victoria electoral de la Lliga en Cataluña y las sátiras antimilitares en la revista Cu-Cut! y el periódico La Veu de Catalunya provocaron un asalto de oficiales del ejército a sus sedes. Como respuesta, el gobierno aprobó la Ley de Jurisdicciones (1906), que permitía que los delitos de injurias al ejército fueran juzgados por tribunales militares, lo que fortaleció el catalanismo.
Nacionalismo Vasco: Tras la muerte de Sabino Arana en 1903, se dividió entre un sector independentista y otro más moderado que defendía la autonomía dentro de España. Con el tiempo, este último se consolidó como el más influyente, expandiendo el PNV desde Vizcaya al resto de provincias vascas y ganando apoyo de la burguesía industrial.
Movimiento Obrero: Cobró fuerza. El PSOE, liderado por Pablo Iglesias, creció progresivamente con el respaldo de la UGT, un sindicato socialista con fuerte presencia en sectores industriales. Por otro lado, el anarquismo se consolidó con la creación de la CNT (1910), que promovió la “acción directa”, recurriendo a huelgas y atentados, como el asesinato de Canalejas y el intento de magnicidio contra Alfonso XIII el día de su boda en 1906.

En conclusión, la crisis de la Restauración se debió a la incapacidad del sistema para renovarse, la debilidad de los intentos regeneradores y el auge de una oposición cada vez más fuerte. La muerte de Canalejas marcó el fin del último gran proyecto reformista y abrió una etapa de creciente inestabilidad que acabaría desembocando en la crisis definitiva del régimen.

El Impacto de Acontecimientos Internacionales en la Crisis de la Restauración

A comienzos del siglo XX, la crisis de la Restauración se vio agravada por acontecimientos internacionales que influyeron en la política y la sociedad española. Entre ellos destacaron la intervención en Marruecos, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, los cuales provocaron tensiones internas y contribuyeron al colapso del sistema.

La Intervención en Marruecos

España, tras la pérdida de sus últimas colonias en 1898, intentó recuperar su prestigio internacional mediante la expansión en Marruecos. En la Conferencia de Algeciras de 1906, Francia y España acordaron dividirse el territorio en zonas de influencia, correspondiéndole a España la franja norte, en el Rif. La ocupación de la región exigió el envío de tropas y el desarrollo de campañas militares para someter a la población local y explotar sus recursos mineros.

En julio de 1909, la movilización de reservistas en Cataluña, muchos de ellos padres de familia, desató una fuerte protesta contra la guerra. La situación se agravó tras la emboscada en el Barranco del Lobo, donde las tropas españolas sufrieron grandes bajas. Estas circunstancias provocaron la Semana Trágica de Barcelona, una revuelta social con huelgas y enfrentamientos con las fuerzas del orden, que fue duramente reprimida por el gobierno de Maura, generando una crisis política.

En 1921, el general Silvestre intentó avanzar en el Rif sin valorar la resistencia liderada por Abd-el-Krim, lo que provocó el Desastre de Annual, una de las derrotas más graves del ejército español, con 14.000 bajas. El impacto del desastre debilitó aún más al régimen de la Restauración y generó una crisis en el ejército y el gobierno. Finalmente, en 1925, el desembarco de Alhucemas, con apoyo francés, permitió la victoria sobre los rebeldes rifeños y puso fin a la Guerra del Rif.

Primera Guerra Mundial y Revolución Rusa

Al estallar la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Eduardo Dato declaró la neutralidad, una postura respaldada por todos los partidos políticos. España se convirtió en proveedora de materias primas y productos industriales para los países en conflicto, lo que generó un gran crecimiento económico. Sin embargo, la riqueza se concentró en la burguesía industrial y financiera, mientras que la clase trabajadora sufrió un fuerte descenso en su nivel de vida debido a la escasez y el aumento de precios de productos básicos. Las desigualdades sociales se acentuaron, lo que provocó un incremento del malestar social y un auge del movimiento obrero. La situación desembocó en una oleada de huelgas y en un clima de tensión que puso en evidencia la fragilidad del sistema político.

Los acontecimientos de la Revolución Rusa (octubre de 1917) impactaron en España, alentando la movilización obrera y el rechazo al régimen. La crisis de 1917 estuvo marcada por tres grandes conflictos que evidenciaron la descomposición de la Restauración:

Crisis militar: Los oficiales peninsulares exigieron igualdad de condiciones con los destinados en Marruecos, que recibían mejores sueldos y ascensos por méritos de guerra. Crearon las Juntas de Defensa, que presionaron al gobierno hasta conseguir la aprobación de la Ley del Ejército (1918), consolidando su influencia en la política.
Crisis parlamentaria: Ante la parálisis del gobierno y el cierre de las Cortes, los diputados catalanistas y reformistas organizaron la Asamblea de Parlamentarios en Barcelona, exigiendo la convocatoria de Cortes Constituyentes. Sin embargo, el gobierno reprimió la iniciativa y disolvió la asamblea.
Huelga general de agosto de 1917: Organizada por la UGT, la CNT y el PSOE, la huelga fue una respuesta al aumento de precios y al deterioro de las condiciones de vida. Aunque se extendió por el país, el ejército la sofocó mediante la represión.

El impacto de la Revolución Rusa también se reflejó en el auge del sindicalismo revolucionario y en el llamado Trienio Bolchevique (1918-1921), un período de huelgas, revueltas y ocupaciones de tierras, especialmente en Andalucía. Inspirados por la revolución soviética, los jornaleros y obreros radicalizaron sus demandas, lo que provocó una fuerte represión por parte del gobierno y el ejército.

En conclusión, la crisis del sistema de la Restauración se vio agravada por los acontecimientos internacionales. La guerra de Marruecos, la neutralidad en la Primera Guerra Mundial y la influencia de la Revolución Rusa generaron una profunda agitación social y política, acelerando el colapso definitivo del régimen y preparando el terreno para la dictadura de Primo de Rivera en 1923.

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) y el Final del Reinado de Alfonso XIII

El 13 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado en España, disolviendo las Cortes, suspendiendo las garantías constitucionales y declarando el estado de guerra. Durante su mandato, resolvió el conflicto en Marruecos, impulsó un Plan de Obras Públicas y mantuvo el orden público, aunque con un recorte de libertades. El Manifiesto «Al país y al ejército» culpaba a los políticos de la crisis nacional y justificaba el golpe por la necesidad de orden y disciplina. Apelaba a la masculinidad como símbolo de identidad nacional y proponía un gobierno de ciudadanos rectos y laboriosos, comprometiéndose a resolver el problema de Marruecos.

El gobierno intentó comunicarse con Alfonso XIII, quien demoró su decisión, pero dos días después autorizó el estado de guerra y encargó a Primo de Rivera formar un gobierno, apoyando a los militares. El golpe encontró poca oposición, ya que desde la primavera de 1923 se conspiraba contra el gobierno liberal. Contó con el respaldo del Ejército, la Iglesia y la burguesía. La dictadura surgió como respuesta autoritaria a la crisis política desde 1917 y al aumento de los conflictos sociales.

Directorio Militar (1923-1925) y Civil (1925-1930)

La dictadura de Primo de Rivera se dividió en un Directorio Militar y un Directorio Civil. El Directorio Militar otorgó a Primo de Rivera el poder absoluto como «ministro único», concentrando los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En respuesta al caos del orden público, se declaró el estado de guerra y se adoptaron medidas represivas contra las organizaciones obreras, limitando libertades públicas. Tras 90 días, Primo de Rivera creó la Unión Patriótica como partido del régimen y restauró el Somatén Nacional para mantener el orden.

En 1924, José Calvo Sotelo impulsó reformas administrativas, otorgando mayor autonomía a los organismos locales. Las presiones militares llevaron a medidas centralizadoras y anticatalanas, como la disolución de la Mancomunitat de Catalunya y el cierre de la Lliga Regionalista, lo que provocó el descontento de sectores clave para su ascenso. Esto impulsó el fortalecimiento del catalanismo, dando paso a partidos independentistas como Estat Català de Francesc Macià.

El mayor éxito de la dictadura fue en Marruecos, cuyo desenlace se debió a dos razones: el error de Abd el-Krim de atacar a los franceses y la postura de los militares africanistas que no abandonaron la guerra tras el desastre de Annual. La victoria tras el desembarco en la bahía de Alhucemas, liderada por Francisco Franco y Sanjurjo, marcó el fin del conflicto en el Protectorado.

Primo de Rivera renovó el régimen con el Directorio Civil, donde él seguía como presidente y se rodeó de cuatro militares clave, como Martínez Anido, José Calvo Sotelo y Eduardo Aunós. La principal medida fue la creación de una Asamblea Nacional Consultiva para diseñar una nueva Constitución que recortara las facultades del Parlamento y reforzara la autoridad del Ejército. Sin embargo, el proyecto no avanzó por considerarse una dictadura monárquica.

En la economía, nos encontramos en los felices años veinte. Se consolidó el capitalismo con un fuerte intervencionismo estatal, destacando la creación de monopolios en sectores como telefonía, petróleo y aviación. En 1926 se creó la organización corporativa del trabajo, pero un intento de reforma fiscal promovida por Calvo Sotelo fracasó, llevando al endeudamiento del Estado y al crac de 1929.

Caída de la Dictadura y Fin de la Monarquía

Hubo dos fuerzas que contribuyeron a la caída de Primo de Rivera. Los intelectuales rechazaron la dictadura, sintiéndose atacados por la destitución de Unamuno y la clausura del Ateneo de Madrid. En cuanto a Marruecos, Primo de Rivera impuso su criterio frente al rey, causando tensiones con los militares. Enfrentó golpes como la Sanjuanada. Además, no pudo frenar el resurgir del movimiento obrero y del republicanismo, con figuras como Manuel Azaña y el radicalismo catalán de Macià.

Ante el bloqueo institucional, Primo de Rivera intentó conseguir el apoyo de los capitanes generales, pero el 28 de enero de 1930 presentó su dimisión. Alfonso XIII encargó a Dámaso Berenguer reestructurar el régimen constitucional y su política se conoció como «dictablanda«. Su gobierno no resolvió la crisis, lo que llevó a una reorganización de la oposición, formada por partidos como el Partido Republicano Radical de Lerroux, el Partido Republicano Democrático Federal, Acción Republicana de Azaña, y el Partit Republicà Català de Companys, que formaron la Alianza Republicana. También surgió la derecha liberal republicana, liderada por Alcalá Zamora y Maura.

El 17 de agosto de 1930, se firmó el Pacto de San Sebastián, que planeaba una insurrección militar y la creación de un comité revolucionario compuesto por Alcalá Zamora, Maura, Domingo, Prieto, Azaña, Albornoz y De los Ríos. En diciembre, un golpe de Estado por Fermín Galán fracasó en Jaca, lo que resultó en la sustitución de Berenguer por el almirante Aznar. Las elecciones municipales de 1931 fueron ganadas por republicanos, lo que obligó a Alfonso XIII a aceptar su derrota. El 14 de abril, se proclamó la República y el rey abandonó España esa misma noche, sin abdicar, dejando un vacío de poder.

La Proclamación de la Segunda República (1931-1936) y el Sufragio Femenino

Tras la dimisión de Berenguer, el 14 de febrero de 1931, Alfonso XIII encargó formar gobierno al almirante Aznar, quien se limitó a convocar elecciones municipales para el 12 de abril, con el fin de elegir nuevos ayuntamientos que garantizasen la limpieza de unas elecciones constituyentes posteriores. Aunque tras las elecciones la mayoría de los concejales elegidos eran monárquicos, los republicanos habían ganado en todas las capitales de provincia. Alfonso XIII, el 13 de abril de 1931, aconsejado por el gobierno (Romanones) y sorprendiendo a toda la opinión pública, lanzó un manifiesto en el que comunicaba que dejaba el trono. La II República fue proclamada al día siguiente, 14 de abril, tras las elecciones municipales, en una situación internacional marcada por:

La crisis económica de 1929.
La crisis de la democracia en varios países europeos.
El ascenso de los fascismos y del comunismo.

Ante el triunfo de los republicanos, el rey Alfonso XIII se exilió en Italia. La Segunda República contaba con el apoyo de la mayoría de los intelectuales, las clases medias y una parte importante del movimiento obrero, pero tenía la desconfianza de los grupos económicos más poderosos y de los pequeños propietarios campesinos.

Gobierno Provisional y Primeros Decretos

El Comité revolucionario creado en el Pacto de San Sebastián (1930) se convirtió en el primer Gobierno Provisional de la República, que estaba compuesto por:

Republicanos conservadores (Niceto Alcalá Zamora, que fue su presidente).
Republicanos de izquierda (Manuel Azaña) y republicanos radicales (Alejandro Lerroux).
Socialistas del PSOE (Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto).
Nacionalistas catalanes y gallegos.

Los primeros decretos aprobados durante la República reconocieron amplios derechos individuales, proclamaron la amnistía, y sentaron las bases de las reformas agraria, educativa, militar y laboral. Pero el impacto de la crisis económica provocó también los primeros problemas (huelgas y enfrentamientos con las fuerzas del orden público).

El conflicto que ensombreció el comienzo de la Segunda República fue el enfrentamiento con los sectores más reaccionarios de la Iglesia encabezados por el cardenal Segura, que degeneró en quema de iglesias y conventos. La agitación anticlerical fue una respuesta violenta a la pastoral del cardenal Segura, en la que se hacía un elogio de la Monarquía. La imagen de la Segunda República quedó deteriorada.

El gobierno provisional hubo de afrontar otra cuestión: Francesc Macià había proclamado el Estat Català en Barcelona el mismo 14 de abril. El problema fue resuelto con la aplicación de una autonomía provisional para Cataluña.

La Constitución de 1931

La Constitución de 1931 reflejaba un pensamiento democrático y avanzado y buscaba una redistribución de la riqueza y la creación de un estado del bienestar que alcanzara a toda la sociedad, yendo más allá de la defensa del liberalismo de constituciones anteriores. Como sistema político, establecía una república democrática, bajo soberanía popular, con estricta separación de poderes, quedando el legislativo en manos de unas Cortes unicamerales, elegidas por sufragio universal que, por primera vez, incluía a las mujeres. El ejecutivo se constituía según la mayoría parlamentaria. El Presidente de la República era elegido cada seis años por los diputados. Además, se contemplaba para Cataluña y el País Vasco un estatuto de autonomía.

La Declaración de Derechos, además de la libertad de expresión en todas sus formas (opinión, expresión, imprenta, cátedra) y de asociación, recogía derechos como el del trabajo, la educación y la cultura, o a la igualdad de los cónyuges en el matrimonio, además de establecerse el matrimonio civil, el divorcio y la equiparación de derechos para los hijos legítimos e ilegítimos. Se impuso un Estado aconfesional, pero se reconocía la libertad de conciencia y la práctica de cualquier religión. Lo que levantó una gran polémica y dividió a la cámara, prohibiendo a los religiosos dedicarse a la enseñanza. Esta postura desató, desde mayo del 31, una oleada anticlerical con ataques al clero y quema de conventos que el gobierno no supo reprimir.

El Sufragio Femenino

La Constitución de 1931 estableció por primera vez el derecho al voto de las mujeres, lo que supuso un avance histórico. El 1 de octubre de 1931, tras un intenso debate en las Cortes, se aprobó el sufragio femenino. Las posturas fueron:

Clara Campoamor: Defendió el voto como un paso fundamental para la igualdad.
Victoria Kent y Margarita Nelken: Aunque feministas, creían que las mujeres no estaban preparadas para votar y que primero debían alcanzar igualdad en otros ámbitos.

Las mujeres pudieron votar por primera vez en las elecciones generales de noviembre de 1933. Sin embargo, la Segunda República fue un período democrático breve, interrumpido por la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura franquista.

El Bienio Reformista (1931-1933)

Tras la aprobación de la Constitución de 1931, Niceto Alcalá Zamora fue elegido presidente de la República y Manuel Azaña asumió la presidencia del Gobierno. El nuevo gobierno republicano-socialista mantuvo el programa reformista iniciado en 1931, sin el apoyo del Partido Radical de Alejandro Lerroux.

Reformas del Bienio Reformista

Durante el Bienio Reformista (1931-1933), se llevaron a cabo las siguientes reformas:

Reforma del problema regional: Se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña (1932), estableciendo la Generalitat con Macià como presidente y Companys al frente del Parlamento. Se plantearon estatutos para el País Vasco y Galicia, pero encontraron gran oposición en la derecha y sectores militares.
Reformas laborales y sociales: Desde el Ministerio de Trabajo, el socialista Largo Caballero impulsó una mejora de las condiciones laborales como:
- Jornada laboral de 8 horas y semana de 40 horas.
- Derecho a huelga, negociación colectiva y seguros sociales.
- Aumento de salarios.
Estas medidas enfrentaron la oposición de empresarios y terratenientes.
Reforma educativa: Se marcó el objetivo de disminuir el analfabetismo. Se priorizó la educación pública, laica y obligatoria. Se suprimió la enseñanza religiosa y se prohibió a las congregaciones religiosas dar clase, lo que provocó un fuerte rechazo de la Iglesia y la derecha. Se crearon 13.500 nuevas escuelas, con Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos, aunque las dificultades presupuestarias impidieron completar la reforma.
Reforma militar: La Ley Azaña fue aprobada y permitió la retirada de oficiales con sueldo si no juraban fidelidad a la República. Sin embargo, militares como Sanjurjo, Mola y Franco prestaron juramento. Se creó la Guardia de Asalto para mantener el orden público.
Reforma agraria: Fue la reforma más ambiciosa, dirigida a solucionar el problema del latifundismo en España, donde la tierra estaba en manos de pocos propietarios mientras miles de campesinos carecían de tierras. En 1932 se aprobó la Ley de Bases de la Reforma Agraria, permitiendo la expropiación de tierras infrautilizadas con indemnización. Se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA) para gestionar el proceso. Sin embargo, la falta de fondos y la lentitud en la aplicación limitaron su impacto, asentándose menos campesinos de los previstos. Esto generó malestar entre jornaleros y llevó a ocupaciones ilegales de tierras, mientras que los terratenientes financiaron el fallido golpe de Sanjurjo en 1932. La llegada de la derecha al poder en 1934 paralizó la reforma, aumentando la frustración entre los campesinos.

Oposición y Caída del Gobierno

El gobierno enfrentó huelgas, ocupaciones de tierras y conflictos con sectores anarquistas, destacando la revuelta de Casas Viejas (Cádiz, 1933), que terminó con la represión policial y la muerte de campesinos. Esto debilitó a Azaña, los socialistas le retiraron su apoyo y el gobierno entró en crisis. Alcalá Zamora disolvió las Cortes y convocó elecciones para noviembre de 1933.

La oposición al gobierno republicano-socialista se concretó de la siguiente forma:

José María Gil Robles, fundador de la CEDA, bajo el lema: «Religión, Patria, Familia, Propiedad y Orden».
El grupo monárquico Renovación Española, liderado por José Calvo Sotelo, con una actitud hostil a la República, que llegó a acuerdos electorales con los carlistas agrupados en la Comunión Tradicionalista.
José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, de inspiración fascista.
El veterano partido de centro derecha: el Partido Radical, dirigido por Alejandro Lerroux.
El ala más radical y revolucionaria de la CNT en torno a la Federación Anarquista Ibérica (FAI) que defendía la vía insurreccional y armada (Durruti, Ascaso, García Oliver…).
El Partido Comunista de España (PCE) que iba creciendo entre campesinos y obreros.

El desgaste del gobierno y la creciente oposición llevaron a su caída y a la victoria de la derecha en las elecciones de 1933, marcando el fin del Bienio Reformista.

El Bienio Radical-Cedista (1933-1936) y la Polarización Social

El período comprendido entre 1933 y 1936 en la Segunda República Española representó la fase más crítica del sistema democrático, marcada por una creciente polarización que desembocaría en la Guerra Civil. Tras el Bienio Reformista, las elecciones de noviembre de 1933 dieron el triunfo a una coalición de centro-derecha formada por la CEDA de Gil Robles y el Partido Radical de Lerroux, iniciando el llamado Bienio Radical-Cedista.

Política y Conflictos del Bienio

Este nuevo gobierno emprendió inmediatamente la reversión de las reformas progresistas del período anterior. La política del Bienio Radical-Cedista se caracterizó por la paralización de la reforma agraria, la restitución de privilegios a la Iglesia católica y la concesión de una amplia amnistía para los participantes en el fallido golpe de Estado de 1932. Estas medidas provocaron un aumento considerable de la tensión social y política.

Mientras la derecha se radicalizaba con el surgimiento de Falange Española, que promovía la violencia como método político, la izquierda obrera adoptaba posturas cada vez más revolucionarias ante el temor a un giro fascista del régimen. La crisis alcanzó su punto álgido en octubre de 1934 cuando la entrada de ministros de la CEDA en el gobierno desencadenó una insurrección obrera de grandes proporciones. En Asturias, socialistas, anarquistas y comunistas protagonizaron una revolución que fue brutalmente reprimida por el ejército al mando del general Franco. Simultáneamente, en Cataluña, el presidente Companys proclamó un Estado Catalán dentro de la República Federal, movimiento que también fue sofocado militarmente. Estos sucesos dejaron miles de víctimas y marcaron un punto de no retorno en la conflictividad social.

La situación política se deterioró aún más durante 1935 con el escándalo del estraperlo, un caso de corrupción que afectó directamente al Partido Radical y provocó la caída de Lerroux. Este vacío de poder aceleró la fragmentación de la derecha, dividida entre la CEDA de Gil Robles, que intentaba controlar las instituciones, y el Bloque Nacional de Calvo Sotelo, que abogaba abiertamente por soluciones autoritarias.

Victoria del Frente Popular y Escalada de Violencia

Las elecciones de febrero de 1936 dieron la victoria al Frente Popular, coalición de izquierdas que prometía la amnistía para los represaliados de 1934 y la reanudación del programa reformista. Manuel Azaña asumió la presidencia del gobierno e inmediatamente puso en marcha medidas como la restauración del Estatuto catalán, la aceleración de la reforma agraria y la aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia. Sin embargo, estas acciones no lograron calmar el clima de confrontación.

La violencia política se intensificó durante la primavera de 1936, con enfrentamientos callejeros entre falangistas y milicias obreras, así como numerosos atentados y asesinatos. El asesinato del teniente Castillo, miembro de la Guardia de Asalto, y la posterior ejecución del líder monárquico Calvo Sotelo por fuerzas policiales, crearon una situación de ingobernabilidad total. En este contexto, la conspiración militar que venía gestándose desde meses atrás se aceleró, culminando con el alzamiento del 17 de julio de 1936 que daría inicio a la Guerra Civil. El período evidenció la incapacidad de la República para resolver pacíficamente los conflictos sociales y políticos, llevando a una creciente polarización, violencia e intervención militar que desembocaron en la Guerra Civil. La falta de consenso y la fragilidad democrática hicieron inevitable el conflicto armado, marcando profundamente la historia de España.

La Guerra Civil Española (1936-1939)

La historiografía sobre la Guerra Civil Española (1936-1939) refleja un intenso debate interpretativo sobre sus causas y significado. Este conflicto, que marcó profundamente a España y Europa, sigue generando análisis diversos. Los estudios destacan tanto factores ideológicos como socioeconómicos, así como el papel de la memoria histórica y el contexto internacional.

Causas e Interpretaciones del Conflicto

Las causas del conflicto se interpretan desde dos enfoques principales. Algunos historiadores subrayan el enfrentamiento ideológico entre republicanismo y fascismo, viendo la guerra como una lucha entre modernidad y tradición. Otros enfatizan factores socioeconómicos, como las tensiones agrarias, la desigualdad y las demandas regionalistas, que evidenciaban fracturas estructurales en la sociedad española. La memoria histórica ha generado narrativas contrapuestas. La versión franquista presentó la guerra como una «cruzada» contra el comunismo, mientras la republicana la defendió como resistencia democrática. Los enfoques revisionistas critican ambas por simplificar el conflicto, destacando su complejidad. Además, estudios transnacionales lo sitúan como preludio de la Segunda Guerra Mundial, dada la intervención de potencias fascistas y la URSS.

Fases de la Guerra Civil

La Guerra Civil Española se desarrolló en tres etapas clave marcadas por avances territoriales y batallas decisivas:

Primera fase (julio 1936-marzo 1937): Los sublevados, con apoyo alemán, trasladaron el Ejército de África a la Península, ocupando Andalucía y Extremadura, mientras Mola controlaba el norte. El fallido asalto a Madrid, defendido por milicianos, Brigadas Internacionales y tanques soviéticos bajo el mando de Miaja, culminó en las derrotas franquistas en el Jarama y Guadalajara.
Segunda etapa (abril-octubre 1937): Vio la conquista del norte republicano, aprovechando su aislamiento, la ayuda italiana y los bombardeos alemanes, como el de Guernica. Aunque el general Rojo lanzó una ofensiva en Brunete para aliviar Madrid, la caída de Bilbao, Santander y Asturias entregó a Franco la región industrial clave.
Fase final (octubre 1937-abril 1939): El frente se trasladó al este. Rojo tomó Teruel temporalmente, pero Franco la recuperó y lanzó la campaña del Mediterráneo, dividiendo la República. La Batalla del Ebro (julio-noviembre 1938) agotó al ejército republicano. En 1939, la ofensiva sobre Cataluña provocó el éxodo masivo a Francia, mientras en Madrid el golpe de Casado aceleró el colapso republicano. Franco rechazó negociar y el 1 de abril declaró la victoria, cerrando una guerra que dejó España devastada y dividida.

Consecuencias de la Guerra Civil

Este conflicto provocó consecuencias devastadoras que marcaron el país durante décadas. El coste humano superó los 560.000 muertos por combates, represión y hambre, a los que se sumaron 300.000 exiliados, incluyendo lo más valioso de la intelectualidad y profesionales cualificados. La economía quedó destrozada: ciudades arrasadas, producción agrícola reducida un 30%, industria siderúrgica a la mitad y enormes deudas con las potencias del Eje.

Políticamente se instauró una dura dictadura que mantuvo el estado de guerra hasta 1948, persiguiendo a los vencidos mediante la Ley de Responsabilidades Políticas (300.000 procesados). Muchos exiliados fueron entregados a los nazis. Socialmente, la guerra creó una profunda división entre vencedores y vencidos, agravada por la represión sistemática. Culturalmente, el exilio de científicos, artistas e intelectuales provocó un vacío irreparable y décadas de atraso. El país quedó sumido en el aislamiento internacional, con una economía arruinada, una sociedad fracturada y una dictadura que perpetuó las consecuencias del conflicto durante 40 años. Las heridas de la guerra civil tardarían generaciones en comenzar a cicatrizar, marcando profundamente el desarrollo de la España contemporánea.

Evolución Política y Económica en las Dos Zonas y la Intervención Internacional

La Guerra Civil española mostró dos modelos políticos y económicos enfrentados: una República debilitada por la división interna y un bando franquista más centralizado. Además, la intervención extranjera convirtió el conflicto en un preludio de la Segunda Guerra Mundial.

La Zona Republicana

Durante la Guerra Civil, la zona republicana tuvo tres gobiernos sucesivos. Tras el golpe de julio de 1936, José Giral asumió el poder y armó a las milicias obreras, pero el colapso del Estado y la violencia incontrolada debilitaron la República, lo que llevó a Azaña a nombrar a Largo Caballero en septiembre. Este unificó fuerzas, creó el Ejército Popular y eliminó los comités, pero las derrotas militares y los enfrentamientos entre anarquistas y comunistas en Barcelona provocaron su caída en 1937. Le sucedió Juan Negrín, quien centralizó el poder, reforzó el ejército y trasladó el gobierno a Barcelona. Con apoyo soviético, intentó negociar la paz mediante el programa de los Trece Puntos, pero Franco lo rechazó. Tras la caída de Cataluña en 1939, Azaña dimitió y el golpe de Casado precipitó el fin de la República.

La República, con una base industrial fuerte, sufrió escasez alimentaria por la falta de tierras cultivables. Las reformas agrarias mal planificadas y el envío de reservas de oro a la URSS no lograron financiar la guerra. La descoordinación y las luchas internas minaron su resistencia.

La Zona Franquista

Tras el golpe de 1936, los sublevados establecieron la Junta de Defensa Nacional en Burgos. En octubre, Franco fue proclamado Generalísimo y jefe del Estado, unificando en 1937 todas las fuerzas políticas bajo el partido único FET y de las JONS. El régimen instauró un sistema autoritario, con censura, represión de la oposición y abolición de los estatutos de autonomía. En 1938 formó su primer gobierno nacional sindicalista, con fuerte apoyo eclesiástico. El nuevo Estado católico y fascistizado aplicó una dura represión, eliminando todas las reformas republicanas.

El bando franquista controló las zonas agrícolas y, al carecer de base industrial, avanzó sobre regiones mineras e industriales. Su economía fue respaldada por élites terratenientes y financieras. Además, la ayuda militar italo-alemana fortaleció su poder bélico sin exigir pagos inmediatos como la URSS.

Intervención Extranjera

La Guerra Civil española se convirtió en un conflicto internacional entre democracia y totalitarismo. Mientras Francia y Gran Bretaña promovieron la «No Intervención» para evitar una guerra general, esta política perjudicó a la República, ya que Alemania e Italia siguieron apoyando a Franco. La URSS, por su parte, respaldó al bando republicano. Así, España se convirtió en el primer campo de batalla entre fascismo, comunismo y democracia.

El Gobierno republicano recibió un apoyo internacional limitado pero crucial. México lo respaldó políticamente, mientras que Francia, bajo Léon Blum, ofreció una ayuda tímida por miedo a provocar a las potencias fascistas. La URSS fue su principal aliado, enviando tanques y aviones a cambio de las reservas de oro del Banco de España, trasladadas a Moscú en 1936. Además, la Komintern organizó las Brigadas Internacionales, con unos 40.000 voluntarios, en su mayoría comunistas. Aunque su desempeño militar fue irregular, destacaron en la defensa de Madrid y fracasaron en el Jarama. Su presencia tuvo un gran valor simbólico, representando la solidaridad antifascista.

El bando nacional recibió apoyos menos numerosos pero más estratégicos que los republicanos. Italia envió 70.000 soldados y abundante material bélico, aunque con resultados irregulares, como en Guadalajara. Alemania, con solo 5.000 asesores, fue clave al profesionalizar al ejército franquista y facilitar el traslado del Ejército de África a la Península gracias a su aviación. A diferencia de la URSS, Berlín y Roma no exigieron pago inmediato. Aunque ambos bandos recibieron una ayuda similar en cantidad, la intervención fascista fue más coordinada y efectiva.